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Pandemias
Lino Calderón 
Pese a pandemia brindan tratamiento a pacientes con Cáncer 
Cervicouterino en México

Durante los últimos meses se ha visto el impacto que la pandemia por COVID-19 ha tenido en distintos sistemas y servicios de salud de nuestro país. Sin embargo, a pesar de esta emergencia sanitaria extraordinaria, el Instituto Nacional de Cancerología y el Modelo Integral para la Atención del Cáncer Cervicouterino Localmente Avanzado y Avanzado (MICAELA), ha continuado con la atención a pacientes con Cáncer Cervicouterino que no cuentan con seguridad social.
Durante el primer semestre del año, en el Programa MICAELA  se ha brindado atención a 516 mujeres sin seguridad social de 19 estados del centro y sur del país, además de continuar con el seguimiento clínico de las pacientes de años anteriores.
Esta iniciativa, impulsada por el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), inició operaciones en 2018, con el objetivo de otorgar atención de forma protocolizada y multidisciplinaria a mujeres diagnosticadas con cáncer cervicouterino, que no cuenten con ningún tipo de seguridad social, además de brindar a las pacientes consultas de oncología médica, algología, psico-oncología y nutrición clínica, proporcionando atención y seguimiento individualizados.
La Dra. Lucely Cetina Pérez, responsable del programa MICAELA, destacó que, "pesé a las circunstancias debido al COVID 19, se ha continuado ofreciendo el Modelo Integral a las pacientes con cáncer cervicouterino en etapas localmente avanzadas y avanzadas, intentando crear indicadores en salud que permitan hacer reproducible el Programa en otros estados de la República Mexicana".
Dentro de las acciones que se han realizado en el programa, la oncóloga destaca que en el primer semestre del año se han otorgado 3,804 consultas, 1,194 de ellas de Oncología Médica, 1,199 de nutrición clínica, 944 de psico-oncología y 467 de algología. Además, este año se han incorporado al programa 123 mujeres con nuevo diagnóstico de CaCu, teniendo actualmente 817 pacientes beneficiarias del Programa.
"Contamos con una cobertura que permite atender a las pacientes desde una perspectiva integral, dando atención oncológica, bajo las guías nacionales e internacionales para el tratamiento del CaCu, dando seguimiento nutricional individualizado de acuerdo con sus necesidades, así como tamizajes individualizados para identificar a las pacientes y a sus cuidadores primarios que requieren atención psicológica", mencionó la Dra. Lucely.
El Cáncer Cervicouterino sigue siendo un problema de salud pública vigente en México, ocupando el segundo lugar en mortalidad por cáncer en mujeres, además de que, según datos de Globocan, durante 2018 se registraron 7,869 nuevos casos en nuestro país.
Ante ello, MICAELA se ha enfocado en desarrollar estrategias que permitan brindar a las pacientes un tratamiento integral para atender y controlar su padecimiento, contribuyendo con ello a la supervivencia global de la enfermedad y mejorando la calidad de vida, al disminuir la mortalidad por esta enfermedad.
Finalmente, la Dra. Lucely destacó que, uno de los retos a los que se ha enfrentado el Programa, es continuar brindando atención durante este año, a pesar de las restricciones de distanciamiento social derivado de la pandemia de COVID-19, sin embargo, el personal del Programa está totalmente capacitado y comprometido para brindar la mejor atención, tomando las medidas de prevención necesarias para salvaguardar la salud de las pacientes.


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Pandemias/ Lino Calderón/ Pese a pandemia brindan tratamiento a pacientes con Cáncer

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Pandemias
Lino Calderón 
Pese a pandemia brindan tratamiento a pacientes con Cáncer 
Cervicouterino en México

Durante los últimos meses se ha visto el impacto que la pandemia por COVID-19 ha tenido en distintos sistemas y servicios de salud de nuestro país. Sin embargo, a pesar de esta emergencia sanitaria extraordinaria, el Instituto Nacional de Cancerología y el Modelo Integral para la Atención del Cáncer Cervicouterino Localmente Avanzado y Avanzado (MICAELA), ha continuado con la atención a pacientes con Cáncer Cervicouterino que no cuentan con seguridad social.
Durante el primer semestre del año, en el Programa MICAELA  se ha brindado atención a 516 mujeres sin seguridad social de 19 estados del centro y sur del país, además de continuar con el seguimiento clínico de las pacientes de años anteriores.
Esta iniciativa, impulsada por el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), inició operaciones en 2018, con el objetivo de otorgar atención de forma protocolizada y multidisciplinaria a mujeres diagnosticadas con cáncer cervicouterino, que no cuenten con ningún tipo de seguridad social, además de brindar a las pacientes consultas de oncología médica, algología, psico-oncología y nutrición clínica, proporcionando atención y seguimiento individualizados.
La Dra. Lucely Cetina Pérez, responsable del programa MICAELA, destacó que, "pesé a las circunstancias debido al COVID 19, se ha continuado ofreciendo el Modelo Integral a las pacientes con cáncer cervicouterino en etapas localmente avanzadas y avanzadas, intentando crear indicadores en salud que permitan hacer reproducible el Programa en otros estados de la República Mexicana".
Dentro de las acciones que se han realizado en el programa, la oncóloga destaca que en el primer semestre del año se han otorgado 3,804 consultas, 1,194 de ellas de Oncología Médica, 1,199 de nutrición clínica, 944 de psico-oncología y 467 de algología. Además, este año se han incorporado al programa 123 mujeres con nuevo diagnóstico de CaCu, teniendo actualmente 817 pacientes beneficiarias del Programa.
"Contamos con una cobertura que permite atender a las pacientes desde una perspectiva integral, dando atención oncológica, bajo las guías nacionales e internacionales para el tratamiento del CaCu, dando seguimiento nutricional individualizado de acuerdo con sus necesidades, así como tamizajes individualizados para identificar a las pacientes y a sus cuidadores primarios que requieren atención psicológica", mencionó la Dra. Lucely.
El Cáncer Cervicouterino sigue siendo un problema de salud pública vigente en México, ocupando el segundo lugar en mortalidad por cáncer en mujeres, además de que, según datos de Globocan, durante 2018 se registraron 7,869 nuevos casos en nuestro país.
Ante ello, MICAELA se ha enfocado en desarrollar estrategias que permitan brindar a las pacientes un tratamiento integral para atender y controlar su padecimiento, contribuyendo con ello a la supervivencia global de la enfermedad y mejorando la calidad de vida, al disminuir la mortalidad por esta enfermedad.
Finalmente, la Dra. Lucely destacó que, uno de los retos a los que se ha enfrentado el Programa, es continuar brindando atención durante este año, a pesar de las restricciones de distanciamiento social derivado de la pandemia de COVID-19, sin embargo, el personal del Programa está totalmente capacitado y comprometido para brindar la mejor atención, tomando las medidas de prevención necesarias para salvaguardar la salud de las pacientes.


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Lino Calderón 

Al menos once personas fueron asesinadas en el interior de un bar en el municipio de Jaral del Progreso, en el estado de Guanajuato, ubicado en el centro de México y una de las regiones más violentas del país.
Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo en el centro nocturno llamado "La Cabaña del Toro", ubicado cerca de la carretera estatal que conecta a Jaral del Progreso con el municipio de Cortazar.
De acuerdo con versiones preliminares de las autoridades, al lugar llegó un grupo armado y disparó en contra de trabajadores y clientes del bar.
El saldo fue de 11 personas muertas, siete hombres y cuatro mujeres, mientras que otra persona que resultó herida fue trasladada a un hospital cercano.
Elementos estatales y federales llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen.
Jaral del Progreso, con una población de 40 mil habitantes aproximadamente, está ubicado en el sur de Guanajuato y a solo 25 kilómetros de Villagrán, municipio donde nació el Cártel Santa Rosa de Lima.
Dicha agrupación criminal era liderada por José Antonio Yépez Ortiz, conocido como "El Marro", quien fue detenido el pasado 2 de agosto y actualmente está a la espera de conocer su sentencia en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.
A pesar de ello, el cártel guanajuatense mantiene una férrea disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control del estado, el más violento de México desde el 2018.
Ambos grupos delictivos tienen entre sus fuentes de ingreso el robo de combustible, el tráfico de drogas y la extorsión a comerciantes y empresarios.
De enero a agosto en Guanajuato han sido asesinadas 3 mil 032 personas, el 84 % de ellas con un arma de fuego, mientras que a nivel nacional la cifra de víctimas asciende a 23 mil 471.
Según las autoridades locales, 9 de cada 10 homicidios ocurridos en Guanajuato están relacionados con el crimen organizado.

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Supuestos narcos matan a 11 personas en un bar de Guanajuato

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Al menos once personas fueron asesinadas en el interior de un bar en el municipio de Jaral del Progreso, en el estado de Guanajuato, ubicado en el centro de México y una de las regiones más violentas del país.
Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo en el centro nocturno llamado "La Cabaña del Toro", ubicado cerca de la carretera estatal que conecta a Jaral del Progreso con el municipio de Cortazar.
De acuerdo con versiones preliminares de las autoridades, al lugar llegó un grupo armado y disparó en contra de trabajadores y clientes del bar.
El saldo fue de 11 personas muertas, siete hombres y cuatro mujeres, mientras que otra persona que resultó herida fue trasladada a un hospital cercano.
Elementos estatales y federales llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen.
Jaral del Progreso, con una población de 40 mil habitantes aproximadamente, está ubicado en el sur de Guanajuato y a solo 25 kilómetros de Villagrán, municipio donde nació el Cártel Santa Rosa de Lima.
Dicha agrupación criminal era liderada por José Antonio Yépez Ortiz, conocido como "El Marro", quien fue detenido el pasado 2 de agosto y actualmente está a la espera de conocer su sentencia en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.
A pesar de ello, el cártel guanajuatense mantiene una férrea disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control del estado, el más violento de México desde el 2018.
Ambos grupos delictivos tienen entre sus fuentes de ingreso el robo de combustible, el tráfico de drogas y la extorsión a comerciantes y empresarios.
De enero a agosto en Guanajuato han sido asesinadas 3 mil 032 personas, el 84 % de ellas con un arma de fuego, mientras que a nivel nacional la cifra de víctimas asciende a 23 mil 471.
Según las autoridades locales, 9 de cada 10 homicidios ocurridos en Guanajuato están relacionados con el crimen organizado.

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El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, afirmó que en el caso Ayotzinapa "los jóvenes desaparecidos fueron víctimas que quedaron en medio de un choque de intereses de las fuerzas del narcotráfico que han estado asentadas en la ciudad de Iguala˝; y que "ya no cabe la menor duda de que el gobierno anterior, en todas sus instancias desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad".
Al participar a través de videoconferencia en el acto que se realiza en Palacio Nacional a seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el fiscal de la República señaló en cuanto a lo sucedido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala "la presencia de los estudiantes fue un coincidente letal en un momento de choque entre los grupos delincuenciales, sus encubridores y sus socios, enquistados en las policías locales, en la Policía Federal, en los distintos organismos y fuerzas del Estado mexicano que tenían presencia en ese lugar.
Refirió que en el informe que elaboró para esta fecha la FGR, y con base en las investigaciones realizadas, "se demuestra que con la matanza que ocurrió en forma simultánea con la desaparición de los jóvenes, hay acusaciones de que cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala por diferentes grupos delictivos y sus cómplices oficiales en esa lucha feroz entre criminales y encubridores burocráticos, a lo que no se le dio seguimiento alguno por las autoridades competentes".
Respecto a la actuación de las autoridades, señaló que tanto a nivel local como federal se tuvo "conocimiento a través del sistema de comunicación C-4" de lo que estaba sucediendo, pero "resulta que con las investigaciones realizadas las cámaras dejaron de funcionar parcialmente" cuando en ellas se debió registrar lo que estaba sucediendo y permitiría identificar a quienes coparticiparon y presenciaron lo ocurrido, así como también pudo registrar las detenciones ilegales, sus traslados a la oficinas públicas y a los centros de justicia de otros lugares donde comenzó la tortura para que después estos jóvenes fueran entregados al grupo delincuencial que estaba coludido con las autoridades.
Asimismo, puntualizó que "autoridades judiciales locales ocultaron videos que testimonian los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia estatal en Iguala", por lo que dijo que es necesario que integrantes del Poder Judicial de Guerrero rindan cuentas al respecto, "se lo estamos exigiendo y haremos que lo cumplan".
Informó que "en la secuencia cronológica del caso, el Ejecutivo federal para ocultar y encubrir sus corrupciones primero acusó a las autoridades locales, y como eso no le dio el resultado que esperaba, tuvo que asumir el control y la responsabilidad del caso, de esa manera el gobierno de la República se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado" en cuanto a las acciones en las que los se detuvo y torturó "masivamente a miembros de corporaciones locales, consignándolos ilegalmente para que después se vinieran abajo todos esos procesos por sus violaciones masivas a los derechos humanos que tenían por objeto encubrir los policías y a las autoridades federales˝.
En cuanto al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), —aunque no mencionó por su nombre a Tomás Zerón—, señaló "se convirtió en el vocero oficial del gobierno federal y en el principal orquestador de toda esta mentira y de esas falsedades, llevando a cabo diligencias absolutamente reprobables, sin ningún control legal, ni respeto a los procedimientos para sostener esa denominada verdad histórica basada en torturas, falsedades e ilegalidades con las que se quiso sepultar la realidad para así eludir su responsabilidades en tales colusiones en un asunto en el que finalmente perdieron el control por su torpeza, por su prepotencia y su mala fe".
Por ello dijo que es importante destacar los delitos cometidos por Zerón de Lucio que "ahora huye a salto de mata por las órdenes de aprehensión" que se han obtenido en su contra.
Refirió que el ex funcionario "tuvo un pago: él cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces PGR, que sustrajo con varios cómplices de manera fraudulenta dentro de la institución, y con la anuencia de sus superiores como pago por sus infamias y para proteger su impunidad, la institución puso a su disposición cerca de 50 agentes policiacos y todo el aparato administrativo para cuidarlo y facilitarle ese saqueo".
Mencionó que desde el año pasado se descubrió ese desvío de recursos y fue cuando Zerón de Lucio huyó del país y que desde entonces comenzaron las gestiones de extradición ante las autoridades de Canadá, "pero él inmediatamente huyó a Israel, país al que se le ha pedido todo su apoyo porque sus autoridades saben muy bien lo que significan las violaciones a los derechos humanos, y las responsabilidades de verdugos y torturadores, como es el caso que nos ocupa", dijo Gertz Manero.
Por lo que toca al ex titular de la PGR —sin mencionar por su nombre a Jesús Murillo karam—, dijo: "este se convirtió en encubridor y vocero del Ejecutivo para tratar de orquestar este engaño mediático masivo y para eludir las responsabilidades que eran ineludibles. Mientras patrocinaba procesos que tenían como único destino y como único propósito su fracaso.
"Hay que tener muy presente de todo lo anterior no fue un hecho aislado y sí fue una conducta y una política de gobierno de una administración profundamente infiltrada por la delincuencia y por la corrupción", y entonces mencionó como parte de esos actos contrarios a la ley lo referente a "la Estafa Maestra que sustrajo más de cinco mil millones de pesos que debían aplicarse en favor de los más necesitados hundiendo las finanzas y la dignidad de muchas universidades públicas del país.
"También fueron los que saquearon y arruinaron a Pemex y a la industria petrolera mexicana, igualmente fueron los que se coludieron con todos los grandes fraudes financieros que hoy se combaten.
"En forma semejante participaron en la entrega masiva de las riquezas de la nación, este caso fue uno de tantos que se cometieron, sin duda el más cruel, el más abusivo, solamente comparable con la matanza nacional que sufrimos por más de una década".
Al retornar el caso Ayotzinapa, expuso: "los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes están plenamente identificados y se les está procesando con toda legalidad , los juicios fraudulentos del pasado han sido resueltos en lo posible imputando a quienes los cometieron, que también deben ser castigados.
"Se han obtenido legalmente las 70 órdenes, ya señaladas, de aprehensión de las cuales se han cumplimentado 34, tanto por delincuencia organizada como tortura, se han identificado y detenido a los altos funcionarios de la PGR que fueron los principales operadores de esa mentira histórica y el líder de los narcotraficantes que operó la desaparición se encuentra también en prisión, sujeto a proceso.
"Se han ratificado con toda precisión los peritajes que descalificaron la supuesta quema inmediata masiva y al aire libre del basurero de Cocula, se ha demostrado con toda legalidad que los restos del río San Juan fueron sembrados ilegalmente por los responsables de la investigación y sus auxiliares para ocultar su verdor origen y tratar de justificar lo injustificable, magullando evidencias y encubriendo tanto delitos como a delincuentes".
Puntualizó que "en esta administración y bajo las normas periciales más estrictas y con la comparecencia de padres y testigos independientes se han encontrado en un sitio distinto al basurero los restos de un estudiante desaparecido y su identidad se ha confirmado por la Universidad de Innsbruck.
"También se han hallado otros restos en otros sitios que ya están periciándose en dicha universidad. El delito de desaparición forzada está totalmente acreditado y las judicializaciones, órdenes de aprehensión y confesiones legalmente obtenidas así lo demuestran.
"El delito de delincuencia organizada igualmente se ha probado de manera plena, los delitos ofícieles contra la administración de justicia se han acreditado y el responsable y sus auxiliares están siendo procesados, se ha roto la barrera del encubrimiento y la mentira, ahora conocemos toda la trama y toda la urdimbre criminal que los padres y la población sabían que existía pero que no podían probarlo porque el gobierno estaba en su contra".
Gertz Manero indicó que "la búsqueda —de los 43 normalistas— habrá de continuar hasta donde sea humana y legalmente posible y con ello habremos demostrar nuestro compromiso, que es absoluto y permanente".


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Anterior gobierno trató de ocultar la verdad sobre Ayotzinapa: FGR

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El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, afirmó que en el caso Ayotzinapa "los jóvenes desaparecidos fueron víctimas que quedaron en medio de un choque de intereses de las fuerzas del narcotráfico que han estado asentadas en la ciudad de Iguala˝; y que "ya no cabe la menor duda de que el gobierno anterior, en todas sus instancias desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad".
Al participar a través de videoconferencia en el acto que se realiza en Palacio Nacional a seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el fiscal de la República señaló en cuanto a lo sucedido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala "la presencia de los estudiantes fue un coincidente letal en un momento de choque entre los grupos delincuenciales, sus encubridores y sus socios, enquistados en las policías locales, en la Policía Federal, en los distintos organismos y fuerzas del Estado mexicano que tenían presencia en ese lugar.
Refirió que en el informe que elaboró para esta fecha la FGR, y con base en las investigaciones realizadas, "se demuestra que con la matanza que ocurrió en forma simultánea con la desaparición de los jóvenes, hay acusaciones de que cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala por diferentes grupos delictivos y sus cómplices oficiales en esa lucha feroz entre criminales y encubridores burocráticos, a lo que no se le dio seguimiento alguno por las autoridades competentes".
Respecto a la actuación de las autoridades, señaló que tanto a nivel local como federal se tuvo "conocimiento a través del sistema de comunicación C-4" de lo que estaba sucediendo, pero "resulta que con las investigaciones realizadas las cámaras dejaron de funcionar parcialmente" cuando en ellas se debió registrar lo que estaba sucediendo y permitiría identificar a quienes coparticiparon y presenciaron lo ocurrido, así como también pudo registrar las detenciones ilegales, sus traslados a la oficinas públicas y a los centros de justicia de otros lugares donde comenzó la tortura para que después estos jóvenes fueran entregados al grupo delincuencial que estaba coludido con las autoridades.
Asimismo, puntualizó que "autoridades judiciales locales ocultaron videos que testimonian los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia estatal en Iguala", por lo que dijo que es necesario que integrantes del Poder Judicial de Guerrero rindan cuentas al respecto, "se lo estamos exigiendo y haremos que lo cumplan".
Informó que "en la secuencia cronológica del caso, el Ejecutivo federal para ocultar y encubrir sus corrupciones primero acusó a las autoridades locales, y como eso no le dio el resultado que esperaba, tuvo que asumir el control y la responsabilidad del caso, de esa manera el gobierno de la República se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado" en cuanto a las acciones en las que los se detuvo y torturó "masivamente a miembros de corporaciones locales, consignándolos ilegalmente para que después se vinieran abajo todos esos procesos por sus violaciones masivas a los derechos humanos que tenían por objeto encubrir los policías y a las autoridades federales˝.
En cuanto al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), —aunque no mencionó por su nombre a Tomás Zerón—, señaló "se convirtió en el vocero oficial del gobierno federal y en el principal orquestador de toda esta mentira y de esas falsedades, llevando a cabo diligencias absolutamente reprobables, sin ningún control legal, ni respeto a los procedimientos para sostener esa denominada verdad histórica basada en torturas, falsedades e ilegalidades con las que se quiso sepultar la realidad para así eludir su responsabilidades en tales colusiones en un asunto en el que finalmente perdieron el control por su torpeza, por su prepotencia y su mala fe".
Por ello dijo que es importante destacar los delitos cometidos por Zerón de Lucio que "ahora huye a salto de mata por las órdenes de aprehensión" que se han obtenido en su contra.
Refirió que el ex funcionario "tuvo un pago: él cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces PGR, que sustrajo con varios cómplices de manera fraudulenta dentro de la institución, y con la anuencia de sus superiores como pago por sus infamias y para proteger su impunidad, la institución puso a su disposición cerca de 50 agentes policiacos y todo el aparato administrativo para cuidarlo y facilitarle ese saqueo".
Mencionó que desde el año pasado se descubrió ese desvío de recursos y fue cuando Zerón de Lucio huyó del país y que desde entonces comenzaron las gestiones de extradición ante las autoridades de Canadá, "pero él inmediatamente huyó a Israel, país al que se le ha pedido todo su apoyo porque sus autoridades saben muy bien lo que significan las violaciones a los derechos humanos, y las responsabilidades de verdugos y torturadores, como es el caso que nos ocupa", dijo Gertz Manero.
Por lo que toca al ex titular de la PGR —sin mencionar por su nombre a Jesús Murillo karam—, dijo: "este se convirtió en encubridor y vocero del Ejecutivo para tratar de orquestar este engaño mediático masivo y para eludir las responsabilidades que eran ineludibles. Mientras patrocinaba procesos que tenían como único destino y como único propósito su fracaso.
"Hay que tener muy presente de todo lo anterior no fue un hecho aislado y sí fue una conducta y una política de gobierno de una administración profundamente infiltrada por la delincuencia y por la corrupción", y entonces mencionó como parte de esos actos contrarios a la ley lo referente a "la Estafa Maestra que sustrajo más de cinco mil millones de pesos que debían aplicarse en favor de los más necesitados hundiendo las finanzas y la dignidad de muchas universidades públicas del país.
"También fueron los que saquearon y arruinaron a Pemex y a la industria petrolera mexicana, igualmente fueron los que se coludieron con todos los grandes fraudes financieros que hoy se combaten.
"En forma semejante participaron en la entrega masiva de las riquezas de la nación, este caso fue uno de tantos que se cometieron, sin duda el más cruel, el más abusivo, solamente comparable con la matanza nacional que sufrimos por más de una década".
Al retornar el caso Ayotzinapa, expuso: "los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes están plenamente identificados y se les está procesando con toda legalidad , los juicios fraudulentos del pasado han sido resueltos en lo posible imputando a quienes los cometieron, que también deben ser castigados.
"Se han obtenido legalmente las 70 órdenes, ya señaladas, de aprehensión de las cuales se han cumplimentado 34, tanto por delincuencia organizada como tortura, se han identificado y detenido a los altos funcionarios de la PGR que fueron los principales operadores de esa mentira histórica y el líder de los narcotraficantes que operó la desaparición se encuentra también en prisión, sujeto a proceso.
"Se han ratificado con toda precisión los peritajes que descalificaron la supuesta quema inmediata masiva y al aire libre del basurero de Cocula, se ha demostrado con toda legalidad que los restos del río San Juan fueron sembrados ilegalmente por los responsables de la investigación y sus auxiliares para ocultar su verdor origen y tratar de justificar lo injustificable, magullando evidencias y encubriendo tanto delitos como a delincuentes".
Puntualizó que "en esta administración y bajo las normas periciales más estrictas y con la comparecencia de padres y testigos independientes se han encontrado en un sitio distinto al basurero los restos de un estudiante desaparecido y su identidad se ha confirmado por la Universidad de Innsbruck.
"También se han hallado otros restos en otros sitios que ya están periciándose en dicha universidad. El delito de desaparición forzada está totalmente acreditado y las judicializaciones, órdenes de aprehensión y confesiones legalmente obtenidas así lo demuestran.
"El delito de delincuencia organizada igualmente se ha probado de manera plena, los delitos ofícieles contra la administración de justicia se han acreditado y el responsable y sus auxiliares están siendo procesados, se ha roto la barrera del encubrimiento y la mentira, ahora conocemos toda la trama y toda la urdimbre criminal que los padres y la población sabían que existía pero que no podían probarlo porque el gobierno estaba en su contra".
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Locutores
Rosalía Buaún 
Cancelación de eventos genera pérdidas de 190 mil empleos: COMIR

Las ciudades más afectadas por la suspensión de eventos que nutren a la industria de reuniones son: Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, además de Puerto Vallarta, León, Cancún y Riviera Maya, en Quintana Roo.
A seis meses de la crisis sanitaria por el SARS-CoV2, las pérdidas económicas en el sector de la industria de reuniones en México alcanzarán los 10 mil 267 millones de dólares y más de 190 mil empleos directos, otros 219 mil empleos eventuales, así como el cierre definitivo de casi 700 empresas, afirmó Jaime Salazar Figueroa, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR).
Salazar Figueroa informó que las ciudades más afectadas por la suspensión de eventos que nutren a la industria de reuniones, en este año, son: Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, además de Puerto Vallarta, León, Cancún y Riviera Maya, en Quintana Roo.
El presidente del COMIR expuso que en 2020 se perderán más de 10 mil cuartos noches de hotel por la pandemia vinculadas a este sector del turismo de reuniones, y que los daños también serán muy graves para el empleo directo y actividad económica de proveedores de servicios de la industria, muchos de los cuales cambiaron de giro hacia las ventas o comercialización de productos.
Aclaró que de las 690 empresas que definitivamente ya cerraron sus puertas este año, 95% son pymes y sólo 5% medianas y grandes, debido a que no tuvieron apoyo de nadie para contar con capital de trabajo, para pagar nóminas, rentas o cubrir sus gastos fijos. "Lo peor de todo, es que se deberá aprender a convivir con la pandemia del COVID-19 hasta el año 2021", expresó.
Jaime Salazar aseguró que este año no se realizarán 109 mil 396 eventos, de un total de 332 mil proyectos, siendo el rubro de reuniones corporativas o de negocios la más dañada con 74 mil 978 eventos suspendidos, seguido de congresos de asociaciones con 13 mil 907 no efectuados.
De los cuales 14 mil 714 no se harán y se catalogan dentro del segmento de otras reuniones, así como la cancelación consumada de 2 mil 647 ferias o expos comerciales, y 3 mil 149 eventos considerados como programas de incentivos.
Por último, el presidente del COMIR expuso que en la nueva realidad se ha echado mano de las herramientas digitales para trabajar y sostener los negocios, lo cual ha sido desgastante y difícil, pero las actividades presenciales serán las que en definitiva se impongan en los próximos meses, "ya que el apoyo digital sólo es un complemento para crecer e involucrar a participantes del exterior", concluyó.

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Locutores
Rosalía Buaún 
Cancelación de eventos genera pérdidas de 190 mil empleos: COMIR

Las ciudades más afectadas por la suspensión de eventos que nutren a la industria de reuniones son: Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, además de Puerto Vallarta, León, Cancún y Riviera Maya, en Quintana Roo.
A seis meses de la crisis sanitaria por el SARS-CoV2, las pérdidas económicas en el sector de la industria de reuniones en México alcanzarán los 10 mil 267 millones de dólares y más de 190 mil empleos directos, otros 219 mil empleos eventuales, así como el cierre definitivo de casi 700 empresas, afirmó Jaime Salazar Figueroa, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR).
Salazar Figueroa informó que las ciudades más afectadas por la suspensión de eventos que nutren a la industria de reuniones, en este año, son: Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, además de Puerto Vallarta, León, Cancún y Riviera Maya, en Quintana Roo.
El presidente del COMIR expuso que en 2020 se perderán más de 10 mil cuartos noches de hotel por la pandemia vinculadas a este sector del turismo de reuniones, y que los daños también serán muy graves para el empleo directo y actividad económica de proveedores de servicios de la industria, muchos de los cuales cambiaron de giro hacia las ventas o comercialización de productos.
Aclaró que de las 690 empresas que definitivamente ya cerraron sus puertas este año, 95% son pymes y sólo 5% medianas y grandes, debido a que no tuvieron apoyo de nadie para contar con capital de trabajo, para pagar nóminas, rentas o cubrir sus gastos fijos. "Lo peor de todo, es que se deberá aprender a convivir con la pandemia del COVID-19 hasta el año 2021", expresó.
Jaime Salazar aseguró que este año no se realizarán 109 mil 396 eventos, de un total de 332 mil proyectos, siendo el rubro de reuniones corporativas o de negocios la más dañada con 74 mil 978 eventos suspendidos, seguido de congresos de asociaciones con 13 mil 907 no efectuados.
De los cuales 14 mil 714 no se harán y se catalogan dentro del segmento de otras reuniones, así como la cancelación consumada de 2 mil 647 ferias o expos comerciales, y 3 mil 149 eventos considerados como programas de incentivos.
Por último, el presidente del COMIR expuso que en la nueva realidad se ha echado mano de las herramientas digitales para trabajar y sostener los negocios, lo cual ha sido desgastante y difícil, pero las actividades presenciales serán las que en definitiva se impongan en los próximos meses, "ya que el apoyo digital sólo es un complemento para crecer e involucrar a participantes del exterior", concluyó.

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