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Se inaugura el Centro Regional de Atención a Emergencias (CRAE)
A partir de las inundaciones registradas en el Valle de México en años anteriores, CONAGUA inauguró la mañana de este Sábado el Centro Regional de Atención a Emergencias. Este centro también se encuentra en diversas partes del País y su objetivo es dar pronta respuesta a la ciudadanía cuando fenómenos naturales como la lluvia afecten de manera significativa las vialidades o sean un factor de riesgo para la sociedad.
En presencia del Director General de CONAGUA, Jose Luís Luege Tamargo, el alcalde te Texcoco, Arturo Martínez Alfaro habló de la importancia de que las autoridades de los 3 ordenes de gobierno destinen recursos para el bien de los habitantes, así como de trabajar e implementar medidas preventivas ante las temporadas de lluvia que cada año parecieran ser más intensas.
Agradeció a CONAGUA la apertura de este Centro en esta region, pues si bien Texcoco no ha sido afectado de gravedad, municipios aledaños han mostrado afectaciones importantes debido a inundaciones.
Por su parte Luege Tamargo, agradeció la anfitrionía del alcalde de Texcoco y mencionó que la zona del Valle de Mexíco en una de las 13 zonas denominadas Cuencas Hidrológicas en que se divide el País y una de las más vulnerables. Dijo que el CRAE tiene una inversión de 16 mdp en su parte correspondiente a obra civil y cuenta con oficinas, dormitorios, patio de maniobras y próximamente con un radar que podrá prevenir y detectar las zonas más propensas a ser inundadas.
Dentro de equipamiento de estas instalaciones destacan: Equipo de bombeo, camiones Unimog con bomba con una capacidad de 1,100 lts por segundo, camiones grúa todo terreno, plantas potabilizadoras, equipo de transporte, entre otros.
El director de CONAGUA afirmó que es necesario trabajar de la mano con Protección Civil, así como con todos los municipios para implementar planes de acción efectivos y nunca aislados.Una vez terminado el evento formal, se realizó un recorrido por las instalaciones.
El CRAE Valle de México, se encuentra ubicado en las oficinas de CONAGUA en la autopista Peñón - Texcoco.
A este evento asistieron Jesus Salinas Navarro, Presidente Municipal de Nezahualcoyotl, Rosa María Fuentes López, Directora de REPDA OCVAM, Miguel Angel Vázquez Saavedra, Director de CONAGUA en el Valle de México, así como Raúl Alberto Navarro, Coordinador General de Atención a Emergencias y Consejos de Cuenca

APERTURA DEL CRAE EN TEXCOCO

Posted by LINO CALDERON No comments

Se inaugura el Centro Regional de Atención a Emergencias (CRAE)
A partir de las inundaciones registradas en el Valle de México en años anteriores, CONAGUA inauguró la mañana de este Sábado el Centro Regional de Atención a Emergencias. Este centro también se encuentra en diversas partes del País y su objetivo es dar pronta respuesta a la ciudadanía cuando fenómenos naturales como la lluvia afecten de manera significativa las vialidades o sean un factor de riesgo para la sociedad.
En presencia del Director General de CONAGUA, Jose Luís Luege Tamargo, el alcalde te Texcoco, Arturo Martínez Alfaro habló de la importancia de que las autoridades de los 3 ordenes de gobierno destinen recursos para el bien de los habitantes, así como de trabajar e implementar medidas preventivas ante las temporadas de lluvia que cada año parecieran ser más intensas.
Agradeció a CONAGUA la apertura de este Centro en esta region, pues si bien Texcoco no ha sido afectado de gravedad, municipios aledaños han mostrado afectaciones importantes debido a inundaciones.
Por su parte Luege Tamargo, agradeció la anfitrionía del alcalde de Texcoco y mencionó que la zona del Valle de Mexíco en una de las 13 zonas denominadas Cuencas Hidrológicas en que se divide el País y una de las más vulnerables. Dijo que el CRAE tiene una inversión de 16 mdp en su parte correspondiente a obra civil y cuenta con oficinas, dormitorios, patio de maniobras y próximamente con un radar que podrá prevenir y detectar las zonas más propensas a ser inundadas.
Dentro de equipamiento de estas instalaciones destacan: Equipo de bombeo, camiones Unimog con bomba con una capacidad de 1,100 lts por segundo, camiones grúa todo terreno, plantas potabilizadoras, equipo de transporte, entre otros.
El director de CONAGUA afirmó que es necesario trabajar de la mano con Protección Civil, así como con todos los municipios para implementar planes de acción efectivos y nunca aislados.Una vez terminado el evento formal, se realizó un recorrido por las instalaciones.
El CRAE Valle de México, se encuentra ubicado en las oficinas de CONAGUA en la autopista Peñón - Texcoco.
A este evento asistieron Jesus Salinas Navarro, Presidente Municipal de Nezahualcoyotl, Rosa María Fuentes López, Directora de REPDA OCVAM, Miguel Angel Vázquez Saavedra, Director de CONAGUA en el Valle de México, así como Raúl Alberto Navarro, Coordinador General de Atención a Emergencias y Consejos de Cuenca

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Dos muertos y dos lesionados tras enfrentamiento en La Mesa del Nayar
*Los fallecidos pertenecen al crimen organizado mi
Dos presuntos sicarios muertos y dos elementos policiacos lesionados es el saldo que hasta el momento se tiene registrado tras un fuerte enfrentamiento en la mesa del Nayar, municipio del Nayar.

Poco después de las siete noche de este viernes los códigos de emergencia volvieron a activarse en las corporaciones policiacas del estado ante el reporte de un enfrentamiento en el municipio del Nayar.

De los hechos se tiene conocimiento que elementos de la policía Municipal del Nayar, recibieron un reporte donde les indicaban que el punto conocido como La Mesa del Nayar, se encontraban sujetos armados a bordo de varias camionetas, tras el reporte varias unidades de esa corporación acudieron al lugar de los hechos, al arribo de los elementos los sujetos comenzaron a agredirlos a balazos, los uniformados inmediatamente repelieron la agresión dando la muerte de al menos dos sujetos armados.

Tras la agresión los municipales pidieron el apoyo de otras corporaciones lo que instantes después arribaron al lugar de los hechos para apoyar a sus compañeros.

Hasta el momento la procuraduría no ha emitido un comunicado oficial al respecto y se espera en las próximas horas den a conocer el saldo oficial tras este tiroteo.

Dos muertos y dos lesionados tras enfrentamiento en La Mesa del Nayar

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Dos muertos y dos lesionados tras enfrentamiento en La Mesa del Nayar
*Los fallecidos pertenecen al crimen organizado mi
Dos presuntos sicarios muertos y dos elementos policiacos lesionados es el saldo que hasta el momento se tiene registrado tras un fuerte enfrentamiento en la mesa del Nayar, municipio del Nayar.

Poco después de las siete noche de este viernes los códigos de emergencia volvieron a activarse en las corporaciones policiacas del estado ante el reporte de un enfrentamiento en el municipio del Nayar.

De los hechos se tiene conocimiento que elementos de la policía Municipal del Nayar, recibieron un reporte donde les indicaban que el punto conocido como La Mesa del Nayar, se encontraban sujetos armados a bordo de varias camionetas, tras el reporte varias unidades de esa corporación acudieron al lugar de los hechos, al arribo de los elementos los sujetos comenzaron a agredirlos a balazos, los uniformados inmediatamente repelieron la agresión dando la muerte de al menos dos sujetos armados.

Tras la agresión los municipales pidieron el apoyo de otras corporaciones lo que instantes después arribaron al lugar de los hechos para apoyar a sus compañeros.

Hasta el momento la procuraduría no ha emitido un comunicado oficial al respecto y se espera en las próximas horas den a conocer el saldo oficial tras este tiroteo.

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Avanza propuesta de impuesto especial al chicle‏
Angel Iturralde
Una de las iniciativas más controversiales de los últimos días es aquella relacionada en aplicar un impuesto especial al chicle o goma de mascar, por la contaminación ambiental, visual y el costo que genera al retirarlos de los árboles, calles y mobiliario urbano.
La iniciativa fue presentada por el diputado del PRI Juan Manuel Diez Francos quién la justificó de que para aquellos que contaminen con sus chicles, pagarán impuestos equivalentes al valor del daño social que ocasionan al ambiente y a la salud por ser considerados un foco de infección, ya que los chicles pegados contienen 50 mil gérmenes transmisores de enfermedades.
La medida ya toma fuerza en diversas comisiones del Congreso tanto en la Ecología como en la de Hacienda y podría ser retomada por todas las fracciones parlamentarias.
Se propone que la enajenación o importación del chicle sea del 50 por ciento, y adicionalmente a la tasa establecida se pagará una cuota de 15 centavos por goma de mascar enajenada o importada.
Los fabricantes, productores o importadores para calcular el impuesto por la enajenación de esos bienes en territorio nacional, considerarán como valor de los mismos el precio de venta al detallista, y en los casos de no existir venta al detallista, será la contraprestación pactada.
Del importe recaudado sobre el chicle, se destinará el dos por ciento a las entidades federativas y el seis por ciento a sus municipios, para cubrir el costo que genera retirar las gomas de mascar en el mobiliario.
El diputado señaló que el costo por despegar un chicle en la Ciudad de México es de dos pesos 50 centavos, mientras que el costo más económico de esta golosina es de 50 centavos.
Se propone que la enajenación o importación del chicle sea del 50 por ciento, y adicionalmente a la tasa establecida se pagará una cuota de 15 centavos por goma de mascar enajenada o importada.
Los fabricantes, productores o importadores para calcular el impuesto por la enajenación de esos bienes en territorio nacional, considerarán como valor de los mismos el precio de venta al detallista, y en los casos de no existir venta al detallista, será la contraprestación pactada.
Del importe recaudado sobre el chicle, se destinará el dos por ciento a las entidades federativas y el seis por ciento a sus municipios, para cubrir el costo que genera retirar las gomas de mascar en el mobiliario.
El diputado señaló que el costo por despegar un chicle en la Ciudad de México es de dos pesos 50 centavos, mientras que el costo más económico de esta golosina es de 50 centavos.
El precio diario para retirarlos sólo en el Centro Histórico, es de dos mil 800 pesos, y la inversión para eliminar los chicles pegados en las calles, aceras, plazas del centro histórico, esculturas, árboles y otros lugares es de 50 mil dólares en 10 máquinas especializadas.
La empresa Kraft Foods asegura que México es el segundo país consumidor de chicles a nivel mundial y el Inegi señala que se producen 92 mil toneladas de chicles anuales, con un consumo anual per cápita de 1.8 kilogramos.
La iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen.

Avanza propuesta de impuesto especial al chicle‏

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Avanza propuesta de impuesto especial al chicle‏
Angel Iturralde
Una de las iniciativas más controversiales de los últimos días es aquella relacionada en aplicar un impuesto especial al chicle o goma de mascar, por la contaminación ambiental, visual y el costo que genera al retirarlos de los árboles, calles y mobiliario urbano.
La iniciativa fue presentada por el diputado del PRI Juan Manuel Diez Francos quién la justificó de que para aquellos que contaminen con sus chicles, pagarán impuestos equivalentes al valor del daño social que ocasionan al ambiente y a la salud por ser considerados un foco de infección, ya que los chicles pegados contienen 50 mil gérmenes transmisores de enfermedades.
La medida ya toma fuerza en diversas comisiones del Congreso tanto en la Ecología como en la de Hacienda y podría ser retomada por todas las fracciones parlamentarias.
Se propone que la enajenación o importación del chicle sea del 50 por ciento, y adicionalmente a la tasa establecida se pagará una cuota de 15 centavos por goma de mascar enajenada o importada.
Los fabricantes, productores o importadores para calcular el impuesto por la enajenación de esos bienes en territorio nacional, considerarán como valor de los mismos el precio de venta al detallista, y en los casos de no existir venta al detallista, será la contraprestación pactada.
Del importe recaudado sobre el chicle, se destinará el dos por ciento a las entidades federativas y el seis por ciento a sus municipios, para cubrir el costo que genera retirar las gomas de mascar en el mobiliario.
El diputado señaló que el costo por despegar un chicle en la Ciudad de México es de dos pesos 50 centavos, mientras que el costo más económico de esta golosina es de 50 centavos.
Se propone que la enajenación o importación del chicle sea del 50 por ciento, y adicionalmente a la tasa establecida se pagará una cuota de 15 centavos por goma de mascar enajenada o importada.
Los fabricantes, productores o importadores para calcular el impuesto por la enajenación de esos bienes en territorio nacional, considerarán como valor de los mismos el precio de venta al detallista, y en los casos de no existir venta al detallista, será la contraprestación pactada.
Del importe recaudado sobre el chicle, se destinará el dos por ciento a las entidades federativas y el seis por ciento a sus municipios, para cubrir el costo que genera retirar las gomas de mascar en el mobiliario.
El diputado señaló que el costo por despegar un chicle en la Ciudad de México es de dos pesos 50 centavos, mientras que el costo más económico de esta golosina es de 50 centavos.
El precio diario para retirarlos sólo en el Centro Histórico, es de dos mil 800 pesos, y la inversión para eliminar los chicles pegados en las calles, aceras, plazas del centro histórico, esculturas, árboles y otros lugares es de 50 mil dólares en 10 máquinas especializadas.
La empresa Kraft Foods asegura que México es el segundo país consumidor de chicles a nivel mundial y el Inegi señala que se producen 92 mil toneladas de chicles anuales, con un consumo anual per cápita de 1.8 kilogramos.
La iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen.

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IP contra homologación de salarios de zonas
*El ajuste sentaría un precedente negativo para la negociación de salarios que iniciaría el 1 de diciembre
*Asegura el CCE que viola los procedimientos legales.
*la CTM apoya la medida y llama a la aclama
Ángel Iturralde

El sector privado del país votó en contra de la propuesta de la Secretaría del Trabajo, para que la revisión de los salarios mínimos generales y profesionales del área geográfica B se igualará con los del área geográfica A.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, explicó que el ajuste sentaría un precedente negativo para la negociación de salarios que iniciaría el 1 de diciembre, además de que viola los procedimientos legales.
Detalló que el ajuste de la Secretaria del Trabajo implica la desaparición de la Zona "B", a la que están adscritos diversos municipios de Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Sonora y Veracruz, y su integración a la Zona "A" representa un aumento de 2.9% al salario mínimo en dichos Municipios.
Antier el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) resolvió que la revisión de los salarios mínimos generales y profesionales del área geográfica B se igualará con los del área geográfica A, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
La dependencia señaló que el órgano tripartito revisó la propuesta que, con fundamento en el Artículo 570 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, la Secretaria del Trabajo sometió a su consideración.
Con esto, dijo se pretende avanzar en el proceso de convergencia gradual hacia un sólo salario mínimo para todo el país, iniciado desde 1996.
Puntualizó que con esta medida, entre los municipios que ahora se agregan al área geográfica A se encuentran los de Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León, Hermosillo, Sonora; Tampico, Tamaulipas, y Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, entre otros.
El pasado 21 de noviembre, el Consejo de Representantes estudió la solicitud y toda vez que en la propuesta se detallan las circunstancias económicas que lo justifican, decidió por mayoría de 12 votos a 10, que los fundamentos que apoyaban la solicitud fueron suficientes para iniciar el proceso de revisión.
Dicho consejo es un organismo tripartito integrado por 11 representantes propietarios de los trabajadores, 11 representantes propietarios de los patrones, todos con sus respectivos suplentes y electos en convenciones, y un representante del gobierno federal: el presidente de la Conasami, y quien también preside el Consejo.
La STPS mencionó que este sábado se votó la propuesta de pasar todos los municipios del área geográfica B a la A, cuyo resultado fue 11 votos a favor del sector de los trabajadores, uno más del presidente de la Conasami y nueve votos en contra del sector de los patrones.
En relación con las condiciones económicas que justifican la revisión de los salarios mínimos, el Consejo de Representantes consideró que la actual situación económica que el país presenta constituye un momento propicio para llevar a cabo dicha revisión y avanzar en el cierre de las áreas geográficas.
Indicó que estas condiciones económicas son, de manera específica, el crecimiento que ha registrado el Producto Interno Bruto en el país, que ha estado en lo general muy por arriba de los que se observan en todos los países desarrollados y en la mayor parte de los países en vías de desarrollo.
Asimismo, la estabilidad de precios que se ha registrado ya durante varios años y que está en la ruta de alcanzar la meta prevista por la autoridad monetaria; la fortaleza del peso mexicano frente a las circunstancias financieras internacionales.
También, el fortalecimiento de las finanzas públicas durante la presente administración y el adecuado manejo de la deuda pública. Todo esto frente a una situación en la que es necesario fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores.
La dependencia agregó que el ajuste en el salario mínimo que percibirán los trabajadores que pertenecían a la actual área geográfica B, a partir del próximo 27 de noviembre, al pasar al área geográfica A, es de 2.9 por ciento, lo que significa 53.50 pesos al mes.
Con esto, el Consejo apreció que la decisión de igualar los salarios mínimos de esas áreas geográficas no tendrá efectos perceptibles sobre la inflación y la tasa de desempleo y, en cambio, contribuirá de manera moderada a fortalecer el mercado interno en el ámbito regional, aseveró la Secretaría del Trabajo.
Señaló que a pesar del voto en contra de los representantes del sector de los patrones, éstos dejaron constancia de su interés de mantener la armonía que nos une con el sector obrero, con quien durante más de nueve años han cumplido por unanimidad con las obligaciones que corresponden a este Consejo.
Incluso, subrayó, el sector patronal dejó en claro que "confiamos en que en nuestros próximos acuerdos se continúe con la concordia que ha venido caracterizando el análisis y toma de decisiones en esta Comisión Nacional, siempre en beneficio de México".
Puntualizó que por parte de los representantes del sector obrero, éste reiterón su disposición de continuar con los trabajos en la Conasami dentro de un clima de armonía, civilidad y en beneficio del interés nacional, comportamiento que hasta la fecha ha aportado acuerdos que han contribuido a la paz laboral durante el actual sexenio.
Trabajadores apoyan la medida
Por su parte la Confederación de Trabajadores de México (CTM) llamó a la calma al sector empresarial, después de que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) homologara el salario de la zona geográfica "B" con la "A" y dejó en claro que ésta no fue una decisión unilateral, sino que "la decisión se tomó por dos sectores que así lo consideraron oportuno".
José Luis Carazo Preciado, secretario del Trabajo de esta central y vocero del sector obrero en la Conasami, manifestó que el sector empresarial tiene su forma de ver las cosas y "obvio, no están de acuerdo, pero al final de cuentas es una óptica mal apreciada".
Dijo que si bien son los empresarios los que deben fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, ya que son éstos los que compran los productos que ellos hacen, consideró que este sector "siempre ha tratado como solución económica apretar el poder adquisitivo de los trabajadores y ellos siguen aplicando la misma medida para resolver los salarios".
Manifestó que México debe fortalecer su mercado interno y promover que sus trabajadores tengan más poder adquisitivo, "ya que con la precarización de los salarios y las condiciones laborales, lo único que se está haciendo es inhibir cada vez más el mercado interno; mercado que está deteriorado y eso le cuesta trabajo al sector privado entenderlo".
"La realidad es que si un trabajador gana más, sin duda alguna es una posibilidad de darle una dinámica más fuerte a la planta productiva y a la economía", expresó.

IP contra homologación de salarios de zonas

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IP contra homologación de salarios de zonas
*El ajuste sentaría un precedente negativo para la negociación de salarios que iniciaría el 1 de diciembre
*Asegura el CCE que viola los procedimientos legales.
*la CTM apoya la medida y llama a la aclama
Ángel Iturralde

El sector privado del país votó en contra de la propuesta de la Secretaría del Trabajo, para que la revisión de los salarios mínimos generales y profesionales del área geográfica B se igualará con los del área geográfica A.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, explicó que el ajuste sentaría un precedente negativo para la negociación de salarios que iniciaría el 1 de diciembre, además de que viola los procedimientos legales.
Detalló que el ajuste de la Secretaria del Trabajo implica la desaparición de la Zona "B", a la que están adscritos diversos municipios de Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Sonora y Veracruz, y su integración a la Zona "A" representa un aumento de 2.9% al salario mínimo en dichos Municipios.
Antier el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) resolvió que la revisión de los salarios mínimos generales y profesionales del área geográfica B se igualará con los del área geográfica A, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
La dependencia señaló que el órgano tripartito revisó la propuesta que, con fundamento en el Artículo 570 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, la Secretaria del Trabajo sometió a su consideración.
Con esto, dijo se pretende avanzar en el proceso de convergencia gradual hacia un sólo salario mínimo para todo el país, iniciado desde 1996.
Puntualizó que con esta medida, entre los municipios que ahora se agregan al área geográfica A se encuentran los de Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León, Hermosillo, Sonora; Tampico, Tamaulipas, y Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, entre otros.
El pasado 21 de noviembre, el Consejo de Representantes estudió la solicitud y toda vez que en la propuesta se detallan las circunstancias económicas que lo justifican, decidió por mayoría de 12 votos a 10, que los fundamentos que apoyaban la solicitud fueron suficientes para iniciar el proceso de revisión.
Dicho consejo es un organismo tripartito integrado por 11 representantes propietarios de los trabajadores, 11 representantes propietarios de los patrones, todos con sus respectivos suplentes y electos en convenciones, y un representante del gobierno federal: el presidente de la Conasami, y quien también preside el Consejo.
La STPS mencionó que este sábado se votó la propuesta de pasar todos los municipios del área geográfica B a la A, cuyo resultado fue 11 votos a favor del sector de los trabajadores, uno más del presidente de la Conasami y nueve votos en contra del sector de los patrones.
En relación con las condiciones económicas que justifican la revisión de los salarios mínimos, el Consejo de Representantes consideró que la actual situación económica que el país presenta constituye un momento propicio para llevar a cabo dicha revisión y avanzar en el cierre de las áreas geográficas.
Indicó que estas condiciones económicas son, de manera específica, el crecimiento que ha registrado el Producto Interno Bruto en el país, que ha estado en lo general muy por arriba de los que se observan en todos los países desarrollados y en la mayor parte de los países en vías de desarrollo.
Asimismo, la estabilidad de precios que se ha registrado ya durante varios años y que está en la ruta de alcanzar la meta prevista por la autoridad monetaria; la fortaleza del peso mexicano frente a las circunstancias financieras internacionales.
También, el fortalecimiento de las finanzas públicas durante la presente administración y el adecuado manejo de la deuda pública. Todo esto frente a una situación en la que es necesario fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores.
La dependencia agregó que el ajuste en el salario mínimo que percibirán los trabajadores que pertenecían a la actual área geográfica B, a partir del próximo 27 de noviembre, al pasar al área geográfica A, es de 2.9 por ciento, lo que significa 53.50 pesos al mes.
Con esto, el Consejo apreció que la decisión de igualar los salarios mínimos de esas áreas geográficas no tendrá efectos perceptibles sobre la inflación y la tasa de desempleo y, en cambio, contribuirá de manera moderada a fortalecer el mercado interno en el ámbito regional, aseveró la Secretaría del Trabajo.
Señaló que a pesar del voto en contra de los representantes del sector de los patrones, éstos dejaron constancia de su interés de mantener la armonía que nos une con el sector obrero, con quien durante más de nueve años han cumplido por unanimidad con las obligaciones que corresponden a este Consejo.
Incluso, subrayó, el sector patronal dejó en claro que "confiamos en que en nuestros próximos acuerdos se continúe con la concordia que ha venido caracterizando el análisis y toma de decisiones en esta Comisión Nacional, siempre en beneficio de México".
Puntualizó que por parte de los representantes del sector obrero, éste reiterón su disposición de continuar con los trabajos en la Conasami dentro de un clima de armonía, civilidad y en beneficio del interés nacional, comportamiento que hasta la fecha ha aportado acuerdos que han contribuido a la paz laboral durante el actual sexenio.
Trabajadores apoyan la medida
Por su parte la Confederación de Trabajadores de México (CTM) llamó a la calma al sector empresarial, después de que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) homologara el salario de la zona geográfica "B" con la "A" y dejó en claro que ésta no fue una decisión unilateral, sino que "la decisión se tomó por dos sectores que así lo consideraron oportuno".
José Luis Carazo Preciado, secretario del Trabajo de esta central y vocero del sector obrero en la Conasami, manifestó que el sector empresarial tiene su forma de ver las cosas y "obvio, no están de acuerdo, pero al final de cuentas es una óptica mal apreciada".
Dijo que si bien son los empresarios los que deben fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, ya que son éstos los que compran los productos que ellos hacen, consideró que este sector "siempre ha tratado como solución económica apretar el poder adquisitivo de los trabajadores y ellos siguen aplicando la misma medida para resolver los salarios".
Manifestó que México debe fortalecer su mercado interno y promover que sus trabajadores tengan más poder adquisitivo, "ya que con la precarización de los salarios y las condiciones laborales, lo único que se está haciendo es inhibir cada vez más el mercado interno; mercado que está deteriorado y eso le cuesta trabajo al sector privado entenderlo".
"La realidad es que si un trabajador gana más, sin duda alguna es una posibilidad de darle una dinámica más fuerte a la planta productiva y a la economía", expresó.

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El pasado 16 de Noviembre del año en curso, el Juez XVI de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Juez Jacinto Ramos Castillejos, dictó nuevamente un auto de formal prisión en contra de Brenda Quevedo Cruz, por el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, además del delito de Delincuencia Organizada.

Lo anterior obedece a que con fecha 22 de Octubre del año en curso, la inculpada Brenda Quevedo Cruz había obtenido un Amparo contra el auto de formal prisión, otorgado por el Juez XIII de Distrito en materia de Amparo, tras haberse percatado de que el Juez II de Distrito de Procesos Federales en el Estado de México, cuando le dicto ese primer auto de formal prisión el 28 de Septiembre del 2009, aplicó la norma Federal en lugar de la Local.

Sin embargo, en Junio 2010 se generó la jurisprudencia No.45/2010 que sostiene que se debe juzgar el Secuestro con el Código de Procedimientos Penal local y por este criterio se aplicó la retroactividad.

Es decir, por tecnicismos jurídicos estamos iniciando nuevamente el proceso después de prácticamente tres años de que le dictaron Formal Prisión a una de las secuestradoras de mi hijo.

Por ello, consideramos prioritario que sigamos impulsando la Reforma al Sistema de Justicia, contemplado en la Reforma Penal Constitucional, pues justamente uno de los beneficios que implica el nuevo sistema de Penal Acusatorio es que confiere simplicidad, transparencia y rapidez a todo el proceso.

Con el sistema actual, las víctimas estamos expuestas a que los vericuetos del proceso generen situaciones que nos alejan de la justicia y nos ponen en un mayor grado de indefensión.

En el caso particular del secuestro y homicidio de Hugo Alberto a siete años y 4 meses de distancia seguimos sin tener una sentencia en primera instancia, contra Jacobo Tagle Dobin y Brenda Quevedo Cruz.

Queremos hacer un respetuoso llamado al Poder Judicial a fin de que se agilicen los tiempos en los procesos penales.

Al presidente electo, Enrique Peña Nieto y a todos los Gobernadores, para que muestren la voluntad política necesaria para hacer realidad en el corto plazo la Reforma Penal.

Ratifican formal prisión a asesina de hijo de la Wallace

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El pasado 16 de Noviembre del año en curso, el Juez XVI de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Juez Jacinto Ramos Castillejos, dictó nuevamente un auto de formal prisión en contra de Brenda Quevedo Cruz, por el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, además del delito de Delincuencia Organizada.

Lo anterior obedece a que con fecha 22 de Octubre del año en curso, la inculpada Brenda Quevedo Cruz había obtenido un Amparo contra el auto de formal prisión, otorgado por el Juez XIII de Distrito en materia de Amparo, tras haberse percatado de que el Juez II de Distrito de Procesos Federales en el Estado de México, cuando le dicto ese primer auto de formal prisión el 28 de Septiembre del 2009, aplicó la norma Federal en lugar de la Local.

Sin embargo, en Junio 2010 se generó la jurisprudencia No.45/2010 que sostiene que se debe juzgar el Secuestro con el Código de Procedimientos Penal local y por este criterio se aplicó la retroactividad.

Es decir, por tecnicismos jurídicos estamos iniciando nuevamente el proceso después de prácticamente tres años de que le dictaron Formal Prisión a una de las secuestradoras de mi hijo.

Por ello, consideramos prioritario que sigamos impulsando la Reforma al Sistema de Justicia, contemplado en la Reforma Penal Constitucional, pues justamente uno de los beneficios que implica el nuevo sistema de Penal Acusatorio es que confiere simplicidad, transparencia y rapidez a todo el proceso.

Con el sistema actual, las víctimas estamos expuestas a que los vericuetos del proceso generen situaciones que nos alejan de la justicia y nos ponen en un mayor grado de indefensión.

En el caso particular del secuestro y homicidio de Hugo Alberto a siete años y 4 meses de distancia seguimos sin tener una sentencia en primera instancia, contra Jacobo Tagle Dobin y Brenda Quevedo Cruz.

Queremos hacer un respetuoso llamado al Poder Judicial a fin de que se agilicen los tiempos en los procesos penales.

Al presidente electo, Enrique Peña Nieto y a todos los Gobernadores, para que muestren la voluntad política necesaria para hacer realidad en el corto plazo la Reforma Penal.

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Urge Comité contra la Tortura de ONU a México abolir arraigo
Ginebra, Suiza.- El Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió al Estado mexicano abolir la figura del arraigo y lo instó a aprobar una ley general sobre desapariciones forzadas.
El CAT observó "con preocupación que, a pesar de lo recomendado con anterioridad el Estado parte elevó a rango constitucional la figura del arraigo en 2008, estando también regulada por algunas entidades federativas, como el estado de Jalisco".
A la luz de lo establecido en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, "el Comité reitera su recomendación de que el Estado parte elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal".
El CAT, asimismo, "está preocupado por el aumento progresivo del número de desapariciones forzadas presuntamente cometidas por autoridades públicas o grupos criminales o particulares que actuarían con el apoyo directo o indirecto de agentes del Estado, en estados como Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas", afirmó.
Recomendó "velar por que las entidades federativas tipifiquen y sancionen el delito de desaparición forzada en conformidad con lo establecido por la normativa internacional en la materia".
El CAT enumeró éstas y una serie de recomendaciones finales al gobierno mexicano publicadas al terminar su sesión en Ginebra durante la cual revisó el informe de México.
El CAT pidió garantizar que los casos de desapariciones forzadas sean "investigados de forma pronta, exhaustiva y eficaz así como que se castigue a los culpables con sanciones adecuadas a la gravedad de los delitos".
El Comité además urgió al Estado parte a modificar su Código de Justicia Militar, de conformidad con las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esto "a fin de excluir la competencia de la jurisdicción militar para juzgar sobre casos de violaciones de derechos humanos y delitos contra civiles en los que haya militares involucrados".
"El Comité expresa su preocupación por los informes recibidos que se refieren al alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria por efectivos de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado en el marco de las operaciones conjuntas contra el crimen organizado", subrayó el informe.
"Preocupan gravemente las informaciones concordantes en el sentido de que durante el período anterior a la entrega al Ministerio Público se infligen torturas y malos tratos a los detenidos con el fin de obtener confesiones forzadas y declaraciones autoinculpatorias que posteriormente son utilizadas para encubrir diversas irregularidades cometidas en la detención", agregó.
El CAT encomió las reformas legislativas realizadas en México como la adopción de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la ley sobre refugiados.
Igualmente, aplaudió la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 que eleva a rango constitucional todos los derechos humanos garantizados en los tratados internacionales ratificados por el Estado parte.
El CAT, no obstante, instó al gobierno mexicano "a redoblar sus esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las mujeres, incluidos los asesinatos y desapariciones por motivos de género".
Llamó a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este ámbito.
En cuanto a defensores de derechos humanos y periodistas, el CAT instó a "tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad e integridad física frente a la intimidación y violencia a la que podrían exponerles sus actividades".
Pidió "acelerar el establecimiento del Mecanismo de Protección previsto en la Ley para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas".
Entre otras recomendaciones del CAT destacan además "la de garantizar que las confesiones obtenidas mediante actos de tortura y malos tratos no sean utilizadas como prueba en ningún procedimiento".
Pidió que se realicen exámenes médicos independientes cada vez que exista una denuncia de tortura cuando así lo solicite el sospechoso ante el tribunal, y que se lleve a cabo una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos para pensar que se ha cometido un acto de tortura.
"En especial cuando la única prueba presentada en contra del acusado sea una confesión", puntualizó.
En materia legal, el CAT pidió a México modificar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura para que la definición de tortura abarque todos los elementos que figuran en el artículo 1 de la Convención.
Especialmente los actos de tortura cometidos por terceros a instigación o con el consentimiento o aquiescencia de un funcionario público.
Recomendó "velar porque los actos de tortura sean tipificados por las entidades federativas de acuerdo con la definición de la Convención".
En particular, incluir el delito de tortura en el Código Penal del estado de Guerrero.
Asimismo, llamó a "garantizar que el delito de tortura no prescriba".
En la lista de recomendaciones también se incluyen entre otras cumplir con el protocolo de Estambul, aprobar una Ley de Justicia para Adolescentes, mejorar las condiciones de cárceles, centros psiquiátricos y centros para migrantes.
El CAT finalmente animó al Estado mexicano a crear "un registro centralizado de denuncias de tortura y malos tratos".

Urge Comité contra la Tortura de ONU a México abolir arraigo

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Urge Comité contra la Tortura de ONU a México abolir arraigo
Ginebra, Suiza.- El Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió al Estado mexicano abolir la figura del arraigo y lo instó a aprobar una ley general sobre desapariciones forzadas.
El CAT observó "con preocupación que, a pesar de lo recomendado con anterioridad el Estado parte elevó a rango constitucional la figura del arraigo en 2008, estando también regulada por algunas entidades federativas, como el estado de Jalisco".
A la luz de lo establecido en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, "el Comité reitera su recomendación de que el Estado parte elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal".
El CAT, asimismo, "está preocupado por el aumento progresivo del número de desapariciones forzadas presuntamente cometidas por autoridades públicas o grupos criminales o particulares que actuarían con el apoyo directo o indirecto de agentes del Estado, en estados como Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas", afirmó.
Recomendó "velar por que las entidades federativas tipifiquen y sancionen el delito de desaparición forzada en conformidad con lo establecido por la normativa internacional en la materia".
El CAT enumeró éstas y una serie de recomendaciones finales al gobierno mexicano publicadas al terminar su sesión en Ginebra durante la cual revisó el informe de México.
El CAT pidió garantizar que los casos de desapariciones forzadas sean "investigados de forma pronta, exhaustiva y eficaz así como que se castigue a los culpables con sanciones adecuadas a la gravedad de los delitos".
El Comité además urgió al Estado parte a modificar su Código de Justicia Militar, de conformidad con las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esto "a fin de excluir la competencia de la jurisdicción militar para juzgar sobre casos de violaciones de derechos humanos y delitos contra civiles en los que haya militares involucrados".
"El Comité expresa su preocupación por los informes recibidos que se refieren al alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria por efectivos de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado en el marco de las operaciones conjuntas contra el crimen organizado", subrayó el informe.
"Preocupan gravemente las informaciones concordantes en el sentido de que durante el período anterior a la entrega al Ministerio Público se infligen torturas y malos tratos a los detenidos con el fin de obtener confesiones forzadas y declaraciones autoinculpatorias que posteriormente son utilizadas para encubrir diversas irregularidades cometidas en la detención", agregó.
El CAT encomió las reformas legislativas realizadas en México como la adopción de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la ley sobre refugiados.
Igualmente, aplaudió la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 que eleva a rango constitucional todos los derechos humanos garantizados en los tratados internacionales ratificados por el Estado parte.
El CAT, no obstante, instó al gobierno mexicano "a redoblar sus esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las mujeres, incluidos los asesinatos y desapariciones por motivos de género".
Llamó a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este ámbito.
En cuanto a defensores de derechos humanos y periodistas, el CAT instó a "tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad e integridad física frente a la intimidación y violencia a la que podrían exponerles sus actividades".
Pidió "acelerar el establecimiento del Mecanismo de Protección previsto en la Ley para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas".
Entre otras recomendaciones del CAT destacan además "la de garantizar que las confesiones obtenidas mediante actos de tortura y malos tratos no sean utilizadas como prueba en ningún procedimiento".
Pidió que se realicen exámenes médicos independientes cada vez que exista una denuncia de tortura cuando así lo solicite el sospechoso ante el tribunal, y que se lleve a cabo una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos para pensar que se ha cometido un acto de tortura.
"En especial cuando la única prueba presentada en contra del acusado sea una confesión", puntualizó.
En materia legal, el CAT pidió a México modificar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura para que la definición de tortura abarque todos los elementos que figuran en el artículo 1 de la Convención.
Especialmente los actos de tortura cometidos por terceros a instigación o con el consentimiento o aquiescencia de un funcionario público.
Recomendó "velar porque los actos de tortura sean tipificados por las entidades federativas de acuerdo con la definición de la Convención".
En particular, incluir el delito de tortura en el Código Penal del estado de Guerrero.
Asimismo, llamó a "garantizar que el delito de tortura no prescriba".
En la lista de recomendaciones también se incluyen entre otras cumplir con el protocolo de Estambul, aprobar una Ley de Justicia para Adolescentes, mejorar las condiciones de cárceles, centros psiquiátricos y centros para migrantes.
El CAT finalmente animó al Estado mexicano a crear "un registro centralizado de denuncias de tortura y malos tratos".

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