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Estados Unidos declara libre de garrapata Boophilus spp al estado de Sonora

Por Lourdes Aguilar Romero

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), informó que el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) reconoció al estado de Sonora como una región de México libre de garrapata Boophilus spp, informó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Como se recordará en 2014, el APHIS propuso la modificación del reglamento que estipula los requisitos de importación de bovinos de México hacia Estados Unidos, mediante el reconocimiento del estado de Sonora como una región de nuestro país que está libre de garrapata Boophilus spp, cuya aceptación se publicó en el Federal Register (el equivalente al DOF, en EU) el pasado 26 de febrero y entró en vigor el 30 de marzo de 2015.

La dependencia destacó que dicha modificación incluye exentar del tratamiento de inmersión acaricida, y los requisitos de documentación asociados con esta acción al ganado y a otros rumiantes procedentes de Sonora, como condición de elegibilidad para el ingreso a Estados Unidos, siempre y cuando se cumpla con ciertos estándares zoosanitarios.

Con el reconocimiento se eliminan también las restricciones a la exportación de bovinos y otros rumiantes de Sonora y reduce los costos asociados con el baño de inmersión contra la garrapataBoophilus spp, lo que mejora la actividad del comercio internacional, así como las remesas derivadas de la exportación de rumiantes hacia Estados Unidos.

Este logro fortalece el estatus zoosanitario de Sonora a nivel internacional e impacta positivamente en la producción ganadera de la entidad, valuada en más de tres mil 400 millones de pesos.

Adicionalmente, da certidumbre a los ganaderos, garantiza el libre tránsito de los bovinos y mejora las condiciones de acceso a los mercados nacional y global tanto del ganado como de sus productos, lo que hace a la actividad más competitiva y rentable.

Estados Unidos declara libre de garrapata Boophilus spp al estado de Sonora

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Estados Unidos declara libre de garrapata Boophilus spp al estado de Sonora

Por Lourdes Aguilar Romero

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), informó que el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) reconoció al estado de Sonora como una región de México libre de garrapata Boophilus spp, informó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Como se recordará en 2014, el APHIS propuso la modificación del reglamento que estipula los requisitos de importación de bovinos de México hacia Estados Unidos, mediante el reconocimiento del estado de Sonora como una región de nuestro país que está libre de garrapata Boophilus spp, cuya aceptación se publicó en el Federal Register (el equivalente al DOF, en EU) el pasado 26 de febrero y entró en vigor el 30 de marzo de 2015.

La dependencia destacó que dicha modificación incluye exentar del tratamiento de inmersión acaricida, y los requisitos de documentación asociados con esta acción al ganado y a otros rumiantes procedentes de Sonora, como condición de elegibilidad para el ingreso a Estados Unidos, siempre y cuando se cumpla con ciertos estándares zoosanitarios.

Con el reconocimiento se eliminan también las restricciones a la exportación de bovinos y otros rumiantes de Sonora y reduce los costos asociados con el baño de inmersión contra la garrapataBoophilus spp, lo que mejora la actividad del comercio internacional, así como las remesas derivadas de la exportación de rumiantes hacia Estados Unidos.

Este logro fortalece el estatus zoosanitario de Sonora a nivel internacional e impacta positivamente en la producción ganadera de la entidad, valuada en más de tres mil 400 millones de pesos.

Adicionalmente, da certidumbre a los ganaderos, garantiza el libre tránsito de los bovinos y mejora las condiciones de acceso a los mercados nacional y global tanto del ganado como de sus productos, lo que hace a la actividad más competitiva y rentable.

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Demanda PRD protección a jornaleros

Por Lourdes Aguilar Romero

La fracción del PRD en la Cámara de Diputados se pronunció porque el Estado brinde mayores garantías para cuidar los derechos humanos de los trabajadores y aplicar lo que establece la ley en la materia, a fin de evitar conflictos como el de los jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja California.

Al respecto, el coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, recordó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) rescató el mes pasado más de 200 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones de explotación e infrahumanas en Baja California Sur, quienes fueron reclutados en Creel, Chihuahua, por la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola.

Posteriormente, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) del Valle de San Quintín, anunció protestas dirigidas al gobierno de Baja California por considerar que es responsable de las condiciones inhumanas y falta de seguridad social en que labora 80 por ciento de los jornaleros en esa región.

A través de un comunicado, el legislador se refirió a las movilizaciones de protesta que llevaron a cabo estos trabajadores agrícolas en demanda de mejoras de sus salarios y condiciones de trabajo.

También comentó un caso ocurrido en Zapopan, Jalisco, en el que 129 trabajadores, en su mayoría mujeres, laboraba en la maquiladora y ganaban menos del salario mínimo, con horarios extenuantes y a quienes sólo les autorizaban escasos minutos para comer.

Alonso Raya expuso que situaciones como éstas son una muestra de que en el país no se está cumpliendo con lo que establece la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales que México ha firmado en materia laboral y de derechos humanos.

"Casos como éstos demuestran que en el territorio nacional operan empresas mexicanas y extranjeras que no respetan la ley, que ofrecen trabajos mal pagados, sin prestaciones laborales de ningún tipo y que abusan de los trabajadores con la complicidad de las dependencias federales y estatales que supuestamente deben protegerlos", advirtió.

Subrayó que el gobierno federal. junto con los estados, tiene la obligación de no permitir que en territorio nacional alguna empresa viole lo que establecen la Constitución, particularmente el artículo 1 en materia de derechos humanos, y la Ley Federal de Trabajo.

Demanda PRD protección a jornaleros

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Demanda PRD protección a jornaleros

Por Lourdes Aguilar Romero

La fracción del PRD en la Cámara de Diputados se pronunció porque el Estado brinde mayores garantías para cuidar los derechos humanos de los trabajadores y aplicar lo que establece la ley en la materia, a fin de evitar conflictos como el de los jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja California.

Al respecto, el coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, recordó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) rescató el mes pasado más de 200 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones de explotación e infrahumanas en Baja California Sur, quienes fueron reclutados en Creel, Chihuahua, por la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola.

Posteriormente, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) del Valle de San Quintín, anunció protestas dirigidas al gobierno de Baja California por considerar que es responsable de las condiciones inhumanas y falta de seguridad social en que labora 80 por ciento de los jornaleros en esa región.

A través de un comunicado, el legislador se refirió a las movilizaciones de protesta que llevaron a cabo estos trabajadores agrícolas en demanda de mejoras de sus salarios y condiciones de trabajo.

También comentó un caso ocurrido en Zapopan, Jalisco, en el que 129 trabajadores, en su mayoría mujeres, laboraba en la maquiladora y ganaban menos del salario mínimo, con horarios extenuantes y a quienes sólo les autorizaban escasos minutos para comer.

Alonso Raya expuso que situaciones como éstas son una muestra de que en el país no se está cumpliendo con lo que establece la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales que México ha firmado en materia laboral y de derechos humanos.

"Casos como éstos demuestran que en el territorio nacional operan empresas mexicanas y extranjeras que no respetan la ley, que ofrecen trabajos mal pagados, sin prestaciones laborales de ningún tipo y que abusan de los trabajadores con la complicidad de las dependencias federales y estatales que supuestamente deben protegerlos", advirtió.

Subrayó que el gobierno federal. junto con los estados, tiene la obligación de no permitir que en territorio nacional alguna empresa viole lo que establecen la Constitución, particularmente el artículo 1 en materia de derechos humanos, y la Ley Federal de Trabajo.

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Alma Delia Rodríguez 
Frente al inicio de la etapa de campañas inherentes al proceso electoral local 2014-2015, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informa a la ciudadanía, que de conformidad con las previsiones establecidas en su Ley Orgánica, la Institución se encuentra preparada para atender las denuncias y querellas que eventualmente pudieran generarse con relación a la elección de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a las 16 Jefaturas Delegacionales.
 
De la misma manera, se han establecido canales de colaboración y comunicación con la Fiscalía Especial para la Atención del Delitos Electorales  
(FEPADE), adscrita a la Procuraduría General de la República, con el fin de hacer de su conocimiento aquellos asuntos que por su naturaleza federal resulten de su competencia.
 
De este modo, a partir del 20 de abril y hasta la conclusión de la jornada electoral del 7 de junio, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales, conocerá de aquellos ilícitos cuyo objeto consista en atentar contra el sufragio y la voluntad popular.
 
Es preciso considerar que las funciones de la Fiscalía se encuentran previstas en el artículo 28, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en donde se establece que el Ministerio Público iniciará las averiguaciones previas que resulten pertinentes, por la comisión de ilícitos que guarden conexidad con el proceso electoral local.
 
Dichas conductas se encuentran previstas en el Capítulo Único del Título Vigésimo Sexto del Código Penal del Distrito Federal, que prevé la comisión de delitos contra la democracia electoral, entre los cuales se encuentran:
 
·       Solicitar votos a cambio de pagos, dádivas, promesas de entrega de dinero o a cambio de otra recompensa;
 
·       Votar sin contar con credencial de elector;
 
·       Votar con credencial de elector ajena;
 
·       Realizar actos de proselitismo en el transcurso de la jornada electoral;
 
·       Orientar el voto ciudadano el día de la jornada electoral; y
 
·       Obstaculizar o interferir el desarrollo de las votaciones.
 
Para tales efectos, la Procuraduría capitalina pone a disposición de los ciudadanos el número telefónico         5346-8998, así como el correo electrónico delitoselectorales@pgjdf.gob.mx, o en cualquiera de las agencias del Ministerio Público ubicadas en la Ciudad de México, en donde se recibirán y atenderán las denuncias que se presenten con relación al proceso.
 
Finalmente, es preciso informar que la Procuraduría se encuentra realizando las adecuaciones necesarias a su página electrónica, para prevenir la difusión de cualquier contenido que pudiera considerarse como propaganda gubernamental, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos para regular la difusión y ejecución de programas sociales con motivo del proceso electoral del año 2015 en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de enero del presente año.
 
De esta manera, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal reitera su compromiso con la ciudadanía para garantizar el cumplimiento de la legalidad en todos los ámbitos de la vida pública y asegurar la vigencia del orden normativo.

PGJDF preperada para denuncias electorales

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Alma Delia Rodríguez 
Frente al inicio de la etapa de campañas inherentes al proceso electoral local 2014-2015, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informa a la ciudadanía, que de conformidad con las previsiones establecidas en su Ley Orgánica, la Institución se encuentra preparada para atender las denuncias y querellas que eventualmente pudieran generarse con relación a la elección de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a las 16 Jefaturas Delegacionales.
 
De la misma manera, se han establecido canales de colaboración y comunicación con la Fiscalía Especial para la Atención del Delitos Electorales  
(FEPADE), adscrita a la Procuraduría General de la República, con el fin de hacer de su conocimiento aquellos asuntos que por su naturaleza federal resulten de su competencia.
 
De este modo, a partir del 20 de abril y hasta la conclusión de la jornada electoral del 7 de junio, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales, conocerá de aquellos ilícitos cuyo objeto consista en atentar contra el sufragio y la voluntad popular.
 
Es preciso considerar que las funciones de la Fiscalía se encuentran previstas en el artículo 28, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en donde se establece que el Ministerio Público iniciará las averiguaciones previas que resulten pertinentes, por la comisión de ilícitos que guarden conexidad con el proceso electoral local.
 
Dichas conductas se encuentran previstas en el Capítulo Único del Título Vigésimo Sexto del Código Penal del Distrito Federal, que prevé la comisión de delitos contra la democracia electoral, entre los cuales se encuentran:
 
·       Solicitar votos a cambio de pagos, dádivas, promesas de entrega de dinero o a cambio de otra recompensa;
 
·       Votar sin contar con credencial de elector;
 
·       Votar con credencial de elector ajena;
 
·       Realizar actos de proselitismo en el transcurso de la jornada electoral;
 
·       Orientar el voto ciudadano el día de la jornada electoral; y
 
·       Obstaculizar o interferir el desarrollo de las votaciones.
 
Para tales efectos, la Procuraduría capitalina pone a disposición de los ciudadanos el número telefónico         5346-8998, así como el correo electrónico delitoselectorales@pgjdf.gob.mx, o en cualquiera de las agencias del Ministerio Público ubicadas en la Ciudad de México, en donde se recibirán y atenderán las denuncias que se presenten con relación al proceso.
 
Finalmente, es preciso informar que la Procuraduría se encuentra realizando las adecuaciones necesarias a su página electrónica, para prevenir la difusión de cualquier contenido que pudiera considerarse como propaganda gubernamental, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos para regular la difusión y ejecución de programas sociales con motivo del proceso electoral del año 2015 en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de enero del presente año.
 
De esta manera, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal reitera su compromiso con la ciudadanía para garantizar el cumplimiento de la legalidad en todos los ámbitos de la vida pública y asegurar la vigencia del orden normativo.

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