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Exigen senadores evitar abusos a proveedores de telefonía móvil 
*Se recibieron 18 mil 155 inconformidades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Ernesto Zavaleta

La Comisión de Comunicaciones y Transportes, que preside el senador Higinio Martínez Miranda,  aprobó un exhorto al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para que verifiquen el cumplimiento de las obligaciones específicas de los proveedores de servicios de telefonía celular, a fin de evitar abusos contra los usuarios. 
En el dictamen avalado se menciona que, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, se recibieron 18 mil 155 inconformidades, de los cuales 48.5 por ciento corresponde a telefonía móvil y 19.4 por ciento a Internet.
El Informe Estadístico Soy Usuario, del período octubre-diciembre de 2019, elaborado por el IFT, señala que en este lapso recibió 4 mil 841 inconformidades en materia de servicios de telecomunicaciones. Las entidades federativas de donde proviene el mayor número de estas quejas son la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla y Guanajuato.  
De ese total, 78.3 por ciento de los usuarios reportaron problemas en un solo servicio, mientras que el restante 21.7 por ciento indicaron tener problemáticas con dos o tres de sus servicios contratados. 
El estudio manifiesta que de las problemáticas reportadas por los usuarios, la principal tiene que ver con fallas en el servicio, seguida de cargos, saldos y bonificaciones y, en tercer lugar, portabilidad. 
Las y los integrantes de la Comisión destacaron la importancia que tiene la telefonía celular para nuestro país y la necesidad de contar con un servicio de calidad para las personas usuarias. 
Señalaron que estos datos demuestran que es indispensable garantizar un servicio de calidad a las personas usuarias de la telefonía celular, mediante la verificación y el cumplimiento de los lineamientos y obligaciones de los proveedores. 
En la misma reunión de este órgano de trabajo, que preside el senador Higinio Martínez Miranda, se aprobaron diversos dictámenes, de los que destaca uno para solicitar a las 32 entidades federativas a que establezcan protocolos a las empresas y concesionarios de transporte público y privado de pasajeros, incluyendo aquellas que sirven mediante aplicaciones o plataformas digitales, a fin de garantizar la seguridad de las mujeres usuarias. 
Acordaron pedir a los estados de la República que consideren la implementación de mecanismos pertinentes para que todos los prestadores de servicios de transporte de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, cuenten con dispositivos de geolocalización integrados al vehículo. 
Sugirieron que este dispositivo deberá estar vinculado a la autoridad de transporte correspondiente, a fin de que, en determinados casos, ésta pueda verificar la ubicación del auto, con el propósito de garantizar la protección de la integridad física de las usuarias.



Libre de virus. www.avast.com

Exigen senadores evitar abusos a proveedores de telefonía móvil

Posted by LINO CALDERON No comments

Exigen senadores evitar abusos a proveedores de telefonía móvil 
*Se recibieron 18 mil 155 inconformidades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Ernesto Zavaleta

La Comisión de Comunicaciones y Transportes, que preside el senador Higinio Martínez Miranda,  aprobó un exhorto al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para que verifiquen el cumplimiento de las obligaciones específicas de los proveedores de servicios de telefonía celular, a fin de evitar abusos contra los usuarios. 
En el dictamen avalado se menciona que, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, se recibieron 18 mil 155 inconformidades, de los cuales 48.5 por ciento corresponde a telefonía móvil y 19.4 por ciento a Internet.
El Informe Estadístico Soy Usuario, del período octubre-diciembre de 2019, elaborado por el IFT, señala que en este lapso recibió 4 mil 841 inconformidades en materia de servicios de telecomunicaciones. Las entidades federativas de donde proviene el mayor número de estas quejas son la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla y Guanajuato.  
De ese total, 78.3 por ciento de los usuarios reportaron problemas en un solo servicio, mientras que el restante 21.7 por ciento indicaron tener problemáticas con dos o tres de sus servicios contratados. 
El estudio manifiesta que de las problemáticas reportadas por los usuarios, la principal tiene que ver con fallas en el servicio, seguida de cargos, saldos y bonificaciones y, en tercer lugar, portabilidad. 
Las y los integrantes de la Comisión destacaron la importancia que tiene la telefonía celular para nuestro país y la necesidad de contar con un servicio de calidad para las personas usuarias. 
Señalaron que estos datos demuestran que es indispensable garantizar un servicio de calidad a las personas usuarias de la telefonía celular, mediante la verificación y el cumplimiento de los lineamientos y obligaciones de los proveedores. 
En la misma reunión de este órgano de trabajo, que preside el senador Higinio Martínez Miranda, se aprobaron diversos dictámenes, de los que destaca uno para solicitar a las 32 entidades federativas a que establezcan protocolos a las empresas y concesionarios de transporte público y privado de pasajeros, incluyendo aquellas que sirven mediante aplicaciones o plataformas digitales, a fin de garantizar la seguridad de las mujeres usuarias. 
Acordaron pedir a los estados de la República que consideren la implementación de mecanismos pertinentes para que todos los prestadores de servicios de transporte de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, cuenten con dispositivos de geolocalización integrados al vehículo. 
Sugirieron que este dispositivo deberá estar vinculado a la autoridad de transporte correspondiente, a fin de que, en determinados casos, ésta pueda verificar la ubicación del auto, con el propósito de garantizar la protección de la integridad física de las usuarias.



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Denuncian violencia de género de un alto mando de CANACINTRA. 
Redacción

El presidente de la Rama-32 de Infraestructura, Tecnología y Telecomunicaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA). El empresario Horacio Bustillos Bertadillo, quien debido a su alto puesto en la cámara, ha utilizado su poder he influencias para agredir física y psicológicamente a su ex esposa la Sra. Patricia Vargas, que derivado a una serie de diversos ataques y amenazas el empresario no cesa con las agresiones a la madre de sus hijos.
Después de cuatro años de una dolorosa separación el Sr. Bustillos ha movido todas sus influencias tanto de gobierno como privadas para quitarle la tranquilidad a su ex esposa la Sra. Vargas como también a su familia. 
Pese a que la Sra. Patricia Vargas ya ha manifestado y levantado denuncias en la Procuraduría General de Justicia y las diferentes estancias de gobierno que representan la protección para la mujer. Con número de carpeta de investigación CI-CY/COY-1/UI-3C/D/1658/08-2016 
Y  denuncias a la Dirección General de Quejas y Atención Integral de la Comisión de Derechos Humanos de La Ciudad de México. Ninguna de las ya mencionadas denuncias han surgido efecto. Tras Jueces y autoridades vendidas e influenciadas por el empresario Horacio, la Sra. Patricia no cuenta con protección alguna y las amenazas y ataques siguen sucediendo, no obstante y contando con evidencias y diagnósticos médicos de los daños que ha cometido el empresario ante su ex pareja, las autoridades no ejercen su función en este lamentable caso.
No sin antes mencionar que tampoco cumple con sus responsabilidades como padre de familia el prescindente de Canacintra ha dejado a la deriva y total desamparo a sus dos hijos que también han sufrido violencia y que viven en una pesadilla constante y con temor de que sigan las  agresiones de su influyente padre. 
Este tipo de casos es más común de lo que uno quisiera y sobre todo si hablamos de altos ejecutivos ejerciendo sus afamados puestos, que tal parecieran que fueran Dioses del Olimpo intocables.
Los casos de mujeres maltratadas en México son demasiados y  la mayoría quedan impunes y máxime si el agresor  cuenta con las influencias necesarias para que no lo toquen.

No sólo existe violencia social contra las mujeres, sino que también, está  la violencia de las instituciones que no responden para garantizar y salva guardar la vida de las mujeres, y ahí  también ésta la violencia institucional. Además una ves cometido el delito, hay impunidad, y la impunidad es otro efecto para que las agresiones continúen y en casos lamentables puede llegar hasta el feminicidio.
En el país, 30.7 millones de mujeres has enfrentado violencia de todo tipo. El 21-05-2020- en la LXIV legislatura de la Cámara de Diputados, la comisión de igualdad de Género, que preside la diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena), realizó en parlamento abierto, en materia de "Centros de Justicia para la Mujer", donde se realizó con especialistas dos iniciativas que promueven que estos espacios brinden servicios de atención integral con perspectiva de género y derechos humanos a las víctimas de violencia. 
En su participación para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres la comisionada nacional del (Conavim), María Candelaria Ochoa Ávalos, considero que las reformas planteadas permitirán que los centros de justicia adquieran un estatuto jurídico, tengan recursos propios y un reconocimiento total y que las titulares no queden a decisión del fiscal y  los consejos ciudadanos estén integrados por personal calificado. Y también subrayó que es fundamental que estos espacios dejen de ser "el patito feo" de las fiscalías.
Esperemos que con estas iniciativas se pueda obtener la justicia necesaria para este tipo de abusos que existen, y darles todo el peso de la ley a los agresores ya que con mayor frecuencia suceden mas de estos casos en nuestro país.

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El presidente de la Rama-32 de Infraestructura, Tecnología y Telecomunicaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA). El empresario Horacio Bustillos Bertadillo, quien debido a su alto puesto en la cámara, ha utilizado su poder he influencias para agredir física y psicológicamente a su ex esposa la Sra. Patricia Vargas, que derivado a una serie de diversos ataques y amenazas el empresario no cesa con las agresiones a la madre de sus hijos.
Después de cuatro años de una dolorosa separación el Sr. Bustillos ha movido todas sus influencias tanto de gobierno como privadas para quitarle la tranquilidad a su ex esposa la Sra. Vargas como también a su familia. 
Pese a que la Sra. Patricia Vargas ya ha manifestado y levantado denuncias en la Procuraduría General de Justicia y las diferentes estancias de gobierno que representan la protección para la mujer. Con número de carpeta de investigación CI-CY/COY-1/UI-3C/D/1658/08-2016 
Y  denuncias a la Dirección General de Quejas y Atención Integral de la Comisión de Derechos Humanos de La Ciudad de México. Ninguna de las ya mencionadas denuncias han surgido efecto. Tras Jueces y autoridades vendidas e influenciadas por el empresario Horacio, la Sra. Patricia no cuenta con protección alguna y las amenazas y ataques siguen sucediendo, no obstante y contando con evidencias y diagnósticos médicos de los daños que ha cometido el empresario ante su ex pareja, las autoridades no ejercen su función en este lamentable caso.
No sin antes mencionar que tampoco cumple con sus responsabilidades como padre de familia el prescindente de Canacintra ha dejado a la deriva y total desamparo a sus dos hijos que también han sufrido violencia y que viven en una pesadilla constante y con temor de que sigan las  agresiones de su influyente padre. 
Este tipo de casos es más común de lo que uno quisiera y sobre todo si hablamos de altos ejecutivos ejerciendo sus afamados puestos, que tal parecieran que fueran Dioses del Olimpo intocables.
Los casos de mujeres maltratadas en México son demasiados y  la mayoría quedan impunes y máxime si el agresor  cuenta con las influencias necesarias para que no lo toquen.

No sólo existe violencia social contra las mujeres, sino que también, está  la violencia de las instituciones que no responden para garantizar y salva guardar la vida de las mujeres, y ahí  también ésta la violencia institucional. Además una ves cometido el delito, hay impunidad, y la impunidad es otro efecto para que las agresiones continúen y en casos lamentables puede llegar hasta el feminicidio.
En el país, 30.7 millones de mujeres has enfrentado violencia de todo tipo. El 21-05-2020- en la LXIV legislatura de la Cámara de Diputados, la comisión de igualdad de Género, que preside la diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena), realizó en parlamento abierto, en materia de "Centros de Justicia para la Mujer", donde se realizó con especialistas dos iniciativas que promueven que estos espacios brinden servicios de atención integral con perspectiva de género y derechos humanos a las víctimas de violencia. 
En su participación para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres la comisionada nacional del (Conavim), María Candelaria Ochoa Ávalos, considero que las reformas planteadas permitirán que los centros de justicia adquieran un estatuto jurídico, tengan recursos propios y un reconocimiento total y que las titulares no queden a decisión del fiscal y  los consejos ciudadanos estén integrados por personal calificado. Y también subrayó que es fundamental que estos espacios dejen de ser "el patito feo" de las fiscalías.
Esperemos que con estas iniciativas se pueda obtener la justicia necesaria para este tipo de abusos que existen, y darles todo el peso de la ley a los agresores ya que con mayor frecuencia suceden mas de estos casos en nuestro país.

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Diego Sinhue alquila lujosas oficinas en Silao con 7 mdp al año
Redacción

El Gobierno de Guanajuato contrató un espacio de oficinas por el que paga casi 7 millones de pesos de renta al año, además, cada servicio de alimentos para las reuniones que tienen lugar en el edificio es cobrado aparte. POPLab tuvo acceso a contratos que los servicios de alimentos para encuentros con legisladores que han costado miles de pesos.
Diego Sinuhe agasaja con fiesta a gobernadores de la Alianza federalista pese a pandemia en Guanajuato
Guanajuato tiene menos dinero por reducción de las partidas federales, enfrenta crecientes retos derivados de las emergencias sanitaria, económica y de seguridad y su endeudamiento se ha incrementado. Ese panorama, sin embargo, no ha impedido que el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez haya dispuesto la contratación de un nuevo espacio de oficinas en un lujoso edificio corporativo en el Puerto Interior en Silao, conocido como G100, por la cual paga poco menos de siete millones de pesos de renta al año, más impuestos.
El edificio es propiedad de la inmobiliaria Multiservicios Nordika, S.A. de C.V., cuyo accionista principal es el empresario Gabriel Padilla Cordero. La oficina por la que se pagan 500 mil pesos mensuales entre renta y mantenimiento, según contrato fechado en enero de este año, ya era utilizada por Rodríguez Vallejo desde su campaña política en 2018 y durante todo el año de 2019, sin que se conozca el carácter con el que la ocupaba en esos días.
Una consulta a través del mecanismo de transparencia no tuvo resultados en 2019 y fue hasta este 2020 que el Gobierno reconoció haber contratado el servicio de oficinas para el Secretario de Gobierno y otro funcionario cuya identidad fue omitida en el contrato.
El nuevo despacho está a solo 35 minutos del palacio de Gobierno, la sede oficial hoy convertida en espacio del área staff del Gobernador; está también a media hora del Centro de Convenciones de la capital, utilizado por los anteriores gobernadores como oficina alterna.
Las cinco suites que utilizan el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el Secretario Luis Ernesto Ayala en el edificio conocido como G100, en el distrito de negocios de Guanajuato Puerto Interior, le cuestan al erario 582 mil pesos al mes sumando renta, mantenimiento e impuestos.
De acuerdo a un estudio realizado por un actuario profesional, con el monto de la renta y el mantenimiento, el estado podría construir un edifico propio con la misma funcionalidad en un lapso de 16 meses o en 32 meses si tuviera que pagar el terreno, aunque eso podría negociarse, pues el Gobierno estatal es socio del Puerto Interior y preside su consejo.
El contrato contempla una renta mensual en 426 mil 16 pesos a Banregio, a través de un fideicomiso de administración formado con Banco Interacciones, al que Nordika le cede sus derechos de cobro; otros 75 mil 760 pesos por "cuota de mantenimiento y operación" son liquidados directamente a la inmobiliaria. Ambos gastos son antes del cobro del impuesto al valor agregado.
La renta incluye los servicios básicos: electricidad, agua, aire acondicionado y la limpieza diaria de lunes a viernes. El servicio de internet y telefónico será "a demanda" y el servicio de café y galletas se limita a algunos espacios no a todos, aunque la precisión también fue testada en el contrato. El arrendatario tiene derecho a 14 espacios de estacionamiento, cinco de ellos en el sótano del edificio G100.
Cada servicio de alimentos para las numerosas reuniones que tienen lugar en el edificio es cobrado aparte. POPLab tiene en su poder contratos de Nordika y la Secretaría de Gobierno de un "servicio de alimentos para 17 personas y un coffee break para ocho personas" destinados a una reunión con legisladores locales y federales del 19 de octubre de 2018 con un costo de 7 mil 899 pesos; otra correspondiente al 26 de octubre para "servicio de alimentos para la reunión con diputados federales, por 11 mil 386 pesos; el primero de febrero de 2019 se pagan otros siete mil 892 pesos por el servicio de alimentos para 18 personas asistentes a una "reunión privada para atender aspectos relativos a la política interna de la entidad"; un evento similar el cuatro de febrero para 15 personas contrata alimentos por 7 mil 418 pesos.


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Redacción

El Gobierno de Guanajuato contrató un espacio de oficinas por el que paga casi 7 millones de pesos de renta al año, además, cada servicio de alimentos para las reuniones que tienen lugar en el edificio es cobrado aparte. POPLab tuvo acceso a contratos que los servicios de alimentos para encuentros con legisladores que han costado miles de pesos.
Diego Sinuhe agasaja con fiesta a gobernadores de la Alianza federalista pese a pandemia en Guanajuato
Guanajuato tiene menos dinero por reducción de las partidas federales, enfrenta crecientes retos derivados de las emergencias sanitaria, económica y de seguridad y su endeudamiento se ha incrementado. Ese panorama, sin embargo, no ha impedido que el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez haya dispuesto la contratación de un nuevo espacio de oficinas en un lujoso edificio corporativo en el Puerto Interior en Silao, conocido como G100, por la cual paga poco menos de siete millones de pesos de renta al año, más impuestos.
El edificio es propiedad de la inmobiliaria Multiservicios Nordika, S.A. de C.V., cuyo accionista principal es el empresario Gabriel Padilla Cordero. La oficina por la que se pagan 500 mil pesos mensuales entre renta y mantenimiento, según contrato fechado en enero de este año, ya era utilizada por Rodríguez Vallejo desde su campaña política en 2018 y durante todo el año de 2019, sin que se conozca el carácter con el que la ocupaba en esos días.
Una consulta a través del mecanismo de transparencia no tuvo resultados en 2019 y fue hasta este 2020 que el Gobierno reconoció haber contratado el servicio de oficinas para el Secretario de Gobierno y otro funcionario cuya identidad fue omitida en el contrato.
El nuevo despacho está a solo 35 minutos del palacio de Gobierno, la sede oficial hoy convertida en espacio del área staff del Gobernador; está también a media hora del Centro de Convenciones de la capital, utilizado por los anteriores gobernadores como oficina alterna.
Las cinco suites que utilizan el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el Secretario Luis Ernesto Ayala en el edificio conocido como G100, en el distrito de negocios de Guanajuato Puerto Interior, le cuestan al erario 582 mil pesos al mes sumando renta, mantenimiento e impuestos.
De acuerdo a un estudio realizado por un actuario profesional, con el monto de la renta y el mantenimiento, el estado podría construir un edifico propio con la misma funcionalidad en un lapso de 16 meses o en 32 meses si tuviera que pagar el terreno, aunque eso podría negociarse, pues el Gobierno estatal es socio del Puerto Interior y preside su consejo.
El contrato contempla una renta mensual en 426 mil 16 pesos a Banregio, a través de un fideicomiso de administración formado con Banco Interacciones, al que Nordika le cede sus derechos de cobro; otros 75 mil 760 pesos por "cuota de mantenimiento y operación" son liquidados directamente a la inmobiliaria. Ambos gastos son antes del cobro del impuesto al valor agregado.
La renta incluye los servicios básicos: electricidad, agua, aire acondicionado y la limpieza diaria de lunes a viernes. El servicio de internet y telefónico será "a demanda" y el servicio de café y galletas se limita a algunos espacios no a todos, aunque la precisión también fue testada en el contrato. El arrendatario tiene derecho a 14 espacios de estacionamiento, cinco de ellos en el sótano del edificio G100.
Cada servicio de alimentos para las numerosas reuniones que tienen lugar en el edificio es cobrado aparte. POPLab tiene en su poder contratos de Nordika y la Secretaría de Gobierno de un "servicio de alimentos para 17 personas y un coffee break para ocho personas" destinados a una reunión con legisladores locales y federales del 19 de octubre de 2018 con un costo de 7 mil 899 pesos; otra correspondiente al 26 de octubre para "servicio de alimentos para la reunión con diputados federales, por 11 mil 386 pesos; el primero de febrero de 2019 se pagan otros siete mil 892 pesos por el servicio de alimentos para 18 personas asistentes a una "reunión privada para atender aspectos relativos a la política interna de la entidad"; un evento similar el cuatro de febrero para 15 personas contrata alimentos por 7 mil 418 pesos.


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