Condenan a 5 años a individuo que arrojo a un canino a un recipiente con aceite hirviendo en Tecamac

Angel Iturralde

Ecatepec, Estado de México, 9 de octubre de 2023.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencia de condena de 5 años, 7 meses y 15 días de prisión para Sergio Morales Buendía, tras quedar acreditada su intervención en el delito de maltrato animal, ya que en mayo pasado arrojó a un canino dentro de un cazo con aceite hirviendo en el municipio de Tecámac.
Con las pruebas recabadas, aportadas y expuestas, la Autoridad Judicial dictó esta sentencia contra el acusado, además le fijó una  multa de 38 mil 902 pesos y la cantidad de 28 mil 217 pesos como reparación del daño moral, a favor del fondo de Protección a los Animales del Estado de México.
Los hechos por los cuales fue sentenciado este individuo ocurrieron el 28 de mayo pasado, cuando ingresó a una carnicería ubicada en el poblado de San Pablo Tecalco del municipio de Tecámac, donde agredió verbalmente al locatario, lo amagó con un instrumento punzocortante y al momento de salir del establecimiento sujetó a uno de los caninos que se encontraban en ese lugar y lo arrojó dentro de un cazo con aceite hirviendo, lo que le ocasionó la muerte.
Derivado de estos hechos que fueron del conocimiento público ya que fueron captados por una cámara de video y difundidos mediante medios de comunicación y redes sociales, la Fiscalía estatal inició una indagatoria por el delito de maltrato animal y obtuvo de la Autoridad Judicial orden de aprehensión contra este individuo.
El 30 de mayo de este año, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC) a través de la Comisión Nacional Antihomicidio (CONAHO) y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Sergio Morales Buendía, en un domicilio ubicado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.
Este sujeto fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, a disposición de la Autoridad Judicial, quien, tras proceso legal, le dictó esta sentencia.
El Estado de México cuenta con leyes para la debida protección de la vida y trato digno hacia los animales, como lo establecen los artículos 235 Ter y 235 Quater del Código Penal vigente en la entidad mexiquense, disposiciones que contemplan  penalidades de 3 a 6 años de prisión y de 200 a 400 días multa, a quien cause la muerte por cualquier medio y prolongue la agonía de un animal.
INICIA CAPACITACIÓN A MÁS DE 800 OPERADORES JUDICIALES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CNPCyF
Al pronunciar un mensaje, el presidente del PJCDMX, magistrado Rafael Guerra Álvarez, aseguró que se trata de una capacitación con enfoque internacional en el conocimiento y desarrollo de los sistemas de justicia oral.
El curso Reforma a la Justicia Familiar y a la Justicia Civil en las Américas es impartido por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, de la Organización de Estados Americanos.
Ochocientos veinte magistradas, magistrados, jueces, juezas, secretarias y secretarios de acuerdos, así como proyectistas, iniciaron una etapa de capacitación encaminada a implementar el Código Nacional de Proc…
Ponga atención a estos comunidad los mando y no los publica y tampoco Montserrat lecd seguí.iento a las notas como lo dije
Sr si se publiucan acabamos de recibir otro que se publicó hace tres horas
Los de Comunicación social liberan a cualquier hora boletines y ni avisan
A ver si en la semana puedo platicar con usted personalmente.y me regala unos minutos.

Condenan a 5 años a individuo que arrojo a un canino a un recipiente con aceite hirviendo en Tecamac

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Angel Iturralde

Ecatepec, Estado de México, 9 de octubre de 2023.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencia de condena de 5 años, 7 meses y 15 días de prisión para Sergio Morales Buendía, tras quedar acreditada su intervención en el delito de maltrato animal, ya que en mayo pasado arrojó a un canino dentro de un cazo con aceite hirviendo en el municipio de Tecámac.
Con las pruebas recabadas, aportadas y expuestas, la Autoridad Judicial dictó esta sentencia contra el acusado, además le fijó una  multa de 38 mil 902 pesos y la cantidad de 28 mil 217 pesos como reparación del daño moral, a favor del fondo de Protección a los Animales del Estado de México.
Los hechos por los cuales fue sentenciado este individuo ocurrieron el 28 de mayo pasado, cuando ingresó a una carnicería ubicada en el poblado de San Pablo Tecalco del municipio de Tecámac, donde agredió verbalmente al locatario, lo amagó con un instrumento punzocortante y al momento de salir del establecimiento sujetó a uno de los caninos que se encontraban en ese lugar y lo arrojó dentro de un cazo con aceite hirviendo, lo que le ocasionó la muerte.
Derivado de estos hechos que fueron del conocimiento público ya que fueron captados por una cámara de video y difundidos mediante medios de comunicación y redes sociales, la Fiscalía estatal inició una indagatoria por el delito de maltrato animal y obtuvo de la Autoridad Judicial orden de aprehensión contra este individuo.
El 30 de mayo de este año, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC) a través de la Comisión Nacional Antihomicidio (CONAHO) y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Sergio Morales Buendía, en un domicilio ubicado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.
Este sujeto fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, a disposición de la Autoridad Judicial, quien, tras proceso legal, le dictó esta sentencia.
El Estado de México cuenta con leyes para la debida protección de la vida y trato digno hacia los animales, como lo establecen los artículos 235 Ter y 235 Quater del Código Penal vigente en la entidad mexiquense, disposiciones que contemplan  penalidades de 3 a 6 años de prisión y de 200 a 400 días multa, a quien cause la muerte por cualquier medio y prolongue la agonía de un animal.
INICIA CAPACITACIÓN A MÁS DE 800 OPERADORES JUDICIALES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CNPCyF
Al pronunciar un mensaje, el presidente del PJCDMX, magistrado Rafael Guerra Álvarez, aseguró que se trata de una capacitación con enfoque internacional en el conocimiento y desarrollo de los sistemas de justicia oral.
El curso Reforma a la Justicia Familiar y a la Justicia Civil en las Américas es impartido por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, de la Organización de Estados Americanos.
Ochocientos veinte magistradas, magistrados, jueces, juezas, secretarias y secretarios de acuerdos, así como proyectistas, iniciaron una etapa de capacitación encaminada a implementar el Código Nacional de Proc…
Ponga atención a estos comunidad los mando y no los publica y tampoco Montserrat lecd seguí.iento a las notas como lo dije
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Inicia capacitación a más de 800 operadores judiciales para la implementación del CNPCyF

Inicia capacitación a más de 800 operadores judiciales para la implementación del CNPCyF
*Al pronunciar un mensaje, el presidente del PJCDMX, magistrado Rafael Guerra Álvarez, aseguró que se trata de una capacitación con enfoque internacional en el conocimiento y desarrollo de los sistemas de justicia oral.
*El curso Reforma a la Justicia Familiar y a la Justicia Civil en las Américas es impartido por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, de la Organización de Estados Americanos.

Redacción

Ochocientos veinte magistradas, magistrados, jueces, juezas, secretarias y secretarios de acuerdos, así como proyectistas, iniciaron una etapa de capacitación encaminada a implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) con enfoque internacional en el conocimiento y desarrollo de los sistemas de justicia oral, informó el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez.
Al inaugurar los programas de capacitación Reforma a la Justicia de Familia y a la Justicia Civil en las Américas, impartidos por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), de la Organización de Estados Americanos (OEA), Guerra Álvarez afirmó que los servidores públicos participantes tendrán la oportunidad de conocer los estándares internacionales y mejores prácticas procesales a partir de los sistemas jurídicos en otros países.
Con ello, abundó, se nutrirá la experiencia para la aplicación de los principios del juicio oral en cada una de las audiencias y en los casos que serán sometidos al conocimiento de los órganos jurisdiccionales en cuanto comience a aplicarse el CNPCyF.
Guerra Álvarez se congratuló de que el PJCDMX sea el primer órgano de justicia local que accede a una capacitación de este tipo, lo que lo convierte en referente para las otras entidades, las cuales, a través de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), accederán de manera posterior a este modelo de formación.
En su oportunidad, la directora Ejecutiva del CEJA, Nataly Ponce Chauca, dijo que la forma de expresar compromiso con la impartición de justicia es el interés por capacitarse, por eso los cursos dotarán de bibliografía y videoclases que robustezcan el conocimiento jurídico y de gestión. Manifestó que este esfuerzo es mutuo e invitó a las y los participantes a capitalizar el conocimiento para ser referente no sólo en el país, sino en la región, procurando el debido proceso, la celeridad y eficiencia.
La presidenta del Consejo Directivo del CEJA, María Victoria Rivas, señaló que esta capacitación abre un diálogo regional, para analizar críticamente los procesos de reformas y con la entrega de información comparada de América Latina como una forma de incentivar a la reflexión e incorporar nuevas líneas de acción en las que se intercambie y analice datos para avanzar en este nuevo modelo de impartición de justicia que compense la deuda de acceso a la justicia que se tiene con la ciudadanía.
En tanto, la directora General del Instituto de Estudios Judiciales del PJCDMX, Paulina Cal y Mayor, precisó que, junto con la Comisión para la Implementación de la Oralidad Civil, Mercantil y de Extinción de Dominio, y del grupo de trabajo en torno a la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se ha desarrollado un plan de formación para los operadores judiciales; en este caso, se buscó un programa virtual que brindará un panorama más amplio de los procesos modificatorios de las legislaciones en Latinoamérica.
Precisó que el taller dedicado a la materia civil se compone de siete módulos, y el especializado en materia familiar está integrado por cinco fases, con lo que se provee a los alumnos de herramientas que fortalezcan el ejercicio diario de la impartición de justicia.
En representación de la Comisión y el Grupo de Apoyo para la implementación del CNPCyF, el magistrado Marco Antonio Velasco Arredondo expuso que los participantes empezarán un entrenamiento intensivo en torno a simulación de audiencias, el cual les permita la estandarización para la aplicación del citado código, fortalecido desde la teoría y la práctica de políticas públicas internacionales.
En la ceremonia inaugural estuvieron los consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México Esperanza Hernández Valero y Andrés Linares Carranza; los magistrados Lucía Elizondo Téllez, Érika Zepeda García, Yaopol Pérez Amaya Jiménez, Élfego Bautista Pardo y Paul Martín Barba, así como los jueces Angélica Vázquez González, Cristina Espinosa Roselló, Teófilo Abdo Kuri y Francisco Neri Rosales.  

Inicia capacitación a más de 800 operadores judiciales para la implementación del CNPCyF

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Inicia capacitación a más de 800 operadores judiciales para la implementación del CNPCyF
*Al pronunciar un mensaje, el presidente del PJCDMX, magistrado Rafael Guerra Álvarez, aseguró que se trata de una capacitación con enfoque internacional en el conocimiento y desarrollo de los sistemas de justicia oral.
*El curso Reforma a la Justicia Familiar y a la Justicia Civil en las Américas es impartido por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, de la Organización de Estados Americanos.

Redacción

Ochocientos veinte magistradas, magistrados, jueces, juezas, secretarias y secretarios de acuerdos, así como proyectistas, iniciaron una etapa de capacitación encaminada a implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) con enfoque internacional en el conocimiento y desarrollo de los sistemas de justicia oral, informó el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez.
Al inaugurar los programas de capacitación Reforma a la Justicia de Familia y a la Justicia Civil en las Américas, impartidos por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), de la Organización de Estados Americanos (OEA), Guerra Álvarez afirmó que los servidores públicos participantes tendrán la oportunidad de conocer los estándares internacionales y mejores prácticas procesales a partir de los sistemas jurídicos en otros países.
Con ello, abundó, se nutrirá la experiencia para la aplicación de los principios del juicio oral en cada una de las audiencias y en los casos que serán sometidos al conocimiento de los órganos jurisdiccionales en cuanto comience a aplicarse el CNPCyF.
Guerra Álvarez se congratuló de que el PJCDMX sea el primer órgano de justicia local que accede a una capacitación de este tipo, lo que lo convierte en referente para las otras entidades, las cuales, a través de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), accederán de manera posterior a este modelo de formación.
En su oportunidad, la directora Ejecutiva del CEJA, Nataly Ponce Chauca, dijo que la forma de expresar compromiso con la impartición de justicia es el interés por capacitarse, por eso los cursos dotarán de bibliografía y videoclases que robustezcan el conocimiento jurídico y de gestión. Manifestó que este esfuerzo es mutuo e invitó a las y los participantes a capitalizar el conocimiento para ser referente no sólo en el país, sino en la región, procurando el debido proceso, la celeridad y eficiencia.
La presidenta del Consejo Directivo del CEJA, María Victoria Rivas, señaló que esta capacitación abre un diálogo regional, para analizar críticamente los procesos de reformas y con la entrega de información comparada de América Latina como una forma de incentivar a la reflexión e incorporar nuevas líneas de acción en las que se intercambie y analice datos para avanzar en este nuevo modelo de impartición de justicia que compense la deuda de acceso a la justicia que se tiene con la ciudadanía.
En tanto, la directora General del Instituto de Estudios Judiciales del PJCDMX, Paulina Cal y Mayor, precisó que, junto con la Comisión para la Implementación de la Oralidad Civil, Mercantil y de Extinción de Dominio, y del grupo de trabajo en torno a la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se ha desarrollado un plan de formación para los operadores judiciales; en este caso, se buscó un programa virtual que brindará un panorama más amplio de los procesos modificatorios de las legislaciones en Latinoamérica.
Precisó que el taller dedicado a la materia civil se compone de siete módulos, y el especializado en materia familiar está integrado por cinco fases, con lo que se provee a los alumnos de herramientas que fortalezcan el ejercicio diario de la impartición de justicia.
En representación de la Comisión y el Grupo de Apoyo para la implementación del CNPCyF, el magistrado Marco Antonio Velasco Arredondo expuso que los participantes empezarán un entrenamiento intensivo en torno a simulación de audiencias, el cual les permita la estandarización para la aplicación del citado código, fortalecido desde la teoría y la práctica de políticas públicas internacionales.
En la ceremonia inaugural estuvieron los consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México Esperanza Hernández Valero y Andrés Linares Carranza; los magistrados Lucía Elizondo Téllez, Érika Zepeda García, Yaopol Pérez Amaya Jiménez, Élfego Bautista Pardo y Paul Martín Barba, así como los jueces Angélica Vázquez González, Cristina Espinosa Roselló, Teófilo Abdo Kuri y Francisco Neri Rosales.  

División de poderes, fundamento de las naciones democráticas y de derecho

Así lo aseguró el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, magistrado Rafael Guerra Álvarez, al inicio del Diálogo Interamericano sobre la Independencia Judicial

Lino Calderón  

La división de poderes se mantiene como fundamento de las naciones democráticas y de derecho, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien subrayó que el trabajo hombro con hombro con el Ejecutivo y el Legislativo coadyuva a la justicia, la paz y el desarrollo de cada región y país.
Al pronunciar un discurso en el marco del Diálogo Interamericano sobre la Independencia Judicial, advirtió que es entre los poderes judiciales, las barras y colegio de abogados y en la sociedad donde corresponde difundir, defender y enaltecer la independencia de los jueces como única herramienta para la justicia.
Con la presencia de la presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados (Flam), jueza Adriana Orocú, y de la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Margaret Sattenwaite, Guerra Álvarez insistió en que la división en la actividad ejecutiva, legislativa y judicial sienta las bases del orden social, del desarrollo, de las libertades y del respeto a los derechos humanos, principalmente de mujeres, grupos minoritarios y niñas niños y adolescentes.
Recordó que la impartición de justicia es en general un valor de la sociedad que en lo particular queda en manos de los juzgadores, la cual constituye el mayor tesoro con el que cuenta la sociedad para mantener el orden, la paz y la felicidad.
El también presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México abundó en que la tarea de juzgar es tan relevante que, sin ella, no habría control social, equilibrio de poderes ni gobernabilidad.
Ante jueces, expertos en la materia, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y colegios de abogados provenientes de Guatemala, El Salvador, Argentina, Perú, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Estados Unidos y Panamá, dijo confiar en que el resultado del diálogo consolide redes de colaboración entre los impartidores de justicia y la sociedad civil de la región.
La presidenta de la Flam, la jueza Orocú, quien entregó al magistrado Guerra Álvarez un reconocimiento por su labor a favor del fortalecimiento de la judicatura latinoamericana, alertó que en la región la justicia "está siendo lamentablemente avasallada", por lo que hay que luchar todos los días en contra de cualquier poder político, económico o fáctico que busca "torcer la justicia para que no ejecutemos nuestra labor en condiciones independientes".
Por su parte, la relatora en la materia de Naciones Unidas, Margaret Sattenwaite, habló de las formas cómo en el mundo se trata de menoscabar la independencia judicial, y dijo que ante esas amenazas se debe responder porque proteger la labor de los jueces es defender la democracia y los derechos humanos.
A su vez, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajador Joel Hernández García, enfatizó que uno de los pilares de toda democracia es la separación de poderes, la cual se materializa a través de la independencia judicial.
En tanto, el director para Latinoamérica del Vance Center de la Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York, Jaime Chávez Alor, dijo que en esa instancia ven con preocupación el incesante amago a la división de poderes, y planteó que sin independencia judicial no hay garantía de derechos ni certeza jurídica que permita el desarrollo, mucho menos estado de derecho.
A nombre de la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados, su presidente, Víctor Olea, subrayó que esa organización, a nivel internacional, ha emitido firmes posicionamientos en pro de la independencia judicial, lo que ha sido difundido y valorado en todo el país e incluso a nivel internacional, lo que ha permitido obtener el respaldo de organizaciones como la International Bar Association y la American Bar Association.
Durante dos días, a instancia de la Flam, del Vance Center de la Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York y de la Conatrib, se dialogará sobre aspectos relativos a ataques a la independencia judicial, mecanismos internacionales para proteger la independencia judicial, estrategias de comunicación y legitimidad de la judicatura frente a la sociedad, entre otros.

División de poderes, fundamento de las naciones democráticas y de derecho

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Así lo aseguró el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, magistrado Rafael Guerra Álvarez, al inicio del Diálogo Interamericano sobre la Independencia Judicial

Lino Calderón  

La división de poderes se mantiene como fundamento de las naciones democráticas y de derecho, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien subrayó que el trabajo hombro con hombro con el Ejecutivo y el Legislativo coadyuva a la justicia, la paz y el desarrollo de cada región y país.
Al pronunciar un discurso en el marco del Diálogo Interamericano sobre la Independencia Judicial, advirtió que es entre los poderes judiciales, las barras y colegio de abogados y en la sociedad donde corresponde difundir, defender y enaltecer la independencia de los jueces como única herramienta para la justicia.
Con la presencia de la presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados (Flam), jueza Adriana Orocú, y de la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Margaret Sattenwaite, Guerra Álvarez insistió en que la división en la actividad ejecutiva, legislativa y judicial sienta las bases del orden social, del desarrollo, de las libertades y del respeto a los derechos humanos, principalmente de mujeres, grupos minoritarios y niñas niños y adolescentes.
Recordó que la impartición de justicia es en general un valor de la sociedad que en lo particular queda en manos de los juzgadores, la cual constituye el mayor tesoro con el que cuenta la sociedad para mantener el orden, la paz y la felicidad.
El también presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México abundó en que la tarea de juzgar es tan relevante que, sin ella, no habría control social, equilibrio de poderes ni gobernabilidad.
Ante jueces, expertos en la materia, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y colegios de abogados provenientes de Guatemala, El Salvador, Argentina, Perú, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Estados Unidos y Panamá, dijo confiar en que el resultado del diálogo consolide redes de colaboración entre los impartidores de justicia y la sociedad civil de la región.
La presidenta de la Flam, la jueza Orocú, quien entregó al magistrado Guerra Álvarez un reconocimiento por su labor a favor del fortalecimiento de la judicatura latinoamericana, alertó que en la región la justicia "está siendo lamentablemente avasallada", por lo que hay que luchar todos los días en contra de cualquier poder político, económico o fáctico que busca "torcer la justicia para que no ejecutemos nuestra labor en condiciones independientes".
Por su parte, la relatora en la materia de Naciones Unidas, Margaret Sattenwaite, habló de las formas cómo en el mundo se trata de menoscabar la independencia judicial, y dijo que ante esas amenazas se debe responder porque proteger la labor de los jueces es defender la democracia y los derechos humanos.
A su vez, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajador Joel Hernández García, enfatizó que uno de los pilares de toda democracia es la separación de poderes, la cual se materializa a través de la independencia judicial.
En tanto, el director para Latinoamérica del Vance Center de la Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York, Jaime Chávez Alor, dijo que en esa instancia ven con preocupación el incesante amago a la división de poderes, y planteó que sin independencia judicial no hay garantía de derechos ni certeza jurídica que permita el desarrollo, mucho menos estado de derecho.
A nombre de la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados, su presidente, Víctor Olea, subrayó que esa organización, a nivel internacional, ha emitido firmes posicionamientos en pro de la independencia judicial, lo que ha sido difundido y valorado en todo el país e incluso a nivel internacional, lo que ha permitido obtener el respaldo de organizaciones como la International Bar Association y la American Bar Association.
Durante dos días, a instancia de la Flam, del Vance Center de la Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York y de la Conatrib, se dialogará sobre aspectos relativos a ataques a la independencia judicial, mecanismos internacionales para proteger la independencia judicial, estrategias de comunicación y legitimidad de la judicatura frente a la sociedad, entre otros.

Cofece firma convenio de coordinación con el Gobierno de Quintana Roo para promover la competencia económica

* En el marco de este convenio de coordinación, se implementarán diversas acciones para difundir los beneficios de la competencia económica y libre concurrencia en el estado/  Al conocer los beneficios de la competencia económica, la sociedad, el sector empresarial y el gobierno podrán impulsarlos en beneficio de la población quintanarroense.
Lino Calderón 

En el marco de la estrategia Competencia en tu estado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece o Comisión) y el Gobierno de Quintana Roo firmaron un convenio de coordinación a través del cual se implementarán diversas acciones para promover y fortalecer la competencia económica y la libre concurrencia, en beneficio de la economía del estado, de sus más de 65 mil empresas, así como de sus casi dos millones de habitantes.
Durante la firma del convenio, la comisionada presidenta, Andrea Marván, señaló que la Comisión está trabajando para que los beneficios de la política de competencia económica tengan un mayor impacto para toda la población, por ello se promueve el diálogo con las autoridades estatales para encontrar puntos de contacto entre la agenda pública estatal y la política de competencia.
Por su parte, la gobernadora del estado, Mara Lezama, indicó que la colaboración con la Cofece será fundamental para acortar las brechas y desigualdades que existen en Quintana Roo, así como para garantizar que todos los agentes económicos tengan oportunidades de acceso al libre mercado. Asimismo, señaló que este convenio permitirá que la competencia en el estado sea más justa y eficaz para fortalecer su economía y hacer llegar los beneficios a las familias quintanarroenses.
Con este convenio de coordinación, la Cofece y el Gobierno de Quintana Roo llevarán a cabo diversas acciones, como cursos de capacitación, conferencias, talleres y asesorías, con el objetivo de potenciar los beneficios de la competencia económica para las y los quintanarroenses con mejores precios y una mayor variedad de bienes y servicios. Asimismo, la Comisión, en el ámbito de sus atribuciones, contribuirá al análisis de actos y proyectos normativos del estado de Quintana Roo para impulsar los principios de la libre concurrencia y competencia económica en la política pública y regulación de la entidad. Además, esta colaboración fortalecerá la detección oportuna de conductas anticompetitivas.
Para la Cofece la colaboración con gobiernos, instituciones y organismos locales y nacionales es una de sus prioridades, ya que a través de esta se contribuye a que los beneficios de la competencia económica lleguen de manera más efectiva a toda la población del país, en especial a los sectores más vulnerables.

Cofece firma convenio de coordinación con el Gobierno de Quintana Roo para promover la competencia económica

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* En el marco de este convenio de coordinación, se implementarán diversas acciones para difundir los beneficios de la competencia económica y libre concurrencia en el estado/  Al conocer los beneficios de la competencia económica, la sociedad, el sector empresarial y el gobierno podrán impulsarlos en beneficio de la población quintanarroense.
Lino Calderón 

En el marco de la estrategia Competencia en tu estado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece o Comisión) y el Gobierno de Quintana Roo firmaron un convenio de coordinación a través del cual se implementarán diversas acciones para promover y fortalecer la competencia económica y la libre concurrencia, en beneficio de la economía del estado, de sus más de 65 mil empresas, así como de sus casi dos millones de habitantes.
Durante la firma del convenio, la comisionada presidenta, Andrea Marván, señaló que la Comisión está trabajando para que los beneficios de la política de competencia económica tengan un mayor impacto para toda la población, por ello se promueve el diálogo con las autoridades estatales para encontrar puntos de contacto entre la agenda pública estatal y la política de competencia.
Por su parte, la gobernadora del estado, Mara Lezama, indicó que la colaboración con la Cofece será fundamental para acortar las brechas y desigualdades que existen en Quintana Roo, así como para garantizar que todos los agentes económicos tengan oportunidades de acceso al libre mercado. Asimismo, señaló que este convenio permitirá que la competencia en el estado sea más justa y eficaz para fortalecer su economía y hacer llegar los beneficios a las familias quintanarroenses.
Con este convenio de coordinación, la Cofece y el Gobierno de Quintana Roo llevarán a cabo diversas acciones, como cursos de capacitación, conferencias, talleres y asesorías, con el objetivo de potenciar los beneficios de la competencia económica para las y los quintanarroenses con mejores precios y una mayor variedad de bienes y servicios. Asimismo, la Comisión, en el ámbito de sus atribuciones, contribuirá al análisis de actos y proyectos normativos del estado de Quintana Roo para impulsar los principios de la libre concurrencia y competencia económica en la política pública y regulación de la entidad. Además, esta colaboración fortalecerá la detección oportuna de conductas anticompetitivas.
Para la Cofece la colaboración con gobiernos, instituciones y organismos locales y nacionales es una de sus prioridades, ya que a través de esta se contribuye a que los beneficios de la competencia económica lleguen de manera más efectiva a toda la población del país, en especial a los sectores más vulnerables.