Candidata a alcaldía de Gómez Palacio, en la mira de la DEA
Leticia Herrera Ale, candidata a la presidencia municipal de Gómez Palacio, Durango, por la coalición PRI-PAN-PRD, habría malversado fondos públicos durante su gestión como alcaldesa entre 2016 a 2019, a través de empresas ligadas al Cártel de Sinaloa.
Fuentes federales informaron que la DEA retomó recientemente la indagatoria que inició en 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Herrera Ale y su entonces tesorero Óscar García.
De acuerdo con la información con la que cuentan las autoridades, recursos destinados a apoyos sociales como becas estudiantiles y comedores comunitarios llegaron a cuentas de empresas ligadas a Juan José Esparragoza que alertó en un principio a la UIF y posteriormente a las autoridades estadounidenses.
Se trata de las empresas Quesos Chilchota, fundada por del finado Carlos Herrera Araluce, padre de Leticia; Cooperativa Avestruz Cuemir así como distintas casas de empeño como Casa de empeño Guadalajara y Casa de empeño Prenda Todo.
Las empresas estarían vinculadas al narcotrafico y fueron utilizadas para adquirir alrededor de cien inmuebles durante la gestión de Leticia Herrera, lo que le valió el bloqueo de sus cuentas bancarias al no poder comprobar el origen de cientos de millones de pesos que de origen irían destinados a apoyos sociales y combate a la pobreza.
Fuen en 2020, después que culminó el periodo de la alcaldesa de Gómez Palacio, cuando la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron una serie de triangulaciones de recursos públicos con las empresas antes mencionadas, lo que llevó a las autoridades a congelar alrededor de 230 cuentas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Dicha información, que según autoridades federales es sustancial, forma parte de la investigación que sigue abierta sobre la hoy candidata Leticia Herrera quien en su momento, y de ser requerida por las autoridades competentes, tendrá que aclarar los movimientos financieros de la partida presupuestal de su gestión que llegó a cuentas del crimen organizado.
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Candidata a alcaldía de Gómez Palacio, en la mira de la DEA
Leticia Herrera Ale, candidata a la presidencia municipal de Gómez Palacio, Durango, por la coalición PRI-PAN-PRD, habría malversado fondos públicos durante su gestión como alcaldesa entre 2016 a 2019, a través de empresas ligadas al Cártel de Sinaloa.
Fuentes federales informaron que la DEA retomó recientemente la indagatoria que inició en 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Herrera Ale y su entonces tesorero Óscar García.
De acuerdo con la información con la que cuentan las autoridades, recursos destinados a apoyos sociales como becas estudiantiles y comedores comunitarios llegaron a cuentas de empresas ligadas a Juan José Esparragoza que alertó en un principio a la UIF y posteriormente a las autoridades estadounidenses.
Se trata de las empresas Quesos Chilchota, fundada por del finado Carlos Herrera Araluce, padre de Leticia; Cooperativa Avestruz Cuemir así como distintas casas de empeño como Casa de empeño Guadalajara y Casa de empeño Prenda Todo.
Las empresas estarían vinculadas al narcotrafico y fueron utilizadas para adquirir alrededor de cien inmuebles durante la gestión de Leticia Herrera, lo que le valió el bloqueo de sus cuentas bancarias al no poder comprobar el origen de cientos de millones de pesos que de origen irían destinados a apoyos sociales y combate a la pobreza.
Fuen en 2020, después que culminó el periodo de la alcaldesa de Gómez Palacio, cuando la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron una serie de triangulaciones de recursos públicos con las empresas antes mencionadas, lo que llevó a las autoridades a congelar alrededor de 230 cuentas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Dicha información, que según autoridades federales es sustancial, forma parte de la investigación que sigue abierta sobre la hoy candidata Leticia Herrera quien en su momento, y de ser requerida por las autoridades competentes, tendrá que aclarar los movimientos financieros de la partida presupuestal de su gestión que llegó a cuentas del crimen organizado.
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