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Oraciones a San Lázaro
Amenaza cumplida. Rumbo al Autoritarismo.
Ernesto Zavaleta

San Lázaro la palabra AUTORITARISMO es una condición cada vez más cercana y real en nuestro país, y es un paso a la dictadura. Es cuanto.
Hace unos días se advirtió en este espacio de la tendencia, la amenaza, del Presidente Andrés Manuel López Obrador de ignorar la LEY, incluso cambiarla, para cumplir con las promesas y metas de la 4T, y dar JUSTICIA al "pueblo bueno y sabio".
Para que no vuelva al poder el otro pueblo, el que disiente, el que se opone, el que está con los conservadores.
No mintió, es terco, necio, empecinado y… autoritario.
Él mismo aceptó "imponerse" a la LEY para lograr JUSTICIA, "aunque a eso le llamen autoritarismo", como dijo el mandatario al hablar de lealtades a su persona y proyecto.
Lo que vemos en el actuar del presidente ya va más allá del centralismo, está por pasar del culto a la figura presidencial al autoritarismo, y a rumbo a una dictadura.
Busca imponer su voluntad como Jefe del Ejecutivo. Por encima de la LEY. 
Domina y presiona al Poder Legislativo con una mayoría de Morena, intransigente y carente de argumentos, sometida a su capricho.
Ignora y amenaza al Poder Judicial si no cumple con sus órdenes, y ahora se deslinda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cuidado con mencionar en las mañaneras a las instituciones como el Instituto Nacional Electoral, protector de fraudes; u organizaciones civiles, maestros, campesinos, empresarios, ecologistas o feministas influenciadas por los enemigos del país; o a los medios al servicio del hampa y el conservadurismo.
Eso es motivo suficiente para despertar la ira y provocar las amenazas y descalificaciones del primer presidente democrático en México, según lo dijo él mismo ante la ONU. 
¿Qué queda a los mexicanos para no perder a su Presidente y obtener un dictador? 
Defender la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y buscar un contrapeso real en el 2021 con la renovación de la Cámara de los Diputados. 
Si se fracasa en ambos puntos, nos esperan un segundo trienio de imposiciones y caprichos presidenciales. Y, porque no, muchos años más de tres, ya lo hizo Maduro en Venezuela. ¿Quién lo va a impedir?
Por más que dijo Andrés Manuel López Obrador estar en contra de enjuiciar a los presidentes de 1988 a 2018, ahora una obsesión; por más que hable de transparencia, quiere menos control a sus decisiones, a sus gastos; por más que hable de combate a la impunidad, más la fomenta. 
¿Y el pueblo? Si apoya su Tren Maya, su aeropuerto en San Lucia, y su refinería en Tres Bocas, es pueblo bueno, si pide respeto a sus derechos, si se queja de falta de apoyo, si pide encontrar a sus desaparecidos, si exige justicia por las víctimas, fondos para ciencia, salud, cultura o deporte, es pueblo dominado e influenciado por los conservadores, es pueblo malo.
Hasta para sus opositores hay oferta de JUSTICIA sin LEY, "si juntan 100 mil manifestantes… a Palenque, Chiapas", no importa que la LEY diga que los puestos de elección ciudadana son irrenunciables.
Aun cuando el presidente ha demostrado no tener palabra, la suya debe ser la última Es la LEY, porque sólo así habrá JUSTICIA. Quien no esté de acuerdo que se vaya del país, dicen sus amlovers.
El Poder Judicial bajo presión y amenaza de ser enjuiciado por el "pueblo bueno". 
Es seguro que se declare inconstitucional e inaplicable la Consulta Popular que solicitó para enjuiciar o no a los expresidentes, porque es la LEY, porque no cumple con los requisitos constitucionales, pero respetar la LEY en este tema, para el presidente no significa respetar el Estado de Derecho, o a los Poderes de la Unión.
"Yo me deslindo y que cada poder asuma su responsabilidad, y en este caso va a ser el Poder Judicial que tiene que decidir", dijo el Jefe del Ejecutivo, y lo del respeto entre Poderes de la Unión, es aplicable si se respeta al Ejecutivo, si los otros dos acatan sus instrucciones.
Y da órdenes: "Que la corte haga encuestas, que se salga a la calle a hacer entrevistas".
Y advierte: "esto va más allá del margen estrecho de la legalidad y no deja de ser legal".
Y amenaza: "vamos a reformar el artículo 35 constitucional". Ya se adelantó el líder de la bancada de Morena en el Senado y presidente dela Junta de Coordinación Política de ese cuerpo legislativo, Ricardo Monreal Ávila, con una iniciativa para reducir los requisitos en las solicitudes de Consulta Ciudadana.
Pero de que se hace la Consulta, se hace, como sea, como referéndum, como encuesta "porque fue mi compromiso, que se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos", subrayó el presidente en su mañanera previa al dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La procuración de justicia, se aplica si no afecta y de manera discrecional. Pregunten a Emilio Lozoya o Rosario Robles. 
La LEY se aplica si no afecta la imagen presidencial o el proyecto de la 4T, se liberan narcotraficantes para evitar matanzas, sólo se evitó una de las decenas de asesinatos grupales en este sexenio; se deja impunes a elementos de la Guardia Nacional si matan por accidente; no se persigue a agresores como las "feministas" que lesionaron a 44 mujeres policías y 14 civiles en su manifestación "porque no queremos presos políticos".
El Legislativo, con sus mayorías al servicio del presidente.
La esperanza de impedir el avance del autoritarismo no está en el tercero de esos Poderes, el Legislativo.
A pesar de las promesas del Presidente de respetar "algunos" fideicomisos, la palabra del mandatario otra vez demostró su nula valía.
Ya no fueron 54, sino 109 los fideicomisos que en la propuesta aprobada por la mayoría de Morena y sus partidos satélites en la Cámara de los Diputados, van a desaparecer, para que el Presidente, vía Secretaría de Hacienda, administre esos recursos, más de 67 mil millones de pesos, a discreción del Ejecutivo.
Los legisladores de oposición en las cámaras de Diputados y Senadores, sumaron su rechazo a la medida al manifestado por  investigadores, estudiantes, deportistas, científicos, humanistas, defensores de derechos humanos, y todos aquellos que ven en la medida la desaparición de cualquier esperanza de desarrollo para el país.
Y qué, el Presidente ya dijo, además necesita el dinero para los mega proyectos sexenales, Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía y refinería en Tres Bocas.
Sin contar lo que se tiene que "invertir" en el año de festejos por 700 años de la fundación de Tenochtitlán, 500 años de la Conquista y 200 años de la consumación de la Independencia.
No sólo exige recursos este festejo autoría del presidente, también disculpas del gobierno español para los indígenas humillados durante 500 años, hace 200.
Todos están invitados, los 193 países miembros de la ONU pueden participar en alguno de los 12 mega eventos, 65 ceremonias o cientos de actos a celebrarse de febrero a octubre de 2021.
Bueno hasta el director general del IMSS, Zoe Robledo, dejo a un lado su responsabilidad en el sector salud en plena pandemia de Covid19, para asumirse como "representante del presidente de la República en esta Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México".
Y también se necesita dinero, puede ser que el del Fideicomiso de Incine, para financiar al actor Damián Alcázar quien anunció que trabaja en una película acerca de la 4T que podría llevar por título "Pueblo Bueno".
San Lázaro No es que esté despeinado, es que mi cabello tiene libertad de expresión, frase de Mafalda en homenaje a su creador Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, QEPD. 


Libre de virus. www.avast.com

Oraciones a San Lázaro/ Ernesto Zavaleta

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Oraciones a San Lázaro
Amenaza cumplida. Rumbo al Autoritarismo.
Ernesto Zavaleta

San Lázaro la palabra AUTORITARISMO es una condición cada vez más cercana y real en nuestro país, y es un paso a la dictadura. Es cuanto.
Hace unos días se advirtió en este espacio de la tendencia, la amenaza, del Presidente Andrés Manuel López Obrador de ignorar la LEY, incluso cambiarla, para cumplir con las promesas y metas de la 4T, y dar JUSTICIA al "pueblo bueno y sabio".
Para que no vuelva al poder el otro pueblo, el que disiente, el que se opone, el que está con los conservadores.
No mintió, es terco, necio, empecinado y… autoritario.
Él mismo aceptó "imponerse" a la LEY para lograr JUSTICIA, "aunque a eso le llamen autoritarismo", como dijo el mandatario al hablar de lealtades a su persona y proyecto.
Lo que vemos en el actuar del presidente ya va más allá del centralismo, está por pasar del culto a la figura presidencial al autoritarismo, y a rumbo a una dictadura.
Busca imponer su voluntad como Jefe del Ejecutivo. Por encima de la LEY. 
Domina y presiona al Poder Legislativo con una mayoría de Morena, intransigente y carente de argumentos, sometida a su capricho.
Ignora y amenaza al Poder Judicial si no cumple con sus órdenes, y ahora se deslinda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cuidado con mencionar en las mañaneras a las instituciones como el Instituto Nacional Electoral, protector de fraudes; u organizaciones civiles, maestros, campesinos, empresarios, ecologistas o feministas influenciadas por los enemigos del país; o a los medios al servicio del hampa y el conservadurismo.
Eso es motivo suficiente para despertar la ira y provocar las amenazas y descalificaciones del primer presidente democrático en México, según lo dijo él mismo ante la ONU. 
¿Qué queda a los mexicanos para no perder a su Presidente y obtener un dictador? 
Defender la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y buscar un contrapeso real en el 2021 con la renovación de la Cámara de los Diputados. 
Si se fracasa en ambos puntos, nos esperan un segundo trienio de imposiciones y caprichos presidenciales. Y, porque no, muchos años más de tres, ya lo hizo Maduro en Venezuela. ¿Quién lo va a impedir?
Por más que dijo Andrés Manuel López Obrador estar en contra de enjuiciar a los presidentes de 1988 a 2018, ahora una obsesión; por más que hable de transparencia, quiere menos control a sus decisiones, a sus gastos; por más que hable de combate a la impunidad, más la fomenta. 
¿Y el pueblo? Si apoya su Tren Maya, su aeropuerto en San Lucia, y su refinería en Tres Bocas, es pueblo bueno, si pide respeto a sus derechos, si se queja de falta de apoyo, si pide encontrar a sus desaparecidos, si exige justicia por las víctimas, fondos para ciencia, salud, cultura o deporte, es pueblo dominado e influenciado por los conservadores, es pueblo malo.
Hasta para sus opositores hay oferta de JUSTICIA sin LEY, "si juntan 100 mil manifestantes… a Palenque, Chiapas", no importa que la LEY diga que los puestos de elección ciudadana son irrenunciables.
Aun cuando el presidente ha demostrado no tener palabra, la suya debe ser la última Es la LEY, porque sólo así habrá JUSTICIA. Quien no esté de acuerdo que se vaya del país, dicen sus amlovers.
El Poder Judicial bajo presión y amenaza de ser enjuiciado por el "pueblo bueno". 
Es seguro que se declare inconstitucional e inaplicable la Consulta Popular que solicitó para enjuiciar o no a los expresidentes, porque es la LEY, porque no cumple con los requisitos constitucionales, pero respetar la LEY en este tema, para el presidente no significa respetar el Estado de Derecho, o a los Poderes de la Unión.
"Yo me deslindo y que cada poder asuma su responsabilidad, y en este caso va a ser el Poder Judicial que tiene que decidir", dijo el Jefe del Ejecutivo, y lo del respeto entre Poderes de la Unión, es aplicable si se respeta al Ejecutivo, si los otros dos acatan sus instrucciones.
Y da órdenes: "Que la corte haga encuestas, que se salga a la calle a hacer entrevistas".
Y advierte: "esto va más allá del margen estrecho de la legalidad y no deja de ser legal".
Y amenaza: "vamos a reformar el artículo 35 constitucional". Ya se adelantó el líder de la bancada de Morena en el Senado y presidente dela Junta de Coordinación Política de ese cuerpo legislativo, Ricardo Monreal Ávila, con una iniciativa para reducir los requisitos en las solicitudes de Consulta Ciudadana.
Pero de que se hace la Consulta, se hace, como sea, como referéndum, como encuesta "porque fue mi compromiso, que se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos", subrayó el presidente en su mañanera previa al dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La procuración de justicia, se aplica si no afecta y de manera discrecional. Pregunten a Emilio Lozoya o Rosario Robles. 
La LEY se aplica si no afecta la imagen presidencial o el proyecto de la 4T, se liberan narcotraficantes para evitar matanzas, sólo se evitó una de las decenas de asesinatos grupales en este sexenio; se deja impunes a elementos de la Guardia Nacional si matan por accidente; no se persigue a agresores como las "feministas" que lesionaron a 44 mujeres policías y 14 civiles en su manifestación "porque no queremos presos políticos".
El Legislativo, con sus mayorías al servicio del presidente.
La esperanza de impedir el avance del autoritarismo no está en el tercero de esos Poderes, el Legislativo.
A pesar de las promesas del Presidente de respetar "algunos" fideicomisos, la palabra del mandatario otra vez demostró su nula valía.
Ya no fueron 54, sino 109 los fideicomisos que en la propuesta aprobada por la mayoría de Morena y sus partidos satélites en la Cámara de los Diputados, van a desaparecer, para que el Presidente, vía Secretaría de Hacienda, administre esos recursos, más de 67 mil millones de pesos, a discreción del Ejecutivo.
Los legisladores de oposición en las cámaras de Diputados y Senadores, sumaron su rechazo a la medida al manifestado por  investigadores, estudiantes, deportistas, científicos, humanistas, defensores de derechos humanos, y todos aquellos que ven en la medida la desaparición de cualquier esperanza de desarrollo para el país.
Y qué, el Presidente ya dijo, además necesita el dinero para los mega proyectos sexenales, Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía y refinería en Tres Bocas.
Sin contar lo que se tiene que "invertir" en el año de festejos por 700 años de la fundación de Tenochtitlán, 500 años de la Conquista y 200 años de la consumación de la Independencia.
No sólo exige recursos este festejo autoría del presidente, también disculpas del gobierno español para los indígenas humillados durante 500 años, hace 200.
Todos están invitados, los 193 países miembros de la ONU pueden participar en alguno de los 12 mega eventos, 65 ceremonias o cientos de actos a celebrarse de febrero a octubre de 2021.
Bueno hasta el director general del IMSS, Zoe Robledo, dejo a un lado su responsabilidad en el sector salud en plena pandemia de Covid19, para asumirse como "representante del presidente de la República en esta Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México".
Y también se necesita dinero, puede ser que el del Fideicomiso de Incine, para financiar al actor Damián Alcázar quien anunció que trabaja en una película acerca de la 4T que podría llevar por título "Pueblo Bueno".
San Lázaro No es que esté despeinado, es que mi cabello tiene libertad de expresión, frase de Mafalda en homenaje a su creador Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, QEPD. 


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Solicitan mediante escrito, destitución del presidente de AMAV-Nacional
Redacción 

Diez socios de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) solicitaron mediante un escrito la destitución del presidente nacional del organismo, Eduardo Paniagua Morales, y la de su Consejo Directivo.
En entrevista para Inversión Turística, Jorge Hernández Delgado, explicó que esta solicitud se debe a "una serie de omisiones a los estatutos de la asociación en las que incurre Paniagua al tomar decisiones unilaterales, por ejemplo", señaló.
Hernández Delgado dijo que dicho documento fue entregado en la oficina central de la AMAV, ubicada en Guanajuato Número 128, Colonia Roma en la Ciudad de México.
Agregó que este documento que solicita su destitución por violar en forma intencional y con ánimo de perjudicar a la AMAV, sus asociados, los estatutos y el código de ética, la firman los socios Cristián Lilián Cerrillo de la Cruz; de Aguascalientes, Marisela Valdez Rodríguez; de Michoacán, Nohemí Barragán Ortega; de Ciudad Juárez, Gustavo Antonio Carreón León; de Nuevo León, José Pedro Morales Ramírez; y de Vallarta, Francisco Beltrán López. Así como Julio César Castañeda Carrión, Jorge Serapio Hernández Delgado, José Baltazar Valdés y Manuel de Jesús García Leaños.
Asimismo, el escrito describe siete puntos "que detallan cómo Eduardo Paniagua Morales ha incurrido en varias violaciones a los estatutos y al código de ética de la AMAV", añadió el expresidente de la asociación.
El documento indica:
1. Se han presentado seis quejas en su contra ante la Comisión de Honor y Justicia, y de las cuales ha hecho caso omiso y no ha respondido ninguna. 
2. Ha violado al menos 12 artículos de los Estatutos de AMAV entre los que se encuentra cómo debe regirse la Asociación, los requisitos para pertenecer a la misma como asociado activo, defender los intereses de los agremiados, cómo sesionará el Consejo Directivo, tener amplia solvencia moral y económica, entre otros relevantes.
3. Ha desprestigiado la imagen de la Asociación ante el sector con difamaciones y con la división del grupo.
4. Las finanzas de la AMAV han sido deterioradas.
5. Fomenta la división al no considerar a los Presidentes de las Filiales.
6. Se escuda con pretextos y culpando de su mala gestión a la administración anterior. 
7. El trato a Presidentes y Socios, que no coinciden con su forma de trabajar y de pensar, es de prepotencia e indiferencia.
8. Promueve la afiliación de pseudo agencias únicamente tomando un curso de capacitación, lo que viola el Artículo 7 en sus incisos A y B.
Jorge Hernández Delgado dijo a este medio que de acuerdo con el Artículo 27 de los estatutos de la AMAV, la Asamblea General tendrá la facultad de expulsar a cualquier asociado que haya violado los Estatutos y en contra de quien se haya llevado a cabo el procedimiento que señalan los Estatutos en el Capítulo XI, así también podrán revocar los mandatos que haya otorgado, siempre que se justifique este acto de revocación mediante las pruebas que presente el Consejo Directivo.
Puntualizó que en la diligencia se entregaron, además de los Estatutos de la AMAV, copias de las seis quejas presentadas en contra del presidente nacional, Eduardo Paniagua Morales.

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Solicitan mediante escrito, destitución del presidente de AMAV-Nacional

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Solicitan mediante escrito, destitución del presidente de AMAV-Nacional
Redacción 

Diez socios de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) solicitaron mediante un escrito la destitución del presidente nacional del organismo, Eduardo Paniagua Morales, y la de su Consejo Directivo.
En entrevista para Inversión Turística, Jorge Hernández Delgado, explicó que esta solicitud se debe a "una serie de omisiones a los estatutos de la asociación en las que incurre Paniagua al tomar decisiones unilaterales, por ejemplo", señaló.
Hernández Delgado dijo que dicho documento fue entregado en la oficina central de la AMAV, ubicada en Guanajuato Número 128, Colonia Roma en la Ciudad de México.
Agregó que este documento que solicita su destitución por violar en forma intencional y con ánimo de perjudicar a la AMAV, sus asociados, los estatutos y el código de ética, la firman los socios Cristián Lilián Cerrillo de la Cruz; de Aguascalientes, Marisela Valdez Rodríguez; de Michoacán, Nohemí Barragán Ortega; de Ciudad Juárez, Gustavo Antonio Carreón León; de Nuevo León, José Pedro Morales Ramírez; y de Vallarta, Francisco Beltrán López. Así como Julio César Castañeda Carrión, Jorge Serapio Hernández Delgado, José Baltazar Valdés y Manuel de Jesús García Leaños.
Asimismo, el escrito describe siete puntos "que detallan cómo Eduardo Paniagua Morales ha incurrido en varias violaciones a los estatutos y al código de ética de la AMAV", añadió el expresidente de la asociación.
El documento indica:
1. Se han presentado seis quejas en su contra ante la Comisión de Honor y Justicia, y de las cuales ha hecho caso omiso y no ha respondido ninguna. 
2. Ha violado al menos 12 artículos de los Estatutos de AMAV entre los que se encuentra cómo debe regirse la Asociación, los requisitos para pertenecer a la misma como asociado activo, defender los intereses de los agremiados, cómo sesionará el Consejo Directivo, tener amplia solvencia moral y económica, entre otros relevantes.
3. Ha desprestigiado la imagen de la Asociación ante el sector con difamaciones y con la división del grupo.
4. Las finanzas de la AMAV han sido deterioradas.
5. Fomenta la división al no considerar a los Presidentes de las Filiales.
6. Se escuda con pretextos y culpando de su mala gestión a la administración anterior. 
7. El trato a Presidentes y Socios, que no coinciden con su forma de trabajar y de pensar, es de prepotencia e indiferencia.
8. Promueve la afiliación de pseudo agencias únicamente tomando un curso de capacitación, lo que viola el Artículo 7 en sus incisos A y B.
Jorge Hernández Delgado dijo a este medio que de acuerdo con el Artículo 27 de los estatutos de la AMAV, la Asamblea General tendrá la facultad de expulsar a cualquier asociado que haya violado los Estatutos y en contra de quien se haya llevado a cabo el procedimiento que señalan los Estatutos en el Capítulo XI, así también podrán revocar los mandatos que haya otorgado, siempre que se justifique este acto de revocación mediante las pruebas que presente el Consejo Directivo.
Puntualizó que en la diligencia se entregaron, además de los Estatutos de la AMAV, copias de las seis quejas presentadas en contra del presidente nacional, Eduardo Paniagua Morales.

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Rinden protesta nuevos integrantes del Consejo General del IECM
Lino Calderón 


En sesión pública solemne, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) tomó protesta a las ciudadanas Érika Estrada Ruiz y Sonia Pérez Pérez y al ciudadano César Ernesto Ramos Mega, como nuevos integrantes del órgano superior de dirección de este organismo autónomo local.
Tras su designación por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 30 de septiembre, para ocupar el referido cargo durante los próximos 7 años, las Consejeras Estrada Ruiz y Pérez Pérez y el Consejero Ramos Mega rindieron protesta de manera presencial, en la sesión pública que se llevó a cabo de forma virtual, transmitida a través del canal de Youtube del IECM.
Al darles la bienvenida, el Consejero Presidente del IECM, Mario Velázquez Miranda, expresó su confianza en que los tres nuevos integrantes de este Consejo General fortalecerán los trabajos de este Instituto, con su amplia experiencia en la materia, a través de la aportación de ideas que serán de gran utilidad para la toma de decisiones en la organización íntegra y bajo los más altos estándares de calidad del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 que está en curso.
"Para nosotros es un gran gusto y un gran privilegio, tener la oportunidad de trabajar y colaborar con las dos Consejeras y el Consejero, quienes hoy se integran a esta herradura de la democracia y a los trabajos del Instituto, para alcanzar los grandes objetivos institucionales", manifestó el titular del IECM.
Al tomar la palabra, la Consejera Electoral Estrada Ruiz reconoció el trabajo del Instituto Electoral capitalino a lo largo de los más de 20 años que tiene de existencia, en los cuales ha contribuido con logros significativos e innovadores a la vida democrática de la ciudad y del país en general.
"Hace unas semanas empezó el Proceso Electoral en un ambiente que no es favorable, pues hay una preocupación pública en temas relevantes como son la situación económica, la violencia, la corrupción y la emergencia sanitaria que vive todo el mundo, lo cual pone a prueba las capacidades de las autoridades, que debemos estar a la altura de corresponder la confianza depositada en nosotros", compartió Estrada Ruiz.
A su vez, el Consejero Ramos Mega precisó que su trabajo en el IECM se enfocará en atender cuatro temas fundamentales: la violencia política contra las mujeres en razón de género; el voto electrónico por internet; los mecanismos de participación ciudadana y la eficacia en el presupuesto del Instituto.
"La violencia política contra las mujeres en razón de género es un tema fundamental, no sólo en las campañas electorales, sino en la vida interna de los partidos políticos, en la vida pública de la ciudad, por lo que tendremos que enfocar y visibilizar el tema en la página de este Instituto y en la de los partidos políticos", precisó Ramos Mega.
En tanto, la Consejera Pérez Pérez señaló que el trabajo de las y los servidores públicos se evalúa a través de resultados, por lo que su convicción se centra siempre en obtener los mejores logros durante su desempeño, y en el cargo que ahora ocupa en el IECM su labor implicará además la observancia de los principios rectores de la materia electoral, en beneficio de la ciudadanía.
"Creo firmemente en que el diálogo, la comunicación y el respeto a la pluralidad de ideas son los pilares que sustentan los consensos de un órgano colegiado, y es por esto que les digo a mis compañeras y compañeros del Consejo General, y a las representaciones de los partidos políticos, que siempre estaré abierta a escuchar puntos de vista y opiniones, así como a las críticas que sean necesarias para construir alternativas de solución", expuso Pérez Pérez.
En su oportunidad, la Consejera Electoral Carolina del Ángel Cruz, y los Consejeros Electorales Mauricio Huesca Rodríguez y Bernardo Valle Monroy también dieron la bienvenida a los tres nuevos integrantes del Consejo General, a quienes igualmente reconocieron su experiencia y trayectoria en el buen desempeño de funciones a favor del fortalecimiento de la democracia en nuestro país.
Las representaciones de los diferentes partidos políticos ante el Consejo General se sumaron a las felicitaciones y reconocimientos de las Consejeras y Consejeros que llegan al IECM, en sustitución de Gabriela Williams Salazar, Myriam Alarcón Reyes y Yuri Gabriel Beltrán Miranda, tras concluir con su periodo de gestión, el pasado 30 de septiembre.


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Rinden protesta nuevos integrantes del Consejo General del IECM

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Rinden protesta nuevos integrantes del Consejo General del IECM
Lino Calderón 


En sesión pública solemne, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) tomó protesta a las ciudadanas Érika Estrada Ruiz y Sonia Pérez Pérez y al ciudadano César Ernesto Ramos Mega, como nuevos integrantes del órgano superior de dirección de este organismo autónomo local.
Tras su designación por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 30 de septiembre, para ocupar el referido cargo durante los próximos 7 años, las Consejeras Estrada Ruiz y Pérez Pérez y el Consejero Ramos Mega rindieron protesta de manera presencial, en la sesión pública que se llevó a cabo de forma virtual, transmitida a través del canal de Youtube del IECM.
Al darles la bienvenida, el Consejero Presidente del IECM, Mario Velázquez Miranda, expresó su confianza en que los tres nuevos integrantes de este Consejo General fortalecerán los trabajos de este Instituto, con su amplia experiencia en la materia, a través de la aportación de ideas que serán de gran utilidad para la toma de decisiones en la organización íntegra y bajo los más altos estándares de calidad del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 que está en curso.
"Para nosotros es un gran gusto y un gran privilegio, tener la oportunidad de trabajar y colaborar con las dos Consejeras y el Consejero, quienes hoy se integran a esta herradura de la democracia y a los trabajos del Instituto, para alcanzar los grandes objetivos institucionales", manifestó el titular del IECM.
Al tomar la palabra, la Consejera Electoral Estrada Ruiz reconoció el trabajo del Instituto Electoral capitalino a lo largo de los más de 20 años que tiene de existencia, en los cuales ha contribuido con logros significativos e innovadores a la vida democrática de la ciudad y del país en general.
"Hace unas semanas empezó el Proceso Electoral en un ambiente que no es favorable, pues hay una preocupación pública en temas relevantes como son la situación económica, la violencia, la corrupción y la emergencia sanitaria que vive todo el mundo, lo cual pone a prueba las capacidades de las autoridades, que debemos estar a la altura de corresponder la confianza depositada en nosotros", compartió Estrada Ruiz.
A su vez, el Consejero Ramos Mega precisó que su trabajo en el IECM se enfocará en atender cuatro temas fundamentales: la violencia política contra las mujeres en razón de género; el voto electrónico por internet; los mecanismos de participación ciudadana y la eficacia en el presupuesto del Instituto.
"La violencia política contra las mujeres en razón de género es un tema fundamental, no sólo en las campañas electorales, sino en la vida interna de los partidos políticos, en la vida pública de la ciudad, por lo que tendremos que enfocar y visibilizar el tema en la página de este Instituto y en la de los partidos políticos", precisó Ramos Mega.
En tanto, la Consejera Pérez Pérez señaló que el trabajo de las y los servidores públicos se evalúa a través de resultados, por lo que su convicción se centra siempre en obtener los mejores logros durante su desempeño, y en el cargo que ahora ocupa en el IECM su labor implicará además la observancia de los principios rectores de la materia electoral, en beneficio de la ciudadanía.
"Creo firmemente en que el diálogo, la comunicación y el respeto a la pluralidad de ideas son los pilares que sustentan los consensos de un órgano colegiado, y es por esto que les digo a mis compañeras y compañeros del Consejo General, y a las representaciones de los partidos políticos, que siempre estaré abierta a escuchar puntos de vista y opiniones, así como a las críticas que sean necesarias para construir alternativas de solución", expuso Pérez Pérez.
En su oportunidad, la Consejera Electoral Carolina del Ángel Cruz, y los Consejeros Electorales Mauricio Huesca Rodríguez y Bernardo Valle Monroy también dieron la bienvenida a los tres nuevos integrantes del Consejo General, a quienes igualmente reconocieron su experiencia y trayectoria en el buen desempeño de funciones a favor del fortalecimiento de la democracia en nuestro país.
Las representaciones de los diferentes partidos políticos ante el Consejo General se sumaron a las felicitaciones y reconocimientos de las Consejeras y Consejeros que llegan al IECM, en sustitución de Gabriela Williams Salazar, Myriam Alarcón Reyes y Yuri Gabriel Beltrán Miranda, tras concluir con su periodo de gestión, el pasado 30 de septiembre.


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SCJN declara constitucional, con seis votos a favor, consulta sobre juicio a expresidentes
Lino Calderón 

Este jueves, con seis votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la materia de la consulta para juicio a expresidentes
La Suprema Corte de Justicia declaró la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes de México.
Durante la sesión, seis ministros votaron a favor de la consulta, sin embargo, señalaron que se deben realizar modificaciones la pregunta para llevar a las autoridades competentes.
A favor de la constitucionalidad votaron los siguientes ministros:
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Yasmín Esquivel Mossa
Margarita Ríos-Farjat
Alberto Pérez Dayán
Arturo Zaldívar
En la presentación de su proyecto de inconstitucionalidad, el ministro Luis María Aguilar señaló que la labor de la SCJN es únicamente evaluar si la pregunta es constitucional, no la materia de la consulta, misma que no compete a la Corte, apuntó.
"El proyecto que presenté, concluye que la materia de la consulta es inconstitucional, pues en este caso la tarea de la SCJN no tiene nada qué ver con si debe investigarse a los expresidentes", señaló Aguilar.

Arturo Zaldívar, en contra
El ministro presidente Arturo Zaldívar se posicionó en contra del proyecto de inconstitucionalidad del ministro Luis María Aguilar.
"En esta ocasión, esperaría que la Corte no desaprovechara la oportunidad de asumir la protección de los derechos humanos de participación política, no nos corresponde ser una puerta cerrada sino el puente que permita a todas las personas a intervenir en las grandes discusiones nacionales", dijo
Aseguró que es claro que la consulta sobre la política criminal no podrían ser vinculante hacia las autoridades de procuración de justicia.
La materia de la consulta no está prohibida por la Constitución, dijo, y consideró que la consulta no busca restringir los derechos humanos.
La voluntad popular tiene límites y no pueden pasar por encima de los derechos y leyes, especificó.
Toda vez que el ejercicio de las atribuciones de impartición y procuración de justicia está blindado por las normas que establece la Constitución, no advierto ningún impacto constitucional de la consulta, señaló.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Señaló que la democracia indirecta puede generar que la mayoría de la población se sienta sin representación en muchos aspectos.
Recordó cómo la consulta popular se introdujo al país.
La consulta, como fue adoptada, no supone que se blinden los eventuales procesos de producción jurídica del control constitucional pues su idea es impulsar, no crear una nueva fuente de derecho, dijo.
La consulta es un derecho constitucional y no comparto la idea de que puedan no ser vinculantes, señaló.
Además, indicó que la intervención de la SCJN no es jurisdiccional en la consulta.

Para el ministro, existe indeterminación en la petición de la consulta.
De acuerdo con el ministro, la materia de la consulta es constitucional.
Aseguró que, en caso de que la SCJN considerara que la materia de la consulta vincula las autoridades de procuración de justicia, su voto sería a favor del proyecto.

Margarita Ríos-Farjat
Lectura restrictiva al derecho humano a la consulta, dijo.
Explicó que la SCJN tiene la facultad de realizar las modificaciones conducentes a las preguntas pero se trata de una metodología que no se encuentra en la Constitución.
"Anula de inicio la facultad de la SCJN de buscar alternativas y no presenta ninguna aproximación a modificar".
No se infiere que se consulte si las autoridades pueden o deben proteger los derechos humanos.
La ministra indicó que no se sustituiría en la consulta, que la sociedad deba determinar sanciones a los expresidentes.

Yasmín Esquivel Mossa contra el sentido del proyecto
Aseguró que el acompañamiento de la voluntad ciudadana permitirá dejar de impactar inestabilidad en los efectos de las autoridades.
No es viable hacer una interpretación extensiva en contra de la participación ciudadana.
La pregunta corresponde a la materia de exservidores públicos y esa materia, al no estar prohibida, es constitucional.

Alberto Pérez Dayan, consulta es viable
Indicó que a la SCJN le corresponden los motivos jurídicos constitucionales y no políticos y se deben ponderar los propósitos de la consulta que deben incluirse en la petición respectiva y asignarles la materia correspondiente siempre por su género más próximo.
Consulta es válida y que corresponde a la SCJN modificar la consulta de que esta derive de la materia, que no sea tendenciosa, emplee un lenguaje neutro y produzca una respuesta contundente.
De acuerdo con Pérez Dayán, la materia de la consulta sí es viable.

Juan Luis González Alcántara Carrancá, a favor del proyecto
Propuso una conceptualización distinta de la consulta para apegarse a la Constitución y es acorde con el mandato constitucional que tienen las instituciones en el ámbito de su competencia.
Propuso la modificación de la pregunta para que sea congruente con el motivo de la consulta.
Recordó que todos tienen derecho a la consulta para que la procuración de justicia llegue.
González Alcántara Carrancá advierte que la pregunta tal como está planteada abre la posibilidad de que se genere impunidad por lo que la materia de la consulta le parece inconstitucional.

Jorge Pardo Rebolledo
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo manifiesta que está a favor del proyecto; anuncia que hará voto concurrente, porque no comparte algunas estipulaciones del ministro Luis María Aguilar.
Se separó de algunos señalamientos del proyecto y el replanteamiento de la pregunta podría dar escenarios de constitucionalidad o inconstitucionalidad.

Javier Laynez, consulta es inconstitucional
Resaltó las ventajas de la consulta popular y recordó que esto está controlado por la Constitución cuando se convierte en un mecanismo de democracia indirecta.
Se separó de pensar que la consulta no será vinculatoria a las autoridades de justicia.
La materia de la consulta es inconstitucional.
Señaló que la consulta está estipulada en la Constitución justo porque tiene consecuencias jurídicas que resultan vinculantes.
Reconoció que su opinión no será popular pero puntualizó que en el caso de la SCJN no se basa en popularidad como las Cámaras y que la Corte es el máximo órgano de protección de derechos humanos.
"Este órgano no puede avalar una consulta que está contra los derechos humanos, no solo de los expresidentes, sino de toda la población", dijo.

José Fernando Franco
Señaló que su decisión de basa en los valores y preceptos que se establecen en el marco constitucional.
No se pretende que queden impunes las conductas delictivas de cualquier persona, sean funcionarios o particulares.
La consulta conlleva la violación y la restricción de algunos de esos derechos, en particular lo que deben ser respetados a toda persona sin excepción, como la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso.
Votó a favor del proyecto y respetará el criterio mayoritario que resuelva la Corte.

Norma Lucía Piña, consulta es inconstitucional
La ministra Piña consideró que la consulta es inconstitucional debido a que pone a las víctimas a elegir la impartición de justicia.
"Debe quedar completamente claro que ni la Constitución ni las Leyes establecen obstáculo alguno para llevar ante la justicia penal a expresidentes que hubieren cometido algún delito", dijo.
Si las autoridades tienen información de comisión de delitos por los expresidentes, es su responsabilidad y obligación denunciar inmediatamente ante la Fiscalía para investigar y perseguir el delito sin que sea necesario, señaló.
Enfatizó que la Corte no ejerce un control político que corresponde exclusivamente a los ciudadanos.
En este caso no permite que la Corte modifique la materia de la consulta, explicó.
Se dijo que la SCJN tiene como objetivo vigilar que se reconozcan los límites de la Constitución.

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SCJN declara constitucional, con seis votos a favor, consulta sobre juicio a expresidentes

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SCJN declara constitucional, con seis votos a favor, consulta sobre juicio a expresidentes
Lino Calderón 

Este jueves, con seis votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la materia de la consulta para juicio a expresidentes
La Suprema Corte de Justicia declaró la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes de México.
Durante la sesión, seis ministros votaron a favor de la consulta, sin embargo, señalaron que se deben realizar modificaciones la pregunta para llevar a las autoridades competentes.
A favor de la constitucionalidad votaron los siguientes ministros:
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Yasmín Esquivel Mossa
Margarita Ríos-Farjat
Alberto Pérez Dayán
Arturo Zaldívar
En la presentación de su proyecto de inconstitucionalidad, el ministro Luis María Aguilar señaló que la labor de la SCJN es únicamente evaluar si la pregunta es constitucional, no la materia de la consulta, misma que no compete a la Corte, apuntó.
"El proyecto que presenté, concluye que la materia de la consulta es inconstitucional, pues en este caso la tarea de la SCJN no tiene nada qué ver con si debe investigarse a los expresidentes", señaló Aguilar.

Arturo Zaldívar, en contra
El ministro presidente Arturo Zaldívar se posicionó en contra del proyecto de inconstitucionalidad del ministro Luis María Aguilar.
"En esta ocasión, esperaría que la Corte no desaprovechara la oportunidad de asumir la protección de los derechos humanos de participación política, no nos corresponde ser una puerta cerrada sino el puente que permita a todas las personas a intervenir en las grandes discusiones nacionales", dijo
Aseguró que es claro que la consulta sobre la política criminal no podrían ser vinculante hacia las autoridades de procuración de justicia.
La materia de la consulta no está prohibida por la Constitución, dijo, y consideró que la consulta no busca restringir los derechos humanos.
La voluntad popular tiene límites y no pueden pasar por encima de los derechos y leyes, especificó.
Toda vez que el ejercicio de las atribuciones de impartición y procuración de justicia está blindado por las normas que establece la Constitución, no advierto ningún impacto constitucional de la consulta, señaló.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Señaló que la democracia indirecta puede generar que la mayoría de la población se sienta sin representación en muchos aspectos.
Recordó cómo la consulta popular se introdujo al país.
La consulta, como fue adoptada, no supone que se blinden los eventuales procesos de producción jurídica del control constitucional pues su idea es impulsar, no crear una nueva fuente de derecho, dijo.
La consulta es un derecho constitucional y no comparto la idea de que puedan no ser vinculantes, señaló.
Además, indicó que la intervención de la SCJN no es jurisdiccional en la consulta.

Para el ministro, existe indeterminación en la petición de la consulta.
De acuerdo con el ministro, la materia de la consulta es constitucional.
Aseguró que, en caso de que la SCJN considerara que la materia de la consulta vincula las autoridades de procuración de justicia, su voto sería a favor del proyecto.

Margarita Ríos-Farjat
Lectura restrictiva al derecho humano a la consulta, dijo.
Explicó que la SCJN tiene la facultad de realizar las modificaciones conducentes a las preguntas pero se trata de una metodología que no se encuentra en la Constitución.
"Anula de inicio la facultad de la SCJN de buscar alternativas y no presenta ninguna aproximación a modificar".
No se infiere que se consulte si las autoridades pueden o deben proteger los derechos humanos.
La ministra indicó que no se sustituiría en la consulta, que la sociedad deba determinar sanciones a los expresidentes.

Yasmín Esquivel Mossa contra el sentido del proyecto
Aseguró que el acompañamiento de la voluntad ciudadana permitirá dejar de impactar inestabilidad en los efectos de las autoridades.
No es viable hacer una interpretación extensiva en contra de la participación ciudadana.
La pregunta corresponde a la materia de exservidores públicos y esa materia, al no estar prohibida, es constitucional.

Alberto Pérez Dayan, consulta es viable
Indicó que a la SCJN le corresponden los motivos jurídicos constitucionales y no políticos y se deben ponderar los propósitos de la consulta que deben incluirse en la petición respectiva y asignarles la materia correspondiente siempre por su género más próximo.
Consulta es válida y que corresponde a la SCJN modificar la consulta de que esta derive de la materia, que no sea tendenciosa, emplee un lenguaje neutro y produzca una respuesta contundente.
De acuerdo con Pérez Dayán, la materia de la consulta sí es viable.

Juan Luis González Alcántara Carrancá, a favor del proyecto
Propuso una conceptualización distinta de la consulta para apegarse a la Constitución y es acorde con el mandato constitucional que tienen las instituciones en el ámbito de su competencia.
Propuso la modificación de la pregunta para que sea congruente con el motivo de la consulta.
Recordó que todos tienen derecho a la consulta para que la procuración de justicia llegue.
González Alcántara Carrancá advierte que la pregunta tal como está planteada abre la posibilidad de que se genere impunidad por lo que la materia de la consulta le parece inconstitucional.

Jorge Pardo Rebolledo
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo manifiesta que está a favor del proyecto; anuncia que hará voto concurrente, porque no comparte algunas estipulaciones del ministro Luis María Aguilar.
Se separó de algunos señalamientos del proyecto y el replanteamiento de la pregunta podría dar escenarios de constitucionalidad o inconstitucionalidad.

Javier Laynez, consulta es inconstitucional
Resaltó las ventajas de la consulta popular y recordó que esto está controlado por la Constitución cuando se convierte en un mecanismo de democracia indirecta.
Se separó de pensar que la consulta no será vinculatoria a las autoridades de justicia.
La materia de la consulta es inconstitucional.
Señaló que la consulta está estipulada en la Constitución justo porque tiene consecuencias jurídicas que resultan vinculantes.
Reconoció que su opinión no será popular pero puntualizó que en el caso de la SCJN no se basa en popularidad como las Cámaras y que la Corte es el máximo órgano de protección de derechos humanos.
"Este órgano no puede avalar una consulta que está contra los derechos humanos, no solo de los expresidentes, sino de toda la población", dijo.

José Fernando Franco
Señaló que su decisión de basa en los valores y preceptos que se establecen en el marco constitucional.
No se pretende que queden impunes las conductas delictivas de cualquier persona, sean funcionarios o particulares.
La consulta conlleva la violación y la restricción de algunos de esos derechos, en particular lo que deben ser respetados a toda persona sin excepción, como la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso.
Votó a favor del proyecto y respetará el criterio mayoritario que resuelva la Corte.

Norma Lucía Piña, consulta es inconstitucional
La ministra Piña consideró que la consulta es inconstitucional debido a que pone a las víctimas a elegir la impartición de justicia.
"Debe quedar completamente claro que ni la Constitución ni las Leyes establecen obstáculo alguno para llevar ante la justicia penal a expresidentes que hubieren cometido algún delito", dijo.
Si las autoridades tienen información de comisión de delitos por los expresidentes, es su responsabilidad y obligación denunciar inmediatamente ante la Fiscalía para investigar y perseguir el delito sin que sea necesario, señaló.
Enfatizó que la Corte no ejerce un control político que corresponde exclusivamente a los ciudadanos.
En este caso no permite que la Corte modifique la materia de la consulta, explicó.
Se dijo que la SCJN tiene como objetivo vigilar que se reconozcan los límites de la Constitución.

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*Propone Gobierno Federal eliminar casi cuatro mil millones de pesos que se destinaban al fortalecimiento de la seguridad en los municipios
Ernesto Zavaleta

 
La senadora Sylvana Beltrones Sánchez hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que en el Prepuesto de Egresos de la Federación 2021 se asignen, por los menos, los mismos recursos que se aprobaron este año para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad. 
En un punto de acuerdo que presentó en la sesión del 23 de septiembre, la legisladora del PRI destacó que entre las necesidades en materia de seguridad de estados y municipios está el equipamiento, fortalecimiento de infraestructura y programas de capacitación. 
Señaló que lejos de atender estos requerimientos, el proyecto de Presupuesto "agrava la situación de la seguridad pública, retrocede en lo avanzado y abandona a los municipios". 
Beltrones Sánchez advirtió que para el siguiente año, el Gobierno Federal propone eliminar casi cuatro mil millones de pesos que se destinaban al fortalecimiento de la seguridad en los municipios más conflictivos del país. 
En vez de invertir esos recursos en las policías civiles y locales, acusó la senadora, incrementará en tres mil 300 millones de pesos el presupuesto de la militarizada Guardia Nacional. 
Con la cancelación de recursos al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, fondo con el que se apoyaba a la seguridad y las policías de los 300 municipios más poblados e inseguros de la República, "la Secretaria de Hacienda no sólo golpea a las autoridades y los habitantes de las grandes urbes con mayor inseguridad, sino que también se debilita al Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública", remarcó. 
Sin esos recursos, advirtió Sylvana Beltrones, la institución federal que coordina y mide los resultados de la estrategia de seguridad a nivel nacional quedará debilitado y sin poder marcar directrices a los municipios.  
 Dijo que el Ejecutivo Federal propone que los ayuntamientos compensen la pérdida con 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.  
Estos recursos se reparten de acuerdo con el número de población pero que no se obliga a los ayuntamientos ni estados a seguir lineamiento o regla alguna de la Federación, porque no son etiquetados, lo que no garantiza que los destinen a sus policías municipales ni siquiera a temas de seguridad, advirtió la legisladora


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Abandona Federación a municipios para invertir en la GN

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*Propone Gobierno Federal eliminar casi cuatro mil millones de pesos que se destinaban al fortalecimiento de la seguridad en los municipios
Ernesto Zavaleta

 
La senadora Sylvana Beltrones Sánchez hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que en el Prepuesto de Egresos de la Federación 2021 se asignen, por los menos, los mismos recursos que se aprobaron este año para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad. 
En un punto de acuerdo que presentó en la sesión del 23 de septiembre, la legisladora del PRI destacó que entre las necesidades en materia de seguridad de estados y municipios está el equipamiento, fortalecimiento de infraestructura y programas de capacitación. 
Señaló que lejos de atender estos requerimientos, el proyecto de Presupuesto "agrava la situación de la seguridad pública, retrocede en lo avanzado y abandona a los municipios". 
Beltrones Sánchez advirtió que para el siguiente año, el Gobierno Federal propone eliminar casi cuatro mil millones de pesos que se destinaban al fortalecimiento de la seguridad en los municipios más conflictivos del país. 
En vez de invertir esos recursos en las policías civiles y locales, acusó la senadora, incrementará en tres mil 300 millones de pesos el presupuesto de la militarizada Guardia Nacional. 
Con la cancelación de recursos al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, fondo con el que se apoyaba a la seguridad y las policías de los 300 municipios más poblados e inseguros de la República, "la Secretaria de Hacienda no sólo golpea a las autoridades y los habitantes de las grandes urbes con mayor inseguridad, sino que también se debilita al Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública", remarcó. 
Sin esos recursos, advirtió Sylvana Beltrones, la institución federal que coordina y mide los resultados de la estrategia de seguridad a nivel nacional quedará debilitado y sin poder marcar directrices a los municipios.  
 Dijo que el Ejecutivo Federal propone que los ayuntamientos compensen la pérdida con 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.  
Estos recursos se reparten de acuerdo con el número de población pero que no se obliga a los ayuntamientos ni estados a seguir lineamiento o regla alguna de la Federación, porque no son etiquetados, lo que no garantiza que los destinen a sus policías municipales ni siquiera a temas de seguridad, advirtió la legisladora


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