Lino Calderón
A tres semanas de detectar un derrame de petróleo en playas y lagunas de Veracruz y Tabasco, la mancha de crudo en el Golfo de México sigue expandiéndose, con impactos severos en los ecosistemas y comunidades habitantes de las diversas zonas afectadas.
Desde el 1 de marzo, se registraron por primera vez reportes de chapopote en Tamiahua, Tuxpan y Cazones, en el norte de Veracruz. Al momento, el hidrocarburo se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros de litoral, correspondiente a casi la extensión completa del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, el cual va desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco.
Hasta este momento, las autoridades siguen sin aclarar la fuente de origen del derrame, por lo que tampoco es posible asegurar que éste haya dejado de ocurrir; y tampoco ha sido posible la identificación y sanción a los responsables.
La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) informó en un comunicado del 19 de marzo que "las labores de limpieza registran un avance general aproximado del 85%", enfatizando la limpieza en el mar y en los sitios Playa Barillas, Playa Linda y Jicacal. Sin embargo, en los registros de la Red del Corredor Arrecifal junto con las comunidades, se puede observar que hay un total de 26 sitios que no han recibido ninguna atención: en 9 sitios se ha realizado limpieza únicamente por las comunidades; en 8 sitios la limpieza la han realizado autoridades junto con comunidades, y en 8 sitios la limpieza ha sido realizada por parte de Pemex.
La emergencia no es sólo ambiental, sino también presenta un aspecto social altamente grave que amerita, aparte de la limpieza -indispensable y crucial-, otras acciones de atención a la emergencia que son obligaciones de las autoridades y empresas implicadas. Especialmente preocupante es la situación de vulnerabilidad de las comunidades pesqueras, indígenas y afrodescendientes, que han realizado labores de limpieza sin contar con el equipo ni la capacitación adecuados. Además han sufrido importantes afectaciones económicas y, hasta la fecha, no han recibido indemnización alguna, ya que los apoyos destinados al sector pesquero no pueden considerarse como tal.
Esteban Hernández Hernández, representante del campamento tortuguero y el Centro Ecoturístico Los Arrecifes señala: "aún sigue saliendo crudo y en toda la playa, contamos con 7 kilómtetros de playa en donde anidan las tortugas, la empresa no se ha hecho responsable como tal. En realidad estamos muy tristes; nosotros vivimos del turismo y nos hemos dedicado a cuidar las tortugas marinas, entonces vengo a correr la voz para que vean todos estos desastres, lo que ha sucedido con las empresas petroleras. Nos ha pegado muy fuerte a nivel estado, porque el petróleo sabemos que ha transcurrido hasta Tuxpan y hay un promedio de contaminación de 630 kilómetros, y ha afectado mucho los arrecifes de corales, y el crudo está ahí, sigue estancado y no sabemos quién se va a hacer cargo de todos esos daños."
Frente a este escenario, es importante resaltar e insistir en que, aunque la responsabilidad sea de una empresa privada o no, las autoridades federales tienen la obligación de supervisar, regular y reparar los impactos en los ecosistemas marinos y costeros. Por ello, la Red Corredor Arrecifal y las
comunidades y organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente:
-a la sociedad civil: a sumarse a exigir atención efectiva e inmediata a está contingencia socioambiental por parte de las autoridades responsables, así como colaborar en la documentación de la situación y apoyar
las iniciativas comunitarias de limpieza y restauración
-a la Secretaría de Energía y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector: suspender las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos conforme el artículo 79e de la Ley del Sector de Hidrocarburo como medida precautoria, así como transparentar las fuentes de origen y sancionar a los responsables.
-a las autoridades competentes: establecer esquemas de protección para el Corredor Arrecifal del Golfo de México y para las comunidades pesqueras y turísticas, indígenas y afromexicanas ante la industria de hidrocarburos, asegurando los derechos humanos y colectivos a un ambiente sano, al territorio, a la vida, a la salud, a la información, al trabajo, la alimentación, la cultura y la autodeterminación.
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Lino Calderón
A tres semanas de detectar un derrame de petróleo en playas y lagunas de Veracruz y Tabasco, la mancha de crudo en el Golfo de México sigue expandiéndose, con impactos severos en los ecosistemas y comunidades habitantes de las diversas zonas afectadas.
Desde el 1 de marzo, se registraron por primera vez reportes de chapopote en Tamiahua, Tuxpan y Cazones, en el norte de Veracruz. Al momento, el hidrocarburo se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros de litoral, correspondiente a casi la extensión completa del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, el cual va desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco.
Hasta este momento, las autoridades siguen sin aclarar la fuente de origen del derrame, por lo que tampoco es posible asegurar que éste haya dejado de ocurrir; y tampoco ha sido posible la identificación y sanción a los responsables.
La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) informó en un comunicado del 19 de marzo que "las labores de limpieza registran un avance general aproximado del 85%", enfatizando la limpieza en el mar y en los sitios Playa Barillas, Playa Linda y Jicacal. Sin embargo, en los registros de la Red del Corredor Arrecifal junto con las comunidades, se puede observar que hay un total de 26 sitios que no han recibido ninguna atención: en 9 sitios se ha realizado limpieza únicamente por las comunidades; en 8 sitios la limpieza la han realizado autoridades junto con comunidades, y en 8 sitios la limpieza ha sido realizada por parte de Pemex.
La emergencia no es sólo ambiental, sino también presenta un aspecto social altamente grave que amerita, aparte de la limpieza -indispensable y crucial-, otras acciones de atención a la emergencia que son obligaciones de las autoridades y empresas implicadas. Especialmente preocupante es la situación de vulnerabilidad de las comunidades pesqueras, indígenas y afrodescendientes, que han realizado labores de limpieza sin contar con el equipo ni la capacitación adecuados. Además han sufrido importantes afectaciones económicas y, hasta la fecha, no han recibido indemnización alguna, ya que los apoyos destinados al sector pesquero no pueden considerarse como tal.
Esteban Hernández Hernández, representante del campamento tortuguero y el Centro Ecoturístico Los Arrecifes señala: "aún sigue saliendo crudo y en toda la playa, contamos con 7 kilómtetros de playa en donde anidan las tortugas, la empresa no se ha hecho responsable como tal. En realidad estamos muy tristes; nosotros vivimos del turismo y nos hemos dedicado a cuidar las tortugas marinas, entonces vengo a correr la voz para que vean todos estos desastres, lo que ha sucedido con las empresas petroleras. Nos ha pegado muy fuerte a nivel estado, porque el petróleo sabemos que ha transcurrido hasta Tuxpan y hay un promedio de contaminación de 630 kilómetros, y ha afectado mucho los arrecifes de corales, y el crudo está ahí, sigue estancado y no sabemos quién se va a hacer cargo de todos esos daños."
Frente a este escenario, es importante resaltar e insistir en que, aunque la responsabilidad sea de una empresa privada o no, las autoridades federales tienen la obligación de supervisar, regular y reparar los impactos en los ecosistemas marinos y costeros. Por ello, la Red Corredor Arrecifal y las
comunidades y organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente:
-a la sociedad civil: a sumarse a exigir atención efectiva e inmediata a está contingencia socioambiental por parte de las autoridades responsables, así como colaborar en la documentación de la situación y apoyar
las iniciativas comunitarias de limpieza y restauración
-a la Secretaría de Energía y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector: suspender las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos conforme el artículo 79e de la Ley del Sector de Hidrocarburo como medida precautoria, así como transparentar las fuentes de origen y sancionar a los responsables.
-a las autoridades competentes: establecer esquemas de protección para el Corredor Arrecifal del Golfo de México y para las comunidades pesqueras y turísticas, indígenas y afromexicanas ante la industria de hidrocarburos, asegurando los derechos humanos y colectivos a un ambiente sano, al territorio, a la vida, a la salud, a la información, al trabajo, la alimentación, la cultura y la autodeterminación.
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