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* Eduardo Bayro Corrochado investigador del Cinvestav Guadalajara encuentra la manera de agilizar el desarrollo de algoritmos para robots.
Para procesar imágenes, mover una mano, seguir un objeto con la mirada o responder a cualquier otro estímulo, un robot requiere de una serie de expresiones matemáticas que pueden agilizarse y efectuarse en tiempo real gracias a un lenguaje geométrico y algebraico sintetizado.
Los pormenores de este lenguaje y sus implicaciones las expone Eduardo Bayro Corrochano, investigador del Cinvestav Unidad Guadalajara en su libro Geometric Computing for Wavelet Transforms, Robot Vision, Learning, Control and Action, que fue presentado este 8 de agosto en Cinvestav Zacatenco.
Lo novedoso del libro, pionero en la comunidad científica internacional, es el empleo de la algebra geométrica de Clifford, las cuales son populares desde hace 10 años en las matemáticas aplicadas para la representación sencilla y geométrica de los fenómenos físicos, pero por primera vez se emplean en sistemas computacionales, lo cual permite el desarrollo más rápido de logaritmos.
La computación geométrica para sistemas de acción y percepción puede emplearse en diversos robots que utilizan sensores; por ejemplo, cámaras, láseres y sistemas inteligentes, entre otros, los cuales tienen la capacidad de aplicarse en diferentes campos, desde aparatos caseros hasta equipos médicos.
Con este libro, el investigador que desarrolla el robot humanoide Mex-One, pretende ahorrar trabajo a colegas que desarrollan ingeniería de gráficos, realidad virtual, modelado y representación de gráficos para fines médicos, así como en las áreas de control de satélites, submarinos y de robots.
Esta propuesta de algoritmos en tiempo real para máquinas forma parte de la robótica social, explicó Bayro Corrochano, ya que tiene entre sus objetivos principales está la de colaborar en el campo de la medicina para detectar y operar tumores cerebrales, entre otros padecimientos.
En 645 páginas, Bayro Corrochano explica cómo un sistema matemático permite la representación de objetos geométricos, su sistema algebraico para realizar cálculos, así como la resolución de ecuaciones rápidamente, es decir, estos logaritmos puedan utilizarse en tiempo real.
La propuesta del investigador del Cinvestav Unidad Guadalajara, es el desarrollo de un lenguaje matemático que pueda aplicarse en diferentes áreas, por lo cual este libro va dirigido principalmente a especialistas en matemáticas aplicadas, físicos, ingenieros computacionales y aquellos interesados en diseñar máquinas inteligentes.
“Se trata de un lenguaje moderno, compacto, elegante que permite a diseñadores e ingenieros no perderse en la maraña de coordenada y matrices con coeficientes redundantes, al ser un trabajo sintetizado, efectivo que permite el control geométrico de las máquinas”.
El libro consta de tres partes: una introducción, una sección ilustrada para resolver problemas y al finalizar una serie de ejemplos con proyectos de Eduardo Bayro que se resuelven con el empleo de estos logaritmos veloces, con lo que se observa la aplicación y los buenos resultados de estos procedimientos, considerados de vanguardia.
Con el apoyo de Conacyt y del Cinvestav, Eduardo Bayro Corrochado espera que este libro bajo el sello editorial Springer Verlag, ayude a otros científicos nacionales e internacionales y sea motivo de orgullo para México.

LENGUAJE HECHO EN MÉXICO PARA MÁQUINAS DEL FUTURO

Posted by LINO CALDERON No comments


* Eduardo Bayro Corrochado investigador del Cinvestav Guadalajara encuentra la manera de agilizar el desarrollo de algoritmos para robots.
Para procesar imágenes, mover una mano, seguir un objeto con la mirada o responder a cualquier otro estímulo, un robot requiere de una serie de expresiones matemáticas que pueden agilizarse y efectuarse en tiempo real gracias a un lenguaje geométrico y algebraico sintetizado.
Los pormenores de este lenguaje y sus implicaciones las expone Eduardo Bayro Corrochano, investigador del Cinvestav Unidad Guadalajara en su libro Geometric Computing for Wavelet Transforms, Robot Vision, Learning, Control and Action, que fue presentado este 8 de agosto en Cinvestav Zacatenco.
Lo novedoso del libro, pionero en la comunidad científica internacional, es el empleo de la algebra geométrica de Clifford, las cuales son populares desde hace 10 años en las matemáticas aplicadas para la representación sencilla y geométrica de los fenómenos físicos, pero por primera vez se emplean en sistemas computacionales, lo cual permite el desarrollo más rápido de logaritmos.
La computación geométrica para sistemas de acción y percepción puede emplearse en diversos robots que utilizan sensores; por ejemplo, cámaras, láseres y sistemas inteligentes, entre otros, los cuales tienen la capacidad de aplicarse en diferentes campos, desde aparatos caseros hasta equipos médicos.
Con este libro, el investigador que desarrolla el robot humanoide Mex-One, pretende ahorrar trabajo a colegas que desarrollan ingeniería de gráficos, realidad virtual, modelado y representación de gráficos para fines médicos, así como en las áreas de control de satélites, submarinos y de robots.
Esta propuesta de algoritmos en tiempo real para máquinas forma parte de la robótica social, explicó Bayro Corrochano, ya que tiene entre sus objetivos principales está la de colaborar en el campo de la medicina para detectar y operar tumores cerebrales, entre otros padecimientos.
En 645 páginas, Bayro Corrochano explica cómo un sistema matemático permite la representación de objetos geométricos, su sistema algebraico para realizar cálculos, así como la resolución de ecuaciones rápidamente, es decir, estos logaritmos puedan utilizarse en tiempo real.
La propuesta del investigador del Cinvestav Unidad Guadalajara, es el desarrollo de un lenguaje matemático que pueda aplicarse en diferentes áreas, por lo cual este libro va dirigido principalmente a especialistas en matemáticas aplicadas, físicos, ingenieros computacionales y aquellos interesados en diseñar máquinas inteligentes.
“Se trata de un lenguaje moderno, compacto, elegante que permite a diseñadores e ingenieros no perderse en la maraña de coordenada y matrices con coeficientes redundantes, al ser un trabajo sintetizado, efectivo que permite el control geométrico de las máquinas”.
El libro consta de tres partes: una introducción, una sección ilustrada para resolver problemas y al finalizar una serie de ejemplos con proyectos de Eduardo Bayro que se resuelven con el empleo de estos logaritmos veloces, con lo que se observa la aplicación y los buenos resultados de estos procedimientos, considerados de vanguardia.
Con el apoyo de Conacyt y del Cinvestav, Eduardo Bayro Corrochado espera que este libro bajo el sello editorial Springer Verlag, ayude a otros científicos nacionales e internacionales y sea motivo de orgullo para México.

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El OSFEM y el Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca organizaron el panel “Aspectos esenciales en la dictaminación al sector público”. Participaron servidores de gobiernos estatal y municipales.
Destacaron diferencias entre revisión contable de entes públicos y contables
Con la recomendación de diferenciar entre los procedimientos y objetivos de fiscalizar los entes públicos de los privados, atender la normatividad, y observar que la tendencia actual en la fiscalización busca la prevención y mejora de procesos administrativos y ejercicios presupuestales, antes que la sanción por incumplimientos, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), en coordinación con el Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, llevó a cabo el panel “Aspectos esenciales en la dictaminación al sector público”.
En el encuentro, que reunió en la sede de este Colegio a contadores privados y directivos de despachos contables de la región centro de la entidad, se analizaron los supuestos bajo los cuales los contadores externos a los organismos fiscalizadores y de control interno de las dependencias del sector público, pueden participar y apoyar, toda vez que los lineamientos legales, formales y técnicos para la revisión de sus recursos y procesos administrativos son permanentemente perfeccionados, explicó Alfredo López Mercado, subdirector de Auditoria Financiera del OSFEM, quien participó en el panel en representación del titular, Fernando Valente Baz Ferreira.
Moderado por el presidente de dicho Colegio, Leopoldo Núñez González, el panel contó con la participación del contador general del Gobierno estatal, Marco Antonio Esquivel Martínez, quien expuso las diferencias de revisar el balance financiero de un ente público y una empresa privada. Para el sector público, la intención principal es evaluar el ejercicio presupuestal, sobre todo el monto de lo presupuestado con relación a lo ejercido, el cumplimiento de las disposiciones legales durante su ejercicio y la evaluación del desempeño con los resultados obtenidos.
Participaron también por la administración estatal: José Genaro Ernesto Luna Vargas, director general de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas, y Susana Libién Díaz González, directora General de Control y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría; Arturo Martínez Alfaro, tesorero del Ayuntamiento de Texcoco y María Luisa de Sales Morales, subcontralora del Ayuntamiento de Naucalpan, quienes coincidieron en señalar la gran oportunidad profesional de los despachos privados y externos de apoyar la fiscalización en dependencias del sector público
De manera particular, resaltaron los requisitos para formar parte del padrón de despachos externos que la administración estatal contrata para la realización de auditorías externas a las dependencias públicas; las áreas donde mayormente se requieren sus servicios y los elementos formales que sus informes deben considerar, entre los más importantes: las observaciones de mejora, que deben ser específicas, medibles, realizables, realistas y oportunas.
Al término de la reunión se invitó a los asistentes a permanecer atentos a nuevas convocatorias a cursos de capacitación y actualización en materia de fiscalización pública, impartidos por el OSFEM, los cuales se inscriben en su programa permanente de difusión y formación para la mejora de sus funciones.

PREVENIR Y MEJORAR, TENDENCIA DE LA FISCALIZACIÓN PÚBLICA

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El OSFEM y el Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca organizaron el panel “Aspectos esenciales en la dictaminación al sector público”. Participaron servidores de gobiernos estatal y municipales.
Destacaron diferencias entre revisión contable de entes públicos y contables
Con la recomendación de diferenciar entre los procedimientos y objetivos de fiscalizar los entes públicos de los privados, atender la normatividad, y observar que la tendencia actual en la fiscalización busca la prevención y mejora de procesos administrativos y ejercicios presupuestales, antes que la sanción por incumplimientos, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), en coordinación con el Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, llevó a cabo el panel “Aspectos esenciales en la dictaminación al sector público”.
En el encuentro, que reunió en la sede de este Colegio a contadores privados y directivos de despachos contables de la región centro de la entidad, se analizaron los supuestos bajo los cuales los contadores externos a los organismos fiscalizadores y de control interno de las dependencias del sector público, pueden participar y apoyar, toda vez que los lineamientos legales, formales y técnicos para la revisión de sus recursos y procesos administrativos son permanentemente perfeccionados, explicó Alfredo López Mercado, subdirector de Auditoria Financiera del OSFEM, quien participó en el panel en representación del titular, Fernando Valente Baz Ferreira.
Moderado por el presidente de dicho Colegio, Leopoldo Núñez González, el panel contó con la participación del contador general del Gobierno estatal, Marco Antonio Esquivel Martínez, quien expuso las diferencias de revisar el balance financiero de un ente público y una empresa privada. Para el sector público, la intención principal es evaluar el ejercicio presupuestal, sobre todo el monto de lo presupuestado con relación a lo ejercido, el cumplimiento de las disposiciones legales durante su ejercicio y la evaluación del desempeño con los resultados obtenidos.
Participaron también por la administración estatal: José Genaro Ernesto Luna Vargas, director general de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas, y Susana Libién Díaz González, directora General de Control y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría; Arturo Martínez Alfaro, tesorero del Ayuntamiento de Texcoco y María Luisa de Sales Morales, subcontralora del Ayuntamiento de Naucalpan, quienes coincidieron en señalar la gran oportunidad profesional de los despachos privados y externos de apoyar la fiscalización en dependencias del sector público
De manera particular, resaltaron los requisitos para formar parte del padrón de despachos externos que la administración estatal contrata para la realización de auditorías externas a las dependencias públicas; las áreas donde mayormente se requieren sus servicios y los elementos formales que sus informes deben considerar, entre los más importantes: las observaciones de mejora, que deben ser específicas, medibles, realizables, realistas y oportunas.
Al término de la reunión se invitó a los asistentes a permanecer atentos a nuevas convocatorias a cursos de capacitación y actualización en materia de fiscalización pública, impartidos por el OSFEM, los cuales se inscriben en su programa permanente de difusión y formación para la mejora de sus funciones.

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El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva, participó en el Foro sobre Publicidad Oficial organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
La ausencia de reglas en torno a la asignación de publicidad oficial por parte de los gobiernos es ajena al interés común y existe la posibilidad de que se utilicen recursos públicos para fines privados, argumentó el coordinador del área de derecho de la información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva, quien urgió a “regular, a la luz de las mejores prácticas, las relaciones económicas entre los medios y el gobierno”.
En el Foro sobre Publicidad Oficial organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el pasado 6 de septiembre del 2011, Villanueva expuso en conferencia magistral que “si bien es verdad que se destinan recursos públicos a los medios, también lo es que debe definirse cómo y para qué” porque también se debe cuestionar “cómo es posible informar de manera veraz sobre asuntos de gobierno si no hay criterios de asignación publicitaria”.En el caso de Oaxaca, Villanueva dijo que éste es el momento oportuno para que el gobierno de Gabino Cué convoque a crear una ley que contenga reglas claras, transparentes y equitativas, que garanticen la independencia de los medios.
El investigador recordó que “en Oaxaca, como en todo el país, la relación entre el Estado y los medios de comunicación vive encuentros y desencuentros, con razón o sin ella” a la vez que, así como “en muchos casos existe un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, en otros, la intolerancia gubernamental se traduce en un ejercicio patrimonial del poder que por inercias de nuestra subcultura limita el contagio de prácticas democráticas”.
Villanueva defendió que “el papel de la prensa no es servir de medio aséptico entre lo que hace el gobierno y la comunidad, sino de brindar contexto en modo, tiempo y forma”, ya que “uno de los grandes aportes de la libertad de expresión es poder decir lo que muchos no quieren escuchar”.
En este sentido fue determinante al exponer que para socializar el conocimiento de la cosa pública debe haber los matices necesarios porque hacerlo en blanco y negro poco o nada ayuda. Por el contrario. “La crítica, como esencia del derecho a saber, implica señalar el error y reconocer el acierto”, destacó
Para el también experto en temas de transparencia, “la libertad de expresión tiene muchos enemigos” como son “la autocensura, la ignorancia, los intereses creados al margen del bien común y la censura directa o indirecta”, motivo por el que advierte la necesidad de generar las reglas que permitan una convivencia sana entre gobierno y medios para beneficio de una sociedad más democrática.
Y en el caso de Oaxaca, para lograrlo advirtió la necesidad de contar con una Ley especial sobre la materia, justificada constitucionalmente como una normativa reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 137 de la Constitución local.
En ella se deben contemplar lo que son los fines de servicio público y medios de interés público, de tal forma que la ley “debe tener como objetivo realizar una labor de servicio público” y la “publicidad oficial debe coadyuvar a edificar y reproducir valores democráticos en la sociedad”
“Desde otra perspectiva complementaria —reiteró Villanueva—, la publicidad oficial debe convertirse en una herramienta activa del derecho de acceso a la información pública, en su vertiente de informar a la sociedad o a conjuntos específicos de ella que de otra forma no podrían estar en condiciones de saber con veracidad, oportunidad y pertinencia informaciones que en última instancia les habilita para ejercer la noción de ciudadanía en una democracia deliberativa, no sólo representativa”.
Por lo anterior, sentenció: “la publicidad oficial que promociona la imagen institucional, los mensajes publicitarios que carecen de utilidad pública al tratarse, por ejemplo, de empresas paraestatales que no compiten en el mercado, contenidos que no respondan a una campaña o que no tengan mensaje alguno, no satisfacen el interés público y obedecen a criterios atendibles, en muchos de los casos, desde la perspectiva de la ventaja política institucional, pero no encuentran asideros en la austeridad presupuestal y en la lógica racional de la comunicación que deben comportar los poderes públicos en las democracias. Por esa razón, las campañas publicitarias oficiales deben responder a necesidades concretas y reales de comunicación”.
Asimismo, el investigador argumentó que la publicidad oficial “no debe ser un mecanismo de subsidio para el mantenimiento de los medios de comunicación. Debe, en cambio, (…) permitir el ejercicio de la libertad de expresión en todas las implicaciones que se desprenden de su carácter dual: el derecho de cada persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas”.
Un carácter esencial es la equidad en asignaciones de publicidad y evitar la discriminación en la asignación de publicidad oficial por razones de orientación ideológica, editorial, política o de cualquier otra que esté relacionada con la línea de cobertura periodística
Así como también la transparencia de los procesos de asignación, la cual también contribuye a afirmar la legitimidad de la administración como generador de servicios públicos y a fortalecer la confianza del público en las autoridades públicas.
Es importante destacar el principio de veracidad que prohíbe la publicidad engañosa, es decir, la publicidad oficial debe ser clara y completa. No debe conducir a conclusiones erróneas, ni por ambigüedad, ni por inexactitud de datos, ni por omisión. Así como la prohibición de lo subliminal.
Para Ernesto Villanueva, creador de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Oaxaca, los precios de publicidad deben tener como punto de partida una razonable correspondencia con el tiraje, la audiencia y/o los raitings. De no ser así, podría haber mecanismos ilegales de subsidio encubierto al destinar recursos públicos a medios que no satisfacen este requisito esencial.
Finalmente, destacó como importante los “mecanismos de garantía mínima de pluralismo, diversidad y fomento a la lectura” con el fin de evitar se desnaturalice el derecho a saber, por lo que expresa, “es necesario que existan partidas presupuestales mínimas por sectores o nichos de audiencia que no necesariamente son reflejados en los grandes medios”.

URGE LEY PARA TRANSPARENTAR LA PUBLICIDAD OFICIAL Y CONTRIBUIR A LA DEMOCRACIA

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El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva, participó en el Foro sobre Publicidad Oficial organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
La ausencia de reglas en torno a la asignación de publicidad oficial por parte de los gobiernos es ajena al interés común y existe la posibilidad de que se utilicen recursos públicos para fines privados, argumentó el coordinador del área de derecho de la información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva, quien urgió a “regular, a la luz de las mejores prácticas, las relaciones económicas entre los medios y el gobierno”.
En el Foro sobre Publicidad Oficial organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el pasado 6 de septiembre del 2011, Villanueva expuso en conferencia magistral que “si bien es verdad que se destinan recursos públicos a los medios, también lo es que debe definirse cómo y para qué” porque también se debe cuestionar “cómo es posible informar de manera veraz sobre asuntos de gobierno si no hay criterios de asignación publicitaria”.En el caso de Oaxaca, Villanueva dijo que éste es el momento oportuno para que el gobierno de Gabino Cué convoque a crear una ley que contenga reglas claras, transparentes y equitativas, que garanticen la independencia de los medios.
El investigador recordó que “en Oaxaca, como en todo el país, la relación entre el Estado y los medios de comunicación vive encuentros y desencuentros, con razón o sin ella” a la vez que, así como “en muchos casos existe un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, en otros, la intolerancia gubernamental se traduce en un ejercicio patrimonial del poder que por inercias de nuestra subcultura limita el contagio de prácticas democráticas”.
Villanueva defendió que “el papel de la prensa no es servir de medio aséptico entre lo que hace el gobierno y la comunidad, sino de brindar contexto en modo, tiempo y forma”, ya que “uno de los grandes aportes de la libertad de expresión es poder decir lo que muchos no quieren escuchar”.
En este sentido fue determinante al exponer que para socializar el conocimiento de la cosa pública debe haber los matices necesarios porque hacerlo en blanco y negro poco o nada ayuda. Por el contrario. “La crítica, como esencia del derecho a saber, implica señalar el error y reconocer el acierto”, destacó
Para el también experto en temas de transparencia, “la libertad de expresión tiene muchos enemigos” como son “la autocensura, la ignorancia, los intereses creados al margen del bien común y la censura directa o indirecta”, motivo por el que advierte la necesidad de generar las reglas que permitan una convivencia sana entre gobierno y medios para beneficio de una sociedad más democrática.
Y en el caso de Oaxaca, para lograrlo advirtió la necesidad de contar con una Ley especial sobre la materia, justificada constitucionalmente como una normativa reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 137 de la Constitución local.
En ella se deben contemplar lo que son los fines de servicio público y medios de interés público, de tal forma que la ley “debe tener como objetivo realizar una labor de servicio público” y la “publicidad oficial debe coadyuvar a edificar y reproducir valores democráticos en la sociedad”
“Desde otra perspectiva complementaria —reiteró Villanueva—, la publicidad oficial debe convertirse en una herramienta activa del derecho de acceso a la información pública, en su vertiente de informar a la sociedad o a conjuntos específicos de ella que de otra forma no podrían estar en condiciones de saber con veracidad, oportunidad y pertinencia informaciones que en última instancia les habilita para ejercer la noción de ciudadanía en una democracia deliberativa, no sólo representativa”.
Por lo anterior, sentenció: “la publicidad oficial que promociona la imagen institucional, los mensajes publicitarios que carecen de utilidad pública al tratarse, por ejemplo, de empresas paraestatales que no compiten en el mercado, contenidos que no respondan a una campaña o que no tengan mensaje alguno, no satisfacen el interés público y obedecen a criterios atendibles, en muchos de los casos, desde la perspectiva de la ventaja política institucional, pero no encuentran asideros en la austeridad presupuestal y en la lógica racional de la comunicación que deben comportar los poderes públicos en las democracias. Por esa razón, las campañas publicitarias oficiales deben responder a necesidades concretas y reales de comunicación”.
Asimismo, el investigador argumentó que la publicidad oficial “no debe ser un mecanismo de subsidio para el mantenimiento de los medios de comunicación. Debe, en cambio, (…) permitir el ejercicio de la libertad de expresión en todas las implicaciones que se desprenden de su carácter dual: el derecho de cada persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas”.
Un carácter esencial es la equidad en asignaciones de publicidad y evitar la discriminación en la asignación de publicidad oficial por razones de orientación ideológica, editorial, política o de cualquier otra que esté relacionada con la línea de cobertura periodística
Así como también la transparencia de los procesos de asignación, la cual también contribuye a afirmar la legitimidad de la administración como generador de servicios públicos y a fortalecer la confianza del público en las autoridades públicas.
Es importante destacar el principio de veracidad que prohíbe la publicidad engañosa, es decir, la publicidad oficial debe ser clara y completa. No debe conducir a conclusiones erróneas, ni por ambigüedad, ni por inexactitud de datos, ni por omisión. Así como la prohibición de lo subliminal.
Para Ernesto Villanueva, creador de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Oaxaca, los precios de publicidad deben tener como punto de partida una razonable correspondencia con el tiraje, la audiencia y/o los raitings. De no ser así, podría haber mecanismos ilegales de subsidio encubierto al destinar recursos públicos a medios que no satisfacen este requisito esencial.
Finalmente, destacó como importante los “mecanismos de garantía mínima de pluralismo, diversidad y fomento a la lectura” con el fin de evitar se desnaturalice el derecho a saber, por lo que expresa, “es necesario que existan partidas presupuestales mínimas por sectores o nichos de audiencia que no necesariamente son reflejados en los grandes medios”.

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