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Senador José Narro presenta iniciativa de  reforma
de la Ley de Salud en materia de certificación
Noel Alvarado 
El Senador José Narro Céspedes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 81 Y 272 BIS de la Ley general de salud, en materia de certificación profesional.
Ello, debido a que se han detectado situaciones que han beneficiado los intereses solo de unos cuantos o de grupos de poder que en contubernio con funcionarios y servidores públicos de administraciones anteriores, los cuales se han enriquecido a costa de robarle, engañar y afectar a las y los mexicanos, a través de echos de corrupción en el Sector Salud o médico y en el negocio generado por el cobro por la emisión de certificaciones de especialidades médicas.
El objetivo central de la iniciativa presentada por el senador, José Narro Céspedes, es eliminar las atribuciones que arbitrariamente se le otorgaron en 2011 a la Asociación Civil, Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), que a todas luces se formularon con toda la intención de generar un negocio para beneficio económico de un grupo de médicos que se han apropiado de las certificaciones y recertificaciones que permiten el ejercicio profesional de las y los especialistas médicos.
Se considera una aberración que dicho comité se encargue de dar visto bueno a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública para que se pueda o no expedir la cedula profesional de especialista médico, situación que se considera retrograda y que genera incertidumbre jurídica para dichos especialistas.
El legislador destaca que no puede ser posible que un estudiante de especialidad, acreditado y con diplomados, se encuentre supeditado a pasar un examen posterior al estudio de su especialidad, aplicado por esa asociación civil bajo parámetros discrecionales, para que pueda certificarse y ejercer su especialidad o bien tenga que pagar diversas cantidades de dinero asistiendo a congresos y demás eventos avalados u organizados por el CONACEM con sus 47 consejos de especialidades médicas  para obtener una serie de puntos que sumados le permitirán certificarse.
Se trata de que la profesionalización sea más asequible para los profesionales de la salud y no sólo sean sujetos de certificación las especialidades médicas, sino que se abra la oportunidad de certificarse a posgrados en áreas de la ciencia médica y de la salud en nivel de maestrías y doctorados, lo que permitirá tener un mayor número de recursos humanos con mayor preparación en ciencias médicas y de la salud, cuya pericia y preparación sea revisada periódicamente.
Sin duda, con la aprobación de dichas reformas, se estará devolviendo al estado el ejercicio de atribuciones sustantivas que beneficiaran y fomentarán la profesionalización de especialistas médicos y los recursos económicos que se obtengan por el cobro de dichas certificaciones se integrarán al erario público, para ser destinado a fines transparentes y que si beneficien a la protección a la salud de las y los mexicanos.

Libre de virus. www.avast.com

Senador José Narro presenta iniciativa de reforma de la Ley de Salud en materia de certificación

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Senador José Narro presenta iniciativa de  reforma
de la Ley de Salud en materia de certificación
Noel Alvarado 
El Senador José Narro Céspedes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 81 Y 272 BIS de la Ley general de salud, en materia de certificación profesional.
Ello, debido a que se han detectado situaciones que han beneficiado los intereses solo de unos cuantos o de grupos de poder que en contubernio con funcionarios y servidores públicos de administraciones anteriores, los cuales se han enriquecido a costa de robarle, engañar y afectar a las y los mexicanos, a través de echos de corrupción en el Sector Salud o médico y en el negocio generado por el cobro por la emisión de certificaciones de especialidades médicas.
El objetivo central de la iniciativa presentada por el senador, José Narro Céspedes, es eliminar las atribuciones que arbitrariamente se le otorgaron en 2011 a la Asociación Civil, Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), que a todas luces se formularon con toda la intención de generar un negocio para beneficio económico de un grupo de médicos que se han apropiado de las certificaciones y recertificaciones que permiten el ejercicio profesional de las y los especialistas médicos.
Se considera una aberración que dicho comité se encargue de dar visto bueno a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública para que se pueda o no expedir la cedula profesional de especialista médico, situación que se considera retrograda y que genera incertidumbre jurídica para dichos especialistas.
El legislador destaca que no puede ser posible que un estudiante de especialidad, acreditado y con diplomados, se encuentre supeditado a pasar un examen posterior al estudio de su especialidad, aplicado por esa asociación civil bajo parámetros discrecionales, para que pueda certificarse y ejercer su especialidad o bien tenga que pagar diversas cantidades de dinero asistiendo a congresos y demás eventos avalados u organizados por el CONACEM con sus 47 consejos de especialidades médicas  para obtener una serie de puntos que sumados le permitirán certificarse.
Se trata de que la profesionalización sea más asequible para los profesionales de la salud y no sólo sean sujetos de certificación las especialidades médicas, sino que se abra la oportunidad de certificarse a posgrados en áreas de la ciencia médica y de la salud en nivel de maestrías y doctorados, lo que permitirá tener un mayor número de recursos humanos con mayor preparación en ciencias médicas y de la salud, cuya pericia y preparación sea revisada periódicamente.
Sin duda, con la aprobación de dichas reformas, se estará devolviendo al estado el ejercicio de atribuciones sustantivas que beneficiaran y fomentarán la profesionalización de especialistas médicos y los recursos económicos que se obtengan por el cobro de dichas certificaciones se integrarán al erario público, para ser destinado a fines transparentes y que si beneficien a la protección a la salud de las y los mexicanos.

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