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Participó en Congreso Nacional de cronistas

Alex Sanciprián


Luz María Hermoso Santamaría es Profesora-Investigadora y Coordinadora del Programa Universitario de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh).
Hace unos días participó en el XVII Congreso Nacional de la Crónica Texcoco 2009, realizado del 20 al 22 de noviembre del año en curso, en el Centro Cultural de Texcoco, con el tema intitulado “Crónica de una Jornalera Agrícola Temporal Texcocana en Canadá”, con el que se hizo acreedora al Tercer Lugar de entre un considerable número de participantes de diversos Estados del país.
La temática de su participación giró en torno al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales Mexicanos en Canadá o PTAT (Mexican Seasonal Agricultural Workers Program, por su nominación en inglés).
Presentó una síntesis de un trabajo de mayor envergadura donde hizo referencia, entre otros aspectos, a que las relaciones bilaterales entre México y Canadá se remontan a la década de 1930, aunque su formalización diplomática ocurre hasta la década de 1940.
Subrayó que “el acto bilateral más significativo en lo que a migración concierne, es la firma de un Memorándum de Entendimiento para llevar a cabo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) Mexicanos en Canadá, en 1974”.
La maestra Hermoso Santamaría expresó que “la ejecución del PTAT autoriza a 12 mil 311 jornaleras y jornaleros mexicanos para migrar legalmente a Canadá y desempeñarse en el sector agrícola. De esta población trabajadora, 11, 942 son hombres, lo que constituye el 97%, en tanto que 369 son mujeres, las cuales forman apenas el 3%.
“Esta asimetría tangible entre el número de personas del sexo masculino y de personas del sexo femenino es razón suficiente para realizar la crónica de la vida y el trabajo de una jornalera agrícola temporal texcocana (Lucrecia, pseudónimo) en Canadá, como punto de referencia para el entendimiento de la experiencia cotidiana y laboral de la minoría de mujeres que viaja anualmente a ese país”.
Vale resaltar que la académica de la UACh ha participado en los siguientes estudios:
“Mexican Seasonal Agricultural Workers Program from a Gender Perspective”, dirigido por Eleonora Agatha Cebotarev.“Mujeres Trabajadoras Migrantes Mexicanas y Horticultura Canadiense: Género y Reestructuración Global de los Sistemas Agroalimentarios”, diseñado y dirigido por la Dra. Kerry Preibisch, quien obtuvo financiamiento del Consejo Canadiense para las Ciencias Sociales y las Humanidades (SSHRC, por sus siglas en inglés) y “Canada´s Seasonal Agricultural Workers Program as a Model of Best Practices”, dirigido por el Dr. Rudi Robinson, dentro de este macro-proyecto, el titulado “The Social Relations Practices between Migrant Agricultural Workers, Farm Employers, and Farm Community Residents”, dirigido por la Dra. Kerry Preibisch, quien obtuvo financiamiento del North-South Institute (NSI, por sus siglas en inglés), ubicado en Ottawa, Canadá

Honroso tercer lugar para investigadora de Chapingo

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Participó en Congreso Nacional de cronistas

Alex Sanciprián


Luz María Hermoso Santamaría es Profesora-Investigadora y Coordinadora del Programa Universitario de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh).
Hace unos días participó en el XVII Congreso Nacional de la Crónica Texcoco 2009, realizado del 20 al 22 de noviembre del año en curso, en el Centro Cultural de Texcoco, con el tema intitulado “Crónica de una Jornalera Agrícola Temporal Texcocana en Canadá”, con el que se hizo acreedora al Tercer Lugar de entre un considerable número de participantes de diversos Estados del país.
La temática de su participación giró en torno al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales Mexicanos en Canadá o PTAT (Mexican Seasonal Agricultural Workers Program, por su nominación en inglés).
Presentó una síntesis de un trabajo de mayor envergadura donde hizo referencia, entre otros aspectos, a que las relaciones bilaterales entre México y Canadá se remontan a la década de 1930, aunque su formalización diplomática ocurre hasta la década de 1940.
Subrayó que “el acto bilateral más significativo en lo que a migración concierne, es la firma de un Memorándum de Entendimiento para llevar a cabo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) Mexicanos en Canadá, en 1974”.
La maestra Hermoso Santamaría expresó que “la ejecución del PTAT autoriza a 12 mil 311 jornaleras y jornaleros mexicanos para migrar legalmente a Canadá y desempeñarse en el sector agrícola. De esta población trabajadora, 11, 942 son hombres, lo que constituye el 97%, en tanto que 369 son mujeres, las cuales forman apenas el 3%.
“Esta asimetría tangible entre el número de personas del sexo masculino y de personas del sexo femenino es razón suficiente para realizar la crónica de la vida y el trabajo de una jornalera agrícola temporal texcocana (Lucrecia, pseudónimo) en Canadá, como punto de referencia para el entendimiento de la experiencia cotidiana y laboral de la minoría de mujeres que viaja anualmente a ese país”.
Vale resaltar que la académica de la UACh ha participado en los siguientes estudios:
“Mexican Seasonal Agricultural Workers Program from a Gender Perspective”, dirigido por Eleonora Agatha Cebotarev.“Mujeres Trabajadoras Migrantes Mexicanas y Horticultura Canadiense: Género y Reestructuración Global de los Sistemas Agroalimentarios”, diseñado y dirigido por la Dra. Kerry Preibisch, quien obtuvo financiamiento del Consejo Canadiense para las Ciencias Sociales y las Humanidades (SSHRC, por sus siglas en inglés) y “Canada´s Seasonal Agricultural Workers Program as a Model of Best Practices”, dirigido por el Dr. Rudi Robinson, dentro de este macro-proyecto, el titulado “The Social Relations Practices between Migrant Agricultural Workers, Farm Employers, and Farm Community Residents”, dirigido por la Dra. Kerry Preibisch, quien obtuvo financiamiento del North-South Institute (NSI, por sus siglas en inglés), ubicado en Ottawa, Canadá

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CUESTIONAN LA SIEMBRA DE MAÍZ TRANSGÉNICO

José Luis Garay Islas
Lamentan ingenieros agrónomos de la Universidad Autónoma de Chapingo, sobre de que las autoridades mexicanas por haber autorizado a la transnacional Monsanto a cultivar de manera experimental maíz genéticamente modificado en territorio nacional, esto a pesar de las innumerables voces de protesta y de alerta que científicos, ecologistas, campesinos, artistas y ciudadanía en general han expresado su negativa.
La organización Greenpeace llevó a cabo una peculiar manifestación en la capital del país, dándole de manera simbólica voz a los héroes nacionales. El 18 de octubre una manta colocada en la columna del Ángel de la Independencia , denunciaba: “Maíz transgénico: fin de la independencia”; mientras que el padre de la patria, Miguel Hidalgo, expresó en una pancarta “Muera el mal gobierno que autoriza transgénicos”.
Forum tuvo la oportunidad de platicar con Aleira Lara, coordinadora de la Campaña de Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace. ¿Hay algo más qué hacer una vez aprobados estos permisos para la siembra de maíz, genéticamente modificado, aparte del activismo social?
—Claro que sí, ingresar un recurso de revisión de acuerdo a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM). Hemos identificado varias irregularidades en el otorgamiento de estas solicitudes. Además de que la modificación a la LBOGM y su reglamento, en marzo del 2009, se hizo de manera ilegal.
De acuerdo a la activista los permisos otorgados recientemente a Monsanto violan el artículo 2, fracción 11 de la mencionada ley, que establece un régimen especial de protección al maíz ya que nuestro país es centro de origen de este alimento.
La LBOGM establece que para la determinación de los centros de origen y de diversidad genética se tomara en cuenta que, en el caso de cultivos, “las regiones geográficas en donde el organismo de que se trate fue domesticado, siempre y cuando estas regiones sean centros de diversidad genética.”
En un extrañamiento dirigido a Felipe Calderón, el 29 de septiembre del presente año, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad , argumenta: “México comprende los centros de origen, domesticación y diversificación del maíz y, por lo tanto, alberga la mayor parte de la diversidad genética del maíz en el mundo, mientras que es hogar de todos sus parientes silvestres conocidos. (...)
Los agricultores en los diversos sistemas agrícolas de las distintas regiones de México, dependen de una reserva de semillas que guardan de una temporada agrícola a otra, mientras que frecuentemente intercambian semillas con otros productores dentro y fuera de cada comunidad. Estas actividades están en el corazón de un sistema dinámico que garantiza la generación y continuidad de la diversidad genética del maíz.
Sistema que está en riesgo debido a la contaminación transgénica detectada desde hace años en nuestro país. Sobre el tema le preguntamos a Aleira Lara. “Antes de marzo de este año la siembra de transgénicos no era permitida; pero a pesar de que en México era ilegal sembrar transgénicos ya contamos con varios casos de contaminación documentados con estudios de laboratorio”.
Los casos registrados con la presencia de transgenes en variedades de maíz y avalados con los estudios correspondientes, son los que siguen: sierra Juárez, Oaxaca (2000, 2001-2004); en el área de conservación del Distrito Federal (2003) y en regiones de los estados de Guanajuato, Veracruz y Yucatán (2002).
Pero si la siembra de estas semillas estaba prohibida, ¿cómo fue posible la contaminación de estos campos?
La coordinadora nos da la respuesta. “En los casos de contaminación detectados en Yucatán, Guanajuato y Oaxaca, se observó que la fuente de contaminación es un programa del gobierno denominado Kilo por Kilo”. Programa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que operó entre 1996 y 2001, la activista de Greenpeace señala que “este tipo de maíz no es monitoreado o no tienen una prueba de laboratorio que descarte la presencia de transgénicos”.
¿A qué intereses está respondiendo el gobierno de México? —Es la pregunta que la Red en Defensa del Maíz Nativo se formula en su boletín 09130, publicado el 19 de octubre, luego de la autorización de siembra experimental del maíz genéticamente modificado. Conformada por 600 organizaciones no gubernamentales, la red vaticina que con estas autorizaciones “se está entregando el maíz a las corporaciones, poniendo en peligro la independencia y la capacidad del país para producir su propio alimento, y arriesgando nuestra alimentación al someter a nuestro alimento básico a una tecnología que plantea serios riesgos a la salud humana”.
Además contesta el cuestionamiento planteado anteriormente: el gobierno no responde a los intereses del pueblo y de la nación.
Tendríamos que preguntarles a las autoridades correspondientes, si los intereses a los que están respondiendo son los de Monsanto, empresa líder en la producción de semillas genéticamente modificadas. Lara nos comenta que dicha compañía detenta el 90 por ciento de las patentes de semillas transgénicas en el mundo y la aprobación para que Monsanto cultive este tipo de maíz significaría una mayor dependencia a esta transnacional que busca controlar el monopolio del maíz.
Aleira Lara agrega que “lamentablemente, en los países donde se han empezado a cultivar este tipo de semillas, se han desplazado los campos destinados al consumo nacional a la producción en gran escala, es decir, que existe una reconfiguración de los campos destinados para la exportación o para la producción de biocombustibles, lo que significa desmantelar la soberanía alimentaria de los pueblos”.
Monsanto ha demando a agricultores en todo el mundo cuyos campos han sido contaminados con semillas patentadas por dicha empresa. En la página web de Monsanto en nuestro país (www.monsanto. com.mx) se puede leer la siguiente justificación: “Monsanto patenta muchas de las variedades de semillas que desarrolla. Las patentes son necesarias para asegurarnos de que recibiremos el pago por nuestros productos y por toda la inversión que realizamos para desarrollar estos productos. (...) Cuando los agricultores compran una variedad de semilla patentada, firman un convenio donde se suscribe que cultivarán únicamente la semilla que nos están comprando y que no guardarán ni volverán a sembrar las semillas que van a producir las plantas que están cultivando. (...) Un porcentaje muy pequeño de agricultores no respeta este convenio. Monsanto tiene conocimiento, a través de las acciones de nuestra empresa o a través de terceros, respecto a las personas de quienes se sospecha que violan nuestras patentes y nuestros convenios. En los casos en que nos encontramos con algunas violaciones, tenemos la posibilidad de dirimir la mayoría de estos casos sin siquiera ir a los tribunales.”
En dicho texto se señalan, básicamente, tres argumentos para demandar a los campesinos que supuestamente utilizan semillas patentadas por Monsanto: 1) obtener la remuneración de los productos que genera, 2) las pérdidas de estas remuneraciones no permitirían invertir en investigación y desarrollo y, 3) la injusticia que significa que otros, que no pagaron por dichas semillas, disfruten de los frutos de éstas.

RECHAZO TOTAL AL MAÍZ GENÉTICO EN MÉXICO

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CUESTIONAN LA SIEMBRA DE MAÍZ TRANSGÉNICO

José Luis Garay Islas
Lamentan ingenieros agrónomos de la Universidad Autónoma de Chapingo, sobre de que las autoridades mexicanas por haber autorizado a la transnacional Monsanto a cultivar de manera experimental maíz genéticamente modificado en territorio nacional, esto a pesar de las innumerables voces de protesta y de alerta que científicos, ecologistas, campesinos, artistas y ciudadanía en general han expresado su negativa.
La organización Greenpeace llevó a cabo una peculiar manifestación en la capital del país, dándole de manera simbólica voz a los héroes nacionales. El 18 de octubre una manta colocada en la columna del Ángel de la Independencia , denunciaba: “Maíz transgénico: fin de la independencia”; mientras que el padre de la patria, Miguel Hidalgo, expresó en una pancarta “Muera el mal gobierno que autoriza transgénicos”.
Forum tuvo la oportunidad de platicar con Aleira Lara, coordinadora de la Campaña de Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace. ¿Hay algo más qué hacer una vez aprobados estos permisos para la siembra de maíz, genéticamente modificado, aparte del activismo social?
—Claro que sí, ingresar un recurso de revisión de acuerdo a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM). Hemos identificado varias irregularidades en el otorgamiento de estas solicitudes. Además de que la modificación a la LBOGM y su reglamento, en marzo del 2009, se hizo de manera ilegal.
De acuerdo a la activista los permisos otorgados recientemente a Monsanto violan el artículo 2, fracción 11 de la mencionada ley, que establece un régimen especial de protección al maíz ya que nuestro país es centro de origen de este alimento.
La LBOGM establece que para la determinación de los centros de origen y de diversidad genética se tomara en cuenta que, en el caso de cultivos, “las regiones geográficas en donde el organismo de que se trate fue domesticado, siempre y cuando estas regiones sean centros de diversidad genética.”
En un extrañamiento dirigido a Felipe Calderón, el 29 de septiembre del presente año, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad , argumenta: “México comprende los centros de origen, domesticación y diversificación del maíz y, por lo tanto, alberga la mayor parte de la diversidad genética del maíz en el mundo, mientras que es hogar de todos sus parientes silvestres conocidos. (...)
Los agricultores en los diversos sistemas agrícolas de las distintas regiones de México, dependen de una reserva de semillas que guardan de una temporada agrícola a otra, mientras que frecuentemente intercambian semillas con otros productores dentro y fuera de cada comunidad. Estas actividades están en el corazón de un sistema dinámico que garantiza la generación y continuidad de la diversidad genética del maíz.
Sistema que está en riesgo debido a la contaminación transgénica detectada desde hace años en nuestro país. Sobre el tema le preguntamos a Aleira Lara. “Antes de marzo de este año la siembra de transgénicos no era permitida; pero a pesar de que en México era ilegal sembrar transgénicos ya contamos con varios casos de contaminación documentados con estudios de laboratorio”.
Los casos registrados con la presencia de transgenes en variedades de maíz y avalados con los estudios correspondientes, son los que siguen: sierra Juárez, Oaxaca (2000, 2001-2004); en el área de conservación del Distrito Federal (2003) y en regiones de los estados de Guanajuato, Veracruz y Yucatán (2002).
Pero si la siembra de estas semillas estaba prohibida, ¿cómo fue posible la contaminación de estos campos?
La coordinadora nos da la respuesta. “En los casos de contaminación detectados en Yucatán, Guanajuato y Oaxaca, se observó que la fuente de contaminación es un programa del gobierno denominado Kilo por Kilo”. Programa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que operó entre 1996 y 2001, la activista de Greenpeace señala que “este tipo de maíz no es monitoreado o no tienen una prueba de laboratorio que descarte la presencia de transgénicos”.
¿A qué intereses está respondiendo el gobierno de México? —Es la pregunta que la Red en Defensa del Maíz Nativo se formula en su boletín 09130, publicado el 19 de octubre, luego de la autorización de siembra experimental del maíz genéticamente modificado. Conformada por 600 organizaciones no gubernamentales, la red vaticina que con estas autorizaciones “se está entregando el maíz a las corporaciones, poniendo en peligro la independencia y la capacidad del país para producir su propio alimento, y arriesgando nuestra alimentación al someter a nuestro alimento básico a una tecnología que plantea serios riesgos a la salud humana”.
Además contesta el cuestionamiento planteado anteriormente: el gobierno no responde a los intereses del pueblo y de la nación.
Tendríamos que preguntarles a las autoridades correspondientes, si los intereses a los que están respondiendo son los de Monsanto, empresa líder en la producción de semillas genéticamente modificadas. Lara nos comenta que dicha compañía detenta el 90 por ciento de las patentes de semillas transgénicas en el mundo y la aprobación para que Monsanto cultive este tipo de maíz significaría una mayor dependencia a esta transnacional que busca controlar el monopolio del maíz.
Aleira Lara agrega que “lamentablemente, en los países donde se han empezado a cultivar este tipo de semillas, se han desplazado los campos destinados al consumo nacional a la producción en gran escala, es decir, que existe una reconfiguración de los campos destinados para la exportación o para la producción de biocombustibles, lo que significa desmantelar la soberanía alimentaria de los pueblos”.
Monsanto ha demando a agricultores en todo el mundo cuyos campos han sido contaminados con semillas patentadas por dicha empresa. En la página web de Monsanto en nuestro país (www.monsanto. com.mx) se puede leer la siguiente justificación: “Monsanto patenta muchas de las variedades de semillas que desarrolla. Las patentes son necesarias para asegurarnos de que recibiremos el pago por nuestros productos y por toda la inversión que realizamos para desarrollar estos productos. (...) Cuando los agricultores compran una variedad de semilla patentada, firman un convenio donde se suscribe que cultivarán únicamente la semilla que nos están comprando y que no guardarán ni volverán a sembrar las semillas que van a producir las plantas que están cultivando. (...) Un porcentaje muy pequeño de agricultores no respeta este convenio. Monsanto tiene conocimiento, a través de las acciones de nuestra empresa o a través de terceros, respecto a las personas de quienes se sospecha que violan nuestras patentes y nuestros convenios. En los casos en que nos encontramos con algunas violaciones, tenemos la posibilidad de dirimir la mayoría de estos casos sin siquiera ir a los tribunales.”
En dicho texto se señalan, básicamente, tres argumentos para demandar a los campesinos que supuestamente utilizan semillas patentadas por Monsanto: 1) obtener la remuneración de los productos que genera, 2) las pérdidas de estas remuneraciones no permitirían invertir en investigación y desarrollo y, 3) la injusticia que significa que otros, que no pagaron por dichas semillas, disfruten de los frutos de éstas.

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