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Dueños de restaurantes acusados de proteger migrantes  en EEUU
*Fiscales federales de Missouri han acusado a 19 dueños y gerentes de restaurantes de montar una organización delictiva para emplear inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
Lino Calderón 

En un hecho inaudito y discriminativo Fiscales federales de Missouri han acusado a 19 dueños y gerentes de restaurantes —residentes la mayoría en Missouri, Kansas y Oklahoma— de montar una organización delictiva para emplear inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
Las acusaciones fueron dadas a conocer el miércoles incluyen fraude, asociación ilícita para el lavado de dinero y uso ilegal de números del seguro social. Agentes del departamento de Seguridad Nacional allanaron 10 locales en Missouri, Kansas y Oklahoma, y arrestaron a 14 de los 19 acusados.
En un escandaloso operativo agentes del departamento de Seguridad Nacional allanaron 10 locales en Missouri, Kansas y Oklahoma, y arrestaron a 14 de los 19 acusados.
Quedaron implicados en el caso 45 restaurantes mexicanos en varios estados que utilizaron los servicios de la agencia de empleos Specialty Foods Distribution, con sede en Joplin, Missouri, y otra filial. Según los fiscales, a lo largo de casi 20 años la empresa proveyó a los restaurantes de personas no autorizadas a trabajar en Estados Unidos.
El acta de acusación identifica a José Luis Bravo, de Claremore, Oklahoma, dueño de Specialty Foods Distribution, como cabecilla de la operación. Los intentos de contactar a Bravo a través de su empresa el jueves por la mañana resultaron infructuosos, lo mismo que el intento de dejarle un mensaje de voz. 
El operativo judicial comenzó a partir de una investigación del Departamento de Trabajo de Kansas sobre las condiciones de empleo en el negocio Bravos Mexican Grill en Overland Park, Kansas, según los fiscales.
Bravo y otros están acusados de proveer documentación falsa a los empleados y enviar esa información a las agencias estatales y federales. También se los acusa de ayudar a organizar el cruce ilegal de la frontera méxico-estadounidense por los migrantes para que trabajen en los restaurantes. 
El empresario José Luis Bravo tiene acusaciones de crimen organizado por contratar migrantes indocumentados para trabajar en una cadena de restaurantes en el medio Oeste de Estados Unidos.
Días después Agentes federales detuvieron a Bravo y se encuentra bajo custodia de los US Marshals al tener acusaciones por ser líder de una "empresa delictiva organizada" que hizo arreglos para traer a indocumentados de México y Centroamérica y contratarlos.
Se contrató a los indocumentados para trabajar en una cadena de restaurantes mexicanos a cambio de un pago mínimo.
La Fiscalía decidió encasillar este caso como una violación a la Ley contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, conocida como RICO por sus siglas en inglés.
Esta permite procesar a los líderes de un grupo delictivo como parte de una conspiración.
Debido a ello, Bravo de 51 años, enfrenta 17 cargos criminales por los cuales podría recibir una condena de hasta 128 años de prisión y deberá pagar una multa de 2.5 millones de dólares.
José Luis Bravo es dueño de la empresa Specialty Food Distribution que distribuye alimentos y suministros para restaurantes.
Contrataba mexicanos, salvadoreños y guatemaltecos, no les pagana el sueldo mínimo, ni las horas extra y evadía impuestos estatales y federales.
Para que no lo descubrieran daba alojamiento y transporte a los trabajadores y les ayudaban a tramitar documentos falsos.
Además, Bravo tenía un grupo de restaurantes registrado como 'Bravos Group' que incluyen negocios como El Charro, El Carrito, Playa Azul, Cantina Bravo y El Chango.
Varios de estos lugares emplearon a inmigrantes indocumentados incluso después de las inspecciones del Servicio de inmigración y Aduanas (ICE).
Investigación
Los fiscales identificaron 45 restaurantes que recibieron bienes y servicios de Specialty Food Distribution.
Además de otra empresa llamada Intel Solutions que se creó tras inspecciones federales que verificaron que varios empleados no tenían permisos de trabajo.
Hasta el momento las autoridades han detenido a 14 de los 19 acusados y todos enfrentan una serie de cargos incluyendo crimen organizado, lavado de dinero y fraude.

Dueños de restaurantes acusados de proteger migrantes en EEUU, 14 son detenidos

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Dueños de restaurantes acusados de proteger migrantes  en EEUU
*Fiscales federales de Missouri han acusado a 19 dueños y gerentes de restaurantes de montar una organización delictiva para emplear inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
Lino Calderón 

En un hecho inaudito y discriminativo Fiscales federales de Missouri han acusado a 19 dueños y gerentes de restaurantes —residentes la mayoría en Missouri, Kansas y Oklahoma— de montar una organización delictiva para emplear inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
Las acusaciones fueron dadas a conocer el miércoles incluyen fraude, asociación ilícita para el lavado de dinero y uso ilegal de números del seguro social. Agentes del departamento de Seguridad Nacional allanaron 10 locales en Missouri, Kansas y Oklahoma, y arrestaron a 14 de los 19 acusados.
En un escandaloso operativo agentes del departamento de Seguridad Nacional allanaron 10 locales en Missouri, Kansas y Oklahoma, y arrestaron a 14 de los 19 acusados.
Quedaron implicados en el caso 45 restaurantes mexicanos en varios estados que utilizaron los servicios de la agencia de empleos Specialty Foods Distribution, con sede en Joplin, Missouri, y otra filial. Según los fiscales, a lo largo de casi 20 años la empresa proveyó a los restaurantes de personas no autorizadas a trabajar en Estados Unidos.
El acta de acusación identifica a José Luis Bravo, de Claremore, Oklahoma, dueño de Specialty Foods Distribution, como cabecilla de la operación. Los intentos de contactar a Bravo a través de su empresa el jueves por la mañana resultaron infructuosos, lo mismo que el intento de dejarle un mensaje de voz. 
El operativo judicial comenzó a partir de una investigación del Departamento de Trabajo de Kansas sobre las condiciones de empleo en el negocio Bravos Mexican Grill en Overland Park, Kansas, según los fiscales.
Bravo y otros están acusados de proveer documentación falsa a los empleados y enviar esa información a las agencias estatales y federales. También se los acusa de ayudar a organizar el cruce ilegal de la frontera méxico-estadounidense por los migrantes para que trabajen en los restaurantes. 
El empresario José Luis Bravo tiene acusaciones de crimen organizado por contratar migrantes indocumentados para trabajar en una cadena de restaurantes en el medio Oeste de Estados Unidos.
Días después Agentes federales detuvieron a Bravo y se encuentra bajo custodia de los US Marshals al tener acusaciones por ser líder de una "empresa delictiva organizada" que hizo arreglos para traer a indocumentados de México y Centroamérica y contratarlos.
Se contrató a los indocumentados para trabajar en una cadena de restaurantes mexicanos a cambio de un pago mínimo.
La Fiscalía decidió encasillar este caso como una violación a la Ley contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, conocida como RICO por sus siglas en inglés.
Esta permite procesar a los líderes de un grupo delictivo como parte de una conspiración.
Debido a ello, Bravo de 51 años, enfrenta 17 cargos criminales por los cuales podría recibir una condena de hasta 128 años de prisión y deberá pagar una multa de 2.5 millones de dólares.
José Luis Bravo es dueño de la empresa Specialty Food Distribution que distribuye alimentos y suministros para restaurantes.
Contrataba mexicanos, salvadoreños y guatemaltecos, no les pagana el sueldo mínimo, ni las horas extra y evadía impuestos estatales y federales.
Para que no lo descubrieran daba alojamiento y transporte a los trabajadores y les ayudaban a tramitar documentos falsos.
Además, Bravo tenía un grupo de restaurantes registrado como 'Bravos Group' que incluyen negocios como El Charro, El Carrito, Playa Azul, Cantina Bravo y El Chango.
Varios de estos lugares emplearon a inmigrantes indocumentados incluso después de las inspecciones del Servicio de inmigración y Aduanas (ICE).
Investigación
Los fiscales identificaron 45 restaurantes que recibieron bienes y servicios de Specialty Food Distribution.
Además de otra empresa llamada Intel Solutions que se creó tras inspecciones federales que verificaron que varios empleados no tenían permisos de trabajo.
Hasta el momento las autoridades han detenido a 14 de los 19 acusados y todos enfrentan una serie de cargos incluyendo crimen organizado, lavado de dinero y fraude.

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AMLO anuncia una Comisión de 
la Verdad por la Guerra Sucia
*El presidente recibió en Palacio Nacional a familiares de víctimas durante el día internacional de desapariciones forzadas.
Redacción 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una Comisión Presidencial de Verdad, Justicia, Reparación, Memoria y No Repetición de los casos de "guerra sucia" en México. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario informó que así se acordó con familiares y sobrevivientes de la denominada "guerra sucia" que se presentó en varios estados del país, principalmente en Guerrero.
"Hoy que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas nos reunimos con familiares y sobrevivientes de la guerra sucia. Llegamos al acuerdo de crear una comisión presidencial de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición", escribió el presidente.
Al encuentro asistieron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Al final de la reunión Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, un líder social de Atoyac de Álvarez detenido y desaparecido en la Guerra Sucia, señaló que el Presidente se comprometió a la búsqueda y localización de nuestros desparecidos de aquel momento.
Sánchez Cordero deja Gobernación y regresa al Senado para presidir la Mesa Directiva
Más tarde, el subsecretario Encinas Rodríguez, presidió un acto para darle la bienvenida a las personas integrantes del Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). Recordó que en mayo de 2019, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno de México escuchó propuestas de la sociedad civil y de familiares de víctimas para crear un mecanismo como el presentado aquí y atender la emergencia humanitaria que vive el país.
Encinas subrayó la importancia de "garantizar los recursos presupuestales, materiales, de infraestructura y humanos que se requieran para su cumplimiento" y destacó que derivado del trabajo conjunto entre sociedad civil, familias, diversas instituciones de la administración federal, Poder Judicial y órganos internacionales se aprobó el 5 de diciembre de ese año el Acuerdo con el que se crea el mecanismo extraordinario forense, cuyo fin es "practicar peritajes pertinentes sobre cuerpos o restos óseos no identificados".
"Dentro de los alcances que nos hemos propuesto en este mecanismo, señala que éste actuará en la realización de peritajes multidisciplinarios con cuerpos que se encuentren en rezago de identificación cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados, aplicando los estándares internacionales y protocolos nacionales que incluyan las mejores prácticas en la materia, siempre con la participación activa, sustantiva y permanente de las familias", dijo.

AMLO anuncia una Comisión de la Verdad por la Guerra Sucia

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AMLO anuncia una Comisión de 
la Verdad por la Guerra Sucia
*El presidente recibió en Palacio Nacional a familiares de víctimas durante el día internacional de desapariciones forzadas.
Redacción 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una Comisión Presidencial de Verdad, Justicia, Reparación, Memoria y No Repetición de los casos de "guerra sucia" en México. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario informó que así se acordó con familiares y sobrevivientes de la denominada "guerra sucia" que se presentó en varios estados del país, principalmente en Guerrero.
"Hoy que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas nos reunimos con familiares y sobrevivientes de la guerra sucia. Llegamos al acuerdo de crear una comisión presidencial de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición", escribió el presidente.
Al encuentro asistieron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Al final de la reunión Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, un líder social de Atoyac de Álvarez detenido y desaparecido en la Guerra Sucia, señaló que el Presidente se comprometió a la búsqueda y localización de nuestros desparecidos de aquel momento.
Sánchez Cordero deja Gobernación y regresa al Senado para presidir la Mesa Directiva
Más tarde, el subsecretario Encinas Rodríguez, presidió un acto para darle la bienvenida a las personas integrantes del Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). Recordó que en mayo de 2019, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno de México escuchó propuestas de la sociedad civil y de familiares de víctimas para crear un mecanismo como el presentado aquí y atender la emergencia humanitaria que vive el país.
Encinas subrayó la importancia de "garantizar los recursos presupuestales, materiales, de infraestructura y humanos que se requieran para su cumplimiento" y destacó que derivado del trabajo conjunto entre sociedad civil, familias, diversas instituciones de la administración federal, Poder Judicial y órganos internacionales se aprobó el 5 de diciembre de ese año el Acuerdo con el que se crea el mecanismo extraordinario forense, cuyo fin es "practicar peritajes pertinentes sobre cuerpos o restos óseos no identificados".
"Dentro de los alcances que nos hemos propuesto en este mecanismo, señala que éste actuará en la realización de peritajes multidisciplinarios con cuerpos que se encuentren en rezago de identificación cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados, aplicando los estándares internacionales y protocolos nacionales que incluyan las mejores prácticas en la materia, siempre con la participación activa, sustantiva y permanente de las familias", dijo.

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