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*Texcocanos se muestran satisfechos por los servicios médicos

Samantha Garay M
Después de haber acudido para atenderse y prevenir cualquier padecimiento de salud, cientos de decenas de texcoconos se han mostrado muy satisfechos por la atención esmerada que se da por parte del personal médico y de enfermería, sin dejar de mencionar a los empleados que coordinan la Caravana que ya ha recorrido gran parte del municipio.
Por otro lado, se sabe que el diputado federal por el distrito 38, Manuel Cadena Morales, coordinándose con el ayuntamiento de Texcoco, se dieron a la tarea de iniciar este programa como parte de los compromisos de campaña, por lo que se han tenido muy buenos resultados.
Entre ello, los servicios que se brindan en esta esmerada atención por el personal que participa en la prevención de la salud, esta el análisis de la prevención del cáncer mamario, colesterol, diabetes, prostático, dental, e inclusive la detención de la osteoporosis, entre otros.
Desde luego que, a los pacientes se les atiende sin ninguna aportación económica, ya que el servicio médico corre por cuenta de las autoridades municipales y de la diputación federal, y con el apoyo moral del legislador local.
Finalmente, se informo que la estancia en cada una de las poblaciones de Texcoco, dura por lo menos tres días, y el programa es de acuerdo al llamado y solicitud de las autoridades de cada comunidad, de igual manera, es a requerimiento de los mismos moradores.

Esmerada Caravana de la Salud en Huexotla

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*Texcocanos se muestran satisfechos por los servicios médicos

Samantha Garay M
Después de haber acudido para atenderse y prevenir cualquier padecimiento de salud, cientos de decenas de texcoconos se han mostrado muy satisfechos por la atención esmerada que se da por parte del personal médico y de enfermería, sin dejar de mencionar a los empleados que coordinan la Caravana que ya ha recorrido gran parte del municipio.
Por otro lado, se sabe que el diputado federal por el distrito 38, Manuel Cadena Morales, coordinándose con el ayuntamiento de Texcoco, se dieron a la tarea de iniciar este programa como parte de los compromisos de campaña, por lo que se han tenido muy buenos resultados.
Entre ello, los servicios que se brindan en esta esmerada atención por el personal que participa en la prevención de la salud, esta el análisis de la prevención del cáncer mamario, colesterol, diabetes, prostático, dental, e inclusive la detención de la osteoporosis, entre otros.
Desde luego que, a los pacientes se les atiende sin ninguna aportación económica, ya que el servicio médico corre por cuenta de las autoridades municipales y de la diputación federal, y con el apoyo moral del legislador local.
Finalmente, se informo que la estancia en cada una de las poblaciones de Texcoco, dura por lo menos tres días, y el programa es de acuerdo al llamado y solicitud de las autoridades de cada comunidad, de igual manera, es a requerimiento de los mismos moradores.

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Deberá exponerse públicamente porque no se acepta una recomendación de la Codhem · La elección del presidente de la Comisión deberá ser a través de consulta pública.
Con el objetivo de eficientar la protección de los derechos humanos en el Estado de México, el diputado Víctor Manuel González García presentó la iniciativa de reforma al Artículo 16 de la Constitución estatal, que plantea obligar a las autoridades o servidores públicos dar a conocer públicamente el por qué no aceptaron o no dieron cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos.
La propuesta del diputado local que cuenta con el respaldo de los Grupos Parlamentarios de Nueva Alianza, PRI y Verde Ecologista, busca también, ajustar a un procedimiento de consulta pública, la elección del titular del organismo estatal.
Se fundamenta en la reforma al Artículo 102 de la Constitución del país, la cual establece que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presenten los organismos protectores de los derechos humanos y en caso de no ser aceptadas, explicar públicamente su negativa.
Dicha reforma, expedida en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de este año, señala la necesidad de que las Constituciones locales, establezcan mayor transparencia en el procedimiento de elección de los presidentes de los organismos estatales a través de una consulta pública, en los términos y condiciones que determine la ley correspondiente.
Señala también que las legislaturas locales deberán realizar las adecuaciones señaladas, en un plazo máximo de un año, contados a partir del inicio de la vigencia del decreto, esto es el 11 de junio del año en curso.
La iniciativa presentada durante el Sexto Periodo de Sesiones de la LVII Legislatura mexiquense fue remitida a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Gobernación y Puntos Constitucionales.

LEGISLADORES IMPULSAN CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE DERECHOS HUMANOS

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Deberá exponerse públicamente porque no se acepta una recomendación de la Codhem · La elección del presidente de la Comisión deberá ser a través de consulta pública.
Con el objetivo de eficientar la protección de los derechos humanos en el Estado de México, el diputado Víctor Manuel González García presentó la iniciativa de reforma al Artículo 16 de la Constitución estatal, que plantea obligar a las autoridades o servidores públicos dar a conocer públicamente el por qué no aceptaron o no dieron cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos.
La propuesta del diputado local que cuenta con el respaldo de los Grupos Parlamentarios de Nueva Alianza, PRI y Verde Ecologista, busca también, ajustar a un procedimiento de consulta pública, la elección del titular del organismo estatal.
Se fundamenta en la reforma al Artículo 102 de la Constitución del país, la cual establece que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presenten los organismos protectores de los derechos humanos y en caso de no ser aceptadas, explicar públicamente su negativa.
Dicha reforma, expedida en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de este año, señala la necesidad de que las Constituciones locales, establezcan mayor transparencia en el procedimiento de elección de los presidentes de los organismos estatales a través de una consulta pública, en los términos y condiciones que determine la ley correspondiente.
Señala también que las legislaturas locales deberán realizar las adecuaciones señaladas, en un plazo máximo de un año, contados a partir del inicio de la vigencia del decreto, esto es el 11 de junio del año en curso.
La iniciativa presentada durante el Sexto Periodo de Sesiones de la LVII Legislatura mexiquense fue remitida a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Gobernación y Puntos Constitucionales.

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Se propone incluir la responsabilidad del Estado en la reparación del daño moral y material que cause el asesinato de un periodista en ejercicio de su labor
Al tiempo de proponer la formación de una red interuniversitaria para compartir información y promover campañas en contra de la impunidad, la Declaración Puebla de la Cumbre Hemisférica Universitaria convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), acordó plantear a los países de la región leyes para que los ataques a la libertad de expresión sean delitos que no prescriban, que si son cometidos por funcionarios públicos se agraven las penas y que sean investigados a nivel federal y juzgados por tribunales civiles.
Asimismo se instó a formular que las leyes obliguen al Estado a investigar de oficio (de iniciativa pública) los casos que revelen violación a la libertad de prensa y delitos contra la libertad de expresión, y se incluya la protección de jueces y fiscales que conozcan sobre homicidios de periodistas.
Otro de los temas fundamentales es el de tratar que los Estados incluyan en su legislación la obligatoriedad de reabrir las investigaciones o procesos judiciales, tras ser condenados por organismos internacionales.
Los anteriores son algunos de los principales focos de los trabajos de 22 universidades de 13 países del continente, que acudieron a esta ciudad para buscar Políticas Públicas contra la impunidad contra los medios de comunicación y los periodistas.
En la reunión, copatrocinada por la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), el diario Síntesis y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se destacaron otros puntos relevantes como incluir la responsabilidad del Estado en la reparación del daño moral y material que cause el asesinato de un periodista en ejercicio de su labor, y se atienda psicológicamente a la familia y garantice su seguridad.
Se propone también a los Estados que en la ley se establezca que cuando se ataque a un periodista, las autoridades estén obligadas a verificar si el origen de éste es su trabajo informativo. También, se incluyan en las leyes penales sanciones contra funcionarios públicos que obstaculicen la labor de los periodistas o incurran en acciones concretas contra la libertad de expresión.
En el caso de los medios de comunicación, se les sugiere elaboren, difundan y pongan en práctica principios de ética para coberturas de hechos de sangre y de peligro para garantizar, de esa forma, que con el buen ejercicio de la profesión disminuya el riesgo o prevenga situaciones de vulnerabilidad.
Sin duda de importancia capital es que se promueva un amplio y profundo debate entre los medios de comunicación y periodistas, sobre el rol y la importancia del ejercicio periodístico y la relación con sus fuentes, y que los resultados de esa discusión sean incorporados en los principios y códigos de ética de los medios de comunicación. Asimismo, que los medios de comunicación elaboren manuales de riesgo, en los que se establezcan mecanismos y procedimientos para prevenir y evitar la violencia hacia sus periodistas.
De manera puntual se anotó que debe promoverse la toma de conciencia sobre el papel del periodista en la defensa de la libertad de expresión y prensa, a través de la difusión de sus publicaciones y de la apertura de museos de la memoria histórica del periodismo.
En el ámbito universitario, además de la creación de redes de investigación de la problemática de inseguridad del ejercicio periodístico, a través del trabajo en conjunto con Instituciones de Educación Superior, se planteó la elaboración de un mapa con las denuncias recibidas sobre los ataques a la libertad de expresión en cada país, y que estos documentos sean enviados a las autoridades del Poder Ejecutivo, fuerzas de seguridad, sectores educativos y medios de comunicación para implementar e incentivar la creación de políticas públicas concretas y cambios en la legislación sobre la protección del ejercicio periodístico, con la participación de academias de periodismo.
No se dejó de lado un reclamo de periodistas y universitarios sobre lograr que las universidades, en acuerdo con los medios, establezcan reglas de respeto a las condiciones de trabajo y bienestar de los jóvenes estudiantes que laboran como pasantes en las redacciones.

PROPONE CUMBRE PENAS MÁS SEVERAS PARA FUNCIONARIOS QUE ATAQUEN LIBERTAD DE EXPRESIÓN

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Se propone incluir la responsabilidad del Estado en la reparación del daño moral y material que cause el asesinato de un periodista en ejercicio de su labor
Al tiempo de proponer la formación de una red interuniversitaria para compartir información y promover campañas en contra de la impunidad, la Declaración Puebla de la Cumbre Hemisférica Universitaria convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), acordó plantear a los países de la región leyes para que los ataques a la libertad de expresión sean delitos que no prescriban, que si son cometidos por funcionarios públicos se agraven las penas y que sean investigados a nivel federal y juzgados por tribunales civiles.
Asimismo se instó a formular que las leyes obliguen al Estado a investigar de oficio (de iniciativa pública) los casos que revelen violación a la libertad de prensa y delitos contra la libertad de expresión, y se incluya la protección de jueces y fiscales que conozcan sobre homicidios de periodistas.
Otro de los temas fundamentales es el de tratar que los Estados incluyan en su legislación la obligatoriedad de reabrir las investigaciones o procesos judiciales, tras ser condenados por organismos internacionales.
Los anteriores son algunos de los principales focos de los trabajos de 22 universidades de 13 países del continente, que acudieron a esta ciudad para buscar Políticas Públicas contra la impunidad contra los medios de comunicación y los periodistas.
En la reunión, copatrocinada por la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), el diario Síntesis y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se destacaron otros puntos relevantes como incluir la responsabilidad del Estado en la reparación del daño moral y material que cause el asesinato de un periodista en ejercicio de su labor, y se atienda psicológicamente a la familia y garantice su seguridad.
Se propone también a los Estados que en la ley se establezca que cuando se ataque a un periodista, las autoridades estén obligadas a verificar si el origen de éste es su trabajo informativo. También, se incluyan en las leyes penales sanciones contra funcionarios públicos que obstaculicen la labor de los periodistas o incurran en acciones concretas contra la libertad de expresión.
En el caso de los medios de comunicación, se les sugiere elaboren, difundan y pongan en práctica principios de ética para coberturas de hechos de sangre y de peligro para garantizar, de esa forma, que con el buen ejercicio de la profesión disminuya el riesgo o prevenga situaciones de vulnerabilidad.
Sin duda de importancia capital es que se promueva un amplio y profundo debate entre los medios de comunicación y periodistas, sobre el rol y la importancia del ejercicio periodístico y la relación con sus fuentes, y que los resultados de esa discusión sean incorporados en los principios y códigos de ética de los medios de comunicación. Asimismo, que los medios de comunicación elaboren manuales de riesgo, en los que se establezcan mecanismos y procedimientos para prevenir y evitar la violencia hacia sus periodistas.
De manera puntual se anotó que debe promoverse la toma de conciencia sobre el papel del periodista en la defensa de la libertad de expresión y prensa, a través de la difusión de sus publicaciones y de la apertura de museos de la memoria histórica del periodismo.
En el ámbito universitario, además de la creación de redes de investigación de la problemática de inseguridad del ejercicio periodístico, a través del trabajo en conjunto con Instituciones de Educación Superior, se planteó la elaboración de un mapa con las denuncias recibidas sobre los ataques a la libertad de expresión en cada país, y que estos documentos sean enviados a las autoridades del Poder Ejecutivo, fuerzas de seguridad, sectores educativos y medios de comunicación para implementar e incentivar la creación de políticas públicas concretas y cambios en la legislación sobre la protección del ejercicio periodístico, con la participación de academias de periodismo.
No se dejó de lado un reclamo de periodistas y universitarios sobre lograr que las universidades, en acuerdo con los medios, establezcan reglas de respeto a las condiciones de trabajo y bienestar de los jóvenes estudiantes que laboran como pasantes en las redacciones.

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