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Mario Aburto fue víctima de tortura, concluye CNDH, Ya se sabía ONGs
*El organismo nacional emitió una Recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos, y ordenó a la FGR investigar y reparar el daño
Lino Calderón 

Por violaciones graves a los derechos humanos, por supuestos actos de tortura en agravio de Mario Aburto Martínez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 48VG/2021 a la Fiscalía General de la República y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
En la recomendación se recuerda que Aburto Martínez fue detenido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, como responsable del asesinato del entonces candidato a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio; por lo que actualmente se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 en el municipio de Ocampo, Guanajuato. Diversas Organizaciones ciudadanas de Derechos Humanos declararon que este caso de tortura siempre fue ampliamente conocido ya que el imputado lo venía declarando desde que fue detenido en 1994.
La Comisión Nacional recuerda que ha señalado en reiteradas ocasiones que la persecución y sanción de los delitos debe realizarse siempre en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos.
La tortura ocurrió en 1994 durante la detención y primeras diligencias
También enfatiza que hace siete meses, la CNDH recibió una nueva queja por parte del agraviado, donde señaló que desde hace 27 años ha denunciado ante esta Comisión actos de tortura reiterada y continuamente, puntualizando que, desde el 31 de agosto de 1994, existe en la FGR una investigación por esos hechos.
Tras investigar el caso, la CNDH determinó que elementos de entonces la Policía Judicial Federal adscritos a la FGR, así como los Agentes del Ministerio Público Federal que intervinieron en la detención como en las primeras diligencias ministeriales y en el traslado de la víctima a las instalaciones del CEFERESO número 1, incurrieron en actos de tortura en su contra.
Las nuevas consideraciones y hallazgos, advierten violaciones graves a derechos humanos, por ello, la CNDH establece que la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima; además, estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro homine, aportar como prueba la propia Recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado.
La CNDH recomendó al titular de la FGR y al comisionado de Prevención y Readaptación Social reparar integralmente el daño al agraviado y a sus familiares en los términos de la Ley General de Víctimas; inscribirles en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica, así como colaborar en el trámite y seguimiento de la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control en la FGR y en el OADPRS en contra de los servidores públicos involucrados.
En mayo pasado mediante un oficio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expresó su extrañamiento al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social por no realizar el traslado de Mario Aburto Martínez del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 12 en Guanajuato al Centro de Reinserción Social "El Hongo" II, en Baja California.
La CNDH informó que el día 10 de mayo las autoridades penitenciarias correspondientes le comunicaron que "se encuentran jurídica y materialmente imposibilitados para llevar a cabo el cumplimiento de su solicitud", esto por cuestiones de seguridad del interno.
Ante ello la CNDH considera que existen elementos objetivos para afirmar que la seguridad de Aburto se puede garantizar, sin duda, sin afectar sus derechos humanos.
Por ello, la Comisión insistió en que se cumpla con el inmediato traslado del interno en cuestión al Centro de Readaptación Social "El Hongo" II en Baja California.
También unos días antes La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que Mario Aburto Martínez, quien está preso en el penal 12 de Guanajuato por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, será trasladado "de inmediato y sin dilación" a Baja California.
Había trascendido que Mario Aburto será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social "El Hongo", en el municipio de Tecate, Baja California, luego de que su hermano, Rubén Aburto Martínez denunció que Mario ha sido víctima de malos tratos en la prisión de Guanajuato.
El Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social aceptó la petición realizada por Rubén Aburto ante la CNDH, ya que Mario le informó vía telefónica que no recibía alimentos, ni atención médica, a pesar de haberse contagiado de Covid-19.
El pasado 6 de mayo, la CNDH emitió medidas cautelares para que Mario Aburto fuera reubicado en un penal cercano a donde viven sus familiares, a fin de que puedan visitarlo. Presuntamente, en la actualidad su familia se encuentra en California, Estados Unidos.
A través de un comunicado, la CNDH añadió que continuará "con el desahogo de la queja interpuesta por Mario Aburto Martínez, en todos sus aspectos y en su momento se dará a conocer los resultados de ese seguimiento."
¿Quién es Mario Aburto?
Mario Aburto nació el 3 de octubre de 1970 en Michoacán; se fue a vivir a Baja California en 1987, donde se desempeñó como obrero.
Siete años después de su llegada a la entidad, fue acusado de haber asesinado a Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia de México en 1994, luego de que este terminara un acto político en Tijuana, Baja California.
A pesar de todas las teorías sobre identidad suplantada, Mario Aburto fue sentenciado en 1995 a 45 años de prisión, tras ser declarado culpable del homicidio de Luis Donaldo Colosio.
Algunos periodistas que han escrito sobre Aburto, lo definen como un hombre apasionado de la lectura, el cine y la pintura.
Según la petición de traslado de su hermano, en fechas recientes padeció Covid-19. Actualmente tiene 51 años y ha pasado 27 años en prisión.

Mario Aburto fue víctima de tortura, concluye CNDH, Ya se sabía ONGs

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Mario Aburto fue víctima de tortura, concluye CNDH, Ya se sabía ONGs
*El organismo nacional emitió una Recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos, y ordenó a la FGR investigar y reparar el daño
Lino Calderón 

Por violaciones graves a los derechos humanos, por supuestos actos de tortura en agravio de Mario Aburto Martínez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 48VG/2021 a la Fiscalía General de la República y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
En la recomendación se recuerda que Aburto Martínez fue detenido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, como responsable del asesinato del entonces candidato a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio; por lo que actualmente se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 en el municipio de Ocampo, Guanajuato. Diversas Organizaciones ciudadanas de Derechos Humanos declararon que este caso de tortura siempre fue ampliamente conocido ya que el imputado lo venía declarando desde que fue detenido en 1994.
La Comisión Nacional recuerda que ha señalado en reiteradas ocasiones que la persecución y sanción de los delitos debe realizarse siempre en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos.
La tortura ocurrió en 1994 durante la detención y primeras diligencias
También enfatiza que hace siete meses, la CNDH recibió una nueva queja por parte del agraviado, donde señaló que desde hace 27 años ha denunciado ante esta Comisión actos de tortura reiterada y continuamente, puntualizando que, desde el 31 de agosto de 1994, existe en la FGR una investigación por esos hechos.
Tras investigar el caso, la CNDH determinó que elementos de entonces la Policía Judicial Federal adscritos a la FGR, así como los Agentes del Ministerio Público Federal que intervinieron en la detención como en las primeras diligencias ministeriales y en el traslado de la víctima a las instalaciones del CEFERESO número 1, incurrieron en actos de tortura en su contra.
Las nuevas consideraciones y hallazgos, advierten violaciones graves a derechos humanos, por ello, la CNDH establece que la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima; además, estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro homine, aportar como prueba la propia Recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado.
La CNDH recomendó al titular de la FGR y al comisionado de Prevención y Readaptación Social reparar integralmente el daño al agraviado y a sus familiares en los términos de la Ley General de Víctimas; inscribirles en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica, así como colaborar en el trámite y seguimiento de la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control en la FGR y en el OADPRS en contra de los servidores públicos involucrados.
En mayo pasado mediante un oficio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expresó su extrañamiento al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social por no realizar el traslado de Mario Aburto Martínez del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 12 en Guanajuato al Centro de Reinserción Social "El Hongo" II, en Baja California.
La CNDH informó que el día 10 de mayo las autoridades penitenciarias correspondientes le comunicaron que "se encuentran jurídica y materialmente imposibilitados para llevar a cabo el cumplimiento de su solicitud", esto por cuestiones de seguridad del interno.
Ante ello la CNDH considera que existen elementos objetivos para afirmar que la seguridad de Aburto se puede garantizar, sin duda, sin afectar sus derechos humanos.
Por ello, la Comisión insistió en que se cumpla con el inmediato traslado del interno en cuestión al Centro de Readaptación Social "El Hongo" II en Baja California.
También unos días antes La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que Mario Aburto Martínez, quien está preso en el penal 12 de Guanajuato por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, será trasladado "de inmediato y sin dilación" a Baja California.
Había trascendido que Mario Aburto será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social "El Hongo", en el municipio de Tecate, Baja California, luego de que su hermano, Rubén Aburto Martínez denunció que Mario ha sido víctima de malos tratos en la prisión de Guanajuato.
El Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social aceptó la petición realizada por Rubén Aburto ante la CNDH, ya que Mario le informó vía telefónica que no recibía alimentos, ni atención médica, a pesar de haberse contagiado de Covid-19.
El pasado 6 de mayo, la CNDH emitió medidas cautelares para que Mario Aburto fuera reubicado en un penal cercano a donde viven sus familiares, a fin de que puedan visitarlo. Presuntamente, en la actualidad su familia se encuentra en California, Estados Unidos.
A través de un comunicado, la CNDH añadió que continuará "con el desahogo de la queja interpuesta por Mario Aburto Martínez, en todos sus aspectos y en su momento se dará a conocer los resultados de ese seguimiento."
¿Quién es Mario Aburto?
Mario Aburto nació el 3 de octubre de 1970 en Michoacán; se fue a vivir a Baja California en 1987, donde se desempeñó como obrero.
Siete años después de su llegada a la entidad, fue acusado de haber asesinado a Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia de México en 1994, luego de que este terminara un acto político en Tijuana, Baja California.
A pesar de todas las teorías sobre identidad suplantada, Mario Aburto fue sentenciado en 1995 a 45 años de prisión, tras ser declarado culpable del homicidio de Luis Donaldo Colosio.
Algunos periodistas que han escrito sobre Aburto, lo definen como un hombre apasionado de la lectura, el cine y la pintura.
Según la petición de traslado de su hermano, en fechas recientes padeció Covid-19. Actualmente tiene 51 años y ha pasado 27 años en prisión.

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Temporada de Zopilotes 
Lino Calderón 
Insólito la SCJN protege a defraudadores fiscales 

En una de las sentencias más inesperadas, increíbles  y sorprendentes en contra del país y de la mayoría de los mexicanos, los integrantes de la Suprema Corte de la Nación declara inconstitucional  dar prisión preventiva por defraudación fiscal, esto por considerar estos delitos  no graves lo que incluye a factureros e incluso el contrabando, vulnerando los estipulado en el Código de Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que en el 2014 fue modificado  en la llamada reforma al Poder Judicial en el todo sujeto imputado es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Esta reforma incluyó los Juicios y procesos orales y que cada acusado lleve  su procesos judicial en libertad si no son delitos graves. 
Y es que el daño a la nación de estos defraudadores, factureros y contrabandistas han hecho un boquete al presupuesto  de más de 500 mil millones de pesos, lo que imposibilita el trabajo de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Fiscal de la Federación.   
En una reunión extraordinaria la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional castigar con prisión preventiva oficiosa la defraudación fiscal, el uso de facturas falsas y el contrabando.
Las tres faltas mencionadas anteriormente tampoco serán declaradas delito contra la seguridad nacional.
Con esto dificulta que sean detenido de forma preventiva a sujetos y personajes como el de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga que de acuerdo con las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las fiscalías los acusan de defraudar al Estado Mexicano por más de tres mil millones de pesos, aunque hay reportes que este fraude fiscal llegaría hasta los 30 mil millones de pesos. 
Este es sólo un caso de los miles de casos de defraudación fiscal como es el de los fideicomisos e incluso en el caso de CONACYT. 
Lo que llama la atención es que el Pleno de la Suprema Corte declaró la acción de inconstitucionalidad por mayoría calificada de ocho votos. Fueron los ministros José Fernando Franco, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat quienes votaron en contra. 
En redes sociales se debate que estos ministros de la FUERON COMPRADOS POR PODEROSOS INTERESES de trasnacionales, y grupos empresariales que están defendiendo sus intereses y que buscan echar abajo estas acciones ya que la SCJN están dejando de HACER JUSTICIA para defender intereses privados.  
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, argumentó que dictar prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal violaría los derechos humanos de las personas señaladas. Lo que refleja que están defendiendo la impunidad de las operaciones realizadas del robo de dinero de los mexicanos por estos sujetos que operan bajo el esquema de delincuencia organizada, delincuencia de cuello blanco. 
De acuerdo con la SCJN no se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. No se trata de no acatar la constitución sino de tomarnos en serio los derechos humanos que son parte del artículo primero constitucional", dijo Arturo Saldivar, hágame usted el favor. 
Un caso para Ripley. Increíble que los que deberían de hacer justicia se ponen del lado de la delincuencia de cuello Blanco. No quería creerlo pero hay una verdadera podredumbre en el poder judicial, tanto en los tribunales judiciales locales y el federal. 

Temporada de Zopilotes/ Lino Calderón/ Insólito la SCJN protege a defraudadores fiscales

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Temporada de Zopilotes 
Lino Calderón 
Insólito la SCJN protege a defraudadores fiscales 

En una de las sentencias más inesperadas, increíbles  y sorprendentes en contra del país y de la mayoría de los mexicanos, los integrantes de la Suprema Corte de la Nación declara inconstitucional  dar prisión preventiva por defraudación fiscal, esto por considerar estos delitos  no graves lo que incluye a factureros e incluso el contrabando, vulnerando los estipulado en el Código de Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que en el 2014 fue modificado  en la llamada reforma al Poder Judicial en el todo sujeto imputado es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Esta reforma incluyó los Juicios y procesos orales y que cada acusado lleve  su procesos judicial en libertad si no son delitos graves. 
Y es que el daño a la nación de estos defraudadores, factureros y contrabandistas han hecho un boquete al presupuesto  de más de 500 mil millones de pesos, lo que imposibilita el trabajo de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Fiscal de la Federación.   
En una reunión extraordinaria la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional castigar con prisión preventiva oficiosa la defraudación fiscal, el uso de facturas falsas y el contrabando.
Las tres faltas mencionadas anteriormente tampoco serán declaradas delito contra la seguridad nacional.
Con esto dificulta que sean detenido de forma preventiva a sujetos y personajes como el de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga que de acuerdo con las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las fiscalías los acusan de defraudar al Estado Mexicano por más de tres mil millones de pesos, aunque hay reportes que este fraude fiscal llegaría hasta los 30 mil millones de pesos. 
Este es sólo un caso de los miles de casos de defraudación fiscal como es el de los fideicomisos e incluso en el caso de CONACYT. 
Lo que llama la atención es que el Pleno de la Suprema Corte declaró la acción de inconstitucionalidad por mayoría calificada de ocho votos. Fueron los ministros José Fernando Franco, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat quienes votaron en contra. 
En redes sociales se debate que estos ministros de la FUERON COMPRADOS POR PODEROSOS INTERESES de trasnacionales, y grupos empresariales que están defendiendo sus intereses y que buscan echar abajo estas acciones ya que la SCJN están dejando de HACER JUSTICIA para defender intereses privados.  
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, argumentó que dictar prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal violaría los derechos humanos de las personas señaladas. Lo que refleja que están defendiendo la impunidad de las operaciones realizadas del robo de dinero de los mexicanos por estos sujetos que operan bajo el esquema de delincuencia organizada, delincuencia de cuello blanco. 
De acuerdo con la SCJN no se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. No se trata de no acatar la constitución sino de tomarnos en serio los derechos humanos que son parte del artículo primero constitucional", dijo Arturo Saldivar, hágame usted el favor. 
Un caso para Ripley. Increíble que los que deberían de hacer justicia se ponen del lado de la delincuencia de cuello Blanco. No quería creerlo pero hay una verdadera podredumbre en el poder judicial, tanto en los tribunales judiciales locales y el federal. 

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