COAHUILA Y LA OLA DE VIOLENCIA CONTRA PRENSA
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on martes, marzo 12, 2013
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Una vez
transcurridos 100 días del gobierno de Enrique Peña Nieto, se anunció que 216 personas perdieron la vida en Coahuila de
manera violenta. Apenas pasadas 48 horas de inicio del actual gobierno, ya se
contaban las primeras víctimas de este sexenio en la zona de La Laguna, frontera
con Durango (norte). Torreón (suroeste de la entidad) es considerada la ciudad
más violenta del país de acuerdo a organizaciones
ciudadanas.
La crisis de seguridad se ve acompañada de una
profunda crisis de confianza en el desempeño y resultados de las autoridades
federales, estatales y municipales. En 2011 fue puesto en marcha el operativo
Laguna Segura que integran miembros del
Ejército Mexicano y de la Marina, mismo que tiene vigencia y que no ha dado
buenos resultados en la percepción de la seguridad en la entidad. Los
últimos eventos de violencia contra la prensa ponen de manifiesto los
profundos vacíos en materia de seguridad y justicia, así como las escasas
condiciones para ejercer el periodismo en el estado.
Aunado al miedo que asola a los habitantes de
dicha entidad, el silencio impuesto por el crimen organizado, acalló a un medio
más, el Zócalo de Saltillo, después de
sufrir la desaparición de Rafael Ortiz
Martínez en 2006 y el secuestro y asesinato de Valentín Valdés Espinosa en 2010.
El pasado jueves 7 de marzo, aparecieron en
varios puntos de la entidad, mantas con amenazas de muerte dirigidas a Francisco Juaristi Santos, presidente y editor
del diario Zócalo de Saltillo, firmadas por
un dirigente del crimen organizado que controla la zona y cuya supuesta muerte
fue difundida por medios locales y regionales en octubre de 2012 hasta que
fuentes oficiales pudieron confirmar su personalidad y desmentir el
fallecimiento.
Tras las amenazas, Zócalo de Saltillo anunció el día de hoy que
dejarán de publicar noticias relacionadas con el crimen organizado "en
virtud de que no existen garantías ni seguridad para ejercicio pleno del
periodismo"
La autocensura es una respuesta común en
situaciones de riesgo inminente para salvaguardar la integridad física de cada
una de las personas que laboran en medios de comunicación amenazados. Frente a
la deficiente política de seguridad y a las insuficientes medidas de seguridad
otorgadas por el Estado, algunos directivos simplemente deciden modificar su
línea informativa para frenar las agresiones.
Omisiones graves en las responsabilidades del
Estado Mexicano colocan a la sociedad frente a un daño, hasta el momento
irreparable, en materia de Libertad de Expresión. Por otro lado, la información
oficial sobre las detenciones de presuntos responsables de crímenes contra la
población y contra medios de comunicación no abonan en la construcción de un
clima de seguridad que garantice el ejercicio de los derechos humanos entre los
que se encuentra la libertad de expresión, ni brinda justicia y reparación del
daño a las víctimas coahuilenses que han quedado desprotegidas en los constantes
enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas de seguridad.
El ejercicio sano de la libertad de expresión
existe cuando comunicadores, editores y cada una de las personas que conforman
el ciclo de la información están posibilitados para cumplir a cabalidad con su
labor y permiten a la sociedad ser crítica y capaz de involucrarse en la
construcción de ciudadanía. El goce de este derecho está lejos de alcanzarse
frente a la inacción de las autoridades mexicanas y en medio de la escalada de
violencia en el norte del país.
Cencos
hace un llamado a las autoridades del Estado Mexicano en todos sus niveles a que
se comprometan a romper con el círculo de impunidad castigando a los
responsables de cada uno de los delitos cometidos en contra de medios de
comunicación, periodistas y trabajadores y trabajadoras de medios de
comunicación, con investigaciones sólidas, expeditas y transparentes.
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