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Diputado Bernardo Olvera entregó equipo de pozo en San Simón
*Realizó para hacer más eficiente la distribución de agua en esta localidad
El presidente de la junta de coordinación política (JCP) de la lvii legislatura mexiquense Bernardo Olvera Enciso, hizo entrega a los habitantes de san simón, Texcoco, de una bomba de agua para el pozo de la comunidad.
En el acto de trabajo asistieron en representación del presidente municipal de Texcoco Arturo Martínez Alfaro, el secretario del ayuntamiento Oscar Maldonado Osorio; el director general de administración y finanzas de caem (comisión del agua del estado de México) Marcelo Martínez Martínez; la diputada federal por representación proporcional Erika Funes Velázquez; y el subdirector regional de educación básica en Texcoco Raymundo Sánchez Zavala.
Por ello, el presidente de la JCP, indicó que Texcoco ha ido creciendo y con el ánimo de un trabajo en conjunto se ha logrado tener mejores servicios y darles mejor calidad de vida a los vecinos, dijo que el director de finanzas de la caem Marcelo Martínez, fue eje fundamental para lograr la gestión.
Detalló, que este equipamiento era muy necesario y con esta entrega “estamos logrando que la comunidad de san simón ya no sufra de tener ese líquido vital”, apuntó que era muy importante proteger el agua, por ello, las autoridades y ciudadanos tenían la responsabilidad de fomentar la cultura del agua.
El diputado local Olvera, gestionó para la comunidad el equipo de una bomba sumergible de 50 caballos de potencia, con un gasto de 20 litros por segundo, cable sumergible, 120m. De tubería de pvc hidráulico, con un costo aproximado de $120 mil pesos.
Asimismo, el director general de administración y finanzas de caem (comisión del agua del estado de México) Marcelo Martínez Martínez, instó a todos a crear una cultura del agua evitando su desperdicio y su contaminación, invitando a la comunidad a plantear proyectos como construcción de aguas de tratamiento en lugar de cárcamos, y aprovechar en su máximo la vida útil del líquido.
Por su parte, el secretario del ayuntamiento Oscar Maldonado, agradeció al diputado su gestión y el trabajo tan destacado que ha realizado por Texcoco.

BERNARDO OLVERA ENTREGÓ EQUIPO PARA POZO EN SAN SIMON

Posted by LINO CALDERON No comments

Diputado Bernardo Olvera entregó equipo de pozo en San Simón
*Realizó para hacer más eficiente la distribución de agua en esta localidad
El presidente de la junta de coordinación política (JCP) de la lvii legislatura mexiquense Bernardo Olvera Enciso, hizo entrega a los habitantes de san simón, Texcoco, de una bomba de agua para el pozo de la comunidad.
En el acto de trabajo asistieron en representación del presidente municipal de Texcoco Arturo Martínez Alfaro, el secretario del ayuntamiento Oscar Maldonado Osorio; el director general de administración y finanzas de caem (comisión del agua del estado de México) Marcelo Martínez Martínez; la diputada federal por representación proporcional Erika Funes Velázquez; y el subdirector regional de educación básica en Texcoco Raymundo Sánchez Zavala.
Por ello, el presidente de la JCP, indicó que Texcoco ha ido creciendo y con el ánimo de un trabajo en conjunto se ha logrado tener mejores servicios y darles mejor calidad de vida a los vecinos, dijo que el director de finanzas de la caem Marcelo Martínez, fue eje fundamental para lograr la gestión.
Detalló, que este equipamiento era muy necesario y con esta entrega “estamos logrando que la comunidad de san simón ya no sufra de tener ese líquido vital”, apuntó que era muy importante proteger el agua, por ello, las autoridades y ciudadanos tenían la responsabilidad de fomentar la cultura del agua.
El diputado local Olvera, gestionó para la comunidad el equipo de una bomba sumergible de 50 caballos de potencia, con un gasto de 20 litros por segundo, cable sumergible, 120m. De tubería de pvc hidráulico, con un costo aproximado de $120 mil pesos.
Asimismo, el director general de administración y finanzas de caem (comisión del agua del estado de México) Marcelo Martínez Martínez, instó a todos a crear una cultura del agua evitando su desperdicio y su contaminación, invitando a la comunidad a plantear proyectos como construcción de aguas de tratamiento en lugar de cárcamos, y aprovechar en su máximo la vida útil del líquido.
Por su parte, el secretario del ayuntamiento Oscar Maldonado, agradeció al diputado su gestión y el trabajo tan destacado que ha realizado por Texcoco.

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Último informe del Presidente Calderón: ¿reconocerá el grave deterioro en la protección de los derechos humano?
El día de hoy se cumplen dos años de que trascendió públicamente el hallazgo de una fosa con los cuerpos de decenas de migrantes en el municipio de San Fernando, en el fronterizo estado de Tamaulipas.
En momentos en que el presidente Calderón se dispone a presentar su último informe de gobierno, es imprescindible reflexionar sobre el impacto de sus políticas en materia de justicia y seguridad pública sobre los derechos humanos en México.
Desgraciadamente la administración actual ha tolerado un grave deterioro en la protección de los derechos humanos y ha hecho caso omiso a las miles de víctimas de violaciones que se han atrevido a denunciar los abusos y reclamar justicia.
El gobierno del Presidente Calderón puso en marcha una política de seguridad pública para enfrentar militarmente a grupos del crimen organizado, que agravó la violencia severamente en varias regiones del país, sin contar con una estrategia o capacidades para frenarla y garantizar la seguridad para las poblaciones afectadas.
Esta política se construyó sobre el despliegue masivo y rutinario de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, lo cual generó un aumento escalofriante en las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, como detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, y desapariciones forzadas.
“Con frecuencia el gobierno y las fuerzas de seguridad han intentado minimizar el impacto de la violencia, acusando a las víctimas de los abusos cometidos por el ejército y la policía de ser criminales. Sin embargo, en su gran mayoría no eran criminales sino personas comunes que han sufrido las consecuencias de la política de seguridad del gobierno mexicano,” afirmó Alberto Herrera, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
En vez de asumir el liderazgo necesario para combatir la impunidad por las violaciones de derechos humanos y garantizar investigaciones imparciales y exhaustivas, el gobierno ha preferido usar los mismos mecanismos deficientes de rendición de cuentas que han minimizado e ignorado las violaciones de derechos humanos durante décadas. La jurisdicción militar, las procuradurías generales de justicia, las investigaciones internas de las instituciones imputadas y las comisiones estatales de derechos humanos han dejado en el desamparo a las víctimas.
“Ante esta política de negación, no es sorprendente que el gobierno no sea capaz de ver las alarmantes dimensiones de los abusos, la desesperada situación de las víctimas ni de encontrar a los responsables,” continuó Herrera.
El impacto de las políticas a favor de los derechos humanos que el gobierno ha anunciado en diferentes ocasiones es escaso. Por ejemplo, las medidas para fortalecer los derechos de las mujeres, las personas migrantes y los pueblos indígenas han sido insuficientes como lo demuestra el hecho de que estas poblaciones siguen sufriendo abusos graves, como ha sido constatado por los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas que han estudiado a México.
La reciente adopción por Amnistía Internacional de dos presos de consciencia, los indígenas defensores del derecho al agua, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz en el Estado de Puebla, es una muestra más como el sistema de justicia continúa prestándose a la persecución infundada de defensores de derechos humanos y personas indígenas.
Las y los defensores de derechos humanos y periodistas han sido objeto de ataques, asesinatos, amenazas e intimidación en represalia por su trabajo. Durante años el gobierno se resistió a establecer un mecanismo eficaz de protección para estas personas en riesgo. Solo este año, con el nuevo marco legal aprobado por el Congreso y promovido por la sociedad civil, el gobierno ha tomado los primeros pasos para establecer un mecanismo de protección. Aún así, todavía existen muchas dudas acerca sobre su eficacia, sobre las investigaciones penales necesarias para esclarecer los ataques y sobre el compromiso de la próxima administración a de dar continuidad al mecanismo.
Un avance de esta administración debería haber sido la reforma del sistema de justicia en 2008. Sin embargo, solo una minoría de estados ha implementado los cambios, y ni siquiera en estos, parece haber reforzado la protección de los derechos de las víctimas o los acusados. En la práctica la reforma no ha contribuido hasta ahora a mejorar la certeza del sistema de justicia, ni la confianza de la sociedad en estas instituciones. El hecho de que la mayoría de los estados y la federación sigan sin introducir las reformas, significa que continúan operando bajo un sistema que no garantiza la justicia y tolera la impunidad.
La introducción del arraigo a la Constitución, un mecanismo arbitrario y abusivo que debilita la justicia y no la refuerza, es tal vez uno de los retrocesos más significativos impulsados por el gobierno en los últimos años. Este retroceso se ha dado ignorando las recomendaciones de las Naciones Unidas de abolirlo.
A pesar de estos aspectos negativos, Amnistía Internacional reconoce avances muy importantes durante esta administración, en particular, las reformas en materia de derechos humanos a la Constitución de junio 2011 que implican finalmente asumir la obligación de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México.
Las consecuencias de estas reformas apenas han empezado a sentirse. Un ejemplo, es la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de limitar el fuero militar en conformidad con las sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos para excluir las violaciones de derechos humanos de la jurisdicción militar.
Este último paso, pendiente todavía de convertirse en jurisprudencia obligatoria para los demás tribunales, se ha logrado después de años de campaña por parte de familiares y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en su lucha por la justicia, verdad y reparaciones. En realidad, el gobierno se ha opuesto de forma constante a este cambio. Solo gracias al esfuerzo de las víctimas y sus familiares se ha empezado a desmantelar el muro de impunidad que protege a quienes violan los derechos humanos.
“Un gobierno que ignora a la sociedad civil como impulsora del cambio y que no atiende su sed de justicia, está destinado a fracasar en el fortalecimiento del estado de derecho y la protección de derechos humanos,” concluyó Herrera

RECONOCERÁ CALDERÓN EL GRAVE DETERIORO EN PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

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Último informe del Presidente Calderón: ¿reconocerá el grave deterioro en la protección de los derechos humano?
El día de hoy se cumplen dos años de que trascendió públicamente el hallazgo de una fosa con los cuerpos de decenas de migrantes en el municipio de San Fernando, en el fronterizo estado de Tamaulipas.
En momentos en que el presidente Calderón se dispone a presentar su último informe de gobierno, es imprescindible reflexionar sobre el impacto de sus políticas en materia de justicia y seguridad pública sobre los derechos humanos en México.
Desgraciadamente la administración actual ha tolerado un grave deterioro en la protección de los derechos humanos y ha hecho caso omiso a las miles de víctimas de violaciones que se han atrevido a denunciar los abusos y reclamar justicia.
El gobierno del Presidente Calderón puso en marcha una política de seguridad pública para enfrentar militarmente a grupos del crimen organizado, que agravó la violencia severamente en varias regiones del país, sin contar con una estrategia o capacidades para frenarla y garantizar la seguridad para las poblaciones afectadas.
Esta política se construyó sobre el despliegue masivo y rutinario de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, lo cual generó un aumento escalofriante en las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, como detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, y desapariciones forzadas.
“Con frecuencia el gobierno y las fuerzas de seguridad han intentado minimizar el impacto de la violencia, acusando a las víctimas de los abusos cometidos por el ejército y la policía de ser criminales. Sin embargo, en su gran mayoría no eran criminales sino personas comunes que han sufrido las consecuencias de la política de seguridad del gobierno mexicano,” afirmó Alberto Herrera, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
En vez de asumir el liderazgo necesario para combatir la impunidad por las violaciones de derechos humanos y garantizar investigaciones imparciales y exhaustivas, el gobierno ha preferido usar los mismos mecanismos deficientes de rendición de cuentas que han minimizado e ignorado las violaciones de derechos humanos durante décadas. La jurisdicción militar, las procuradurías generales de justicia, las investigaciones internas de las instituciones imputadas y las comisiones estatales de derechos humanos han dejado en el desamparo a las víctimas.
“Ante esta política de negación, no es sorprendente que el gobierno no sea capaz de ver las alarmantes dimensiones de los abusos, la desesperada situación de las víctimas ni de encontrar a los responsables,” continuó Herrera.
El impacto de las políticas a favor de los derechos humanos que el gobierno ha anunciado en diferentes ocasiones es escaso. Por ejemplo, las medidas para fortalecer los derechos de las mujeres, las personas migrantes y los pueblos indígenas han sido insuficientes como lo demuestra el hecho de que estas poblaciones siguen sufriendo abusos graves, como ha sido constatado por los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas que han estudiado a México.
La reciente adopción por Amnistía Internacional de dos presos de consciencia, los indígenas defensores del derecho al agua, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz en el Estado de Puebla, es una muestra más como el sistema de justicia continúa prestándose a la persecución infundada de defensores de derechos humanos y personas indígenas.
Las y los defensores de derechos humanos y periodistas han sido objeto de ataques, asesinatos, amenazas e intimidación en represalia por su trabajo. Durante años el gobierno se resistió a establecer un mecanismo eficaz de protección para estas personas en riesgo. Solo este año, con el nuevo marco legal aprobado por el Congreso y promovido por la sociedad civil, el gobierno ha tomado los primeros pasos para establecer un mecanismo de protección. Aún así, todavía existen muchas dudas acerca sobre su eficacia, sobre las investigaciones penales necesarias para esclarecer los ataques y sobre el compromiso de la próxima administración a de dar continuidad al mecanismo.
Un avance de esta administración debería haber sido la reforma del sistema de justicia en 2008. Sin embargo, solo una minoría de estados ha implementado los cambios, y ni siquiera en estos, parece haber reforzado la protección de los derechos de las víctimas o los acusados. En la práctica la reforma no ha contribuido hasta ahora a mejorar la certeza del sistema de justicia, ni la confianza de la sociedad en estas instituciones. El hecho de que la mayoría de los estados y la federación sigan sin introducir las reformas, significa que continúan operando bajo un sistema que no garantiza la justicia y tolera la impunidad.
La introducción del arraigo a la Constitución, un mecanismo arbitrario y abusivo que debilita la justicia y no la refuerza, es tal vez uno de los retrocesos más significativos impulsados por el gobierno en los últimos años. Este retroceso se ha dado ignorando las recomendaciones de las Naciones Unidas de abolirlo.
A pesar de estos aspectos negativos, Amnistía Internacional reconoce avances muy importantes durante esta administración, en particular, las reformas en materia de derechos humanos a la Constitución de junio 2011 que implican finalmente asumir la obligación de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México.
Las consecuencias de estas reformas apenas han empezado a sentirse. Un ejemplo, es la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de limitar el fuero militar en conformidad con las sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos para excluir las violaciones de derechos humanos de la jurisdicción militar.
Este último paso, pendiente todavía de convertirse en jurisprudencia obligatoria para los demás tribunales, se ha logrado después de años de campaña por parte de familiares y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en su lucha por la justicia, verdad y reparaciones. En realidad, el gobierno se ha opuesto de forma constante a este cambio. Solo gracias al esfuerzo de las víctimas y sus familiares se ha empezado a desmantelar el muro de impunidad que protege a quienes violan los derechos humanos.
“Un gobierno que ignora a la sociedad civil como impulsora del cambio y que no atiende su sed de justicia, está destinado a fracasar en el fortalecimiento del estado de derecho y la protección de derechos humanos,” concluyó Herrera

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Ante la declaratoria oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre la validez de la elección presidencial, afirmó que si le va bien al próximo mandatario nacional, le irá bien a México.
“Basta de pleitos innecesarios; mejor concentremos nuestra energía, nuestra capacidad, para hacer el mayor bien posible al país”, aseguró el jefe del Ejecutivo mexiquense.
En gira de trabajo, inauguró el mercado municipal y el plantel número 42 de la Edayo en Tepotzotlán; además, entregó becas a hijos de trabajadores y apoyos para desarrollar proyectos productivos.
El gobernador Eruviel Ávila Villegas convocó a los ciudadanos y actores políticos para que, ante la declaratoria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) sobre la validez de la elección presidencial, se respalde al presidente electo, Enrique Peña Nieto, porque si le va bien a él, le irá bien a México; además de exhortar a dejar atrás los pleitos y trabajar por el bien del país.
“Me dirijo a todos los actores políticos, a todos los que votaron a favor o no de nuestro próximo presidente de la República. Yo les pido que cerremos filas, que le apostemos a que le vaya muy bien a Enrique Peña Nieto, porque si a él le va bien, le va ir muy bien a los mexicanos y le va a ir mejor a los mexiquenses”, sostuvo.
Eruviel Ávila reiteró que la gente quiere ver a sus representantes y políticos, sin importar partidos, trabajando y dando resultados.
“Ya basta de pleitos innecesarios; mejor concentremos nuestra energía, nuestra capacidad, el talento que podamos tener todos, para que seamos mejores mexicanos y hacer el mayor bien posible a este país”, expresó.
Resaltó que es necesario combatir a los verdaderos enemigos de la sociedad: la delincuencia, el desempleo y la pobreza, entre otros, al tiempo de expresar su disposición e interés de establecer una relación de coordinación y trabajo con el próximo gobierno federal, para cumplir los compromisos que ambos tienen con la entidad, en su caso, y el país, en el caso de Enrique Peña, además de afirmar que seguirá colaborando con el actual Ejecutivo federal.
También, hizo un reconocimiento público al TEPJF e IFE (Instituto Federal Electoral), a los millones de mexicanos que participaron en la organización de las elecciones y a quienes cumplieron su compromiso cívico al acudir a las casillas el primero de julio pasado.

LLAMA ERUVIEL ÁVILA A CIUDADANOS Y ACTORES POLÍTICOS A RESPALDAR AL PRESIDENTE ELECTO, ENRIQUE PEÑA

Posted by LINO CALDERON No comments

Ante la declaratoria oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre la validez de la elección presidencial, afirmó que si le va bien al próximo mandatario nacional, le irá bien a México.
“Basta de pleitos innecesarios; mejor concentremos nuestra energía, nuestra capacidad, para hacer el mayor bien posible al país”, aseguró el jefe del Ejecutivo mexiquense.
En gira de trabajo, inauguró el mercado municipal y el plantel número 42 de la Edayo en Tepotzotlán; además, entregó becas a hijos de trabajadores y apoyos para desarrollar proyectos productivos.
El gobernador Eruviel Ávila Villegas convocó a los ciudadanos y actores políticos para que, ante la declaratoria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) sobre la validez de la elección presidencial, se respalde al presidente electo, Enrique Peña Nieto, porque si le va bien a él, le irá bien a México; además de exhortar a dejar atrás los pleitos y trabajar por el bien del país.
“Me dirijo a todos los actores políticos, a todos los que votaron a favor o no de nuestro próximo presidente de la República. Yo les pido que cerremos filas, que le apostemos a que le vaya muy bien a Enrique Peña Nieto, porque si a él le va bien, le va ir muy bien a los mexicanos y le va a ir mejor a los mexiquenses”, sostuvo.
Eruviel Ávila reiteró que la gente quiere ver a sus representantes y políticos, sin importar partidos, trabajando y dando resultados.
“Ya basta de pleitos innecesarios; mejor concentremos nuestra energía, nuestra capacidad, el talento que podamos tener todos, para que seamos mejores mexicanos y hacer el mayor bien posible a este país”, expresó.
Resaltó que es necesario combatir a los verdaderos enemigos de la sociedad: la delincuencia, el desempleo y la pobreza, entre otros, al tiempo de expresar su disposición e interés de establecer una relación de coordinación y trabajo con el próximo gobierno federal, para cumplir los compromisos que ambos tienen con la entidad, en su caso, y el país, en el caso de Enrique Peña, además de afirmar que seguirá colaborando con el actual Ejecutivo federal.
También, hizo un reconocimiento público al TEPJF e IFE (Instituto Federal Electoral), a los millones de mexicanos que participaron en la organización de las elecciones y a quienes cumplieron su compromiso cívico al acudir a las casillas el primero de julio pasado.

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