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 Armando Navarro

[…] y la existencia del propio Gobierno se pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico por parte del Estado, se perdería asimismo el poder político, produciéndose el caos.


Este pasaje proviene de un discurso de Lázaro Cárdenas, el que dirigió a la nación con motivo del decreto de expropiación petrolera. Hoy se cumplen 79 años de ese evento, uno de los más importantes del México contemporáneo. El petróleo, a partir de ese momento, cobró un poder político, económico e identitario que definió el rumbo del siglo XX mexicano. El petróleo, pues, se convirtió en uno de los pilares de la vida nacional.
El tiempo ha sido testigo de muchos cambios en cuanto a nuestra postura y relación con el petróleo: con el paso de los sexenios, los efectos del cardenismo se han atenuado en ocasiones, y en otras se han reafirmado. Con el petróleo, pues, sostenemos un lazo complejo. El cambio más hondo desde la expropiación petrolera es, sin lugar a dudas, la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto. En este sentido, podemos preguntarnos qué se transforma con aquello que Cárdenas buscó proteger en su momento: la economía, la autoridad del Estado y la Constitución, la soberanía nacional, pero sobre todo el bienestar de la clase trabajadora mexicana.

¿Qué es el petróleo para los mexicanos, para todos aquellos que tienen la mirada en él?
Ya no más, míster extractor

La reforma energética de Enrique Peña Nieto significa un giro radical a la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas: se trata de una serie de leyes que abren el sector energético a la iniciativa privada. Ello, hay que aclararlo, ocurrió en menor medida durante las presidencias posteriores al cardenismo. El cambio actual es más profundo. Vale la pena, por ello, repasar la historia de la expropiación petrolera, es decir, del proceso en que el Estado adquirió por decreto los bienes y la infraestructura de las compañías petroleras extranjeras que operaban en territorio mexicano.
La siguiente información fue extraída de un artículo de José Rivera Castro. El 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de bienes de las empresas petroleras estadounidenses y anglo-holandeses que operaban en México. El entonces presidente acusó a dichas compañías de abusos contra sus trabajadores y de desobedecer los mandatos del Gobierno y de la Suprema Corte de Justicia. El conflicto se originó años antes: hubo una larga lucha entre las compañías del petróleo y sus trabajadores, los directivos de las empresas se negaban a satisfacer las demandas obreras.
Durante los inicios del siglo XX, el petróleo, la electricidad y el carbón mineral de México eran explotados por capital extranjero. Hacia 1937, dichas empresas controlaban el 95% de las propiedades de la industria del petróleo. Entre las compañías más importantes figuraban Royal Dutch Shell, de Holanda, que en México se hizo llamar Compañía Mexicana El Águila; Standard Oil Co., con el nombre de Huasteca Petroleum; Cities Service; Continental Oil Co.; Consolidated Oil Co. El espacio geográfico del petróleo se situó en el Golfo de México y en el sureste del país, donde se establecieron las empresas mencionadas. Formaron centros industriales en Tampico, Poza Rica, Minatitlán y una refinería en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Las compañías llevaron a cabo una explotación irracional de yacimientos petrolíferos. Además, se opusieron a cumplir sus responsabilidades fiscales, también se desapegaron del uso correcto de las tecnologías de extracción y, con ello, ocasionaron incendios, afectaciones agrícolas y otras malas consecuencias ecológicas. Poseían, además, cuerpos armados para dominar y proteger los terrenos donde se ubicaban los yacimientos.
El conflicto y la expropiación se dieron en un contexto de gran movilidad política y económica. Es que, mitad de la década de los 30, inició un proceso de cambio profundo en cuanto a la intervención del Estado en la economía nacional, así como una transformación en las estructuras del poder.

Entre 1934 y 1936 hubo decenas de conflictos entre sindicatos y directivos de las compañías. Se buscaba mejorar los contratos existentes y, con ello, las condiciones laborales de los obreros. Hubo huelgas, movilizaciones masivas. A ello se suma que, con Cárdenas como presidente, la actividad sindical se extendió en todo el país. En 1935, con la intención de hacer un sindicato que representara a todos los obreros del sector petrolero, se formó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Se buscó, así, un solo acuerdo de trabajo para todo el personal de la industria. De acuerdo con el historiador J. Ch. Ashby, las empresas dejaron de asesinar a los organizadores sindicales cuando ello perdió eficacia (los sindicatos crecían) y, entonces, comenzaron a realizar por su cuenta otras formaciones obreras: el conflicto fue distinguir entre los sindicatos genuinos y los formados por las empresas.

A finales de 1936, los trabajadores presentaron un proyecto de Contrato de Trabajo Único donde reclamaban medidas económicas más convenientes para ellos. Las empresas lo rechazaron y hubo riesgo de huelga general. Cárdenas, preocupado por la estabilidad del país y por el flujo de combustibles, actuó para prevenir el cese de actividades: acordó entre las partes una convención obrero-patronal de 120 días para resolver los problemas. Pero los trabajadores no vieron satisfechas sus demandas: de 248 cláusulas, sólo se les concedieron 36. Se les negó, entre otras cosas, una semana laboral de 40 días, jubilación y pago de salario durante enfermedad.

En 1937 estalló una huelga que sólo pudo ser detenida, sin dejar las demandas, por un órgano de arbitraje. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje designó peritos para evaluar la situación económica de las empresas. Se concluyó que los obreros del petróleo eran peor pagados que los de otras industrias y que las empresas tenían más que suficiente para satisfacer condiciones de trabajo más dignas. Sin embargo, las compañías rechazaron el dictamen. La Junta pronunció un Laudo donde dijo que las empresas debían pagar a los obreros según su dictamen y establecer mejores condiciones laborales, pero las compañías rechazaron esto y buscaron ampararse en la Suprema Corte de Justicia. Ésta les dio un fallo negativo. Fueron con Cárdenas después, quien tampoco estuvo dispuesto a ayudarles.

A principios de 1938, los trabajadores suspendieron actividades otra vez. Cárdenas, preocupado otra vez por el detenimiento de la industria, promulgó el decreto de expropiación el 18 de marzo de ese año. ¿La razón? El Laudo ya había sido reconocido por la Suprema Corte, pero despreciado por las compañías mediante la falsa razón de la incapacidad económica. Así, se expropiaron maquinaria, instalaciones, estaciones de distribución, tanques de almacenamiento, oleoductos y edificios. Cárdenas anunció el decreto mediante un discurso que todavía es célebre, icónico.

De acuerdo con el análisis de AdQat, se trata de un texto provocador que plantea dudas y preguntas. Cárdenas presenta la problemática, sus antecedentes históricos, sus procesos y resoluciones legales, la posición de las partes y las posibles consecuencias. También despliega varias preocupaciones: ºla importancia de proteger la economía y los monopolios propios del Estado, es decir, gestión de finanzas y armas; la necesidad de cesar y abrir un flujo enorme de capital concentrado sólo en unas cuantas manos; velar por la clase obrera mexicana y, por lo tanto, por la paz social. Finalmente, el general parecía preocupado por resguardar los lazos sociales libres de intervenciones y capitales más allá de los intereses mexicanos.

El gobierno de Cárdenas insistió en la realización de los principios sociales de la Constitución de 1917. En esa tentativa, puso particular atención a los problemas económicos y sociales de trabajadores y campesinos. En el caso de la expropiación del petróleo, esto tuvo un coste: indemnizar a las empresas cuyos bienes habían sido adquiridos. El entonces presidente se comprometió a que la Secretaría de Hacienda pagaría lo correspondiente a las compañías en un plazo no mayor a 10 años. No obstante, las empresas no se resignaron tan fácilmente. Standard Oil y Royal Dutch Schell intentaron un boicot contra el petróleo mexicano, quisieron impedir que se vendiera en Europa y otros países. Además, presionaron a proveedores de materiales para no surtir a nuestro país con los materiales necesarios para su extracción. Pero estos boicots fueron superados cuando México surtió petróleo a algunos países involucrados directamente en la Segunda Guerra Mundial.

Petróleos Mexicanos, Pemex, fue la consecuencia más importante de la expropiación del petróleo en México, pues tendría a su cargo la extracción, producción y distribución de uno de los mayores bienes del país. Sin embargo, la situación del petróleo en México se mantuvo en constante movimiento después del cardenismo: es que muchos agentes, internos y extranjeros, han puesto sus ojos en él.

Oro negro

Después de la expropiación, la industria petrolera fue una de las palancas del desarrollo nacional. México pudo producir gasolinas, gas licuado, petroquímicos, entre otros derivados del petróleo. Además, se profesionalizaron sectores de obreros, ingenieros y científicos para el desempeño de la industria: exploración, perforación, extracción, refinación, almacenamiento, transporte, distribución y venta. No obstante, la historia del petróleo mexicano ha estado llena de vaivenes. Lorenzo Meyer, en su artículo "Las batallas por el petróleo", dice que "la lucha petrolera se ha desarrollado en dos grandes escenarios: uno dominado por los actores internos y otro donde los reflectores los tienen los externos". Meyer rescata algunos de los conflictos más importantes.

Miguel Alemán, dada la presión exterior, hizo que el país firmara contratos-riesgo con empresas estadounidenses, cosa que les permitió volver a producir petróleo en México, aunque sólo para venderlo a Pemex. Esta situación cesó cuando se cancelaron dichos contratos en los años 60.
Salinas de Gortari negoció el Tratado de Libre Comercio y optó por no colocar a la industria del petróleo en el marco neoliberal de dicho acuerdo.
El gobierno de Calderón intentó abrir la exploración y producción de petróleo en aguas profundas a las grandes empresas internacionales. El pretexto fue que eran las únicas con tecnología y capital para hacerlo. Calderón no lo logró.
Más allá de esto, hay un episodio negro en la historia del petróleo en México. Fue protagonizado por José López Portillo, priista que gobernó el país de 1976 a 1982. Después de la devaluación del peso en el sexenio de Luis Echeverría, López Portillo enfrentó importantes retos económicos. Se comprometió a limitar el endeudamiento público, pero el descubrimiento de yacimientos petroleros lo hizo cambiar de parecer. El Estado enfocó su atención en la construcción de una infraestructura petrolera sólida. Con ello, llegó a una explotación excesiva de los yacimientos. López Portillo buscaba una política de exportaciones que permitiera un proyecto ambicioso de modernización. El entonces presidente llegó a declarar que la tarea de México, en un futuro, sería administrar la abundancia. Pero no fue así: hacia 1981, una sobreproducción mundial de petróleo bajó drásticamente su precio. El oro mexicano se había devaluado de pronto y vino la crisis de 1982. México tuvo que lidiar con un grave bache económico y con los efectos ambientales de la extracción: destrucción de ríos, pantanos, afectación agrícola en Chiapas, Campeche y Tabasco.

Y hoy, según analistas, el panorama no es mucho más alentador.

El sueño está muriendo

Lorenzo Meyer también apunta que la reforma energética de Enrique Peña Nieto involucra la política y seguridad energéticas, la política fiscal, la exterior y otros temas relacionados con el proyecto nacional. Así, la reforma será (está siendo) determinante para nosotros.

De acuerdo con un artículo de Forbes, algunas de las características formales de la reforma son las siguientes:
Los particulares podrán celebrar con Pemex contratos de distintos tipos: licencias, producción compartida y utilidad compartida.
Secretaría de Hacienda establece las condiciones económicas referentes a los términos fiscales de contratos y licitaciones.
Desde 2017, particulares pueden ofrecer servicios de gasolineras con marca propia. Pemex ya no tendrá este monopolio.
El Estado mantiene el control del sistema eléctrico del país.
El sindicato mantiene sus derechos. Los trabajadores en activo y los pensionados conservarán sus atribuciones.
Entre otras.

No obstante, de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), las petroleras privadas sólo han producido un 0.7% de hidrocarburos y Pemex sigue abarcando el 99%. De acuerdo con el ingeniero e investigador de la UNAM, Fabio Barbosa Cano, este aparente estancamiento se debe a que "ha sido una operación de papel porque los precios del petróleo no repuntan y no hay negocio". Al contratista, pues, no le resulta conveniente perforar con la situación actual de precios del petróleo, que se vinieron abajo internacionalmente en junio de 2015.

A esto se suman dos datos importantes:

Un reporte de Pemex, en su informe anual de resultados, dice que las reservas de petróleo en México alcanzan solamente para ocho años: no se repusieron reducciones por revisión, limitación desarrollo y producción.
La Secretaría de Energía, durante la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2016–2030, dijo que es un hecho que México comprará petróleo a Estados Unidos a partir de 2018. Cada vez hay menos petróleo producido aquí y de la calidad necesaria para transformarlo en sus derivados.
Son tiempos críticos para el legado de Cárdenas: tal vez, en efecto, lo criticable no sea la abierta intromisión de la iniciativa privada a la industria petrolera. Tal vez. Sin embargo, lo que sí se cuestiona es una apertura que, como en tiempos anteriores, no supo prever una caída en el precio del petróleo. En este sentido, valdría la pena buscar otras fuentes de movilidad económica y financiera y, sobre todo, de bienestar para cada ciudadano mexicano. (NTVSA)

   

Asuntos pendientes a 79 años de la Expropiación Petrolera de Cárdenas

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 Armando Navarro

[…] y la existencia del propio Gobierno se pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico por parte del Estado, se perdería asimismo el poder político, produciéndose el caos.


Este pasaje proviene de un discurso de Lázaro Cárdenas, el que dirigió a la nación con motivo del decreto de expropiación petrolera. Hoy se cumplen 79 años de ese evento, uno de los más importantes del México contemporáneo. El petróleo, a partir de ese momento, cobró un poder político, económico e identitario que definió el rumbo del siglo XX mexicano. El petróleo, pues, se convirtió en uno de los pilares de la vida nacional.
El tiempo ha sido testigo de muchos cambios en cuanto a nuestra postura y relación con el petróleo: con el paso de los sexenios, los efectos del cardenismo se han atenuado en ocasiones, y en otras se han reafirmado. Con el petróleo, pues, sostenemos un lazo complejo. El cambio más hondo desde la expropiación petrolera es, sin lugar a dudas, la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto. En este sentido, podemos preguntarnos qué se transforma con aquello que Cárdenas buscó proteger en su momento: la economía, la autoridad del Estado y la Constitución, la soberanía nacional, pero sobre todo el bienestar de la clase trabajadora mexicana.

¿Qué es el petróleo para los mexicanos, para todos aquellos que tienen la mirada en él?
Ya no más, míster extractor

La reforma energética de Enrique Peña Nieto significa un giro radical a la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas: se trata de una serie de leyes que abren el sector energético a la iniciativa privada. Ello, hay que aclararlo, ocurrió en menor medida durante las presidencias posteriores al cardenismo. El cambio actual es más profundo. Vale la pena, por ello, repasar la historia de la expropiación petrolera, es decir, del proceso en que el Estado adquirió por decreto los bienes y la infraestructura de las compañías petroleras extranjeras que operaban en territorio mexicano.
La siguiente información fue extraída de un artículo de José Rivera Castro. El 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de bienes de las empresas petroleras estadounidenses y anglo-holandeses que operaban en México. El entonces presidente acusó a dichas compañías de abusos contra sus trabajadores y de desobedecer los mandatos del Gobierno y de la Suprema Corte de Justicia. El conflicto se originó años antes: hubo una larga lucha entre las compañías del petróleo y sus trabajadores, los directivos de las empresas se negaban a satisfacer las demandas obreras.
Durante los inicios del siglo XX, el petróleo, la electricidad y el carbón mineral de México eran explotados por capital extranjero. Hacia 1937, dichas empresas controlaban el 95% de las propiedades de la industria del petróleo. Entre las compañías más importantes figuraban Royal Dutch Shell, de Holanda, que en México se hizo llamar Compañía Mexicana El Águila; Standard Oil Co., con el nombre de Huasteca Petroleum; Cities Service; Continental Oil Co.; Consolidated Oil Co. El espacio geográfico del petróleo se situó en el Golfo de México y en el sureste del país, donde se establecieron las empresas mencionadas. Formaron centros industriales en Tampico, Poza Rica, Minatitlán y una refinería en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Las compañías llevaron a cabo una explotación irracional de yacimientos petrolíferos. Además, se opusieron a cumplir sus responsabilidades fiscales, también se desapegaron del uso correcto de las tecnologías de extracción y, con ello, ocasionaron incendios, afectaciones agrícolas y otras malas consecuencias ecológicas. Poseían, además, cuerpos armados para dominar y proteger los terrenos donde se ubicaban los yacimientos.
El conflicto y la expropiación se dieron en un contexto de gran movilidad política y económica. Es que, mitad de la década de los 30, inició un proceso de cambio profundo en cuanto a la intervención del Estado en la economía nacional, así como una transformación en las estructuras del poder.

Entre 1934 y 1936 hubo decenas de conflictos entre sindicatos y directivos de las compañías. Se buscaba mejorar los contratos existentes y, con ello, las condiciones laborales de los obreros. Hubo huelgas, movilizaciones masivas. A ello se suma que, con Cárdenas como presidente, la actividad sindical se extendió en todo el país. En 1935, con la intención de hacer un sindicato que representara a todos los obreros del sector petrolero, se formó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Se buscó, así, un solo acuerdo de trabajo para todo el personal de la industria. De acuerdo con el historiador J. Ch. Ashby, las empresas dejaron de asesinar a los organizadores sindicales cuando ello perdió eficacia (los sindicatos crecían) y, entonces, comenzaron a realizar por su cuenta otras formaciones obreras: el conflicto fue distinguir entre los sindicatos genuinos y los formados por las empresas.

A finales de 1936, los trabajadores presentaron un proyecto de Contrato de Trabajo Único donde reclamaban medidas económicas más convenientes para ellos. Las empresas lo rechazaron y hubo riesgo de huelga general. Cárdenas, preocupado por la estabilidad del país y por el flujo de combustibles, actuó para prevenir el cese de actividades: acordó entre las partes una convención obrero-patronal de 120 días para resolver los problemas. Pero los trabajadores no vieron satisfechas sus demandas: de 248 cláusulas, sólo se les concedieron 36. Se les negó, entre otras cosas, una semana laboral de 40 días, jubilación y pago de salario durante enfermedad.

En 1937 estalló una huelga que sólo pudo ser detenida, sin dejar las demandas, por un órgano de arbitraje. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje designó peritos para evaluar la situación económica de las empresas. Se concluyó que los obreros del petróleo eran peor pagados que los de otras industrias y que las empresas tenían más que suficiente para satisfacer condiciones de trabajo más dignas. Sin embargo, las compañías rechazaron el dictamen. La Junta pronunció un Laudo donde dijo que las empresas debían pagar a los obreros según su dictamen y establecer mejores condiciones laborales, pero las compañías rechazaron esto y buscaron ampararse en la Suprema Corte de Justicia. Ésta les dio un fallo negativo. Fueron con Cárdenas después, quien tampoco estuvo dispuesto a ayudarles.

A principios de 1938, los trabajadores suspendieron actividades otra vez. Cárdenas, preocupado otra vez por el detenimiento de la industria, promulgó el decreto de expropiación el 18 de marzo de ese año. ¿La razón? El Laudo ya había sido reconocido por la Suprema Corte, pero despreciado por las compañías mediante la falsa razón de la incapacidad económica. Así, se expropiaron maquinaria, instalaciones, estaciones de distribución, tanques de almacenamiento, oleoductos y edificios. Cárdenas anunció el decreto mediante un discurso que todavía es célebre, icónico.

De acuerdo con el análisis de AdQat, se trata de un texto provocador que plantea dudas y preguntas. Cárdenas presenta la problemática, sus antecedentes históricos, sus procesos y resoluciones legales, la posición de las partes y las posibles consecuencias. También despliega varias preocupaciones: ºla importancia de proteger la economía y los monopolios propios del Estado, es decir, gestión de finanzas y armas; la necesidad de cesar y abrir un flujo enorme de capital concentrado sólo en unas cuantas manos; velar por la clase obrera mexicana y, por lo tanto, por la paz social. Finalmente, el general parecía preocupado por resguardar los lazos sociales libres de intervenciones y capitales más allá de los intereses mexicanos.

El gobierno de Cárdenas insistió en la realización de los principios sociales de la Constitución de 1917. En esa tentativa, puso particular atención a los problemas económicos y sociales de trabajadores y campesinos. En el caso de la expropiación del petróleo, esto tuvo un coste: indemnizar a las empresas cuyos bienes habían sido adquiridos. El entonces presidente se comprometió a que la Secretaría de Hacienda pagaría lo correspondiente a las compañías en un plazo no mayor a 10 años. No obstante, las empresas no se resignaron tan fácilmente. Standard Oil y Royal Dutch Schell intentaron un boicot contra el petróleo mexicano, quisieron impedir que se vendiera en Europa y otros países. Además, presionaron a proveedores de materiales para no surtir a nuestro país con los materiales necesarios para su extracción. Pero estos boicots fueron superados cuando México surtió petróleo a algunos países involucrados directamente en la Segunda Guerra Mundial.

Petróleos Mexicanos, Pemex, fue la consecuencia más importante de la expropiación del petróleo en México, pues tendría a su cargo la extracción, producción y distribución de uno de los mayores bienes del país. Sin embargo, la situación del petróleo en México se mantuvo en constante movimiento después del cardenismo: es que muchos agentes, internos y extranjeros, han puesto sus ojos en él.

Oro negro

Después de la expropiación, la industria petrolera fue una de las palancas del desarrollo nacional. México pudo producir gasolinas, gas licuado, petroquímicos, entre otros derivados del petróleo. Además, se profesionalizaron sectores de obreros, ingenieros y científicos para el desempeño de la industria: exploración, perforación, extracción, refinación, almacenamiento, transporte, distribución y venta. No obstante, la historia del petróleo mexicano ha estado llena de vaivenes. Lorenzo Meyer, en su artículo "Las batallas por el petróleo", dice que "la lucha petrolera se ha desarrollado en dos grandes escenarios: uno dominado por los actores internos y otro donde los reflectores los tienen los externos". Meyer rescata algunos de los conflictos más importantes.

Miguel Alemán, dada la presión exterior, hizo que el país firmara contratos-riesgo con empresas estadounidenses, cosa que les permitió volver a producir petróleo en México, aunque sólo para venderlo a Pemex. Esta situación cesó cuando se cancelaron dichos contratos en los años 60.
Salinas de Gortari negoció el Tratado de Libre Comercio y optó por no colocar a la industria del petróleo en el marco neoliberal de dicho acuerdo.
El gobierno de Calderón intentó abrir la exploración y producción de petróleo en aguas profundas a las grandes empresas internacionales. El pretexto fue que eran las únicas con tecnología y capital para hacerlo. Calderón no lo logró.
Más allá de esto, hay un episodio negro en la historia del petróleo en México. Fue protagonizado por José López Portillo, priista que gobernó el país de 1976 a 1982. Después de la devaluación del peso en el sexenio de Luis Echeverría, López Portillo enfrentó importantes retos económicos. Se comprometió a limitar el endeudamiento público, pero el descubrimiento de yacimientos petroleros lo hizo cambiar de parecer. El Estado enfocó su atención en la construcción de una infraestructura petrolera sólida. Con ello, llegó a una explotación excesiva de los yacimientos. López Portillo buscaba una política de exportaciones que permitiera un proyecto ambicioso de modernización. El entonces presidente llegó a declarar que la tarea de México, en un futuro, sería administrar la abundancia. Pero no fue así: hacia 1981, una sobreproducción mundial de petróleo bajó drásticamente su precio. El oro mexicano se había devaluado de pronto y vino la crisis de 1982. México tuvo que lidiar con un grave bache económico y con los efectos ambientales de la extracción: destrucción de ríos, pantanos, afectación agrícola en Chiapas, Campeche y Tabasco.

Y hoy, según analistas, el panorama no es mucho más alentador.

El sueño está muriendo

Lorenzo Meyer también apunta que la reforma energética de Enrique Peña Nieto involucra la política y seguridad energéticas, la política fiscal, la exterior y otros temas relacionados con el proyecto nacional. Así, la reforma será (está siendo) determinante para nosotros.

De acuerdo con un artículo de Forbes, algunas de las características formales de la reforma son las siguientes:
Los particulares podrán celebrar con Pemex contratos de distintos tipos: licencias, producción compartida y utilidad compartida.
Secretaría de Hacienda establece las condiciones económicas referentes a los términos fiscales de contratos y licitaciones.
Desde 2017, particulares pueden ofrecer servicios de gasolineras con marca propia. Pemex ya no tendrá este monopolio.
El Estado mantiene el control del sistema eléctrico del país.
El sindicato mantiene sus derechos. Los trabajadores en activo y los pensionados conservarán sus atribuciones.
Entre otras.

No obstante, de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), las petroleras privadas sólo han producido un 0.7% de hidrocarburos y Pemex sigue abarcando el 99%. De acuerdo con el ingeniero e investigador de la UNAM, Fabio Barbosa Cano, este aparente estancamiento se debe a que "ha sido una operación de papel porque los precios del petróleo no repuntan y no hay negocio". Al contratista, pues, no le resulta conveniente perforar con la situación actual de precios del petróleo, que se vinieron abajo internacionalmente en junio de 2015.

A esto se suman dos datos importantes:

Un reporte de Pemex, en su informe anual de resultados, dice que las reservas de petróleo en México alcanzan solamente para ocho años: no se repusieron reducciones por revisión, limitación desarrollo y producción.
La Secretaría de Energía, durante la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2016–2030, dijo que es un hecho que México comprará petróleo a Estados Unidos a partir de 2018. Cada vez hay menos petróleo producido aquí y de la calidad necesaria para transformarlo en sus derivados.
Son tiempos críticos para el legado de Cárdenas: tal vez, en efecto, lo criticable no sea la abierta intromisión de la iniciativa privada a la industria petrolera. Tal vez. Sin embargo, lo que sí se cuestiona es una apertura que, como en tiempos anteriores, no supo prever una caída en el precio del petróleo. En este sentido, valdría la pena buscar otras fuentes de movilidad económica y financiera y, sobre todo, de bienestar para cada ciudadano mexicano. (NTVSA)

   

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Trump ignora a Merkel cuando le pide un apretón de manos

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval. (AP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la canciller alemana, Angela Merkel, reconocieron este viernes los desacuerdos que han marcado el comienzo de su relación y trataron de acercar posturas respecto a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Ucrania, en un frío primer encuentro entre dos líderes con ideas casi opuestas sobre el mundo.
El lenguaje corporal de los líderes hablaba por sí solo, y la anécdota del día tuvo lugar cuando los fotógrafos entraron en el Despacho Oval y Merkel le preguntó a Trump si quería darle la mano, a lo que el presidente estadounidense no respondió.
Trump, conocido por sus efusivos apretones, sí le dio la mano a Merkel a su llegada a la Casa Blanca, y se aseguró de elogiar a la canciller por "su liderazgo a la hora de apoyar a la OTAN, sus esfuerzos en Afganistán" y sus contribuciones a la lucha contra el yihadista Estado Islámico (EI).
Pero el comentario con el que Trump cerró la conferencia de prensa dejó clara su escasa conexión con la canciller alemana.
"Sobre las escuchas telefónicas de la anterior Administración, al menos tenemos algo en común, quizá", afirmó Trump al ser preguntado por sus denuncias de que el expresidente Barack Obama (2009-2017) ordenó espiar sus comunicaciones en su torre de Nueva York el año pasado.
El mandatario trataba así de explotar uno de los puntos débiles en la cercana relación que Merkel mantuvo con Obama: la revelación de que un teléfono móvil de la canciller alemana fue intervenido por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) entre 2002 y 2012.
Trump también reconocía implícitamente, sin embargo, que no tiene mucho en común con Merkel, como demostró al defender frente a ella su política dura contra la entrada a Estados Unidos de refugiados e inmigrantes de ciertos países, algo que la canciller ha criticado.
Los dos mantuvieron además un encuentro con empresarios de ambos países, en el que Trump elogió el "exitoso modelo" alemán de formación a trabajadores de manufactura.

Trump ignora a Merkel cuando le pide un apretón de manos

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Trump ignora a Merkel cuando le pide un apretón de manos

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval. (AP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la canciller alemana, Angela Merkel, reconocieron este viernes los desacuerdos que han marcado el comienzo de su relación y trataron de acercar posturas respecto a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Ucrania, en un frío primer encuentro entre dos líderes con ideas casi opuestas sobre el mundo.
El lenguaje corporal de los líderes hablaba por sí solo, y la anécdota del día tuvo lugar cuando los fotógrafos entraron en el Despacho Oval y Merkel le preguntó a Trump si quería darle la mano, a lo que el presidente estadounidense no respondió.
Trump, conocido por sus efusivos apretones, sí le dio la mano a Merkel a su llegada a la Casa Blanca, y se aseguró de elogiar a la canciller por "su liderazgo a la hora de apoyar a la OTAN, sus esfuerzos en Afganistán" y sus contribuciones a la lucha contra el yihadista Estado Islámico (EI).
Pero el comentario con el que Trump cerró la conferencia de prensa dejó clara su escasa conexión con la canciller alemana.
"Sobre las escuchas telefónicas de la anterior Administración, al menos tenemos algo en común, quizá", afirmó Trump al ser preguntado por sus denuncias de que el expresidente Barack Obama (2009-2017) ordenó espiar sus comunicaciones en su torre de Nueva York el año pasado.
El mandatario trataba así de explotar uno de los puntos débiles en la cercana relación que Merkel mantuvo con Obama: la revelación de que un teléfono móvil de la canciller alemana fue intervenido por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) entre 2002 y 2012.
Trump también reconocía implícitamente, sin embargo, que no tiene mucho en común con Merkel, como demostró al defender frente a ella su política dura contra la entrada a Estados Unidos de refugiados e inmigrantes de ciertos países, algo que la canciller ha criticado.
Los dos mantuvieron además un encuentro con empresarios de ambos países, en el que Trump elogió el "exitoso modelo" alemán de formación a trabajadores de manufactura.

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Acuerdan IEDF y la organización Fronteras de
Agua promover el "voto chilango" en Estados Unidos
 
El acuerdo de apoyo y cooperación entre ambos organismos contempla actividades conjuntas de capacitación, educación cívica, promoción del voto, difusión de la cultura democrática y de la participación ciudadana, entre otras.
Con el objetivo de promover y vincular al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) con Organizaciones de la Sociedad Civil de ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos, para recabar el voto de mexicanas y mexicanos en las elecciones locales de 2018, consejeros electorales de la Ciudad de México y representantes de la asociación civil "Fronteras de Agua", con sede en Seatle,  firmaron este jueves un convenio de colaboración. 
El acuerdo de apoyo y cooperación entre ambos organismos  -celebrado dentro del marco del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, de conformidad con la normativa emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE)- contempla actividades conjuntas de capacitación, educación cívica, promoción del voto, difusión de la cultura democrática y de la participación ciudadana, entre otras.
El convenio, signado en la sede central del IEDF, establece que el Instituto suministrará a la asociación, información oportuna respecto de las actividades y proyectos que realice el organismo electoral para fomentar la participación ciudadana y la cultura democrática, con la finalidad de llegar a las y los connacionales.
De igual forma, el instituto facilitará el material que elabore con información respecto de participación ciudadana, cultura democrática y la credencialización de las y los mexicanos de la Ciudad de México residentes en los Estados Unidos.
A su vez, la asociación apoyará al IEDF en la difusión, distribución y comunicación de materiales informativos que éste le entregue, para fomentar la participación ciudadana y fomentar el voto de las y los migrantes, así como de sus familias, para que participen en los procesos electorales.
El documento señala además que "Fronteras de Agua" invitará a funcionarios y servidores públicos del IEDF a reuniones de trabajo que considere oportunas, para exponer los proyectos y actividades que el instituto esté llevando a cabo para impulsar la participación ciudadana y la cultura democrática.
La firma estuvo a cargo del consejero presidente del IEDF, Mario Velázquez Miranda, y la representante legal de "Fronteras de Agua", Susana Mercado Alvarado, quien a nombre de la asociación agradeció el respaldo que brindará el instituto para la difusión de la participación ciudadana de los connacionales en Estados Unidos. 
"Estamos muy contentos, muy emocionados con el apoyo. En la participación ciudadana para la educación política en Estados Unidos, la verdad los recursos son bastante limitados. La información no necesariamente llega hasta donde tiene que llegar.
"Y que el IEDF nos apoye como organización que trabaja directamente con la gente, no tiene precio, y nosotros estamos muy contentos con este convenio", expresó Mercado Alvarado, quien es  colaboradora en el departamento de protección del Consulado de México en Seatle, y voluntaria en diversas organizaciones de base dedicadas a la protección de los derechos de los migrantes en Estados Unidos.
Asimismo, el consejero presidente del IEDF agradeció el apoyo de la organización para que el instituto tenga una vinculación directa con los ciudadanos mexicanos que residen en Estados Unidos, no sólo para promover el llamado "voto chilango" en el extranjero, sino también para difundir la Constitución de la Ciudad de México. 
"Esta obligación que nosotros tenemos, de acercar no solamente la elección del Jefe de Gobierno, sino ahora, con la nueva Constitución, la posibilidad de crecer el voto en razón de la elección de los diputados de la Legislatura e incluso de las Alcaldías, creo que pone de relieve la importancia de esta firma de convenio", expuso Velázquez Miranda.   
En el acto estuvo presente la consejera electoral, Gabriela Williams Salazar, quien destacó que "Fronteras de Agua" es una organización que surgió para atender las necesidades legales, en beneficio de la comunidad migrante en Washington, a través del proyecto Seatle. En tal virtud, resulta oportuno que el IEDF refrende su compromiso con las y los capitalinos residentes en la Unión Americana.
Fue a partir de 2016, que se constituyó formalmente en asociación civil sin fines de lucro, binacional entre México y Estados Unidos, como una red de abogados profesionistas y activistas que defienden los derechos humanos de los migrantes mexicanos.
"Estamos muy agradecidos también con las aportaciones que han hecho ustedes a la Red de Observación Electoral, estamos seguros de que sus contribuciones seguirán aportando a esta labor", compartió Williams Salazar. 

Acuerdan IEDF y la organización Fronteras de Agua promover el "voto chilango" en Estados Unidos

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Acuerdan IEDF y la organización Fronteras de
Agua promover el "voto chilango" en Estados Unidos
 
El acuerdo de apoyo y cooperación entre ambos organismos contempla actividades conjuntas de capacitación, educación cívica, promoción del voto, difusión de la cultura democrática y de la participación ciudadana, entre otras.
Con el objetivo de promover y vincular al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) con Organizaciones de la Sociedad Civil de ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos, para recabar el voto de mexicanas y mexicanos en las elecciones locales de 2018, consejeros electorales de la Ciudad de México y representantes de la asociación civil "Fronteras de Agua", con sede en Seatle,  firmaron este jueves un convenio de colaboración. 
El acuerdo de apoyo y cooperación entre ambos organismos  -celebrado dentro del marco del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, de conformidad con la normativa emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE)- contempla actividades conjuntas de capacitación, educación cívica, promoción del voto, difusión de la cultura democrática y de la participación ciudadana, entre otras.
El convenio, signado en la sede central del IEDF, establece que el Instituto suministrará a la asociación, información oportuna respecto de las actividades y proyectos que realice el organismo electoral para fomentar la participación ciudadana y la cultura democrática, con la finalidad de llegar a las y los connacionales.
De igual forma, el instituto facilitará el material que elabore con información respecto de participación ciudadana, cultura democrática y la credencialización de las y los mexicanos de la Ciudad de México residentes en los Estados Unidos.
A su vez, la asociación apoyará al IEDF en la difusión, distribución y comunicación de materiales informativos que éste le entregue, para fomentar la participación ciudadana y fomentar el voto de las y los migrantes, así como de sus familias, para que participen en los procesos electorales.
El documento señala además que "Fronteras de Agua" invitará a funcionarios y servidores públicos del IEDF a reuniones de trabajo que considere oportunas, para exponer los proyectos y actividades que el instituto esté llevando a cabo para impulsar la participación ciudadana y la cultura democrática.
La firma estuvo a cargo del consejero presidente del IEDF, Mario Velázquez Miranda, y la representante legal de "Fronteras de Agua", Susana Mercado Alvarado, quien a nombre de la asociación agradeció el respaldo que brindará el instituto para la difusión de la participación ciudadana de los connacionales en Estados Unidos. 
"Estamos muy contentos, muy emocionados con el apoyo. En la participación ciudadana para la educación política en Estados Unidos, la verdad los recursos son bastante limitados. La información no necesariamente llega hasta donde tiene que llegar.
"Y que el IEDF nos apoye como organización que trabaja directamente con la gente, no tiene precio, y nosotros estamos muy contentos con este convenio", expresó Mercado Alvarado, quien es  colaboradora en el departamento de protección del Consulado de México en Seatle, y voluntaria en diversas organizaciones de base dedicadas a la protección de los derechos de los migrantes en Estados Unidos.
Asimismo, el consejero presidente del IEDF agradeció el apoyo de la organización para que el instituto tenga una vinculación directa con los ciudadanos mexicanos que residen en Estados Unidos, no sólo para promover el llamado "voto chilango" en el extranjero, sino también para difundir la Constitución de la Ciudad de México. 
"Esta obligación que nosotros tenemos, de acercar no solamente la elección del Jefe de Gobierno, sino ahora, con la nueva Constitución, la posibilidad de crecer el voto en razón de la elección de los diputados de la Legislatura e incluso de las Alcaldías, creo que pone de relieve la importancia de esta firma de convenio", expuso Velázquez Miranda.   
En el acto estuvo presente la consejera electoral, Gabriela Williams Salazar, quien destacó que "Fronteras de Agua" es una organización que surgió para atender las necesidades legales, en beneficio de la comunidad migrante en Washington, a través del proyecto Seatle. En tal virtud, resulta oportuno que el IEDF refrende su compromiso con las y los capitalinos residentes en la Unión Americana.
Fue a partir de 2016, que se constituyó formalmente en asociación civil sin fines de lucro, binacional entre México y Estados Unidos, como una red de abogados profesionistas y activistas que defienden los derechos humanos de los migrantes mexicanos.
"Estamos muy agradecidos también con las aportaciones que han hecho ustedes a la Red de Observación Electoral, estamos seguros de que sus contribuciones seguirán aportando a esta labor", compartió Williams Salazar. 

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En la Mira…

Gabriel Zendejas

"Trueque" de armas del narco con 

EU; fracaso de Fuerzas Armadas 

A pesar de los esfuerzos de nuestras Fuerzas Armadas para combatir todos los días al crimen organizado, ante el mundo México es una nación en guerra donde los integrantes de los cárteles de la droga escogen sus propios cotos de poder en los centros turísticos del territorio. Ahí protagonizan enfrentamientos contra sus rivales, militares o marinos, y hacen gala del mejor armamento que supera en número, y tecnología.

Las autoidades mexicanas reconocen que de cada 10 armas decomisadas al crimen organizado, entre 8 y 9 provienen de los Estados Unidos, y que esto obedece a una especie de "trueque" entre los propietarios de las armerías y los narcotraficantes, es decir, "te doy droga, y me das rifles, granadas, y todo lo más moderno que en esta materia que poseas…"
Aquí sólo un dato alarmante, el Instituto Internacional de Paz de Estocolmo, estima que los Estados Unidos destina más de 340 mil millones de dólares al año para el desarrollo, producción e implementación de armas, que lo convierte en el país armamentista más grande del mundo, por encima de Rusia y Alemania, por lo que representa una mina de oro para los cárteles mexicanos que ven la mejor forma de armarse hasta los "dientes".

Organismos no gubernamentales con sede en Ginebra, Suiza, establecieron que México cuenta con un circulante de armas superior a  los 30 millones. De ese total, un 85 por ciento se pu de considerar ilegal, y está en manos del crimen organizado.

Los cárteles de la mafia en México y Estados Unidos utilizan -a la inversa- las rutas del cruce de drogas para transportar armas, municiones y dinero, entre estos pasos los llamados narcotúneles son usados ida y vuelta. Así lo han reconocido funcionarios mexicanos.

Estados Unidos cuenta con un Centro de Rastreo Nacional e Internacional de Armas de Fuego, que se encarga de seguir el camino de las armas que han participado en actos delictivos ya sea en Estados Unidos u otras partes del mundo.  

Al menos 10 mil establecimientos dedicados a la venta de armas se encuentran establecidos en las ciudades de Estados Unidos que tienen frontera con México. En estos puntos se surten de armas y municiones muchos de los grupos de la delincuencia organizada que operan en México.

Otros puntos de venta son las llamadas "ferias de armas" que se instalan eventualmente o los fines de semana, en estas mismas ciudades fronterizas.

Existen seis 6 principales rutas del tráfico de armas hacía México. También tienen ubicadas a las organizaciones criminales que las controlan, y que fueron controladas en su momento por estos carteles.

* San Diego, California-Tijuana, Baja California, controlada por el Cártel Arellano Félix.
Caléxico, California-Mexicali, Baja California, manejada por el Cártel de Sinaloa.
Yuma, Arizona-San Luis Río Colorado, Sonora, bajo el control del Cártel de Sinaloa.
Tucson, Arizona-Nogales, Sonora, operada por los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva.
Las Cruces, Nuevo México-Juárez, Chihuahua, controlada por Cártel de Juárez.
Laredo, Texas-Nuevo Laredo, Tamaulipas, operada por el Cártel del Golfo.

Esta es la forma en la que qué da al descubierto el rotundo fracaso de nuestras Fuerzas Armadas en materia de combate al crimen organizado, al mismo tiempo que el Congreso de la Unión no "sueltan" la Ley exigida a favor precisamente de las Fuerzas Armadas para dar marco legal a sus acciones, sin las cuales este pobre país, ya estaría gobernado por estas mafias, aunque de hecho ya está…


EN LA MIRA.../ Gabriel Zendejas/ Trueque de armas del narco con EU; fracaso de las fuerzas armadas

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En la Mira…

Gabriel Zendejas

"Trueque" de armas del narco con 

EU; fracaso de Fuerzas Armadas 

A pesar de los esfuerzos de nuestras Fuerzas Armadas para combatir todos los días al crimen organizado, ante el mundo México es una nación en guerra donde los integrantes de los cárteles de la droga escogen sus propios cotos de poder en los centros turísticos del territorio. Ahí protagonizan enfrentamientos contra sus rivales, militares o marinos, y hacen gala del mejor armamento que supera en número, y tecnología.

Las autoidades mexicanas reconocen que de cada 10 armas decomisadas al crimen organizado, entre 8 y 9 provienen de los Estados Unidos, y que esto obedece a una especie de "trueque" entre los propietarios de las armerías y los narcotraficantes, es decir, "te doy droga, y me das rifles, granadas, y todo lo más moderno que en esta materia que poseas…"
Aquí sólo un dato alarmante, el Instituto Internacional de Paz de Estocolmo, estima que los Estados Unidos destina más de 340 mil millones de dólares al año para el desarrollo, producción e implementación de armas, que lo convierte en el país armamentista más grande del mundo, por encima de Rusia y Alemania, por lo que representa una mina de oro para los cárteles mexicanos que ven la mejor forma de armarse hasta los "dientes".

Organismos no gubernamentales con sede en Ginebra, Suiza, establecieron que México cuenta con un circulante de armas superior a  los 30 millones. De ese total, un 85 por ciento se pu de considerar ilegal, y está en manos del crimen organizado.

Los cárteles de la mafia en México y Estados Unidos utilizan -a la inversa- las rutas del cruce de drogas para transportar armas, municiones y dinero, entre estos pasos los llamados narcotúneles son usados ida y vuelta. Así lo han reconocido funcionarios mexicanos.

Estados Unidos cuenta con un Centro de Rastreo Nacional e Internacional de Armas de Fuego, que se encarga de seguir el camino de las armas que han participado en actos delictivos ya sea en Estados Unidos u otras partes del mundo.  

Al menos 10 mil establecimientos dedicados a la venta de armas se encuentran establecidos en las ciudades de Estados Unidos que tienen frontera con México. En estos puntos se surten de armas y municiones muchos de los grupos de la delincuencia organizada que operan en México.

Otros puntos de venta son las llamadas "ferias de armas" que se instalan eventualmente o los fines de semana, en estas mismas ciudades fronterizas.

Existen seis 6 principales rutas del tráfico de armas hacía México. También tienen ubicadas a las organizaciones criminales que las controlan, y que fueron controladas en su momento por estos carteles.

* San Diego, California-Tijuana, Baja California, controlada por el Cártel Arellano Félix.
Caléxico, California-Mexicali, Baja California, manejada por el Cártel de Sinaloa.
Yuma, Arizona-San Luis Río Colorado, Sonora, bajo el control del Cártel de Sinaloa.
Tucson, Arizona-Nogales, Sonora, operada por los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva.
Las Cruces, Nuevo México-Juárez, Chihuahua, controlada por Cártel de Juárez.
Laredo, Texas-Nuevo Laredo, Tamaulipas, operada por el Cártel del Golfo.

Esta es la forma en la que qué da al descubierto el rotundo fracaso de nuestras Fuerzas Armadas en materia de combate al crimen organizado, al mismo tiempo que el Congreso de la Unión no "sueltan" la Ley exigida a favor precisamente de las Fuerzas Armadas para dar marco legal a sus acciones, sin las cuales este pobre país, ya estaría gobernado por estas mafias, aunque de hecho ya está…


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LÍDERES POLÍTICOS

                      Jesús Belmont Vázquez
 
                  Violencia sistemática

*Informe alarmante de la ONU Mujeres

*Solo una de 5 violaciones se condena

La violencia ejercida contra las mujeres sigue siendo un grave problema social en México. Las formas de violencia contra las mujeres son múltiples y muchas de ellas ocurren de manera simultánea, por lo que esta problemática debe asumirse con mayor responsabilidad.
Un informe de la ONU Mujeres refiere que la discriminación contra las mujeres y niñas en México se repite diariamente en situaciones cotidianas, como la brecha de género y la falta de recursos de protección en situaciones de embarazo. 
Esta desigualdad se traduce en violencia sistemática e impacta profundamente en la vida de todas las mujeres mexicanas.
El informe muestra una creciente tendencia hacia la violencia de género, que muchas veces termina con la muerte de una mujer. 
De acuerdo a la investigación, entre 1985 y 2014 se registraron en México un total de 47 mil 178 muertes de mujeres, que fueron posibles asesinatos. 
En el periodo del 2007 hasta el 2013 se aprecia un gran aumento de feminicidios en las localidades de Tamaulipas, Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Durango, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Colima, Baja California y Guerrero.
En cuanto a las violaciones, una de las expresiones más claras de impunidad ante estos hechos es la diferencia entre denuncias y sentencias. 
En los años estudiados se notó que solo una de cada cinco denuncias por violación llegó a una sentencia condenatoria.
Estos hechos demuestran que las mujeres no solo no están protegidas, sino que tampoco cuentan con garantías de la justicia por la violencia a la que se ven sometidas. 
Para cambiar este fenómeno que cada vez afecta a más mexicanas, es necesario mejorar los servicios de atención a víctimas de violencia y priorizar a nivel gubernamental una respuesta ante ellos.
Otra de las medidas para erradicar la violencia contra las mujeres es sin duda un marco legal que genere respeto a su integridad en todos los ámbitos y contribuya a la equidad e igualdad entre hombres y mujeres.
Con la reforma aprobada en la Cámara de Diputados, los tres niveles de gobierno tendrán organismos para asumir su responsabilidad en la defensa de las mujeres frente a actos de violencia en su contra.
La reforma que adiciona un artículo 50 bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, significa un paso determinante para erradicar la violencia en contra del género femenino desde el ámbito de gobierno más cercano a la gente, que es el municipal.
Este Sistema Municipal será el encargado de las políticas municipales en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra la mujer, así como para fomentar la protección y asistencia de las mujeres víctimas en su ámbito de competencia.
Los municipios por si mismos deben establecer, de acuerdo a cada una de sus estructuras, los recursos necesarios e integrantes de este sistema, a fin de promover una instancia que permita proteger y defender a las mujeres.
La reforma logra la incorporación del Sistema Municipal de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra las Mujeres y suma su contenido al Sistema Estatal en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En un artículo segundo transitorio se establece que las autoridades municipales contarán con un plazo de 180 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto, para integrar el respectivo sistema.
El respaldo de los integrantes de las diferentes bancadas del Congreso de la Unión a la citada reforma fue unánime, y con ello se envió un mensaje muy claro de que el Estado tiene el compromiso de generar políticas públicas en todos los niveles de gobierno para lograr una verdadera igualdad y paridad de género.


                                            



























LÍDERES POLÍTICOS/ Jesús Belmont Vázquez/ Violencia Sistémica

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LÍDERES POLÍTICOS

                      Jesús Belmont Vázquez
 
                  Violencia sistemática

*Informe alarmante de la ONU Mujeres

*Solo una de 5 violaciones se condena

La violencia ejercida contra las mujeres sigue siendo un grave problema social en México. Las formas de violencia contra las mujeres son múltiples y muchas de ellas ocurren de manera simultánea, por lo que esta problemática debe asumirse con mayor responsabilidad.
Un informe de la ONU Mujeres refiere que la discriminación contra las mujeres y niñas en México se repite diariamente en situaciones cotidianas, como la brecha de género y la falta de recursos de protección en situaciones de embarazo. 
Esta desigualdad se traduce en violencia sistemática e impacta profundamente en la vida de todas las mujeres mexicanas.
El informe muestra una creciente tendencia hacia la violencia de género, que muchas veces termina con la muerte de una mujer. 
De acuerdo a la investigación, entre 1985 y 2014 se registraron en México un total de 47 mil 178 muertes de mujeres, que fueron posibles asesinatos. 
En el periodo del 2007 hasta el 2013 se aprecia un gran aumento de feminicidios en las localidades de Tamaulipas, Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Durango, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Colima, Baja California y Guerrero.
En cuanto a las violaciones, una de las expresiones más claras de impunidad ante estos hechos es la diferencia entre denuncias y sentencias. 
En los años estudiados se notó que solo una de cada cinco denuncias por violación llegó a una sentencia condenatoria.
Estos hechos demuestran que las mujeres no solo no están protegidas, sino que tampoco cuentan con garantías de la justicia por la violencia a la que se ven sometidas. 
Para cambiar este fenómeno que cada vez afecta a más mexicanas, es necesario mejorar los servicios de atención a víctimas de violencia y priorizar a nivel gubernamental una respuesta ante ellos.
Otra de las medidas para erradicar la violencia contra las mujeres es sin duda un marco legal que genere respeto a su integridad en todos los ámbitos y contribuya a la equidad e igualdad entre hombres y mujeres.
Con la reforma aprobada en la Cámara de Diputados, los tres niveles de gobierno tendrán organismos para asumir su responsabilidad en la defensa de las mujeres frente a actos de violencia en su contra.
La reforma que adiciona un artículo 50 bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, significa un paso determinante para erradicar la violencia en contra del género femenino desde el ámbito de gobierno más cercano a la gente, que es el municipal.
Este Sistema Municipal será el encargado de las políticas municipales en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra la mujer, así como para fomentar la protección y asistencia de las mujeres víctimas en su ámbito de competencia.
Los municipios por si mismos deben establecer, de acuerdo a cada una de sus estructuras, los recursos necesarios e integrantes de este sistema, a fin de promover una instancia que permita proteger y defender a las mujeres.
La reforma logra la incorporación del Sistema Municipal de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra las Mujeres y suma su contenido al Sistema Estatal en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En un artículo segundo transitorio se establece que las autoridades municipales contarán con un plazo de 180 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto, para integrar el respectivo sistema.
El respaldo de los integrantes de las diferentes bancadas del Congreso de la Unión a la citada reforma fue unánime, y con ello se envió un mensaje muy claro de que el Estado tiene el compromiso de generar políticas públicas en todos los niveles de gobierno para lograr una verdadera igualdad y paridad de género.


                                            



























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·         El Jefe de Gobierno destacó que este acuerdo se realiza en estricto apego a la protección de datos personales
 ·         "La ciencia al servicio de la sociedad, demostrando una vez más cómo con un poco de voluntad política y de voluntad de las personas, podemos mejorar una condición de vida", apunta

Noel F. Alvarado
La Ciudad de México presentó un protocolo que a través del cruce de datos entre el Instituto Nacional Electoral (INE), la Procuraduría General de la República  (PGR) y Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), permitiría establecer la identidad, en su caso, de nueve de cada 10 cadáveres, que de otra forma terminarían en la fosa común.
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que México cuenta con una agenda pendiente en la identificación de quienes están desaparecidos y llevar este esquema a toda la República ayudaría a las familias que realizan búsquedas desesperadas de personas en diferentes zonas del país.
"Hoy la Ciudad de México tiene más de 40 de estos casos ya positivos, no estamos hablando de algo que vamos a hacer, estamos anunciando algo que está comprobado ", aseveró el mandatario capitalino durante la presentación del resultado del convenio de "Identificación de Cadáveres de Identidad Desconocida a través de Método de Huellas Dactilares".
Recalcó que este acuerdo se realiza en estricto apego a la protección de datos personales y agradeció el apoyo brindado por el Comité Internacional de la Cruz Roja para implementarlo en la CDMX.
"La ciencia al servicio de la sociedad, demostrando una vez más cómo con un poco de voluntad política y de voluntad de las personas podemos mejorar una condición de vida y evitar que se vuelva inercial", expresó.
Hizo un llamado a modernizar los servicios periciales que representan un eslabón fundamental en la impartición de justicia y reconoció la labor que realiza el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).
Enfatizó que en este protocolo la actuación del INCIFO es fundamental, pues es el encargado de tomar las huellas de los cadáveres y enviarlas al INE que determinará a través de su base de datos las coincidencias, que ayudarán a resolver carpetas de investigación de personas que permanecían en calidad de desconocidas.
"Hoy estamos dando un resultado nacional, esta es una noticia que debe ser de carácter nacional porque estamos diciendo cómo se puede identificar aquellos cadáveres que antes paraban en la fosa común", reiteró.
El presidente del TSJCDMX, Édgar Elías Azar, resaltó la sensibilidad del Gobierno de la Ciudad de México para implementar un protocolo que permita reconocer los cadáveres de personas a través de pruebas científicas en un trabajo que fortalece la colaboración institucional.
"El mérito de la Ciudad de México, nuestra ciudad, su ciudad, Jefe de Gobierno, es fundamentalmente la sensibilidad que ha mostrado por las familias y los colectivos que se presenta generalmente del interior de la República, a reclamar cuerpos de seres queridos", expuso.
El coordinador general del programa de personas desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja delegación regional para México, América Central y Cuba, Olivier Dubois, dijo que el país cuenta con bancos de datos aprovechables como los del INE y refrendo el compromiso de colaborar para implementar buenas prácticas técnicas para maximizar las posibilidades de coincidencias.
El titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Omar Hamid García Harfuch, explicó que la finalidad del convenio es brindar herramientas que generen esquemas de coordinación para garantizar a la sociedad, primordialmente a las víctimas de delitos el acceso a la justicia.
Asistieron el procurador general de Justicia de la CDMX, Rodolfo Ríos Garza; la consejera del INE, Adriana Margarita Favela Herrera, jueces, magistrados e invitados especiales.

Presentan en la CDMX protocolo para identificación de cadáveres

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·         El Jefe de Gobierno destacó que este acuerdo se realiza en estricto apego a la protección de datos personales
 ·         "La ciencia al servicio de la sociedad, demostrando una vez más cómo con un poco de voluntad política y de voluntad de las personas, podemos mejorar una condición de vida", apunta

Noel F. Alvarado
La Ciudad de México presentó un protocolo que a través del cruce de datos entre el Instituto Nacional Electoral (INE), la Procuraduría General de la República  (PGR) y Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), permitiría establecer la identidad, en su caso, de nueve de cada 10 cadáveres, que de otra forma terminarían en la fosa común.
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que México cuenta con una agenda pendiente en la identificación de quienes están desaparecidos y llevar este esquema a toda la República ayudaría a las familias que realizan búsquedas desesperadas de personas en diferentes zonas del país.
"Hoy la Ciudad de México tiene más de 40 de estos casos ya positivos, no estamos hablando de algo que vamos a hacer, estamos anunciando algo que está comprobado ", aseveró el mandatario capitalino durante la presentación del resultado del convenio de "Identificación de Cadáveres de Identidad Desconocida a través de Método de Huellas Dactilares".
Recalcó que este acuerdo se realiza en estricto apego a la protección de datos personales y agradeció el apoyo brindado por el Comité Internacional de la Cruz Roja para implementarlo en la CDMX.
"La ciencia al servicio de la sociedad, demostrando una vez más cómo con un poco de voluntad política y de voluntad de las personas podemos mejorar una condición de vida y evitar que se vuelva inercial", expresó.
Hizo un llamado a modernizar los servicios periciales que representan un eslabón fundamental en la impartición de justicia y reconoció la labor que realiza el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).
Enfatizó que en este protocolo la actuación del INCIFO es fundamental, pues es el encargado de tomar las huellas de los cadáveres y enviarlas al INE que determinará a través de su base de datos las coincidencias, que ayudarán a resolver carpetas de investigación de personas que permanecían en calidad de desconocidas.
"Hoy estamos dando un resultado nacional, esta es una noticia que debe ser de carácter nacional porque estamos diciendo cómo se puede identificar aquellos cadáveres que antes paraban en la fosa común", reiteró.
El presidente del TSJCDMX, Édgar Elías Azar, resaltó la sensibilidad del Gobierno de la Ciudad de México para implementar un protocolo que permita reconocer los cadáveres de personas a través de pruebas científicas en un trabajo que fortalece la colaboración institucional.
"El mérito de la Ciudad de México, nuestra ciudad, su ciudad, Jefe de Gobierno, es fundamentalmente la sensibilidad que ha mostrado por las familias y los colectivos que se presenta generalmente del interior de la República, a reclamar cuerpos de seres queridos", expuso.
El coordinador general del programa de personas desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja delegación regional para México, América Central y Cuba, Olivier Dubois, dijo que el país cuenta con bancos de datos aprovechables como los del INE y refrendo el compromiso de colaborar para implementar buenas prácticas técnicas para maximizar las posibilidades de coincidencias.
El titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Omar Hamid García Harfuch, explicó que la finalidad del convenio es brindar herramientas que generen esquemas de coordinación para garantizar a la sociedad, primordialmente a las víctimas de delitos el acceso a la justicia.
Asistieron el procurador general de Justicia de la CDMX, Rodolfo Ríos Garza; la consejera del INE, Adriana Margarita Favela Herrera, jueces, magistrados e invitados especiales.

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Cesan a 11 empleados del penal de donde se fugó el hijo de "El Azul"
*Once personas del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) de Culiacán, Sinaloa, de donde se fugaron cinco presos, entre ellos Juan José Esparragoza Monzón, "El Negro", hijo de "El Azul", fueron cesadas de sus cargos.
Redacción
De acuerdo con información difundida por Ríodoce, el gobierno de Quirino Ordaz aseguró que las medidas de seguridad aplicadas "son sumamente endebles con videocámaras insuficientes; no cuenta con inhibidores de llamadas de teléfonos celulares de los reos hacia el exterior; se cuenta con personal insuficiente; hay custodios asignados no capacitados y con bajos sueldos, además con equipamiento de seguridad ni óptimo ni en cantidad pertinente.
"Por esas mismas condiciones, tal como lo informó esta mañana el secretario de Seguridad Pública, general Genaro Robles Casillas, desde el 19 de enero pasado se había solicitado el traslado a penales de máxima seguridad de los reos que se evadieron".
Según el comunicado, el gabinete de seguridad, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, trabajan en acciones para dar con "el paradero y recaptura de los reos que se evadieron, toda vez que nadie puede ni debe estar por encima de la ley".
Además de Juan José Esparragoza Monzón, operador financiero del Cártel de Sinaloa, los presos que se fugaron del Cecjude son: Jesús Peña, "El Veinte", operador de "El Mayo" Zambada; Rafael Guadalupe Félix Núñez, "El Changuito", líder de la célula de Los Ántrax; Francisco Javier Zazueta Rosales, "El Chimal", señalado de ser el responsable al ataque al convoy militar donde murieron cinco soldados; y Alfonso Limón, "El Chuba", también colaborador del cártel de Joaquín El Chapo Guzmán, preso en una cárcel de Estados Unidos.
Por separado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitió un posicionamiento con respecto a la suspensión de amparo que fue concedida a Juan José Esparragoza Monzón, que impidió que fuera trasladado a una prisión de máxima seguridad, junto con otros de los reos que se fugaron ayer del Cecjude.
Destacó que la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecen que contra el acto reclamado consistente en una orden de autoridad administrativa de trasladar a un interno de un centro penitenciario a otro, procederá en todos los casos la concesión de la suspensión de oficio y de plano, por lo que el juez de Distrito que conoció de la demanda de amparo, estaba obligado a conceder dicha medida cautelar.
La jurisprudencia, que es de aplicación obligatoria para los juzgadores, es clara en establecer que se debe conceder la suspensión mencionada, cuando la orden de traslado de un centro penitenciario no es emitida por la autoridad judicial a cargo del proceso.
En este caso en específico, se atribuyó que la orden de traslado reclamada en el amparo provenía de autoridades administrativas y no de un juez federal, lo que permitió considerarla como un acto fuera de procedimiento que afecta la libertad personal, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo y las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J.17/2013 (10a) y 1a./J.83/2015 (10a).

Cesan a 11 empleados del penal de donde se fugó el hijo de “El Azul”

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Cesan a 11 empleados del penal de donde se fugó el hijo de "El Azul"
*Once personas del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) de Culiacán, Sinaloa, de donde se fugaron cinco presos, entre ellos Juan José Esparragoza Monzón, "El Negro", hijo de "El Azul", fueron cesadas de sus cargos.
Redacción
De acuerdo con información difundida por Ríodoce, el gobierno de Quirino Ordaz aseguró que las medidas de seguridad aplicadas "son sumamente endebles con videocámaras insuficientes; no cuenta con inhibidores de llamadas de teléfonos celulares de los reos hacia el exterior; se cuenta con personal insuficiente; hay custodios asignados no capacitados y con bajos sueldos, además con equipamiento de seguridad ni óptimo ni en cantidad pertinente.
"Por esas mismas condiciones, tal como lo informó esta mañana el secretario de Seguridad Pública, general Genaro Robles Casillas, desde el 19 de enero pasado se había solicitado el traslado a penales de máxima seguridad de los reos que se evadieron".
Según el comunicado, el gabinete de seguridad, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, trabajan en acciones para dar con "el paradero y recaptura de los reos que se evadieron, toda vez que nadie puede ni debe estar por encima de la ley".
Además de Juan José Esparragoza Monzón, operador financiero del Cártel de Sinaloa, los presos que se fugaron del Cecjude son: Jesús Peña, "El Veinte", operador de "El Mayo" Zambada; Rafael Guadalupe Félix Núñez, "El Changuito", líder de la célula de Los Ántrax; Francisco Javier Zazueta Rosales, "El Chimal", señalado de ser el responsable al ataque al convoy militar donde murieron cinco soldados; y Alfonso Limón, "El Chuba", también colaborador del cártel de Joaquín El Chapo Guzmán, preso en una cárcel de Estados Unidos.
Por separado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitió un posicionamiento con respecto a la suspensión de amparo que fue concedida a Juan José Esparragoza Monzón, que impidió que fuera trasladado a una prisión de máxima seguridad, junto con otros de los reos que se fugaron ayer del Cecjude.
Destacó que la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecen que contra el acto reclamado consistente en una orden de autoridad administrativa de trasladar a un interno de un centro penitenciario a otro, procederá en todos los casos la concesión de la suspensión de oficio y de plano, por lo que el juez de Distrito que conoció de la demanda de amparo, estaba obligado a conceder dicha medida cautelar.
La jurisprudencia, que es de aplicación obligatoria para los juzgadores, es clara en establecer que se debe conceder la suspensión mencionada, cuando la orden de traslado de un centro penitenciario no es emitida por la autoridad judicial a cargo del proceso.
En este caso en específico, se atribuyó que la orden de traslado reclamada en el amparo provenía de autoridades administrativas y no de un juez federal, lo que permitió considerarla como un acto fuera de procedimiento que afecta la libertad personal, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo y las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J.17/2013 (10a) y 1a./J.83/2015 (10a).

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