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La Estafa Maestra: publicista favorito de 
priistas recibió 64 mdp de la SEP y la Sedatu
Redacción 

A Juan Carlos Limón García le llamaban el Rey Midas por ser el cerebro detrás de las campañas que hicieron presidente a Enrique Peña Nieto en 2012 y antes gobernador del Estado de México, y por el triunfo de 10 priistas en las contiendas por gubernaturas, logros que le valieron ser considerado el mejor consultor político. Pero el publicista es también uno de los beneficiarios de La Estafa Maestra: recibió más de 64 millones de pesos de recursos públicos desviados entre 2013 y 2016. 
De acuerdo con una investigación de Animal Político pudo confirmar que dicho monto terminó en ByPower (con la razón social Consulta y Estrategia Política S. A. de C. V.) y Limón Publicistas S. A. de C. V., ambas compañías de Juan Carlos Limón, gracias a los convenios hechos entre la Sedatu, cuando la dirigía Rosario Robles, y la SEP, cuando el titular era Emilio Chuayffet con tres organismos de televisión y dos universidades públicas para supuestos servicios.
Sin dar a conocer una cantidad precisa y sin señalar la participación de la SEP, ByPower fue mencionada por Emilio Zebadúa en su declaración ministerial para obtener el perdón legal. Según dijo, el dinero desviado sirvió para pagar la publicidad de Enrique Peña Nieto siendo ya presidente y para los exsecretarios de Gobernación y Sedatu, Miguel Ángel Osorio Chong y Rosario Robles, respectivamente, rumbo a la candidatura presidencial de 2018.
Dado que la publicidad personal no tiene partidas presupuestales, según Zebadúa, los implicados encontraron la manera de pagarlo con recursos públicos sin que fueran registrados oficialmente a través del esquema de desvío. 
El mecanismo consistió en que dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto hicieron convenios con universidades y organismos de comunicación públicos para supuestos servicios –evadiendo los procesos de licitación–, pero estos subcontrataron a empresas que resultaron ser ilegales o fantasma y, por tanto, el dinero público desaparecía, como reveló la investigación periodística La Estafa Maestra. 
En declaración ministerial, Zebadúa dijo que el dinero de dos convenios que hizo Sedatu con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, por 702 millones de pesos, y otro con la Televisora de Hermosillo por 320 millones de pesos "sirvió para concentrar recursos líquidos para actividades de publicidad". 
Si bien los dos convenios existen, la Auditoría Superior de la Federación detectó más convenios cuyos recursos se distribuyeron entre decenas empresas. 
Entre ellas, Consulta y Estrategia Política (ByPower) que obtuvo 61 millones de pesos derivados de los convenios entre la Sedatu y Radio y Televisión de Hidalgo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Televisión de Hermosillo y la Universidad Politécnica de Quintana Roo, de 2014 a 2016. 
Los supuestos servicios que la empresa debía hacer eran "preproducción, producción y postproducción de cápsulas radiofónicas y audiovisuales alusivos a la seguridad patrimonial" o "edición de promocionales en medios impresos y digitales de la campaña 'Política Nacional de Vivienda'". 
Sin embargo, cuando los auditores visitaron a la empresa para requerir mayor información de los contratos, el representante legal entregó documentación que incluyó la contratación de personal a la empresa Heyman Asesores, S.A. de C.V., lo que significa que "el proveedor no contaba con la capacidad material, técnica y humana, para desarrollar los trabajos convenidos con la televisora", concluyó la Auditoría.   
Si bien Consulta y Estrategia Política ha sido contratista del gobierno federal, entre 2014 y 2016 ganó 32 millones de pesos a través de contratos oficiales, prácticamente la mitad de lo obtenido por el mecanismo de desvío, de acuerdo con el registro de contratos en Compranet y recopilados en la herramienta Quien es Quien.Wiki. 
Juan Carlos Limón aparece como representante legal de Limón Publicistas S. A. de C. V., una de las empresa investigadas en La Estafa Maestra y que recibió 3 millones 712 mil pesos de la SEP, entonces dirigida por Emilio Chuayffet, a través de un convenio con el Fondict de la Universidad Autónoma del Estado de México en 2013. 
El Fondict subcontrató a la empresa Tecmasat Digitalización S. A. de C. V. (declarada fantasma por el SAT) y esta a su vez subcontrató a cuatro empresas más, entre ellas Limón Publicistas para hacer el supuesto servicio de "supervisión de los trabajos realizados para la adecuación del Sistema OnBase". 
En la visita al domicilio de Limón Publicistas, realizada durante la investigación periodística en 2017, en calle Euler número 152 en Polanco, el personal dijo que esa oficina ya no era ocupada por dicha empresa, sino por ByPower y otra llamada "estrategia electoral". 
«Ahora, Animal Político confirma que esa dirección es la misma para ambas empresas, Limón Publicistas y ByPower (Consulta y Estrategia Política S. A. de C. V.), según consta en registros oficiales como facturas, listado de proveedores de Chihuahua y Oaxaca; contratos y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)». detalló el medio de comunicación.


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priistas recibió 64 mdp de la SEP y la Sedatu
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A Juan Carlos Limón García le llamaban el Rey Midas por ser el cerebro detrás de las campañas que hicieron presidente a Enrique Peña Nieto en 2012 y antes gobernador del Estado de México, y por el triunfo de 10 priistas en las contiendas por gubernaturas, logros que le valieron ser considerado el mejor consultor político. Pero el publicista es también uno de los beneficiarios de La Estafa Maestra: recibió más de 64 millones de pesos de recursos públicos desviados entre 2013 y 2016. 
De acuerdo con una investigación de Animal Político pudo confirmar que dicho monto terminó en ByPower (con la razón social Consulta y Estrategia Política S. A. de C. V.) y Limón Publicistas S. A. de C. V., ambas compañías de Juan Carlos Limón, gracias a los convenios hechos entre la Sedatu, cuando la dirigía Rosario Robles, y la SEP, cuando el titular era Emilio Chuayffet con tres organismos de televisión y dos universidades públicas para supuestos servicios.
Sin dar a conocer una cantidad precisa y sin señalar la participación de la SEP, ByPower fue mencionada por Emilio Zebadúa en su declaración ministerial para obtener el perdón legal. Según dijo, el dinero desviado sirvió para pagar la publicidad de Enrique Peña Nieto siendo ya presidente y para los exsecretarios de Gobernación y Sedatu, Miguel Ángel Osorio Chong y Rosario Robles, respectivamente, rumbo a la candidatura presidencial de 2018.
Dado que la publicidad personal no tiene partidas presupuestales, según Zebadúa, los implicados encontraron la manera de pagarlo con recursos públicos sin que fueran registrados oficialmente a través del esquema de desvío. 
El mecanismo consistió en que dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto hicieron convenios con universidades y organismos de comunicación públicos para supuestos servicios –evadiendo los procesos de licitación–, pero estos subcontrataron a empresas que resultaron ser ilegales o fantasma y, por tanto, el dinero público desaparecía, como reveló la investigación periodística La Estafa Maestra. 
En declaración ministerial, Zebadúa dijo que el dinero de dos convenios que hizo Sedatu con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, por 702 millones de pesos, y otro con la Televisora de Hermosillo por 320 millones de pesos "sirvió para concentrar recursos líquidos para actividades de publicidad". 
Si bien los dos convenios existen, la Auditoría Superior de la Federación detectó más convenios cuyos recursos se distribuyeron entre decenas empresas. 
Entre ellas, Consulta y Estrategia Política (ByPower) que obtuvo 61 millones de pesos derivados de los convenios entre la Sedatu y Radio y Televisión de Hidalgo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Televisión de Hermosillo y la Universidad Politécnica de Quintana Roo, de 2014 a 2016. 
Los supuestos servicios que la empresa debía hacer eran "preproducción, producción y postproducción de cápsulas radiofónicas y audiovisuales alusivos a la seguridad patrimonial" o "edición de promocionales en medios impresos y digitales de la campaña 'Política Nacional de Vivienda'". 
Sin embargo, cuando los auditores visitaron a la empresa para requerir mayor información de los contratos, el representante legal entregó documentación que incluyó la contratación de personal a la empresa Heyman Asesores, S.A. de C.V., lo que significa que "el proveedor no contaba con la capacidad material, técnica y humana, para desarrollar los trabajos convenidos con la televisora", concluyó la Auditoría.   
Si bien Consulta y Estrategia Política ha sido contratista del gobierno federal, entre 2014 y 2016 ganó 32 millones de pesos a través de contratos oficiales, prácticamente la mitad de lo obtenido por el mecanismo de desvío, de acuerdo con el registro de contratos en Compranet y recopilados en la herramienta Quien es Quien.Wiki. 
Juan Carlos Limón aparece como representante legal de Limón Publicistas S. A. de C. V., una de las empresa investigadas en La Estafa Maestra y que recibió 3 millones 712 mil pesos de la SEP, entonces dirigida por Emilio Chuayffet, a través de un convenio con el Fondict de la Universidad Autónoma del Estado de México en 2013. 
El Fondict subcontrató a la empresa Tecmasat Digitalización S. A. de C. V. (declarada fantasma por el SAT) y esta a su vez subcontrató a cuatro empresas más, entre ellas Limón Publicistas para hacer el supuesto servicio de "supervisión de los trabajos realizados para la adecuación del Sistema OnBase". 
En la visita al domicilio de Limón Publicistas, realizada durante la investigación periodística en 2017, en calle Euler número 152 en Polanco, el personal dijo que esa oficina ya no era ocupada por dicha empresa, sino por ByPower y otra llamada "estrategia electoral". 
«Ahora, Animal Político confirma que esa dirección es la misma para ambas empresas, Limón Publicistas y ByPower (Consulta y Estrategia Política S. A. de C. V.), según consta en registros oficiales como facturas, listado de proveedores de Chihuahua y Oaxaca; contratos y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)». detalló el medio de comunicación.


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