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La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México Investiga el despojo de un predio localizado en la delegación Iztacalco donde de un día para otro se construyó un estacionamiento de manera irregular. El propietario delinmueble- un adulto mayor de 60 años de edad- denunció que salió de viaje y que al regresar ya había sido invadido su terreno de 958 metros cuadrados.

En la averiguación previa previa, FIZC-2\T2\501\16-04, iniciada pornel delito de despojo, se encuentra asentado que Enrique Agustín Hernández Solís le compró este terreno en 1994 al señor Higo Bor Roberto Catail Talamás el cual se encuentra localizado en Canal de Tezontle, número, Colonia Ampliación Ramos Millán en la delegación Iztacalco, y que desde entonces sólo tenía ocipada una parte con locales, de cuya administración se hacía cargo su contador.

Durante la investigación se logró conocer que este predio fue invadido por funcionarios de la delegación Iztacalco por instrucciones del director jurídico y de gobierno, Aurelio Alfredo Reyes García, por lo que el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México citará a comparecer al director jurídico de gobierno, así como a otros funcionarios de la delegación Iztacalco a fin de que declaran en torno a las a la invasión de este predio.

El afectado denunció que el pasado 4 de abril al regresar de viaje, uno de los trabajadores le llamó por teléfono para informarle que varias personas ya habían colocado una carpeta y plumas para estacionamiento. Horas después arribó y cuando preguntó sobre el porqué habían construído un estacionamiento en su propiedad, le informaron que el director jurídico y de gobierno, Aurelio Alfredo Reyes García, se había construido estacionamiento.

Ante tal situación la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación ilustrada comparecer a los funcionarios y servidores públicos de la delegación Iztacalco que se les relaciona en insta averiguación previa por el delito de despojo.

PGJCDMX investiga a funcionarios de Iztacalco por despojo de predio

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La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México Investiga el despojo de un predio localizado en la delegación Iztacalco donde de un día para otro se construyó un estacionamiento de manera irregular. El propietario delinmueble- un adulto mayor de 60 años de edad- denunció que salió de viaje y que al regresar ya había sido invadido su terreno de 958 metros cuadrados.

En la averiguación previa previa, FIZC-2\T2\501\16-04, iniciada pornel delito de despojo, se encuentra asentado que Enrique Agustín Hernández Solís le compró este terreno en 1994 al señor Higo Bor Roberto Catail Talamás el cual se encuentra localizado en Canal de Tezontle, número, Colonia Ampliación Ramos Millán en la delegación Iztacalco, y que desde entonces sólo tenía ocipada una parte con locales, de cuya administración se hacía cargo su contador.

Durante la investigación se logró conocer que este predio fue invadido por funcionarios de la delegación Iztacalco por instrucciones del director jurídico y de gobierno, Aurelio Alfredo Reyes García, por lo que el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México citará a comparecer al director jurídico de gobierno, así como a otros funcionarios de la delegación Iztacalco a fin de que declaran en torno a las a la invasión de este predio.

El afectado denunció que el pasado 4 de abril al regresar de viaje, uno de los trabajadores le llamó por teléfono para informarle que varias personas ya habían colocado una carpeta y plumas para estacionamiento. Horas después arribó y cuando preguntó sobre el porqué habían construído un estacionamiento en su propiedad, le informaron que el director jurídico y de gobierno, Aurelio Alfredo Reyes García, se había construido estacionamiento.

Ante tal situación la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación ilustrada comparecer a los funcionarios y servidores públicos de la delegación Iztacalco que se les relaciona en insta averiguación previa por el delito de despojo.

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Redacción 
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana -que promueven el ejercicio Tres de Tres-, denunciaron que aún faltan 20 gobernadores por presentar su declaración, de los cuales 13 son del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre los que se encuentran los de Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y Quintana Roo, sobre todo porque en éstos estados se ha señalado y denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) abusos y enriquecimiento inexplicable por parte de sus gobernantes.
Destacan que para esos 13 gobernadores priístas, no es prioritaria la transparencia y la rendición de cuentas, mucho menos aplicar el ejercicio Tres de Tres, iniciativa que busca reconstruir la confianza ciudadana a través del compromiso y transformación de la clase política en nuestro país, pues en este ejercicio, los funcionarios de los tres niveles de gobierno, deben hacer pública su declaración patrimonial, de intereses y fiscal.
Roberto Borge de Quintana Roo, en seis años al frente del gobierno del Estado, ha llevado a la entidad a uno de sus endeudamiento más grandes desde su fundación hace 42 años, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pues cada habitante tendría que pagar cerca de 15 mil pesos para liquidar su carga financiera. Durante la administración de Roberto Borge Angulo -que inició en abril del 2015-, el endeudamiento creció 115 por ciento en términos nominales, al pasar de 10 mil 265 millones de pesos en el primer trimestre del 2011, a más de 22 mil millones en junio del 2015.
En Tamaulipas, el gobernador Egidio Torre Cantú, ha sido señalado, no sólo de no poder darle seguridad a los tamaulipecos, sino incluso de tener nexos con grupos de la delincuencia organizada. Además de que el INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP), exhiben a Tamaulipas como la entidad con mayor violencia en el país y casi 3.5 millones de habitantes sometidos por la inseguridad, corrupción e impunidad.
Chihuahua, es otro de los Estados más endeudados y en donde su gobernador, César Duarte, ha sido acusado de amasar una fortuna en poco tiempo. Por ello, penalistas y maestros en derecho, han presentado una denuncia contra el gobernador ante la PGR, por lo que exigen una investigación a fondo, ya que en cinco años la deuda pública se incrementó en casi 250 por ciento. Debido a ello, cada chihuahuense debe 13 mil pesos.
Veracruz, pasó de tener unas finanzas públicas relativamente estables a duplicar su deuda y elevarla hasta 46 mil millones de pesos, todo durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, cuya administración concluirá el 30 de noviembre del 2016. El gobernador veracruzano, recibió una entidad con una deuda de 17 millones de pesos, heredada por su antecesor Fidel Herrera Beltrán.

Veinte gobernadores no han presentado declaración patrimonial; 13 son del PRI

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Redacción 
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana -que promueven el ejercicio Tres de Tres-, denunciaron que aún faltan 20 gobernadores por presentar su declaración, de los cuales 13 son del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre los que se encuentran los de Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y Quintana Roo, sobre todo porque en éstos estados se ha señalado y denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) abusos y enriquecimiento inexplicable por parte de sus gobernantes.
Destacan que para esos 13 gobernadores priístas, no es prioritaria la transparencia y la rendición de cuentas, mucho menos aplicar el ejercicio Tres de Tres, iniciativa que busca reconstruir la confianza ciudadana a través del compromiso y transformación de la clase política en nuestro país, pues en este ejercicio, los funcionarios de los tres niveles de gobierno, deben hacer pública su declaración patrimonial, de intereses y fiscal.
Roberto Borge de Quintana Roo, en seis años al frente del gobierno del Estado, ha llevado a la entidad a uno de sus endeudamiento más grandes desde su fundación hace 42 años, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pues cada habitante tendría que pagar cerca de 15 mil pesos para liquidar su carga financiera. Durante la administración de Roberto Borge Angulo -que inició en abril del 2015-, el endeudamiento creció 115 por ciento en términos nominales, al pasar de 10 mil 265 millones de pesos en el primer trimestre del 2011, a más de 22 mil millones en junio del 2015.
En Tamaulipas, el gobernador Egidio Torre Cantú, ha sido señalado, no sólo de no poder darle seguridad a los tamaulipecos, sino incluso de tener nexos con grupos de la delincuencia organizada. Además de que el INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP), exhiben a Tamaulipas como la entidad con mayor violencia en el país y casi 3.5 millones de habitantes sometidos por la inseguridad, corrupción e impunidad.
Chihuahua, es otro de los Estados más endeudados y en donde su gobernador, César Duarte, ha sido acusado de amasar una fortuna en poco tiempo. Por ello, penalistas y maestros en derecho, han presentado una denuncia contra el gobernador ante la PGR, por lo que exigen una investigación a fondo, ya que en cinco años la deuda pública se incrementó en casi 250 por ciento. Debido a ello, cada chihuahuense debe 13 mil pesos.
Veracruz, pasó de tener unas finanzas públicas relativamente estables a duplicar su deuda y elevarla hasta 46 mil millones de pesos, todo durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, cuya administración concluirá el 30 de noviembre del 2016. El gobernador veracruzano, recibió una entidad con una deuda de 17 millones de pesos, heredada por su antecesor Fidel Herrera Beltrán.

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