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Con esta estrategia México ahorrará más de 100 millones de dólares
En un proceso sin precedentes en el mercado internacional del gas LP, Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) llevó a cabo con éxito la subasta en reversa para compra de gas licuado del petróleo en el exterior, estrategia que le permitirá a México ahorros por más de 100 millones de dólares en los contratos multianuales durante el periodo comprendido de abril de 2012 a marzo de 2013.
La empresa ganadora fue Petredec Ltd.
Como parte del nuevo marco estratégico de gestión y de transparencia en la contratación, este novedoso proceso fue realizado por la filial de Pemex Gas, MGI Trading Ltd. y por Regional Market Makers (Aklara), despertando gran interés entre más de 40 empresas, de las cuales 32 quedaron registradas, luego de cumplir con todos los requisitos establecidos en la convocatoria.
Con la participación de cinco empresas que decidieron apostarle a este novedoso esquema, MGI Trading Ltd. obtuvo ahorros para Pemex Gas del 31 por ciento respecto a las cotizaciones iniciales que los participantes enviaron el pasado 26 de octubre.
Cabe hacer notar que en un ejercicio de transparencia, PGPB llevó a cabo del 12 al 18 de octubre el foro electrónico de preguntas y respuestas, en donde se recibieron y contestaron 18 preguntas formuladas por los participantes registrados.
La mecánica de la subasta en reversa fue la siguiente:
PGPB fijó un valor base al gas licuado del petróleo para iniciar la puja de las empresas interesadas hasta llegar a la mejor oferta.
El ganador de la subasta fue la empresa que ofreció la mejor oferta de cada lote subastado, la cual correspondió al menor costo comercial en el destino de entrega.
Este proceso permitió a Pemex Gas obtener la combinación de precios más competitivos de entre todos sus posibles proveedores.
Cabe resaltar que este mecanismo asegura una absoluta transparencia en la puja y los mejores precios para el Estado.
El combustible será entregado a través de la Terminal Marítima de Pajaritos, Veracruz, en el Golfo de México, y en la terminal de Topolobampo, Sinaloa, por el Pacífico.
Como se informó oportunamente, MGI Trading Ltd. y la empresa especializada en estos procesos -Aklara- dieron a conocer el pasado 12 de octubre los requerimientos para la presentación de propuestas para la compra de gas LP, en un volumen que va de las 228 mil a las 952 mil toneladas métricas.
Además de generar un importante ahorro en las operaciones de importación de gas LP transportado por vía marítima, con esta nueva estrategia PGPB cumple con la meta de garantizar una absoluta transparencia en las compras del exterior de dicho hidrocarburo.
De este modo, Pemex Gas y Petroquímica Básica obtendrá mejores oportunidades dentro del mercado internacional y mayores beneficios para México.

Realiza Pemex Gas exitosa subasta en reversa para la compra de gas LP de importación

Posted by LINO CALDERON No comments

Con esta estrategia México ahorrará más de 100 millones de dólares
En un proceso sin precedentes en el mercado internacional del gas LP, Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) llevó a cabo con éxito la subasta en reversa para compra de gas licuado del petróleo en el exterior, estrategia que le permitirá a México ahorros por más de 100 millones de dólares en los contratos multianuales durante el periodo comprendido de abril de 2012 a marzo de 2013.
La empresa ganadora fue Petredec Ltd.
Como parte del nuevo marco estratégico de gestión y de transparencia en la contratación, este novedoso proceso fue realizado por la filial de Pemex Gas, MGI Trading Ltd. y por Regional Market Makers (Aklara), despertando gran interés entre más de 40 empresas, de las cuales 32 quedaron registradas, luego de cumplir con todos los requisitos establecidos en la convocatoria.
Con la participación de cinco empresas que decidieron apostarle a este novedoso esquema, MGI Trading Ltd. obtuvo ahorros para Pemex Gas del 31 por ciento respecto a las cotizaciones iniciales que los participantes enviaron el pasado 26 de octubre.
Cabe hacer notar que en un ejercicio de transparencia, PGPB llevó a cabo del 12 al 18 de octubre el foro electrónico de preguntas y respuestas, en donde se recibieron y contestaron 18 preguntas formuladas por los participantes registrados.
La mecánica de la subasta en reversa fue la siguiente:
PGPB fijó un valor base al gas licuado del petróleo para iniciar la puja de las empresas interesadas hasta llegar a la mejor oferta.
El ganador de la subasta fue la empresa que ofreció la mejor oferta de cada lote subastado, la cual correspondió al menor costo comercial en el destino de entrega.
Este proceso permitió a Pemex Gas obtener la combinación de precios más competitivos de entre todos sus posibles proveedores.
Cabe resaltar que este mecanismo asegura una absoluta transparencia en la puja y los mejores precios para el Estado.
El combustible será entregado a través de la Terminal Marítima de Pajaritos, Veracruz, en el Golfo de México, y en la terminal de Topolobampo, Sinaloa, por el Pacífico.
Como se informó oportunamente, MGI Trading Ltd. y la empresa especializada en estos procesos -Aklara- dieron a conocer el pasado 12 de octubre los requerimientos para la presentación de propuestas para la compra de gas LP, en un volumen que va de las 228 mil a las 952 mil toneladas métricas.
Además de generar un importante ahorro en las operaciones de importación de gas LP transportado por vía marítima, con esta nueva estrategia PGPB cumple con la meta de garantizar una absoluta transparencia en las compras del exterior de dicho hidrocarburo.
De este modo, Pemex Gas y Petroquímica Básica obtendrá mejores oportunidades dentro del mercado internacional y mayores beneficios para México.

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MÉXICO INMERSO EN LA CORRUPCIÓN
Procesan casos desatendidos por el gobierno federal
Ombudsman, lento y sin dientes…Durante el primer semestre de este año se han registrado más de seis mil denuncias por violación a las garantías individuales, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha realizado muy pocas observaciones, porque no están calificadas como delito grave. Manuel Cadena Morales, en su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados precisa que la violación a las garantías individuales en México no es un delito grave, por lo que la CNDH sólo hace observaciones cuando hay violaciones a estos.
Y expuso además que ante los próximos comicios federales, se corre el riesgo de utilizar el tema de seguridad con fines electorales, ya que se puede emplear la muerte de 50 mil personas para que se lleve a las autoridades encargadas de seguridad ante la Corte Interamericana.
En el foro “Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad” Luis Moreno Ocampo, Baltasar Garzón y Dolores Delgado, especialistas internacionales en la materia coincidieron en la necesidad de implementar políticas públicas para combatir al crimen organizado, así como la colaboración con otros países por ser un problema de índole internacional.
El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Ocampo, se refirió a la importancia de hacer más rápida y eficiente la justicia no sólo para castigar, sino para frenar la violencia global con respeto a los derechos humanos, para limitar las acciones violentas del crimen organizado.
Mientras que para el juez español, Baltasar Garzón, la estrategia de seguridad debe tener como prioridad el combate a la corrupción y debe estar focalizada con acciones concretas, integrales, con ética, legalidad y eficacia, con apoyo de instituciones y sociedad para evitar que haya acciones dispersas.
Dolores Delgado García quien actualmente ocupa la cartera de combate al terrorismo internacional y ha consideró que la renuncia del Estado a los valores seculares en la lucha contra las mafias, constituye la primera victoria del crimen organizado. Pero el asunto dará todavía para más que unas opiniones.

DIPUTADO CADENA MORALES ACOMPAÑÓ A FISCAL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

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MÉXICO INMERSO EN LA CORRUPCIÓN
Procesan casos desatendidos por el gobierno federal
Ombudsman, lento y sin dientes…Durante el primer semestre de este año se han registrado más de seis mil denuncias por violación a las garantías individuales, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha realizado muy pocas observaciones, porque no están calificadas como delito grave. Manuel Cadena Morales, en su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados precisa que la violación a las garantías individuales en México no es un delito grave, por lo que la CNDH sólo hace observaciones cuando hay violaciones a estos.
Y expuso además que ante los próximos comicios federales, se corre el riesgo de utilizar el tema de seguridad con fines electorales, ya que se puede emplear la muerte de 50 mil personas para que se lleve a las autoridades encargadas de seguridad ante la Corte Interamericana.
En el foro “Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad” Luis Moreno Ocampo, Baltasar Garzón y Dolores Delgado, especialistas internacionales en la materia coincidieron en la necesidad de implementar políticas públicas para combatir al crimen organizado, así como la colaboración con otros países por ser un problema de índole internacional.
El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Ocampo, se refirió a la importancia de hacer más rápida y eficiente la justicia no sólo para castigar, sino para frenar la violencia global con respeto a los derechos humanos, para limitar las acciones violentas del crimen organizado.
Mientras que para el juez español, Baltasar Garzón, la estrategia de seguridad debe tener como prioridad el combate a la corrupción y debe estar focalizada con acciones concretas, integrales, con ética, legalidad y eficacia, con apoyo de instituciones y sociedad para evitar que haya acciones dispersas.
Dolores Delgado García quien actualmente ocupa la cartera de combate al terrorismo internacional y ha consideró que la renuncia del Estado a los valores seculares en la lucha contra las mafias, constituye la primera victoria del crimen organizado. Pero el asunto dará todavía para más que unas opiniones.

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MEDIDAS PRECAUTORIAS ANTE LAS AMENAZAS DIRIGIDAS A LA PERIODISTA OLGA WORNAT
Ante los hechos de amenaza denunciados por la periodista Olga Wornat en medios de comunicación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió medidas precautorias a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF), con el fin de que se garantice la seguridad de la periodista, de su familia y de su asistente, en caso de encontrarse en la ciudad de México, y que se realicen las investigaciones conducentes de manera expedita.
Lo anterior se formuló con base en la denuncia que hizo la periodista durante una entrevista en un noticiero matutino, donde señaló haber sufrido amenazas en su contra, en contra de su hija y de su asistente. Indicó que el hostigamiento comenzó hace dos meses a través de correos electrónicos muy violentos y de llamadas telefónicas.
Hizo notar que el contenido de los mensajes le advierten de forma agresiva y violenta que deje de escribir, haciendo alusión al daño que puede sufrir ella y su familia. La periodista advierte que los mensajes contienen información que sólo ella y su familia conocen, por lo que presume que sus teléfonos y sus cuentas de correo electrónico están intervenidos.
No obstante lo anterior, también su asistente ha recibido amenazas muy agresivas que dan cuenta de que lo han mantenido bajo constante vigilancia, e incluso han intentado vulnerar su integridad física, ya que según relató, sufrió un accidente en la vía pública.
A consideración de la escritora, este conjunto de agresiones responde a la próxima publicación de su libro sobre la administración federal, que saldrá en enero del año entrante.
La trayectoria de Olga Wornat ha dado cuenta de una postura crítica y de denuncia, muestra de ello son sus libros titulados La Jefa: Vida pública y privada de Marta Sahagún de Fox y Crónicas Malditas, el cual propició que el Congreso de la Unión abriera una investigación.
Esta CDHDF expresa su indignación y condena ante hechos que atentan contra la libertad de expresión, contra la sociedad y el proceso democrático en el país.
Hace énfasis en la urgencia de adoptar una política integral de prevención, protección y procuración de justicia, como medio para dar una respuesta eficaz por parte del Estado mexicano, como lo han resaltado los relatores de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano para la Libertad de Expresión, con base en su visita de trabajo en México.

LA CDHDF EMITE MEDIDAS PRECAUTORIAS ANTE LAS AMENAZAS DIRIGIDAS A LA PERIODISTA OLGA WORNAT

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MEDIDAS PRECAUTORIAS ANTE LAS AMENAZAS DIRIGIDAS A LA PERIODISTA OLGA WORNAT
Ante los hechos de amenaza denunciados por la periodista Olga Wornat en medios de comunicación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió medidas precautorias a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF), con el fin de que se garantice la seguridad de la periodista, de su familia y de su asistente, en caso de encontrarse en la ciudad de México, y que se realicen las investigaciones conducentes de manera expedita.
Lo anterior se formuló con base en la denuncia que hizo la periodista durante una entrevista en un noticiero matutino, donde señaló haber sufrido amenazas en su contra, en contra de su hija y de su asistente. Indicó que el hostigamiento comenzó hace dos meses a través de correos electrónicos muy violentos y de llamadas telefónicas.
Hizo notar que el contenido de los mensajes le advierten de forma agresiva y violenta que deje de escribir, haciendo alusión al daño que puede sufrir ella y su familia. La periodista advierte que los mensajes contienen información que sólo ella y su familia conocen, por lo que presume que sus teléfonos y sus cuentas de correo electrónico están intervenidos.
No obstante lo anterior, también su asistente ha recibido amenazas muy agresivas que dan cuenta de que lo han mantenido bajo constante vigilancia, e incluso han intentado vulnerar su integridad física, ya que según relató, sufrió un accidente en la vía pública.
A consideración de la escritora, este conjunto de agresiones responde a la próxima publicación de su libro sobre la administración federal, que saldrá en enero del año entrante.
La trayectoria de Olga Wornat ha dado cuenta de una postura crítica y de denuncia, muestra de ello son sus libros titulados La Jefa: Vida pública y privada de Marta Sahagún de Fox y Crónicas Malditas, el cual propició que el Congreso de la Unión abriera una investigación.
Esta CDHDF expresa su indignación y condena ante hechos que atentan contra la libertad de expresión, contra la sociedad y el proceso democrático en el país.
Hace énfasis en la urgencia de adoptar una política integral de prevención, protección y procuración de justicia, como medio para dar una respuesta eficaz por parte del Estado mexicano, como lo han resaltado los relatores de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano para la Libertad de Expresión, con base en su visita de trabajo en México.

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Abusos cometidos por integrantes del ejército deben juzgarse en tribunales civiles.
Las sentencias dictadas a 14 integrantes del ejército mexicano por el asesinato de cinco civiles en 2007 es un importante avance hacia la justicia. Sin embargo, estos casos deben ser juzgados en tribunales civiles y no militares, afirmó hoy Amnistía Internacional.
La secretaría de la defensa (SEDENA) anunció ayer que una corte marcial había impuesto sentencias de entre 16 a 40 años de prisión a integrantes del ejército con relación al asesinato de dos mujeres y tres niños, quienes no se detuvieron en un retén militar en el estado de Sinaloa.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de 6,000 quejas de abusos a los derechos humanos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas desde finales de 2006. Sin embargo, son infrecuentes los juicios y sentencias a militares.
“Es positivo que los responsables de este crimen en particular hayan sido identificados y procesados. Sin embargo, serias dudas continúan con respecto a los pormenores de sus sentencias” ha dicho hoy Susan Lee, Directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Por ejemplo, dada la naturaleza poco transparente del sistema de justicia militar en México, no sabemos mayores detalles del caso o por cuánto tiempo estos hombres realmente permanecerán en prisión”
De acuerdo a autoridades militares, previamente a estas sentencias tan solo dos funcionarios del ejército han sido sentenciados por abusos contra civiles desde que el presidente Felipe Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006. Hasta el momento, todos los casos relacionados con presuntos abusos por parte de las fuerzas armadas han sido procesados a través del sistema de justicia militar.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha emitido una serie de sentencias en contra de México ordenando que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas en instancias civiles. A principios de año, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) determinó que los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas deberían estar fuera de la jurisdicción militar. Hasta el momento no hay evidencia de que esto esté sucediendo.
La administración del presidente Felipe Calderón ha dependido de las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado, incluyendo a los fuertemente armados carteles. Desde 2006 ha habido un alarmante incremento en el número de reportes de abusos a los derechos humanos cometidos por integrantes de estas fuerzas.
“Con la única excepción de estos pocos casos, el sistema de justicia militar ha fallado consistentemente en brindar justicia a las víctimas de estos abusos y hacer rendir cuentas a los responsables, conduciendo esto a un clima de impunidad”, dijo Susan Lee. “Es tiempo de que las autoridades mexicanas den cumplimiento a las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia trasladando las investigaciones y procesos judiciales de abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas a instancias civiles” agregó.

ABUSOS POR INTEGRANTES DEL EJÉRCITO DEBEN JUZGARSE EN TRIBUNALES CIVILES

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Abusos cometidos por integrantes del ejército deben juzgarse en tribunales civiles.
Las sentencias dictadas a 14 integrantes del ejército mexicano por el asesinato de cinco civiles en 2007 es un importante avance hacia la justicia. Sin embargo, estos casos deben ser juzgados en tribunales civiles y no militares, afirmó hoy Amnistía Internacional.
La secretaría de la defensa (SEDENA) anunció ayer que una corte marcial había impuesto sentencias de entre 16 a 40 años de prisión a integrantes del ejército con relación al asesinato de dos mujeres y tres niños, quienes no se detuvieron en un retén militar en el estado de Sinaloa.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de 6,000 quejas de abusos a los derechos humanos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas desde finales de 2006. Sin embargo, son infrecuentes los juicios y sentencias a militares.
“Es positivo que los responsables de este crimen en particular hayan sido identificados y procesados. Sin embargo, serias dudas continúan con respecto a los pormenores de sus sentencias” ha dicho hoy Susan Lee, Directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Por ejemplo, dada la naturaleza poco transparente del sistema de justicia militar en México, no sabemos mayores detalles del caso o por cuánto tiempo estos hombres realmente permanecerán en prisión”
De acuerdo a autoridades militares, previamente a estas sentencias tan solo dos funcionarios del ejército han sido sentenciados por abusos contra civiles desde que el presidente Felipe Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006. Hasta el momento, todos los casos relacionados con presuntos abusos por parte de las fuerzas armadas han sido procesados a través del sistema de justicia militar.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha emitido una serie de sentencias en contra de México ordenando que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas en instancias civiles. A principios de año, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) determinó que los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas deberían estar fuera de la jurisdicción militar. Hasta el momento no hay evidencia de que esto esté sucediendo.
La administración del presidente Felipe Calderón ha dependido de las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado, incluyendo a los fuertemente armados carteles. Desde 2006 ha habido un alarmante incremento en el número de reportes de abusos a los derechos humanos cometidos por integrantes de estas fuerzas.
“Con la única excepción de estos pocos casos, el sistema de justicia militar ha fallado consistentemente en brindar justicia a las víctimas de estos abusos y hacer rendir cuentas a los responsables, conduciendo esto a un clima de impunidad”, dijo Susan Lee. “Es tiempo de que las autoridades mexicanas den cumplimiento a las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia trasladando las investigaciones y procesos judiciales de abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas a instancias civiles” agregó.

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