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Avala Ley de seguridad interior
 Ejército en las calles
*Niega el gobierno federal que se militarice el país 
Lino Calderón 

Con 248 votos a favor, del PRI y el Partido Verde principalmente, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular los artículos no reservados de la Ley de Seguridad Interior.
Esta legislación otorga formalmente facultades a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública que sólo correspondían a las policías bajo el mando de las autoridades civiles. 
Entre otras, aplicar acciones "preventivas" a su criterio, intervenir contra protestas sociales si considera que no son pacíficas y participar en áreas de inteligencia civil, advierte el colectivo #SeguridadsinGuerra, que integran diversas organizaciones de la sociedad civil.
Durante la votación en comisiones el diputado David Gerson, del PRD, afirmó que "el gobierno ha sido rebasado por el crimen organizado en todos sus niveles", y que su respuesta es echar mano del Ejército.
Carolina Viggiano, del PRI, aclaró: "No vamos a mandar al Ejército a las calles; el Ejército está en las calles desde hace muchos años. Tenemos mucho tiempo que les debemos este instrumento".
Clemente Castañeda, del Movimiento Ciudadano, calificó la ley como "amenaza potencial a los derechos y libertades" y "una de las irresponsabilidades históricas más grandes" en la historia del país.
La ley aprobada además inclina más la balanza en favor del Presidente en materia de seguridad, pues podrá ordenar por sí solo la intervención de la Federación para realizar acciones de seguridad interior (artículo 11) y lo faculta –previa consulta al Consejo de Seguridad Nacional– para emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior (artículo 12), escribió recientemente Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La aprobación de la Ley de Seguridad Interior ocurre un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto inauguró la 11 Brigada de Policía Militar en Coahuila, donde urgió a los legisladores a aprobar la ley que considera una "imperiosa necesidad" para dotar de certidumbre a militares y marinos en sus labores de seguridad pública.
Después de este llamado, los diputados federales incluso modificaron el orden del día para dictaminar en fast track la iniciativa en la Comisión de Gobernación y luego llevarla al pleno para su discusión y aprobación.
Esta legislación forma parte de un paquete de iniciativas de ley que tienen como propósito enfrentar la situación de violencia que vive el país desde 2007, cuando el ex presidente Felipe Calderón emprendió la ofensiva contra el narcotráfico que ha dejado poco más de 190,000 muertos en el país desde entonces.
El propósito de ese paquete era reformar de manera profunda las policías y el sistema de procuración de justicia en el país. Incluía concretar la conversión de la Procuraduría General de la República a Fiscalía autónoma, es decir, completamente independiente del Presidente. También reformar el mando policiaco en los estados para fortalecerlos en su responsabilidad de procurar seguridad a la población. 
Los dos reformas está detenidas en el Congreso.
En cambio, los legisladores metieron el acelerador para cumplir con una demanda de los militares: contar con una ley que "normalice" las funciones de seguridad pública que han cumplido desde hace una década, con resultados poco favorables para el Ejército y los ciudadanos, de acuerdo con evaluaciones de organismos internacionales y nacionales de protección de los derechos humanos.
Recientemente, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), advirtió que sólo 3 de cada 100 delitos presuntamente cometidos por elementos del Ejército ha tenido castigo y documentó que entre 2012 y 2016 la Procuraduría General de República (PGR) inició 505 investigaciones judiciales en contra de militares por delitos como tortura, desaparición forzada, homicidio, violencia sexual, abuso de autoridad, lesiones, extorsión, secuestro, robo y allanamiento de morada. Pero sólo obtuvo sentencia condenatoria para 16 casos.
"Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México", anotó el reporte.
Por eso, la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos consideró en un comunicado que "seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina; perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, y el vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez, garantizaron que la Ley de Seguridad Interior no pretende militarizar el país ni que las fuerzas armadas sustituyan a las instancias de gobierno en la lucha anticrimen.
Ayer, luego de que la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en lo general y lo envió al Senado, Sánchez calificó de "absurda" la teoría de la militarización y destacó que en 2016 solo procedieron 44 quejas de posibles violaciones a los derechos humanos por parte de Ejército y Marina.
"He escuchado muchas críticas diciendo que van a militarizar el país, de verdad eso es absurdo; lo menos que podemos hacer es que las fuerzas armadas tengan un marco normativo que les dé curso a su actuar", indicó en entrevista con el arquitecto Héctor Benavides para el programa Cambios, que se transmitirá el próximo domingo.
En tanto, Sales explicó que la ley busca generar policías estatales y municipales capaces de enfrentar a la delincuencia organizada sin la necesidad de solicitar ayuda a militares y marinos.
Puntualizó que además de dar certeza jurídica a Ejército y Marina que participan en el combate a los grupos delincuenciales, el objetivo es apoyar a las autoridades locales a través de mecanismos y plazos bien definidos cuando se declaren incapaces de hacerlo.
Dijo que militares y marinos resentían la ausencia de un marco jurídico suficiente en las tareas de apoyo a las autoridades estatales y municipales para preservar la seguridad pública.
Destacó, sin embargo, que la ley está orientada a que las entidades asuman su responsabilidad en el combate a la criminalidad e identifiquen las amenazas que representan las organizaciones delictivas.
"Lo que hace la Ley de Seguridad Interior es dotar de marco normativo a las fuerzas armadas en su actuar... se ha insistido en que es una ley que pretende militarizar, eso es falso, el marco jurídico señala cómo, cuándo, dónde y por qué la necesidad de que fuerzas federales y armadas ingresen a determinada entidad", detalló.
Azucena Uresti, Alfredo Lecona, del colectivo Seguridad Sin Guerra, dijo que es necesaria una Ley de Seguridad Interior, pero no con las características con que se aprobó, porque da discrecionalidad al Ejecutivo en el uso de fuerzas armadas.
Al respecto, el analista Juan Ibarrola aseguró que desde hace más de 40 años los militares no han salido a las calles a reprimir y que este país "ya está militarizado", pues son los soldados los que hacen la seguridad pública, los que atienden desastres naturales, campañas de reforestación, de salud y de alimentación".
ONG's no avalan intervención 
de Fuerzas Armadas con la policía
Por su parte Organizaciones no gubernamentales (ONGs) rechazaron la pretensión de legalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública, porque esa medida, subrayaron, contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar.
 "Nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o de reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales, continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública", subrayaron en un comunicado.
"Nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o de reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales, continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública", subrayaron en un comunicado.
De acuerdo con Proceso, destacaron que las iniciativas presentadas por diversos grupos parlamentarios, denominadas de "seguridad interior", parten del hecho de que actualmente no existen las capacidades policiales para hacer frente a la grave situación de inseguridad por la que atraviesa el país.
Sin embargo, e independientemente de que varias de esas iniciativas contienen peligrosas ambigüedades y otorgan atribuciones que deben corresponder exclusivamente a instituciones civiles, normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar, recalcaron.
"Si hoy los gobiernos federal y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar", destacaron en su comunicado.
Lo que debe hacerse, precisaron, es centrar la atención política y legislativa en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.
"Sólo así podremos resolver de fondo y a largo plazo la crisis de violencia, inseguridad y violaciones graves a derechos humanos en el país".
Y en lugar de legislar para perpetuar y arraigar el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, propusieron respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional. "La aprobación de una 'Ley de Seguridad Interior' o de un capítulo de Seguridad Interior en la Ley de Seguridad Nacional, atentaría contra la Constitución y contravendría los tratados internacionales que México ha ratificado".
Como segundo punto destacaron la adopción de medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya previstos. "La vía adecuada para despliegues extraordinarios del Ejército es el artículo 29 constitucional. Actualmente no contamos con una ley reglamentaria de este artículo, y no se cuenta con una iniciativa que contemple verdaderos contrapesos y mecanismos de vigilancia. Los proyectos en discusión no son acordes con las normas internacionales en la materia".
En tercer lugar, señalaron que es fundamental un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, cuyas normas y entrenamientos expresamente integren los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Además, es indispensable legislar sobre el uso de la fuerza.
En el cuarto punto demandaron reformar a las policías, aunque eso, subrayaron, no será suficiente. "Es necesario reformar también las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria".
Finalmente, exigieron cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y definir un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.
"Seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina; perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el SIDEPOL y los acuerdos del Consejo Nacional", remataron.


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Avala Ley de seguridad interior
 Ejército en las calles
*Niega el gobierno federal que se militarice el país 
Lino Calderón 

Con 248 votos a favor, del PRI y el Partido Verde principalmente, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular los artículos no reservados de la Ley de Seguridad Interior.
Esta legislación otorga formalmente facultades a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública que sólo correspondían a las policías bajo el mando de las autoridades civiles. 
Entre otras, aplicar acciones "preventivas" a su criterio, intervenir contra protestas sociales si considera que no son pacíficas y participar en áreas de inteligencia civil, advierte el colectivo #SeguridadsinGuerra, que integran diversas organizaciones de la sociedad civil.
Durante la votación en comisiones el diputado David Gerson, del PRD, afirmó que "el gobierno ha sido rebasado por el crimen organizado en todos sus niveles", y que su respuesta es echar mano del Ejército.
Carolina Viggiano, del PRI, aclaró: "No vamos a mandar al Ejército a las calles; el Ejército está en las calles desde hace muchos años. Tenemos mucho tiempo que les debemos este instrumento".
Clemente Castañeda, del Movimiento Ciudadano, calificó la ley como "amenaza potencial a los derechos y libertades" y "una de las irresponsabilidades históricas más grandes" en la historia del país.
La ley aprobada además inclina más la balanza en favor del Presidente en materia de seguridad, pues podrá ordenar por sí solo la intervención de la Federación para realizar acciones de seguridad interior (artículo 11) y lo faculta –previa consulta al Consejo de Seguridad Nacional– para emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior (artículo 12), escribió recientemente Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La aprobación de la Ley de Seguridad Interior ocurre un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto inauguró la 11 Brigada de Policía Militar en Coahuila, donde urgió a los legisladores a aprobar la ley que considera una "imperiosa necesidad" para dotar de certidumbre a militares y marinos en sus labores de seguridad pública.
Después de este llamado, los diputados federales incluso modificaron el orden del día para dictaminar en fast track la iniciativa en la Comisión de Gobernación y luego llevarla al pleno para su discusión y aprobación.
Esta legislación forma parte de un paquete de iniciativas de ley que tienen como propósito enfrentar la situación de violencia que vive el país desde 2007, cuando el ex presidente Felipe Calderón emprendió la ofensiva contra el narcotráfico que ha dejado poco más de 190,000 muertos en el país desde entonces.
El propósito de ese paquete era reformar de manera profunda las policías y el sistema de procuración de justicia en el país. Incluía concretar la conversión de la Procuraduría General de la República a Fiscalía autónoma, es decir, completamente independiente del Presidente. También reformar el mando policiaco en los estados para fortalecerlos en su responsabilidad de procurar seguridad a la población. 
Los dos reformas está detenidas en el Congreso.
En cambio, los legisladores metieron el acelerador para cumplir con una demanda de los militares: contar con una ley que "normalice" las funciones de seguridad pública que han cumplido desde hace una década, con resultados poco favorables para el Ejército y los ciudadanos, de acuerdo con evaluaciones de organismos internacionales y nacionales de protección de los derechos humanos.
Recientemente, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), advirtió que sólo 3 de cada 100 delitos presuntamente cometidos por elementos del Ejército ha tenido castigo y documentó que entre 2012 y 2016 la Procuraduría General de República (PGR) inició 505 investigaciones judiciales en contra de militares por delitos como tortura, desaparición forzada, homicidio, violencia sexual, abuso de autoridad, lesiones, extorsión, secuestro, robo y allanamiento de morada. Pero sólo obtuvo sentencia condenatoria para 16 casos.
"Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México", anotó el reporte.
Por eso, la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos consideró en un comunicado que "seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina; perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, y el vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez, garantizaron que la Ley de Seguridad Interior no pretende militarizar el país ni que las fuerzas armadas sustituyan a las instancias de gobierno en la lucha anticrimen.
Ayer, luego de que la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en lo general y lo envió al Senado, Sánchez calificó de "absurda" la teoría de la militarización y destacó que en 2016 solo procedieron 44 quejas de posibles violaciones a los derechos humanos por parte de Ejército y Marina.
"He escuchado muchas críticas diciendo que van a militarizar el país, de verdad eso es absurdo; lo menos que podemos hacer es que las fuerzas armadas tengan un marco normativo que les dé curso a su actuar", indicó en entrevista con el arquitecto Héctor Benavides para el programa Cambios, que se transmitirá el próximo domingo.
En tanto, Sales explicó que la ley busca generar policías estatales y municipales capaces de enfrentar a la delincuencia organizada sin la necesidad de solicitar ayuda a militares y marinos.
Puntualizó que además de dar certeza jurídica a Ejército y Marina que participan en el combate a los grupos delincuenciales, el objetivo es apoyar a las autoridades locales a través de mecanismos y plazos bien definidos cuando se declaren incapaces de hacerlo.
Dijo que militares y marinos resentían la ausencia de un marco jurídico suficiente en las tareas de apoyo a las autoridades estatales y municipales para preservar la seguridad pública.
Destacó, sin embargo, que la ley está orientada a que las entidades asuman su responsabilidad en el combate a la criminalidad e identifiquen las amenazas que representan las organizaciones delictivas.
"Lo que hace la Ley de Seguridad Interior es dotar de marco normativo a las fuerzas armadas en su actuar... se ha insistido en que es una ley que pretende militarizar, eso es falso, el marco jurídico señala cómo, cuándo, dónde y por qué la necesidad de que fuerzas federales y armadas ingresen a determinada entidad", detalló.
Azucena Uresti, Alfredo Lecona, del colectivo Seguridad Sin Guerra, dijo que es necesaria una Ley de Seguridad Interior, pero no con las características con que se aprobó, porque da discrecionalidad al Ejecutivo en el uso de fuerzas armadas.
Al respecto, el analista Juan Ibarrola aseguró que desde hace más de 40 años los militares no han salido a las calles a reprimir y que este país "ya está militarizado", pues son los soldados los que hacen la seguridad pública, los que atienden desastres naturales, campañas de reforestación, de salud y de alimentación".
ONG's no avalan intervención 
de Fuerzas Armadas con la policía
Por su parte Organizaciones no gubernamentales (ONGs) rechazaron la pretensión de legalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública, porque esa medida, subrayaron, contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar.
 "Nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o de reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales, continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública", subrayaron en un comunicado.
"Nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o de reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales, continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública", subrayaron en un comunicado.
De acuerdo con Proceso, destacaron que las iniciativas presentadas por diversos grupos parlamentarios, denominadas de "seguridad interior", parten del hecho de que actualmente no existen las capacidades policiales para hacer frente a la grave situación de inseguridad por la que atraviesa el país.
Sin embargo, e independientemente de que varias de esas iniciativas contienen peligrosas ambigüedades y otorgan atribuciones que deben corresponder exclusivamente a instituciones civiles, normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar, recalcaron.
"Si hoy los gobiernos federal y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar", destacaron en su comunicado.
Lo que debe hacerse, precisaron, es centrar la atención política y legislativa en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.
"Sólo así podremos resolver de fondo y a largo plazo la crisis de violencia, inseguridad y violaciones graves a derechos humanos en el país".
Y en lugar de legislar para perpetuar y arraigar el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, propusieron respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional. "La aprobación de una 'Ley de Seguridad Interior' o de un capítulo de Seguridad Interior en la Ley de Seguridad Nacional, atentaría contra la Constitución y contravendría los tratados internacionales que México ha ratificado".
Como segundo punto destacaron la adopción de medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya previstos. "La vía adecuada para despliegues extraordinarios del Ejército es el artículo 29 constitucional. Actualmente no contamos con una ley reglamentaria de este artículo, y no se cuenta con una iniciativa que contemple verdaderos contrapesos y mecanismos de vigilancia. Los proyectos en discusión no son acordes con las normas internacionales en la materia".
En tercer lugar, señalaron que es fundamental un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, cuyas normas y entrenamientos expresamente integren los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Además, es indispensable legislar sobre el uso de la fuerza.
En el cuarto punto demandaron reformar a las policías, aunque eso, subrayaron, no será suficiente. "Es necesario reformar también las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria".
Finalmente, exigieron cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y definir un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.
"Seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina; perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el SIDEPOL y los acuerdos del Consejo Nacional", remataron.


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