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Convoca a las organizaciones de la sociedad, a la comunidad académica, a las organizaciones políticas, a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación así como a los ciudadanos en general, para que participen en el
Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación
los días 5 y 6 de abril de 2011, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Presentación
La sociedad mexicana se encuentra cada vez más preocupada por los contenidos y el desempeño de los principales medios de comunicación. Televidentes, radioescuchas y lectores, están dejando de ser audiencias pasivas para constituirse en ciudadanos con aptitud para interpelar a los medios de comunicación. Las redes sociales asentadas en Internet han permitido que muchos de esos ciudadanos se manifiesten. El peso que tales reclamos tienen en la creación de un contexto crítico para las empresas de comunicación tiende a ganar importancia.
A la aún insatisfecha preocupación por la reforma del régimen legal para los medios de comunicación, se añaden nuevos rezagos en el campo de las telecomunicaciones. Y se añaden, sobre todo, inquietudes adicionales acerca de la calidad en los contenidos de tales medios.
Los ciudadanos interesados en estos temas, identifican con claridad el deterioro en la vida social y las transgresiones a la cultura política democrática que perpetran cotidianamente las dos empresas que acaparan la televisión privada. El duopolio televisivo ejerce, además, un lamentable control sobre buena parte de la clase política y se ha obstinado en obstaculizar la renovación de la legislación en la materia, así como el tránsito a un sistema de medios plural que es el único contexto en el cual se pueden garantizar contenidos de calidad.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, junto con las organizaciones y los ciudadanos que respaldan esta convocatoria, llama a un Encuentro Nacional en donde la expresión plural encuentre eco y que permita derivar en una agenda muy puntual con los temas centrales que, en materia de medios de comunicación, es urgente resolver para el desarrollo de la democracia plena.
La discusión entre los asistentes al Encuentro se llevará a cabo en mesas de trabajo y a partir de la presentación de ponencias.
El temario de este Encuentro es el siguiente:
1. Monopolios de comunicación en México. Concesiones y permisos. Efectos de la concentración de los medios en la diversidad y calidad de los contenidos.
2. Medios públicos y medios comunitarios. ¿Opciones para la diversidad y la calidad?
3. Derechos de las audiencias. Educación para los medios, Defensorías de las audiencias. Los ciudadanos como promotores de la calidad y la diversidad.
4. Medios de comunicación y desarrollo humano en México. Género y Comunicación, Comunicación y Salud, Comunicación y ciudadanía: temas constitutivos de la diversidad en los medios.
5. Comunicación política en México. Medios y Elecciones. Publicidad gubernamental. Propaganda y política como componentes o antítesis de la diversidad y la calidad.
6. Comunicación en línea. El entorno digital: contraparte o complemento de la diversidad y la calidad en los medios convencionales.
Formato de participación
Los interesados en contribuir al debate, la reflexión y el acuerdo colectivos en este Encuentro, deberán enviar el texto de su ponencia, con una extensión no mayor a las cinco cuartillas, al correo encuentromedios@gmail.com
Cada ponencia deberá incluir nombre del autor o los autores, correo electrónico y, si es el caso, adscripción institucional, así como título de la propia ponencia y de la mesa de trabajo en la que se propone presentarla.
La fecha improrrogable y límite para el envío de ponencias es el 23 de marzo al medio día.
El 28 de marzo la lista de ponencias aceptadas será publicada en la página electrónica http://www.amedi. org.mx/encuentro/ Cualquier duda respecto de esta Convocatoria puede ser enviada al correo electrónico antes citado.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, A. C.

Posted by LINO CALDERON No comments


Convoca a las organizaciones de la sociedad, a la comunidad académica, a las organizaciones políticas, a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación así como a los ciudadanos en general, para que participen en el
Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación
los días 5 y 6 de abril de 2011, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Presentación
La sociedad mexicana se encuentra cada vez más preocupada por los contenidos y el desempeño de los principales medios de comunicación. Televidentes, radioescuchas y lectores, están dejando de ser audiencias pasivas para constituirse en ciudadanos con aptitud para interpelar a los medios de comunicación. Las redes sociales asentadas en Internet han permitido que muchos de esos ciudadanos se manifiesten. El peso que tales reclamos tienen en la creación de un contexto crítico para las empresas de comunicación tiende a ganar importancia.
A la aún insatisfecha preocupación por la reforma del régimen legal para los medios de comunicación, se añaden nuevos rezagos en el campo de las telecomunicaciones. Y se añaden, sobre todo, inquietudes adicionales acerca de la calidad en los contenidos de tales medios.
Los ciudadanos interesados en estos temas, identifican con claridad el deterioro en la vida social y las transgresiones a la cultura política democrática que perpetran cotidianamente las dos empresas que acaparan la televisión privada. El duopolio televisivo ejerce, además, un lamentable control sobre buena parte de la clase política y se ha obstinado en obstaculizar la renovación de la legislación en la materia, así como el tránsito a un sistema de medios plural que es el único contexto en el cual se pueden garantizar contenidos de calidad.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, junto con las organizaciones y los ciudadanos que respaldan esta convocatoria, llama a un Encuentro Nacional en donde la expresión plural encuentre eco y que permita derivar en una agenda muy puntual con los temas centrales que, en materia de medios de comunicación, es urgente resolver para el desarrollo de la democracia plena.
La discusión entre los asistentes al Encuentro se llevará a cabo en mesas de trabajo y a partir de la presentación de ponencias.
El temario de este Encuentro es el siguiente:
1. Monopolios de comunicación en México. Concesiones y permisos. Efectos de la concentración de los medios en la diversidad y calidad de los contenidos.
2. Medios públicos y medios comunitarios. ¿Opciones para la diversidad y la calidad?
3. Derechos de las audiencias. Educación para los medios, Defensorías de las audiencias. Los ciudadanos como promotores de la calidad y la diversidad.
4. Medios de comunicación y desarrollo humano en México. Género y Comunicación, Comunicación y Salud, Comunicación y ciudadanía: temas constitutivos de la diversidad en los medios.
5. Comunicación política en México. Medios y Elecciones. Publicidad gubernamental. Propaganda y política como componentes o antítesis de la diversidad y la calidad.
6. Comunicación en línea. El entorno digital: contraparte o complemento de la diversidad y la calidad en los medios convencionales.
Formato de participación
Los interesados en contribuir al debate, la reflexión y el acuerdo colectivos en este Encuentro, deberán enviar el texto de su ponencia, con una extensión no mayor a las cinco cuartillas, al correo encuentromedios@gmail.com
Cada ponencia deberá incluir nombre del autor o los autores, correo electrónico y, si es el caso, adscripción institucional, así como título de la propia ponencia y de la mesa de trabajo en la que se propone presentarla.
La fecha improrrogable y límite para el envío de ponencias es el 23 de marzo al medio día.
El 28 de marzo la lista de ponencias aceptadas será publicada en la página electrónica http://www.amedi. org.mx/encuentro/ Cualquier duda respecto de esta Convocatoria puede ser enviada al correo electrónico antes citado.

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El pleno de la LVII Legislatura aprobó –por unanimidad-reformas legales para proteger a las mujeres.

El objetivo: prevenir y sancionar la violencia y agresiones.
Bautista López llama a no usar reformas con fines políticos.
Ejemplo del acuerdo y diálogo constructivo: Lucila Garfias.
Prevén acciones específicas para investigar ese delito
Tipificar el Feminicidio como un delito grave, con sanciones de 40 a 70 años de prisión, y de 700 a cinco mil días multa cuando exista Violencia de Género, forman parte de las reformas aprobadas por unanimidad de la LVII Legislatura del Estado de México, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la justicia y establecer dispositivos para una investigación criminal con perspectiva de género.
La reforma a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales; a las leyes: Orgánica del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia, así como a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia —aprobada en sesión ordinaria del Quinto Periodo de Sesiones— se caracteriza por su pluralidad, ya que integra las propuestas de los Grupos Parlamentarios: PRI, PAN, PRD, PSD, así como del Ejecutivo estatal y establece cuatro condicionantes para que el homicidio doloso de una mujer sea considerado Feminicidio.
Este delito se considerará como violencia de género cuando haya la privación de la vida, asociada a la exclusión, subordinación, discriminación, o explotación; cuando ocurra en contra de una persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva, o de confianza, laboral o escolar; cuando el agresor haya ejecutado conductas sexuales crueles o degradantes o mutile a la víctima, o cuando existan con antelación actos que constituyan actos de violencia familiar del ofensor hacia el ofendido.
De acuerdo con el dictamen -al que dio lectura la diputada del PRI, Flora Martha Angón-, se obliga al Poder Judicial del Estado de México a contar con jueces y magistrados especializados en Violencia de Género, quienes serán adscritos por el Consejo de la Judicatura a cada región judicial; faculta al procurador a crear la Visitaduría contra la Violencia de Género, y al Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social a crear albergues y centros de atención a mujeres.
Al respecto, el diputado Víctor Manuel Bautista López consideró que la aprobación de este dictamen representa la culminación del largo camino recorrido por las iniciativas del PRD, para que se reconozca el acoso en el transporte público como un acto que debe sancionarse penalmente y consideró que las reformas generarán condiciones para propiciar el respeto a la dignidad e integridad de las personas.
En su momento, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, señaló que estas reformas son el primer paso del reconocimiento de las mujeres como sujeto de derecho; tipificar el Feminicidio, dijo, implica reconocer la existencia de la discriminación permanente que viven las mujeres y el compromiso de las autoridades para erradicar estos delitos. Subrayó que estas iniciativas son ejemplo del acuerdo y diálogo constructivo de la LVII Legislatura mexiquense a favor de sus representados.
El conjunto de reformas establecen que los gobiernos estatal y municipales deberán crear comités para la Atención y Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual en las dependencias y organismos del ámbito de sus competencias; deberá formarse el Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Para la población indígena se establece que la atención e información que reciban se hará en su lengua y por personas conocedoras de su cultura.
Se amplía el esquema de reparación del daño, incorporando la restitución de los derechos afectados; la indemnización del daño material o moral causado; así como la afectación al desarrollo integral de la víctima, en su entorno laboral, educativo y emocional, además de los gastos indispensables de subsistencia de la víctima y de sus hijos menores cuando, como consecuencia del delito, haya quedado imposibilitada para trabajar.
En el Dictamen -previamente estudiado y aprobado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Procuración y Administración de Justicia-, se otorga al Ministerio Público la facultad de imponer medidas cautelares y providencias precautorias en la etapa de investigación, de oficio o a petición de la víctima; además de solicitar la ampliación o prórroga de las medidas impuestas por el juez a fin de garantizar la protección y seguridad de las personas relacionadas con el ofendido u otras que puedan intervenir en el proceso.
También deberá ordenar el aseguramiento de los bienes que sean objeto, instrumento o producto del hecho delictuoso, así como de aquellos que pueden ser útiles para garantizar la reparación del daño.
Agrega, además, como medidas de protección: vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; protección policial; auxilio inmediato de la fuerza pública; reingreso a su hogar bajo medidas de seguridad; registro o inscripción de la víctima en programas de desarrollo profesional, educativo o laboral.
En cuanto al acoso sexual en el transporte público —que se sancionará con seis meses a dos años de prisión o de treinta a 120 días multa— se solicita al Tribunal Superior de Justicia que en el ámbito de sus atribuciones realice un estudio objetivo y cuantificable que permita identificar el número de denuncias indiciadas y consignaciones realizadas en la entidad por el delito de actos libidinosos.
El diputado Víctor Manuel Bautista López llamó al gobierno estatal, a diferentes partidos y a los grupos parlamentarios para no hacer uso indebido de estas reformas, mediante campañas de difusión personal; la ausencia de propaganda política honrará, enfatizó, la memoria de las mujeres a las que las instituciones “les fallamos y aún no encuentran justicia”.
DENOMINAR PRESIDENTE AL TITULAR DE DEREHOS HUMANOS
Antes, el Pleno de la LVII Legislatura estatal aprobó por unanimidad cambiar la denominación de “Comisionado” por Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, a fin de dar uniformidad con sus similares del resto del país.
A propuesta de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, se incorporaron criterios de género: “la” y “el” a la denominación del titular de la Codhem, de tal manera que sea “la presidente” o “el presidente”, dependiendo de quien desarrolle la función.
Con esta propuesta se modifican diversas disposiciones de la Constitución, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, la Ley Reglamentaria del Artículo 88 Bis de la Constitución, la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Protección a Víctimas del Delito y la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes todas del Estado de México.
PAN Y PRD EXIGEN INVESTIGAR INTERVENCIÓN EN PROCESO ELECTORAL
En la misma sesión ordinaria, diputados locales del PAN y el PRD exigieron que se hagan las investigaciones pertinentes sobre lo expuesto en un video en el que aparece el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Bernardo García Cisneros, así como del presidente municipal de Valle de Chalco, Luis Enrique Martínez Ventura, en el que se involucran en el proceso electoral que se vive en la entidad mexiquense.
Los diputados: Víctor Manuel Bautista López y Juan Hugo de la Rosa, del Grupo Parlamentario del PRD; así como Luis Gustavo Parra Noriega y Carlos Madrazo Limón, del PAN, coincidieron en la necesidad de terminar con actos que puedan poner en riesgo la transparencia del actual proceso electoral; por lo que se pronunciaron por una investigación precisa y contundente de las autoridades electorales, además de solicitar la destitución del funcionario estatal.

CÁRCEL HASTA POR 70 AÑOS A QUIEN COMETA FEMINICIDIO EN EDOMEX

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El pleno de la LVII Legislatura aprobó –por unanimidad-reformas legales para proteger a las mujeres.

El objetivo: prevenir y sancionar la violencia y agresiones.
Bautista López llama a no usar reformas con fines políticos.
Ejemplo del acuerdo y diálogo constructivo: Lucila Garfias.
Prevén acciones específicas para investigar ese delito
Tipificar el Feminicidio como un delito grave, con sanciones de 40 a 70 años de prisión, y de 700 a cinco mil días multa cuando exista Violencia de Género, forman parte de las reformas aprobadas por unanimidad de la LVII Legislatura del Estado de México, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la justicia y establecer dispositivos para una investigación criminal con perspectiva de género.
La reforma a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales; a las leyes: Orgánica del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia, así como a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia —aprobada en sesión ordinaria del Quinto Periodo de Sesiones— se caracteriza por su pluralidad, ya que integra las propuestas de los Grupos Parlamentarios: PRI, PAN, PRD, PSD, así como del Ejecutivo estatal y establece cuatro condicionantes para que el homicidio doloso de una mujer sea considerado Feminicidio.
Este delito se considerará como violencia de género cuando haya la privación de la vida, asociada a la exclusión, subordinación, discriminación, o explotación; cuando ocurra en contra de una persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva, o de confianza, laboral o escolar; cuando el agresor haya ejecutado conductas sexuales crueles o degradantes o mutile a la víctima, o cuando existan con antelación actos que constituyan actos de violencia familiar del ofensor hacia el ofendido.
De acuerdo con el dictamen -al que dio lectura la diputada del PRI, Flora Martha Angón-, se obliga al Poder Judicial del Estado de México a contar con jueces y magistrados especializados en Violencia de Género, quienes serán adscritos por el Consejo de la Judicatura a cada región judicial; faculta al procurador a crear la Visitaduría contra la Violencia de Género, y al Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social a crear albergues y centros de atención a mujeres.
Al respecto, el diputado Víctor Manuel Bautista López consideró que la aprobación de este dictamen representa la culminación del largo camino recorrido por las iniciativas del PRD, para que se reconozca el acoso en el transporte público como un acto que debe sancionarse penalmente y consideró que las reformas generarán condiciones para propiciar el respeto a la dignidad e integridad de las personas.
En su momento, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, señaló que estas reformas son el primer paso del reconocimiento de las mujeres como sujeto de derecho; tipificar el Feminicidio, dijo, implica reconocer la existencia de la discriminación permanente que viven las mujeres y el compromiso de las autoridades para erradicar estos delitos. Subrayó que estas iniciativas son ejemplo del acuerdo y diálogo constructivo de la LVII Legislatura mexiquense a favor de sus representados.
El conjunto de reformas establecen que los gobiernos estatal y municipales deberán crear comités para la Atención y Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual en las dependencias y organismos del ámbito de sus competencias; deberá formarse el Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Para la población indígena se establece que la atención e información que reciban se hará en su lengua y por personas conocedoras de su cultura.
Se amplía el esquema de reparación del daño, incorporando la restitución de los derechos afectados; la indemnización del daño material o moral causado; así como la afectación al desarrollo integral de la víctima, en su entorno laboral, educativo y emocional, además de los gastos indispensables de subsistencia de la víctima y de sus hijos menores cuando, como consecuencia del delito, haya quedado imposibilitada para trabajar.
En el Dictamen -previamente estudiado y aprobado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Procuración y Administración de Justicia-, se otorga al Ministerio Público la facultad de imponer medidas cautelares y providencias precautorias en la etapa de investigación, de oficio o a petición de la víctima; además de solicitar la ampliación o prórroga de las medidas impuestas por el juez a fin de garantizar la protección y seguridad de las personas relacionadas con el ofendido u otras que puedan intervenir en el proceso.
También deberá ordenar el aseguramiento de los bienes que sean objeto, instrumento o producto del hecho delictuoso, así como de aquellos que pueden ser útiles para garantizar la reparación del daño.
Agrega, además, como medidas de protección: vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; protección policial; auxilio inmediato de la fuerza pública; reingreso a su hogar bajo medidas de seguridad; registro o inscripción de la víctima en programas de desarrollo profesional, educativo o laboral.
En cuanto al acoso sexual en el transporte público —que se sancionará con seis meses a dos años de prisión o de treinta a 120 días multa— se solicita al Tribunal Superior de Justicia que en el ámbito de sus atribuciones realice un estudio objetivo y cuantificable que permita identificar el número de denuncias indiciadas y consignaciones realizadas en la entidad por el delito de actos libidinosos.
El diputado Víctor Manuel Bautista López llamó al gobierno estatal, a diferentes partidos y a los grupos parlamentarios para no hacer uso indebido de estas reformas, mediante campañas de difusión personal; la ausencia de propaganda política honrará, enfatizó, la memoria de las mujeres a las que las instituciones “les fallamos y aún no encuentran justicia”.
DENOMINAR PRESIDENTE AL TITULAR DE DEREHOS HUMANOS
Antes, el Pleno de la LVII Legislatura estatal aprobó por unanimidad cambiar la denominación de “Comisionado” por Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, a fin de dar uniformidad con sus similares del resto del país.
A propuesta de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, se incorporaron criterios de género: “la” y “el” a la denominación del titular de la Codhem, de tal manera que sea “la presidente” o “el presidente”, dependiendo de quien desarrolle la función.
Con esta propuesta se modifican diversas disposiciones de la Constitución, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, la Ley Reglamentaria del Artículo 88 Bis de la Constitución, la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Protección a Víctimas del Delito y la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes todas del Estado de México.
PAN Y PRD EXIGEN INVESTIGAR INTERVENCIÓN EN PROCESO ELECTORAL
En la misma sesión ordinaria, diputados locales del PAN y el PRD exigieron que se hagan las investigaciones pertinentes sobre lo expuesto en un video en el que aparece el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Bernardo García Cisneros, así como del presidente municipal de Valle de Chalco, Luis Enrique Martínez Ventura, en el que se involucran en el proceso electoral que se vive en la entidad mexiquense.
Los diputados: Víctor Manuel Bautista López y Juan Hugo de la Rosa, del Grupo Parlamentario del PRD; así como Luis Gustavo Parra Noriega y Carlos Madrazo Limón, del PAN, coincidieron en la necesidad de terminar con actos que puedan poner en riesgo la transparencia del actual proceso electoral; por lo que se pronunciaron por una investigación precisa y contundente de las autoridades electorales, además de solicitar la destitución del funcionario estatal.

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El Programa de Derechos Humanos y el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, y la Coalición Mexicana por la Corte Penal Internacional invitan a la Conferencia Magistral
“Derechos Humanos y Estado de Derecho: Impunidad en México y Centroamérica.”
Dr. Carlos Castresana Fernández*
Fiscal del Tribunal Supremo de España
Miércoles 30 de marzo 11:00 hrs
Universidad Iberoamericana
Aula Magna San Ignacio de Loyola
En septiembre de 2007, el Secretario General de Naciones Unidas le designó Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, con rango de Subsecretario General de la ONU, cargo que desempeñó hasta agosto de 2010, en cuyo momento se reincorporó a la Fiscalía del Tribunal Supremo en España.
Enviar para su registro los siguientes datos a derechos.humanos@uia.mx
Nombre completo:
Correo electrónico:
Institución:
*Carlos Castresana Fernández
Fiscal del Tribunal Supremo
de España
Nacido en Madrid, España, en 1957, ha sido Abogado entre 1980 y 1985, Magistrado y Juez entre 1986 y 1989, ingresó por oposición en la Carrera Fiscal en 1989. Destinado en los Tribunales Superiores de Justicia de Catalunya y Madrid, y en las Fiscalías Especiales Antidroga y Anticorrupción, es desde 2005 Fiscal del Tribunal Supremo.
Ha sido experto y ponente en distintas conferencias y misiones de cooperación jurídica con el Consejo de Europa, la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Internacional de Juristas y el Banco Mundial.
Autor de las denuncias originales interpuestas en 1996 en nombre de la Unión Progresista de Fiscales contra las Juntas Militares de Argentina y Chile, con las que se inició ante la Audiencia Nacional de España el llamado Caso Pinochet.
Ha publicado múltiples artículos en diferentes medios de comunicación y publicaciones académicas. Además, ha impartido cursos y congresos en universidades y en otras instituciones de España, Italia, Francia, Bélgica, Portugal, Holanda, Suiza, Alemania, México, Guatemala, Colombia, Estados Unidos (Universidades de Yale, Berkeley y Stanford, así como para los Departamentos de Defensa y de Estado) Bolivia, Brasil, Chile, Argentina y Costa Rica, tanto en instituciones públicas como privadas.
Profesor Asociado de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor Invitado de Derecho Penal Internacional en la University of San Francisco, California entre 2003 y 2005, donde fue Director de Programas de Derechos Humanos del Center for Law and Global Justice.
En 1997 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en España, en 1998 fue Visitante Distinguido en Toluca, México; en el mismo año, Visitante Ilustre en la Cámara de Diputados de Buenos Aires, y Huésped de Honor y Extraordinario por las Universidades de La Plata y Rosario, Argentina; y en 1999 recibió el Premio de Derechos Humanos de la Asociación Argentina de Derechos Humanos. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Guadalajara, México, en 2003. Recibió el Certificate of Honor del City Council of San Francisco, California, en 2004. En 2006, recibió la Medalla de Honor de la Vicepresidencia del Senado de la República de Chile y fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Central de Santiago de Chile. En mayo de 2010 el Presidente de la República Italiana le concedió la condecoración de la Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana (OSSI) en el Grado de Comendador. Recientemente fue Condecorado con la Orden del Quetzal en el grado de Gran Cruz por el Presidente de la República de Guatemala y con la Orden de la Legión de Honor en grado de Oficial, otorgada por el Gobierno de la República de Francia. El Gobierno español acaba de concederle la Encomienda de la Orden del Mérito Civil.
En Septiembre de 2007, el Secretario General de Naciones Unidas le designó Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, con rango de Subsecretario General de la ONU, cargo que desempeñó hasta agosto de 2010, en cuyo momento se reincorporó a la Fiscalía del Tribunal Supremo en España.
Marzo 2011

CONFERENCIA MAGISTRAL "IMPUNIDAD EN MÉXICO"

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El Programa de Derechos Humanos y el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, y la Coalición Mexicana por la Corte Penal Internacional invitan a la Conferencia Magistral
“Derechos Humanos y Estado de Derecho: Impunidad en México y Centroamérica.”
Dr. Carlos Castresana Fernández*
Fiscal del Tribunal Supremo de España
Miércoles 30 de marzo 11:00 hrs
Universidad Iberoamericana
Aula Magna San Ignacio de Loyola
En septiembre de 2007, el Secretario General de Naciones Unidas le designó Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, con rango de Subsecretario General de la ONU, cargo que desempeñó hasta agosto de 2010, en cuyo momento se reincorporó a la Fiscalía del Tribunal Supremo en España.
Enviar para su registro los siguientes datos a derechos.humanos@uia.mx
Nombre completo:
Correo electrónico:
Institución:
*Carlos Castresana Fernández
Fiscal del Tribunal Supremo
de España
Nacido en Madrid, España, en 1957, ha sido Abogado entre 1980 y 1985, Magistrado y Juez entre 1986 y 1989, ingresó por oposición en la Carrera Fiscal en 1989. Destinado en los Tribunales Superiores de Justicia de Catalunya y Madrid, y en las Fiscalías Especiales Antidroga y Anticorrupción, es desde 2005 Fiscal del Tribunal Supremo.
Ha sido experto y ponente en distintas conferencias y misiones de cooperación jurídica con el Consejo de Europa, la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Internacional de Juristas y el Banco Mundial.
Autor de las denuncias originales interpuestas en 1996 en nombre de la Unión Progresista de Fiscales contra las Juntas Militares de Argentina y Chile, con las que se inició ante la Audiencia Nacional de España el llamado Caso Pinochet.
Ha publicado múltiples artículos en diferentes medios de comunicación y publicaciones académicas. Además, ha impartido cursos y congresos en universidades y en otras instituciones de España, Italia, Francia, Bélgica, Portugal, Holanda, Suiza, Alemania, México, Guatemala, Colombia, Estados Unidos (Universidades de Yale, Berkeley y Stanford, así como para los Departamentos de Defensa y de Estado) Bolivia, Brasil, Chile, Argentina y Costa Rica, tanto en instituciones públicas como privadas.
Profesor Asociado de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor Invitado de Derecho Penal Internacional en la University of San Francisco, California entre 2003 y 2005, donde fue Director de Programas de Derechos Humanos del Center for Law and Global Justice.
En 1997 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en España, en 1998 fue Visitante Distinguido en Toluca, México; en el mismo año, Visitante Ilustre en la Cámara de Diputados de Buenos Aires, y Huésped de Honor y Extraordinario por las Universidades de La Plata y Rosario, Argentina; y en 1999 recibió el Premio de Derechos Humanos de la Asociación Argentina de Derechos Humanos. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Guadalajara, México, en 2003. Recibió el Certificate of Honor del City Council of San Francisco, California, en 2004. En 2006, recibió la Medalla de Honor de la Vicepresidencia del Senado de la República de Chile y fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Central de Santiago de Chile. En mayo de 2010 el Presidente de la República Italiana le concedió la condecoración de la Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana (OSSI) en el Grado de Comendador. Recientemente fue Condecorado con la Orden del Quetzal en el grado de Gran Cruz por el Presidente de la República de Guatemala y con la Orden de la Legión de Honor en grado de Oficial, otorgada por el Gobierno de la República de Francia. El Gobierno español acaba de concederle la Encomienda de la Orden del Mérito Civil.
En Septiembre de 2007, el Secretario General de Naciones Unidas le designó Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, con rango de Subsecretario General de la ONU, cargo que desempeñó hasta agosto de 2010, en cuyo momento se reincorporó a la Fiscalía del Tribunal Supremo en España.
Marzo 2011

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