Agricultores cosechan pérdidas al sembrar transgénicos: Greenpeace
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on lunes, julio 19, 2010
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Greenpeace
Cero incremento de la productividad, ganancias nulas, costos adicionales, mayor uso de agroquímicos, cosechas perdidas y dificultad para comercializar su producción, son algunos de los gravosos costos económicos ocasionados por la siembra de semillas transgénicas en los países que le apostaron a dicho cultivo.
En su más reciente informe, Cultivos transgénicos: cero ganancias, Greenpeace documenta por primera ocasión, casos específicos en los que los cultivos transgénicos han tenido elevados costos para los diferentes sectores involucrados en la cadena alimentaria, desde los agricultores hasta los procesadores de alimentos que creyeron en las promesas de la industria de la biotecnología de obtener incrementos en la producción y en las ganancias pero que, en la práctica, nunca obtuvieron beneficios.
Los principales casos abordados en el documento son:
• Arroz en Estados Unidos: en 2006, la contaminación con transgénicos causó a la industria estadounidense pérdidas entre 681 y 1104 millones de dólares.
• Soya en Estados Unidos: la soya transgénica Roundup Ready de Monsanto, tiene rendimientos del 5 al 10 por ciento inferiores, comparado con la soya convencional «no transgénica». Se estima que de 2006 al 2009 la producción fue de 31 millones de toneladas métricas menos, lo que se tradujo en pérdidas por 11 mil millones de dólares.
• Algodón en Estados Unidos: el glifosato, sustancia base del herbicida de Monsanto, dañó cultivos de algodón Roundup Ready e hizo que se redujera su cosecha casi en un 40 por ciento. El caso está pendiente de la corte federal de Texas, Estados Unidos.
• Algodón Bt en China: altas temperaturas ocasionaron que las plantas expuestas al calor produjeran de 30 a 63 por ciento menos de toxina Bt, haciéndolas menos resistentes a las plagas de gusanos.
• Maíz, soya y algodón en Estados Unidos: el quintonil tropical o bledo, hierba invasora muy problemática ha adquirido resistencia al glifosato en al menos 500 mil hectáreas, obligando a los agricultores a deshierbar a mano lo cual incrementa el costo del cultivo 240 dólares por hectárea.
• Linaza en Canadá: tras confirmarse la contaminación de esta semilla con una variedad transgénica, los mercados se paralizaron; los precios cayeron de 12.50 dólares hasta 6.80 en el 2009 y los productores han perdido 106 millones de dólares canadienses.
• Algodón en Colombia: se introdujeron dos variedades de algodón transgénico que fueron atacadas por plagas a las que supuestamente eran resistentes. El costo de las semillas, más los herbicidas que tuvieron que adquirir, incrementaron los costos y como consecuencia, más de la mitad de los campos colombianos ya no son rentables. En 2008 y 2009 los costos de producción promedio subieron del 13 al 30 por ciento.
El informe documenta impactos desde rendimientos inferiores, contaminación transgénica, hasta la pérdida de la reputación de un producto popular entre los consumidores y por ende el cierre de sus principales mercados. Mientras tanto, la industria biotecnológica continúa diciendo que los cultivos transgénicos son la solución a los problemas como la baja productividad, la resistencia de las plagas y el mayor uso de herbicidas, aún cuando una realidad distinta se refleja en los campos y mercados de todo el mundo.
“México no está exento de sufrir estos impactos; con la siembra de maíz transgénico en nuestro país se pondrá en riesgo el gran potencial de producción del grano con variedades convencionales y nativas, la biodiversidad, y se propiciará la dependencia y vulnerabilidad de los campesinos frente a las empresas que detentan la patente de las semillas transgénicas. Hasta el 2007 los juicios de Monsanto contra agricultores sumaron 21,583,431 de dólares”, alertó Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México.
Alberto Montoya, académico de la Universidad Iberoamericana y vicepresidente ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales acotó que ante la disyuntiva de quién debe alimentar a los mexicanos, existen dos paradigmas opuestos; el primero basado en los mandatos de la Constitución y la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho humano a la alimentación, que exige que sean los mexicanos quienes alimenten a los mexicanos, con tecnologías ecológicas y sustentables, que sean eficientes técnica y económicamente, perfeccionadas por los campesinos, ejidatarios, comuneros y productores nacionales; o bien, mediante la importación de alimentos y el control de la biodiversidad mexicana, de nuestros mercados, cadenas industriales y de abasto por parte de corporaciones trasnacionales.
"El Estado Mexicano tiene el deber de recuperar la soberanía alimentaria y abandonar la política de dependencia de las importaciones y de las corporaciones globales. Asimismo debe evitar que sea la industria de los transgénicos la que tome el control de los campos y los alimentos, mucho más con advertencias tan claras como las que encontramos en el documento que hoy presenta Greenpeace donde queda constancia de que lejos de resolver los problemas de la alimentación en el mundo, la siembra de transgénicos representa un riesgo" aseveró Montoya.
Ante la pretendida introducción de maíz transgénico en campo mexicano, Yolanda Massieu, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, declaró que "para México los riesgos de que se vulnere la diversidad genética del maíz y por tanto la base alimentaria de los mexicanos son muy altos. El problema es que no hay investigación ni regulación pública suficiente para impedir al gobierno favorecer los intereses de un puñado de empresas, como se ha estado haciendo hasta la fecha al autorizar las solicitudes de empresas como Monsanto para realizar siembra experimental de maíz en nuestro territorio. El gobierno debió evaluar dichas solicitudes de manera imparcial y sin presiones y resolverlas con el objetivo de fomentar el bien común y salvaguardar el interés nacional”.
"En México aún no se ha autorizado la siembra comercial de transgénicos y las experiencias que hoy presentamos nos llevan a señalar que no hay ninguna buena razón para hacerlo: los impactos ecológicos, sociales y ahora económicos bastan por sí mismos para rechazar cultivos genéticamente modificados. Los estudios de caso de este informe demuestran que no es suficiente la siembra experimental para conocer todos los riesgos que estos cultivos traerán en una fase comercial, mucho menos si se trata de un cultivo de polinización abierta como el maíz, con gran flujo genético hacia cultivos nativos y con un gran potencial de contaminación de la red alimenticia”, finalizó Aleira Lara.
Cero incremento de la productividad, ganancias nulas, costos adicionales, mayor uso de agroquímicos, cosechas perdidas y dificultad para comercializar su producción, son algunos de los gravosos costos económicos ocasionados por la siembra de semillas transgénicas en los países que le apostaron a dicho cultivo.
En su más reciente informe, Cultivos transgénicos: cero ganancias, Greenpeace documenta por primera ocasión, casos específicos en los que los cultivos transgénicos han tenido elevados costos para los diferentes sectores involucrados en la cadena alimentaria, desde los agricultores hasta los procesadores de alimentos que creyeron en las promesas de la industria de la biotecnología de obtener incrementos en la producción y en las ganancias pero que, en la práctica, nunca obtuvieron beneficios.
Los principales casos abordados en el documento son:
• Arroz en Estados Unidos: en 2006, la contaminación con transgénicos causó a la industria estadounidense pérdidas entre 681 y 1104 millones de dólares.
• Soya en Estados Unidos: la soya transgénica Roundup Ready de Monsanto, tiene rendimientos del 5 al 10 por ciento inferiores, comparado con la soya convencional «no transgénica». Se estima que de 2006 al 2009 la producción fue de 31 millones de toneladas métricas menos, lo que se tradujo en pérdidas por 11 mil millones de dólares.
• Algodón en Estados Unidos: el glifosato, sustancia base del herbicida de Monsanto, dañó cultivos de algodón Roundup Ready e hizo que se redujera su cosecha casi en un 40 por ciento. El caso está pendiente de la corte federal de Texas, Estados Unidos.
• Algodón Bt en China: altas temperaturas ocasionaron que las plantas expuestas al calor produjeran de 30 a 63 por ciento menos de toxina Bt, haciéndolas menos resistentes a las plagas de gusanos.
• Maíz, soya y algodón en Estados Unidos: el quintonil tropical o bledo, hierba invasora muy problemática ha adquirido resistencia al glifosato en al menos 500 mil hectáreas, obligando a los agricultores a deshierbar a mano lo cual incrementa el costo del cultivo 240 dólares por hectárea.
• Linaza en Canadá: tras confirmarse la contaminación de esta semilla con una variedad transgénica, los mercados se paralizaron; los precios cayeron de 12.50 dólares hasta 6.80 en el 2009 y los productores han perdido 106 millones de dólares canadienses.
• Algodón en Colombia: se introdujeron dos variedades de algodón transgénico que fueron atacadas por plagas a las que supuestamente eran resistentes. El costo de las semillas, más los herbicidas que tuvieron que adquirir, incrementaron los costos y como consecuencia, más de la mitad de los campos colombianos ya no son rentables. En 2008 y 2009 los costos de producción promedio subieron del 13 al 30 por ciento.
El informe documenta impactos desde rendimientos inferiores, contaminación transgénica, hasta la pérdida de la reputación de un producto popular entre los consumidores y por ende el cierre de sus principales mercados. Mientras tanto, la industria biotecnológica continúa diciendo que los cultivos transgénicos son la solución a los problemas como la baja productividad, la resistencia de las plagas y el mayor uso de herbicidas, aún cuando una realidad distinta se refleja en los campos y mercados de todo el mundo.
“México no está exento de sufrir estos impactos; con la siembra de maíz transgénico en nuestro país se pondrá en riesgo el gran potencial de producción del grano con variedades convencionales y nativas, la biodiversidad, y se propiciará la dependencia y vulnerabilidad de los campesinos frente a las empresas que detentan la patente de las semillas transgénicas. Hasta el 2007 los juicios de Monsanto contra agricultores sumaron 21,583,431 de dólares”, alertó Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México.
Alberto Montoya, académico de la Universidad Iberoamericana y vicepresidente ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales acotó que ante la disyuntiva de quién debe alimentar a los mexicanos, existen dos paradigmas opuestos; el primero basado en los mandatos de la Constitución y la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho humano a la alimentación, que exige que sean los mexicanos quienes alimenten a los mexicanos, con tecnologías ecológicas y sustentables, que sean eficientes técnica y económicamente, perfeccionadas por los campesinos, ejidatarios, comuneros y productores nacionales; o bien, mediante la importación de alimentos y el control de la biodiversidad mexicana, de nuestros mercados, cadenas industriales y de abasto por parte de corporaciones trasnacionales.
"El Estado Mexicano tiene el deber de recuperar la soberanía alimentaria y abandonar la política de dependencia de las importaciones y de las corporaciones globales. Asimismo debe evitar que sea la industria de los transgénicos la que tome el control de los campos y los alimentos, mucho más con advertencias tan claras como las que encontramos en el documento que hoy presenta Greenpeace donde queda constancia de que lejos de resolver los problemas de la alimentación en el mundo, la siembra de transgénicos representa un riesgo" aseveró Montoya.
Ante la pretendida introducción de maíz transgénico en campo mexicano, Yolanda Massieu, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, declaró que "para México los riesgos de que se vulnere la diversidad genética del maíz y por tanto la base alimentaria de los mexicanos son muy altos. El problema es que no hay investigación ni regulación pública suficiente para impedir al gobierno favorecer los intereses de un puñado de empresas, como se ha estado haciendo hasta la fecha al autorizar las solicitudes de empresas como Monsanto para realizar siembra experimental de maíz en nuestro territorio. El gobierno debió evaluar dichas solicitudes de manera imparcial y sin presiones y resolverlas con el objetivo de fomentar el bien común y salvaguardar el interés nacional”.
"En México aún no se ha autorizado la siembra comercial de transgénicos y las experiencias que hoy presentamos nos llevan a señalar que no hay ninguna buena razón para hacerlo: los impactos ecológicos, sociales y ahora económicos bastan por sí mismos para rechazar cultivos genéticamente modificados. Los estudios de caso de este informe demuestran que no es suficiente la siembra experimental para conocer todos los riesgos que estos cultivos traerán en una fase comercial, mucho menos si se trata de un cultivo de polinización abierta como el maíz, con gran flujo genético hacia cultivos nativos y con un gran potencial de contaminación de la red alimenticia”, finalizó Aleira Lara.
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