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INVITA FUNDALEX A AUTORIDADES DE VERACRUZ A EVITAR CONTINÚE EROSIÓN DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La Fundación para la Libertad de Expresión invita a las autoridades del Estado de Veracruz a evitar que la libertad de expresión continúe erosionándose en la entidad, donde sólo este año han sido asesinados cuatro periodistas y uno se encuentra desaparecido.
La libertad de expresión, principio humano fundamental consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser garantizada por el Estado Mexicano y en su caso por los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión.
Este viernes 23 de septiembre, tres reporteros de medios informativos de la ciudad de México fueron agredidos físicamente y obligados a borrar sus materiales periodísticos, debido a que un día antes la información por ellos recabada puso en evidencia el trabajo de la Policía Ministerial del Estado de Veracruz.
Los periodistas Jorge Flores, de W Radio; Juan Carlos Alarcón, de MVS y Arturo Moreno, de la agencia de noticias gubernamental Notimex; denunciaron haber sido objeto de agresiones y de una retención ilegal cuando verificaban evidencias sobre las condiciones en las que opera el Instituto de Medicina Forense.
“Nos borraron el material de cómo está operando el Instituto de Medicina Forense, la forma inadecuada de cómo tratan a los cadáveres; un día antes habíamos hecho una nota de la presunta colusión de la Policía Ministerial en el secuestro y posterior aparición de dos menores de edad entre los cuerpos esparcidos en Boca del Río”, expresó uno de los reporteros agredidos.
“Es el caso de Alan Michelle y Alejandro (ambos de 15 años) quienes el pasado jueves fueron interceptados por uniformados de las patrullas 717, 436 y 431 de la Policía Estatal en las calles Playa los Cocos y Puente Mitla” de Boca del Río, denunciaron las notas de los reporteros agredidos.
Otro de los reporteros aseguró que hubo actitudes intimidatorias. Narró que posterior a los hechos en el IMF, acudieron a continuar su labor periodística en la Reunión Nacional de Procuradores, hasta dónde llegó el policía de la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI) que ordenó la agresión contra ellos, y junto con otros cinco se les puso en un lugar visible a 20 metros de dónde ellos estaban, en una actitud de prepotencia y de vigilar cada uno de sus movimientos.
La Fundación para la Libertad de Expresión reitera que el periodismo en México es ya una profesión de alto riesgo, donde la violación a los derechos humanos de los comunicadores tiene una tendencia al alza y nulas garantías para ejercerla.
La mayoría de los casos documentados se mantienen impunes porque la generalidad de ellos está presuntamente relacionada con el poder público y las bandas del crimen organizado.
Los miembros del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Expresión hacen un llamado a las autoridades de Veracruz, a los poderes públicos de nuestro país y a la sociedad en general para defender este derecho humano que es la libertad de expresión, como pieza clave en la vida democrática de cualquier Estado-Nación.

EVITAR CONTINÚE EROSIÓN DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

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INVITA FUNDALEX A AUTORIDADES DE VERACRUZ A EVITAR CONTINÚE EROSIÓN DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La Fundación para la Libertad de Expresión invita a las autoridades del Estado de Veracruz a evitar que la libertad de expresión continúe erosionándose en la entidad, donde sólo este año han sido asesinados cuatro periodistas y uno se encuentra desaparecido.
La libertad de expresión, principio humano fundamental consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser garantizada por el Estado Mexicano y en su caso por los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión.
Este viernes 23 de septiembre, tres reporteros de medios informativos de la ciudad de México fueron agredidos físicamente y obligados a borrar sus materiales periodísticos, debido a que un día antes la información por ellos recabada puso en evidencia el trabajo de la Policía Ministerial del Estado de Veracruz.
Los periodistas Jorge Flores, de W Radio; Juan Carlos Alarcón, de MVS y Arturo Moreno, de la agencia de noticias gubernamental Notimex; denunciaron haber sido objeto de agresiones y de una retención ilegal cuando verificaban evidencias sobre las condiciones en las que opera el Instituto de Medicina Forense.
“Nos borraron el material de cómo está operando el Instituto de Medicina Forense, la forma inadecuada de cómo tratan a los cadáveres; un día antes habíamos hecho una nota de la presunta colusión de la Policía Ministerial en el secuestro y posterior aparición de dos menores de edad entre los cuerpos esparcidos en Boca del Río”, expresó uno de los reporteros agredidos.
“Es el caso de Alan Michelle y Alejandro (ambos de 15 años) quienes el pasado jueves fueron interceptados por uniformados de las patrullas 717, 436 y 431 de la Policía Estatal en las calles Playa los Cocos y Puente Mitla” de Boca del Río, denunciaron las notas de los reporteros agredidos.
Otro de los reporteros aseguró que hubo actitudes intimidatorias. Narró que posterior a los hechos en el IMF, acudieron a continuar su labor periodística en la Reunión Nacional de Procuradores, hasta dónde llegó el policía de la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI) que ordenó la agresión contra ellos, y junto con otros cinco se les puso en un lugar visible a 20 metros de dónde ellos estaban, en una actitud de prepotencia y de vigilar cada uno de sus movimientos.
La Fundación para la Libertad de Expresión reitera que el periodismo en México es ya una profesión de alto riesgo, donde la violación a los derechos humanos de los comunicadores tiene una tendencia al alza y nulas garantías para ejercerla.
La mayoría de los casos documentados se mantienen impunes porque la generalidad de ellos está presuntamente relacionada con el poder público y las bandas del crimen organizado.
Los miembros del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Expresión hacen un llamado a las autoridades de Veracruz, a los poderes públicos de nuestro país y a la sociedad en general para defender este derecho humano que es la libertad de expresión, como pieza clave en la vida democrática de cualquier Estado-Nación.

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Amnistía Internacional condena el asesinato de María Elizabeth Macías Castro, una editora de un periódico de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, cuyo cuerpo fue encontrado el 25 de septiembre en la ciudad fronteriza.
La organización urge una investigación exhaustiva de este nuevo asesinato de una periodista para que no quede impune y debilite aún más el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en México.
A pesar de que todavía falta realizar una investigación a fondo de los hechos, al parecer junto al cuerpo apareció un mensaje señalando que fue asesinada por miembros del crimen organizado en represalia por la información que la víctima había distribuido en redes sociales denunciando las actividades de los delincuentes en Nuevo Laredo.
El mensaje es una clara amenaza a los usuarios de las redes sociales en las regiones de mayor violencia en México. El 14 de septiembre de este año, los cuerpos de otras dos personas fueron encontrados en Nuevo Laredo junto con un mensaje que también señalaba que habían sido asesinadas en represalia por denunciar en redes sociales las actividades de la delincuencia organizada en la ciudad. Estos tres homicidios parecen representar una alarmante estrategia para intimidar a los usuarios de las redes sociales para que dejen de comunicar información relacionada con la violencia.
El hecho de que por lo menos 8 trabajadores de los medios de comunicación hayan sido asesinados este año, indica la grave vulnerabilidad de las personas que trabajan en los medios y la falta de impacto real de las medidas para prevenir y sancionar las agresiones contra los periodistas
Amnistía Internacional llama a las autoridades a redoblar sus esfuerzos para esclarecer el asesinato de María Elizabeth Macías Castro, llevar a los responsables ante la justicia y asegurar un clima en que los medios de comunicación tradicionales y los usuarios de las redes sociales puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión sin temor de ser asesinados u hostigados.

México: Amnistía Internacional condena asesinato de periodista y usuaria de redes sociales

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Amnistía Internacional condena el asesinato de María Elizabeth Macías Castro, una editora de un periódico de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, cuyo cuerpo fue encontrado el 25 de septiembre en la ciudad fronteriza.
La organización urge una investigación exhaustiva de este nuevo asesinato de una periodista para que no quede impune y debilite aún más el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en México.
A pesar de que todavía falta realizar una investigación a fondo de los hechos, al parecer junto al cuerpo apareció un mensaje señalando que fue asesinada por miembros del crimen organizado en represalia por la información que la víctima había distribuido en redes sociales denunciando las actividades de los delincuentes en Nuevo Laredo.
El mensaje es una clara amenaza a los usuarios de las redes sociales en las regiones de mayor violencia en México. El 14 de septiembre de este año, los cuerpos de otras dos personas fueron encontrados en Nuevo Laredo junto con un mensaje que también señalaba que habían sido asesinadas en represalia por denunciar en redes sociales las actividades de la delincuencia organizada en la ciudad. Estos tres homicidios parecen representar una alarmante estrategia para intimidar a los usuarios de las redes sociales para que dejen de comunicar información relacionada con la violencia.
El hecho de que por lo menos 8 trabajadores de los medios de comunicación hayan sido asesinados este año, indica la grave vulnerabilidad de las personas que trabajan en los medios y la falta de impacto real de las medidas para prevenir y sancionar las agresiones contra los periodistas
Amnistía Internacional llama a las autoridades a redoblar sus esfuerzos para esclarecer el asesinato de María Elizabeth Macías Castro, llevar a los responsables ante la justicia y asegurar un clima en que los medios de comunicación tradicionales y los usuarios de las redes sociales puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión sin temor de ser asesinados u hostigados.

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Inicia oficialmente la entrega de “Uniformes Escolares”, en Texcoco
*Recibirán uniformes todas las escuelas públicas primarias y secundarias
El alcalde de Texcoco, Amado Acosta Gracia, refrendo el día de hoy su compromiso con el sector educativo, al iniciar la entrega oficial de “Uniformes escolares”, a las más de 128 instituciones públicas entre primarias y secundarias de todo el municipio.
Acosta García, inició con el recorrido por varias primarias públicas para supervisar la entrega de los uniformes a los miles de padres de familia del municipio
Acosta Gracia indicó que son dos años consecutivos cumpliendo uno de los compromisos que traerá beneficios tanto a los alumnos como a los padres de familia, ya que adquirir los uniformes de manera convencional, afecta directamente a la economía familiar. “Con estas acciones puedo ayudar a la economía de las familias de Texcoco”, mencionó.
Cabe señalar que para el gobierno de Texcoco, la educación es un pilar de gran importancia para el desarrollo de las comunidades y del propio municipio, por lo que hasta la fecha este gobierno ha destinado la mayor parte de su presupuesto en infraestructura educativa, así como en la entrega gratuita de uniformes y útiles escolares. “Para mi administración es de gran importancia invertir en el sector educativo, porque el presente y el futuro del municipio son los niños estudiantes”, apuntó el alcalde.
Subrayó el alcalde que el programa de entrega gratuita de uniformes escolares, respalda los programas implementados en el municipio con respecto a la educación.
Esta entrega de uniformes estará beneficiando a más 46 mil alumnos, que estudian en las primarias y secundarias publicas; lo que conlleva el respaldo total del gobierno municipal al sector educativo de todo el municipio.
Respecto al programa de “Entrega de uniformes escolares”, cabe mencionar que se estará desarrollando en la semana del 26 al 30 del mes de septiembre, en cada plantel educativo, para que posteriormente se siga con la entrega de utieles escolares.

Más de 46 mil uniformes serán entregados en todo Texcoco

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Inicia oficialmente la entrega de “Uniformes Escolares”, en Texcoco
*Recibirán uniformes todas las escuelas públicas primarias y secundarias
El alcalde de Texcoco, Amado Acosta Gracia, refrendo el día de hoy su compromiso con el sector educativo, al iniciar la entrega oficial de “Uniformes escolares”, a las más de 128 instituciones públicas entre primarias y secundarias de todo el municipio.
Acosta García, inició con el recorrido por varias primarias públicas para supervisar la entrega de los uniformes a los miles de padres de familia del municipio
Acosta Gracia indicó que son dos años consecutivos cumpliendo uno de los compromisos que traerá beneficios tanto a los alumnos como a los padres de familia, ya que adquirir los uniformes de manera convencional, afecta directamente a la economía familiar. “Con estas acciones puedo ayudar a la economía de las familias de Texcoco”, mencionó.
Cabe señalar que para el gobierno de Texcoco, la educación es un pilar de gran importancia para el desarrollo de las comunidades y del propio municipio, por lo que hasta la fecha este gobierno ha destinado la mayor parte de su presupuesto en infraestructura educativa, así como en la entrega gratuita de uniformes y útiles escolares. “Para mi administración es de gran importancia invertir en el sector educativo, porque el presente y el futuro del municipio son los niños estudiantes”, apuntó el alcalde.
Subrayó el alcalde que el programa de entrega gratuita de uniformes escolares, respalda los programas implementados en el municipio con respecto a la educación.
Esta entrega de uniformes estará beneficiando a más 46 mil alumnos, que estudian en las primarias y secundarias publicas; lo que conlleva el respaldo total del gobierno municipal al sector educativo de todo el municipio.
Respecto al programa de “Entrega de uniformes escolares”, cabe mencionar que se estará desarrollando en la semana del 26 al 30 del mes de septiembre, en cada plantel educativo, para que posteriormente se siga con la entrega de utieles escolares.

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El especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva
En días pasados, a propósito de la Semana de Transparencia que organiza el IFAI, el Presidente Felipe Calderón perdió los últimos reductos que debiese observar por su investidura presidencial; es decir, su comportamiento público no debe ser otro que el de ajustar su conducta a lo previsto por la Constitución y las leyes. El 7 de septiembre pasado, sin embargo, Calderón de plano puso de relieve su desprecio por el Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas. Veamos por qué.
Primero. Con motivo de su intervención al inaugurar la Semana de Transparencia, Calderón no sólo dijo lo que quiso escuchar su auditorio, como es habitual en la mayor parte de los políticos. Lo más grave de esta práctica inadecuada, es que, de plano, Calderón no tuvo empacho en emitir órdenes verbales, como si México fuese un país donde se gobierna no por la ley, o por decreto, sino ahora ¡por discurso!
En efecto, en esa oportunidad afirmó: “He visto que hay, todavía, en fin, muchas decisiones que se toman y que se aplican, o se invocan casos de reserva. Otras, incluso, que se litigan con el Instituto. Yo les quiero pedir una cosa: Que no establezcan ni casos de reserva y menos litigios, a menos que verdaderamente haya un caso que lo justifique. En cuyo caso le voy a pedir al Secretario de la Función Pública que sea la dependencia que autorice, finalmente, si una dependencia hace reservas o litigios. Así que, en otras palabras, les instruyo a todos los servidores públicos encargados de la transparencia que no apliquen reservas mecánicamente en los asuntos que dictaminen. Y que si van a litigar, tienen que pedir una autorización expresa de las áreas de Función Pública o de Consejería, ya veremos, para no detener este proceso de información y transparencia”.
Todas estas palabras tienen la fuerza legal de un buen deseo. No tienen validez jurídica alguna por la sencilla razón de que esas expresiones no fueron vertidas conforme a lo dispuesto por el orden normativo vigente. Por fortuna para los mexicanos, el gobierno por discurso sólo es exigible en el cerebro de Calderón, pero es muy lamentable que se aproveche de la ignorancia del pueblo para hacer creer lo contrario a lo que su desarrollo personal acredita.
Segundo. El Presidente de la República sólo puede hacer lo que expresamente le confiere la Constitución, en particular, pero no únicamente, el artículo 89 y las leyes reglamentarias correspondientes. En el citado artículo 89 constitucional el Presidente tiene dos facultades reconocidas por la doctrina como reglamentarias: a) La expedición de reglamentos heterónomos; es decir, aquellos que desarrollan en detalle sin alterar ni modificar el sentido de una ley expedida por el Congreso de la Unión y b) La expedición de reglamentos autónomos; que son aquellos conjuntos de normas jurídicas que desarrollan conductas sin que medie previamente la aprobación de una Ley en sentido formal. Si en verdad no hubiese sido una tomadura de pelo lo que hizo Calderón, el presidente debió hacer al menos dos cosas:
a) Enviar ese día un proyecto de iniciativa de ley con reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y al Código Penal Federal que sistemáticamente reformara el estado de la transparencia en México para dotarle de nuevas atribuciones al IFAI, limitara la actuación de los servidores públicos y restringiera los casos de clasificación informativa, y
b) Debió haber aprovechado esa misma fecha para predicar con el ejemplo, ordenando por escrito, con las formalidades que la ley exige, y publicar en el Diario Oficial de la Federación un Decreto que estableciera de manera detallada en qué casos sí y en qué casos no las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden recurrir las resoluciones del IFAI, en qué casos sólo se podrán aplicar las causales de reserva de manera limitativa y, por supuesto, las sanciones a quienes observen una conducta contraria a la establecida como debida por la norma. No hizo ni lo primero ni lo segundo. Eso se llama simulación, demagogia para engañar a la gente con discursos que dicen exactamente lo contrario de lo que lleva a cabo. Al menos, habría que decir, que Calderón ha sido congruente consigo mismo.
Tercero. En el proceso de aprobación de la Ley Federal de Transparencia, Calderón era coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Fue, me consta, uno de los más reacios y fuertes enemigos a que una ley de esta naturaleza se aprobara. Para bien del país, no tomaba las decisiones de México y se vio obligado a obedecer los acuerdos con Santiago Creel y Eduardo Romero, quienes eran los más entusiastas en verdad con este tema dentro del gobierno foxista.
Un video preparado hace tiempo por el Canal del Congreso de la Unión sobre la historia de la ley recupera una imagen de un Calderón enojado frente a un Jorge Islas, feliz, junto con los diputados del PRI y del PRD, al anunciar los acuerdos para aprobar la Ley citada. Calderón fue y seguirá siendo opaco mientras no se vea obligado a hacer lo contrario.
Ahora con esta gracejada presidencial del 7 de septiembre ¿Se imagina a usted a un particular a quien se le ha reservado información, armado de una copia del discurso de Calderón para presentarlo ante la autoridad jurisdiccional competente para hacer valer sus agravios? Evidentemente que será inadmisible por ser un elemento sin ningún valor dentro de un proceso jurisdiccional.

CALDERÓN, GOBIERNO POR DISCURSO

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El especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva
En días pasados, a propósito de la Semana de Transparencia que organiza el IFAI, el Presidente Felipe Calderón perdió los últimos reductos que debiese observar por su investidura presidencial; es decir, su comportamiento público no debe ser otro que el de ajustar su conducta a lo previsto por la Constitución y las leyes. El 7 de septiembre pasado, sin embargo, Calderón de plano puso de relieve su desprecio por el Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas. Veamos por qué.
Primero. Con motivo de su intervención al inaugurar la Semana de Transparencia, Calderón no sólo dijo lo que quiso escuchar su auditorio, como es habitual en la mayor parte de los políticos. Lo más grave de esta práctica inadecuada, es que, de plano, Calderón no tuvo empacho en emitir órdenes verbales, como si México fuese un país donde se gobierna no por la ley, o por decreto, sino ahora ¡por discurso!
En efecto, en esa oportunidad afirmó: “He visto que hay, todavía, en fin, muchas decisiones que se toman y que se aplican, o se invocan casos de reserva. Otras, incluso, que se litigan con el Instituto. Yo les quiero pedir una cosa: Que no establezcan ni casos de reserva y menos litigios, a menos que verdaderamente haya un caso que lo justifique. En cuyo caso le voy a pedir al Secretario de la Función Pública que sea la dependencia que autorice, finalmente, si una dependencia hace reservas o litigios. Así que, en otras palabras, les instruyo a todos los servidores públicos encargados de la transparencia que no apliquen reservas mecánicamente en los asuntos que dictaminen. Y que si van a litigar, tienen que pedir una autorización expresa de las áreas de Función Pública o de Consejería, ya veremos, para no detener este proceso de información y transparencia”.
Todas estas palabras tienen la fuerza legal de un buen deseo. No tienen validez jurídica alguna por la sencilla razón de que esas expresiones no fueron vertidas conforme a lo dispuesto por el orden normativo vigente. Por fortuna para los mexicanos, el gobierno por discurso sólo es exigible en el cerebro de Calderón, pero es muy lamentable que se aproveche de la ignorancia del pueblo para hacer creer lo contrario a lo que su desarrollo personal acredita.
Segundo. El Presidente de la República sólo puede hacer lo que expresamente le confiere la Constitución, en particular, pero no únicamente, el artículo 89 y las leyes reglamentarias correspondientes. En el citado artículo 89 constitucional el Presidente tiene dos facultades reconocidas por la doctrina como reglamentarias: a) La expedición de reglamentos heterónomos; es decir, aquellos que desarrollan en detalle sin alterar ni modificar el sentido de una ley expedida por el Congreso de la Unión y b) La expedición de reglamentos autónomos; que son aquellos conjuntos de normas jurídicas que desarrollan conductas sin que medie previamente la aprobación de una Ley en sentido formal. Si en verdad no hubiese sido una tomadura de pelo lo que hizo Calderón, el presidente debió hacer al menos dos cosas:
a) Enviar ese día un proyecto de iniciativa de ley con reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y al Código Penal Federal que sistemáticamente reformara el estado de la transparencia en México para dotarle de nuevas atribuciones al IFAI, limitara la actuación de los servidores públicos y restringiera los casos de clasificación informativa, y
b) Debió haber aprovechado esa misma fecha para predicar con el ejemplo, ordenando por escrito, con las formalidades que la ley exige, y publicar en el Diario Oficial de la Federación un Decreto que estableciera de manera detallada en qué casos sí y en qué casos no las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden recurrir las resoluciones del IFAI, en qué casos sólo se podrán aplicar las causales de reserva de manera limitativa y, por supuesto, las sanciones a quienes observen una conducta contraria a la establecida como debida por la norma. No hizo ni lo primero ni lo segundo. Eso se llama simulación, demagogia para engañar a la gente con discursos que dicen exactamente lo contrario de lo que lleva a cabo. Al menos, habría que decir, que Calderón ha sido congruente consigo mismo.
Tercero. En el proceso de aprobación de la Ley Federal de Transparencia, Calderón era coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Fue, me consta, uno de los más reacios y fuertes enemigos a que una ley de esta naturaleza se aprobara. Para bien del país, no tomaba las decisiones de México y se vio obligado a obedecer los acuerdos con Santiago Creel y Eduardo Romero, quienes eran los más entusiastas en verdad con este tema dentro del gobierno foxista.
Un video preparado hace tiempo por el Canal del Congreso de la Unión sobre la historia de la ley recupera una imagen de un Calderón enojado frente a un Jorge Islas, feliz, junto con los diputados del PRI y del PRD, al anunciar los acuerdos para aprobar la Ley citada. Calderón fue y seguirá siendo opaco mientras no se vea obligado a hacer lo contrario.
Ahora con esta gracejada presidencial del 7 de septiembre ¿Se imagina a usted a un particular a quien se le ha reservado información, armado de una copia del discurso de Calderón para presentarlo ante la autoridad jurisdiccional competente para hacer valer sus agravios? Evidentemente que será inadmisible por ser un elemento sin ningún valor dentro de un proceso jurisdiccional.

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*La investigación educación del DIE, a la par de países desarrollados como lo muestra el hecho de que estudiantes de España, Argentina o Chile estudien en el Cinvestav
Participación en la elaboración de los libros de texto gratuitos para las escuelas primarias en las décadas de los 70 y 90, realización de investigaciones evaluativas sobre el funcionamiento o impacto de programas y proyectos de alcance nacional e internacional y creación de servicios educativos a diversas entidades federativas, son algunos de los aportes que el Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Cinvestav ha dado a México a lo largo de sus 40 años de existencia.
En el marco del 50 aniversario del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), el DIE conmemora cuarenta años de contribuir al desarrollo educativo de México y ser un referente en la investigación educativa a nivel nacional e internacional.
Para Ruth Valencia Pulido, adscrita al DIE y miembro de la comisión organizadora de los festejos por el 40 aniversario del DIE, precisó que la investigación científica que se hace en el DIE se encuentra a la par de otros países, muestra de ello son los estudiantes extranjeros que han venido a estudiar aquí, provenientes de España, Costa Rica, Argentina o Chile, por mencionar algunos países.
Valencia Pulido explicó que los más de 350 egresados del DIE en sus 40 años, se han integrado en importantes proyectos educativos; algunos ahora son responsables de programas en la Secretaría de Educación Pública (SEP), o en las universidades Pedagógica Nacional (UPN) o Nacional Autónoma de México (UNAM), así como en otras instituciones educativas del interior de la República y del extranjero.
Por esa razón, detalló, que como parte sus festejos conmemorativos y con el objetivo de compartir experiencias, el DIE convocará a todos sus egresados a formar parte de la celebración del 40 Aniversario, a realizarse el jueves 29 de septiembre a las 17 horas, en el auditorio Julián E. Villareal, en las instalaciones de la Sede Sur del Cinvestav, ubicadas en Calzada de los Tenorios 235, Granjas Coapa, Tlalpan.
Velencia Pulido señaló que las líneas de generación y aplicación del conocimiento que actualmente se trabajan en el DIE son: Aprendizaje y desarrollo de la Lengua Escrita, Didácticas Especializadas, Estudios socioculturales sobre la escuela, aula y comunidad; historia de la educación y el conocimiento; políticas e instituciones de educación, ciencia y tecnología, y jóvenes: educación, trabajo y salud.
Hizo énfasis en que los aportes a la educación y a la política educativa nacional del DIE, circunscritas a solicitudes hechas por terceros, se pueden agrupar en tres grandes rublos:
“Investigaciones evaluativas sobre el funcionamiento o impacto de programas y proyectos de alcance nacional e internacional (desempeño docente, componentes para el diseño de modelos educativos nuevos); Proyectos de desarrollo (elaboración de modelos pedagógicos, propuestas de desarrollo curricular y Libros de Texto Gratuito para la escuela primaria: Ciencias Naturales(70), Matemáticas y Español (90) y libros para la Telesecundaria Español, Historia y Formación cívica (90).
“Servicios educativos a diversas entidades federativas (diseño e implementación de cursos para la actualización docente); difusión del conocimiento (Libros ex profeso para las Bibliotecas de los Centros de Actualización del Magisterio; más de 30 títulos de la Serie: TESIS DIE y publicación de diversas investigaciones contratadas); así como política educativa: documentos para la discusión sobre política educativa, solicitadas al DIE por Secretarios de Educación Pública o Subsecretarios”.
En 1975 se inició la Maestría en Ciencias con Especialidad en Educación (desde 1985 Maestría en Ciencias en la Especialidad de Investigaciones Educativas) y dieciocho años después, en 1993, nació el Doctorado en Ciencias en la Especialidad de Investigaciones Educativas. Ambos programas forman parte del Padrón Nacional de Posgrado, y en 2004 el de doctorado fue declarado competente a nivel internacional

CUMPLE 40 AÑOS DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EDUCATIVAS DEL CINVESTAV

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*La investigación educación del DIE, a la par de países desarrollados como lo muestra el hecho de que estudiantes de España, Argentina o Chile estudien en el Cinvestav
Participación en la elaboración de los libros de texto gratuitos para las escuelas primarias en las décadas de los 70 y 90, realización de investigaciones evaluativas sobre el funcionamiento o impacto de programas y proyectos de alcance nacional e internacional y creación de servicios educativos a diversas entidades federativas, son algunos de los aportes que el Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Cinvestav ha dado a México a lo largo de sus 40 años de existencia.
En el marco del 50 aniversario del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), el DIE conmemora cuarenta años de contribuir al desarrollo educativo de México y ser un referente en la investigación educativa a nivel nacional e internacional.
Para Ruth Valencia Pulido, adscrita al DIE y miembro de la comisión organizadora de los festejos por el 40 aniversario del DIE, precisó que la investigación científica que se hace en el DIE se encuentra a la par de otros países, muestra de ello son los estudiantes extranjeros que han venido a estudiar aquí, provenientes de España, Costa Rica, Argentina o Chile, por mencionar algunos países.
Valencia Pulido explicó que los más de 350 egresados del DIE en sus 40 años, se han integrado en importantes proyectos educativos; algunos ahora son responsables de programas en la Secretaría de Educación Pública (SEP), o en las universidades Pedagógica Nacional (UPN) o Nacional Autónoma de México (UNAM), así como en otras instituciones educativas del interior de la República y del extranjero.
Por esa razón, detalló, que como parte sus festejos conmemorativos y con el objetivo de compartir experiencias, el DIE convocará a todos sus egresados a formar parte de la celebración del 40 Aniversario, a realizarse el jueves 29 de septiembre a las 17 horas, en el auditorio Julián E. Villareal, en las instalaciones de la Sede Sur del Cinvestav, ubicadas en Calzada de los Tenorios 235, Granjas Coapa, Tlalpan.
Velencia Pulido señaló que las líneas de generación y aplicación del conocimiento que actualmente se trabajan en el DIE son: Aprendizaje y desarrollo de la Lengua Escrita, Didácticas Especializadas, Estudios socioculturales sobre la escuela, aula y comunidad; historia de la educación y el conocimiento; políticas e instituciones de educación, ciencia y tecnología, y jóvenes: educación, trabajo y salud.
Hizo énfasis en que los aportes a la educación y a la política educativa nacional del DIE, circunscritas a solicitudes hechas por terceros, se pueden agrupar en tres grandes rublos:
“Investigaciones evaluativas sobre el funcionamiento o impacto de programas y proyectos de alcance nacional e internacional (desempeño docente, componentes para el diseño de modelos educativos nuevos); Proyectos de desarrollo (elaboración de modelos pedagógicos, propuestas de desarrollo curricular y Libros de Texto Gratuito para la escuela primaria: Ciencias Naturales(70), Matemáticas y Español (90) y libros para la Telesecundaria Español, Historia y Formación cívica (90).
“Servicios educativos a diversas entidades federativas (diseño e implementación de cursos para la actualización docente); difusión del conocimiento (Libros ex profeso para las Bibliotecas de los Centros de Actualización del Magisterio; más de 30 títulos de la Serie: TESIS DIE y publicación de diversas investigaciones contratadas); así como política educativa: documentos para la discusión sobre política educativa, solicitadas al DIE por Secretarios de Educación Pública o Subsecretarios”.
En 1975 se inició la Maestría en Ciencias con Especialidad en Educación (desde 1985 Maestría en Ciencias en la Especialidad de Investigaciones Educativas) y dieciocho años después, en 1993, nació el Doctorado en Ciencias en la Especialidad de Investigaciones Educativas. Ambos programas forman parte del Padrón Nacional de Posgrado, y en 2004 el de doctorado fue declarado competente a nivel internacional

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El diputado José Manzur señaló que la presencia del gobernador Eruviel Ávila es un “hecho inédito” y marca una nueva era en la vida democrática estatal.
Propone el gobernador creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia
· Incluye iniciativas de Ley de Seguridad Pública, Ley de Extinción de Dominio, Ley de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito.

Como un “hecho inédito”, que “marca una nueva era en la vida democrática” del Estado de México, calificó el diputado José Manzur Quiroga, presidente de la Junta de Coordinación Política, la presencia del gobernador Eruviel Ávila Villegas en la sede del Poder Legislativo estatal, donde entregó —al presidente de la Directiva, diputado Óscar Sánchez Juárez— siete iniciativas de ley en materia de seguridad pública y cuyo análisis, comprometió Manzur Quiroga: “considerará la pluralidad de visiones y expresiones políticas representadas en este Poder; impulsando el consenso y el diálogo”.
Previo a que el gobernador Eruviel Ávila señalara que “con este acto formalmente se da inicio a un ejercicio de colaboración y de apoyo mutuo entre poderes”; José Manzur señaló que “las diputadas y diputados reconocemos el gesto de apertura, disposición de trabajo y amistad que implica este acto, y en respuesta, le reiteramos nuestra disposición de que con toda seriedad iniciaremos el análisis de las iniciativas”.
Acompañado por el presidente de la Directiva, legislador Óscar Sánchez Juárez; así como los integrantes de la Junta de Coordinación Política, diputados: Arturo Piña García, del PRD; Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza; Carlos Sánchez Sánchez, del PT; Miguel Sámano Peralta, del Verde Ecologista; e Ignacio Samperio Montaño, de Convergencia; el legislador Manzur Quiroga señaló que las iniciativas implican la respuesta, “prácticamente inmediata, a las principales demandas recogidas a lo largo y ancho de la entidad”, y se traduce, “en fincar los cimientos en los que sustentará su gobierno, cuya gestión se anticipa, será un parteaguas por la altura de miras que le caracteriza”.
El paquete de iniciativas comprende la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia; así como las iniciativas de Ley de Seguridad Pública, Ley de Extinción de Dominio, Ley de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito; además de reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, y a disposiciones legales para combatir el narcomenudeo.
Al dar la bienvenida al gobernador, así como al secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, e integrantes del gabinete estatal, el presidente de la Junta de Coordinación Política reiteró que el gesto de colaboración entre poderes “nos anima, al considerar que lo que bien empieza bien continuará”; al tiempo que se dijo convencido de que “el debate parlamentario firme, constructivo y apasionado que se presente en las comisiones legislativas de esta Cámara local, contribuirá a que el proceso de análisis” dé como resultado un ejercicio enriquecedor y reflexivo.
Ante diputados locales de todos los Grupos Parlamentarios, el mandatario estatal afirmó que una de las demandas más sentidas de la sociedad y con la que todos los órdenes de gobierno y poderes públicos “estamos en deuda” es vivir con seguridad, saber que se cuenta con instituciones y leyes que ven por ella y la protegen, por lo que hoy “está en sus manos, señoras, señores diputados, hacer realidad estas exigencias y enviar un claro mensaje a quienes atentan contra la sociedad”.
Dijo que las iniciativas, tienen el propósito de garantizar una sociedad protegida, al tiempo que detalló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, concentraría en una sola institución con el mayor rango legal posible, los esfuerzos para proteger al ciudadano en el ámbito de la seguridad pública y que junto con el uso de la fuerza para el orden y la paz pública, incorpora la construcción de una alianza, entre el ciudadano y la policía.
Respecto al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, tendría como fin encargarse de la formación, capacitación y evaluación del personal que interviene en la prevención de los delitos, la procuración de la justicia, así como la reinserción social del delincuente y de los menores en conflicto con la ley penal. También tendrá la tarea de hacer investigación para poner a la vanguardia la seguridad y la justicia.
En cuanto a la iniciativa de Ley de Seguridad Pública, redimensiona y amplía el concepto de seguridad pública, al ámbito de la prevención, e incorpora herramientas y mecanismos de desarrollo en el ámbito policial y ministerial, pericial y de reinserción social. También homologa los criterios de selección, formación, evaluación y certificación de los integrantes de la Procuraduría de Justicia, policía estatal y policías municipales, estableciendo las bases obligatorias para su coordinación, así como del Sistema Estatal de Seguridad Pública que marca las bases de coordinación entre las autoridades estatales y municipales, participación ciudadana, prevención del delito e información criminal.
Las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, buscan la adecuación de la estructura de la institución con la Ley para el Uso y Manejo de Medios Electrónicos de la entidad, al crear un mecanismo eficiente para recibir las denuncias y querellas de manera electrónica; además de armonizarla con lo establecido en el proyecto de Ley de Seguridad Pública en materia de prevención del delito, profesionalización y servicio de carrera.
Por lo que toca a la iniciativa de Ley de Extinción de Dominio del Estado de México, permitirá “fortalecer las facultades públicas para combatir al crimen organizado en donde más les duele: sus estructuras financieras”, al incorporar al dominio público los bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos de delincuencia organizada, narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
El paquete integra disposiciones legales para el combate al narcomenudeo y busca armonizar la legislación estatal con las modificaciones realizadas a la legislación penal federal, a efecto de dejar claras las facultades de investigación de las autoridades locales.
Finalmente, la iniciativa de Ley de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de México plantea que el Estado brinde atención y cuidado a las víctimas del delito, con servicio gratuito a personas de escasos recursos, facilitando y fortaleciendo los mecanismos para que se les haga justicia pronta y expedita.
Las propuestas, dijo, complementan las que se hicieron llegar a la Soberanía Popular relacionados con la supresión de la prohibición de la prisión vitalicia; al reformar el Artículo séptimo de nuestra Carta Magna local.
Se suman también las reformas al Código Penal para que el Estado imponga pena de prisión vitalicia a quienes cometan delitos como: violación de menores de edad, o tumultuaria en ciertos supuestos, trata de personas de menores de 12 años, feminicidio, homicidio cuando se cometa en contra de tres o más personas en un mismo evento o en eventos distintos pero que estén juzgando en un mismo proceso; así como cuando se utilice saña o mutilación para provocar la privación de la vida.

ANÁLISIS PLURAL DE INICIATIVAS DE LEY EN MATERIA DE SEGURIDAD

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El diputado José Manzur señaló que la presencia del gobernador Eruviel Ávila es un “hecho inédito” y marca una nueva era en la vida democrática estatal.
Propone el gobernador creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia
· Incluye iniciativas de Ley de Seguridad Pública, Ley de Extinción de Dominio, Ley de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito.

Como un “hecho inédito”, que “marca una nueva era en la vida democrática” del Estado de México, calificó el diputado José Manzur Quiroga, presidente de la Junta de Coordinación Política, la presencia del gobernador Eruviel Ávila Villegas en la sede del Poder Legislativo estatal, donde entregó —al presidente de la Directiva, diputado Óscar Sánchez Juárez— siete iniciativas de ley en materia de seguridad pública y cuyo análisis, comprometió Manzur Quiroga: “considerará la pluralidad de visiones y expresiones políticas representadas en este Poder; impulsando el consenso y el diálogo”.
Previo a que el gobernador Eruviel Ávila señalara que “con este acto formalmente se da inicio a un ejercicio de colaboración y de apoyo mutuo entre poderes”; José Manzur señaló que “las diputadas y diputados reconocemos el gesto de apertura, disposición de trabajo y amistad que implica este acto, y en respuesta, le reiteramos nuestra disposición de que con toda seriedad iniciaremos el análisis de las iniciativas”.
Acompañado por el presidente de la Directiva, legislador Óscar Sánchez Juárez; así como los integrantes de la Junta de Coordinación Política, diputados: Arturo Piña García, del PRD; Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza; Carlos Sánchez Sánchez, del PT; Miguel Sámano Peralta, del Verde Ecologista; e Ignacio Samperio Montaño, de Convergencia; el legislador Manzur Quiroga señaló que las iniciativas implican la respuesta, “prácticamente inmediata, a las principales demandas recogidas a lo largo y ancho de la entidad”, y se traduce, “en fincar los cimientos en los que sustentará su gobierno, cuya gestión se anticipa, será un parteaguas por la altura de miras que le caracteriza”.
El paquete de iniciativas comprende la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia; así como las iniciativas de Ley de Seguridad Pública, Ley de Extinción de Dominio, Ley de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito; además de reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, y a disposiciones legales para combatir el narcomenudeo.
Al dar la bienvenida al gobernador, así como al secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, e integrantes del gabinete estatal, el presidente de la Junta de Coordinación Política reiteró que el gesto de colaboración entre poderes “nos anima, al considerar que lo que bien empieza bien continuará”; al tiempo que se dijo convencido de que “el debate parlamentario firme, constructivo y apasionado que se presente en las comisiones legislativas de esta Cámara local, contribuirá a que el proceso de análisis” dé como resultado un ejercicio enriquecedor y reflexivo.
Ante diputados locales de todos los Grupos Parlamentarios, el mandatario estatal afirmó que una de las demandas más sentidas de la sociedad y con la que todos los órdenes de gobierno y poderes públicos “estamos en deuda” es vivir con seguridad, saber que se cuenta con instituciones y leyes que ven por ella y la protegen, por lo que hoy “está en sus manos, señoras, señores diputados, hacer realidad estas exigencias y enviar un claro mensaje a quienes atentan contra la sociedad”.
Dijo que las iniciativas, tienen el propósito de garantizar una sociedad protegida, al tiempo que detalló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, concentraría en una sola institución con el mayor rango legal posible, los esfuerzos para proteger al ciudadano en el ámbito de la seguridad pública y que junto con el uso de la fuerza para el orden y la paz pública, incorpora la construcción de una alianza, entre el ciudadano y la policía.
Respecto al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, tendría como fin encargarse de la formación, capacitación y evaluación del personal que interviene en la prevención de los delitos, la procuración de la justicia, así como la reinserción social del delincuente y de los menores en conflicto con la ley penal. También tendrá la tarea de hacer investigación para poner a la vanguardia la seguridad y la justicia.
En cuanto a la iniciativa de Ley de Seguridad Pública, redimensiona y amplía el concepto de seguridad pública, al ámbito de la prevención, e incorpora herramientas y mecanismos de desarrollo en el ámbito policial y ministerial, pericial y de reinserción social. También homologa los criterios de selección, formación, evaluación y certificación de los integrantes de la Procuraduría de Justicia, policía estatal y policías municipales, estableciendo las bases obligatorias para su coordinación, así como del Sistema Estatal de Seguridad Pública que marca las bases de coordinación entre las autoridades estatales y municipales, participación ciudadana, prevención del delito e información criminal.
Las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, buscan la adecuación de la estructura de la institución con la Ley para el Uso y Manejo de Medios Electrónicos de la entidad, al crear un mecanismo eficiente para recibir las denuncias y querellas de manera electrónica; además de armonizarla con lo establecido en el proyecto de Ley de Seguridad Pública en materia de prevención del delito, profesionalización y servicio de carrera.
Por lo que toca a la iniciativa de Ley de Extinción de Dominio del Estado de México, permitirá “fortalecer las facultades públicas para combatir al crimen organizado en donde más les duele: sus estructuras financieras”, al incorporar al dominio público los bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos de delincuencia organizada, narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
El paquete integra disposiciones legales para el combate al narcomenudeo y busca armonizar la legislación estatal con las modificaciones realizadas a la legislación penal federal, a efecto de dejar claras las facultades de investigación de las autoridades locales.
Finalmente, la iniciativa de Ley de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de México plantea que el Estado brinde atención y cuidado a las víctimas del delito, con servicio gratuito a personas de escasos recursos, facilitando y fortaleciendo los mecanismos para que se les haga justicia pronta y expedita.
Las propuestas, dijo, complementan las que se hicieron llegar a la Soberanía Popular relacionados con la supresión de la prohibición de la prisión vitalicia; al reformar el Artículo séptimo de nuestra Carta Magna local.
Se suman también las reformas al Código Penal para que el Estado imponga pena de prisión vitalicia a quienes cometan delitos como: violación de menores de edad, o tumultuaria en ciertos supuestos, trata de personas de menores de 12 años, feminicidio, homicidio cuando se cometa en contra de tres o más personas en un mismo evento o en eventos distintos pero que estén juzgando en un mismo proceso; así como cuando se utilice saña o mutilación para provocar la privación de la vida.

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Ponemos a su disposición la opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva
En días pasados, a propósito de la Semana de Transparencia que organiza el IFAI, el Presidente Felipe Calderón perdió los últimos reductos que debiese observar por su investidura presidencial; es decir, su comportamiento público no debe ser otro que el de ajustar su conducta a lo previsto por la Constitución y las leyes. El 7 de septiembre pasado, sin embargo, Calderón de plano puso de relieve su desprecio por el Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas. Veamos por qué.
Primero. Con motivo de su intervención al inaugurar la Semana de Transparencia, Calderón no sólo dijo lo que quiso escuchar su auditorio, como es habitual en la mayor parte de los políticos. Lo más grave de esta práctica inadecuada, es que, de plano, Calderón no tuvo empacho en emitir órdenes verbales, como si México fuese un país donde se gobierna no por la ley, o por decreto, sino ahora ¡por discurso!
En efecto, en esa oportunidad afirmó: “He visto que hay, todavía, en fin, muchas decisiones que se toman y que se aplican, o se invocan casos de reserva. Otras, incluso, que se litigan con el Instituto. Yo les quiero pedir una cosa: Que no establezcan ni casos de reserva y menos litigios, a menos que verdaderamente haya un caso que lo justifique. En cuyo caso le voy a pedir al Secretario de la Función Pública que sea la dependencia que autorice, finalmente, si una dependencia hace reservas o litigios. Así que, en otras palabras, les instruyo a todos los servidores públicos encargados de la transparencia que no apliquen reservas mecánicamente en los asuntos que dictaminen. Y que si van a litigar, tienen que pedir una autorización expresa de las áreas de Función Pública o de Consejería, ya veremos, para no detener este proceso de información y transparencia”.
Todas estas palabras tienen la fuerza legal de un buen deseo. No tienen validez jurídica alguna por la sencilla razón de que esas expresiones no fueron vertidas conforme a lo dispuesto por el orden normativo vigente. Por fortuna para los mexicanos, el gobierno por discurso sólo es exigible en el cerebro de Calderón, pero es muy lamentable que se aproveche de la ignorancia del pueblo para hacer creer lo contrario a lo que su desarrollo personal acredita.
Segundo. El Presidente de la República sólo puede hacer lo que expresamente le confiere la Constitución, en particular, pero no únicamente, el artículo 89 y las leyes reglamentarias correspondientes. En el citado artículo 89 constitucional el Presidente tiene dos facultades reconocidas por la doctrina como reglamentarias: a) La expedición de reglamentos heterónomos; es decir, aquellos que desarrollan en detalle sin alterar ni modificar el sentido de una ley expedida por el Congreso de la Unión y b) La expedición de reglamentos autónomos; que son aquellos conjuntos de normas jurídicas que desarrollan conductas sin que medie previamente la aprobación de una Ley en sentido formal. Si en verdad no hubiese sido una tomadura de pelo lo que hizo Calderón, el presidente debió hacer al menos dos cosas:
a) Enviar ese día un proyecto de iniciativa de ley con reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y al Código Penal Federal que sistemáticamente reformara el estado de la transparencia en México para dotarle de nuevas atribuciones al IFAI, limitara la actuación de los servidores públicos y restringiera los casos de clasificación informativa, y
b) Debió haber aprovechado esa misma fecha para predicar con el ejemplo, ordenando por escrito, con las formalidades que la ley exige, y publicar en el Diario Oficial de la Federación un Decreto que estableciera de manera detallada en qué casos sí y en qué casos no las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden recurrir las resoluciones del IFAI, en qué casos sólo se podrán aplicar las causales de reserva de manera limitativa y, por supuesto, las sanciones a quienes observen una conducta contraria a la establecida como debida por la norma. No hizo ni lo primero ni lo segundo. Eso se llama simulación, demagogia para engañar a la gente con discursos que dicen exactamente lo contrario de lo que lleva a cabo. Al menos, habría que decir, que Calderón ha sido congruente consigo mismo.
Tercero. En el proceso de aprobación de la Ley Federal de Transparencia, Calderón era coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Fue, me consta, uno de los más reacios y fuertes enemigos a que una ley de esta naturaleza se aprobara. Para bien del país, no tomaba las decisiones de México y se vio obligado a obedecer los acuerdos con Santiago Creel y Eduardo Romero, quienes eran los más entusiastas en verdad con este tema dentro del gobierno foxista.
Un video preparado hace tiempo por el Canal del Congreso de la Unión sobre la historia de la ley recupera una imagen de un Calderón enojado frente a un Jorge Islas, feliz, junto con los diputados del PRI y del PRD, al anunciar los acuerdos para aprobar la Ley citada. Calderón fue y seguirá siendo opaco mientras no se vea obligado a hacer lo contrario.
Ahora con esta gracejada presidencial del 7 de septiembre ¿Se imagina a usted a un particular a quien se le ha reservado información, armado de una copia del discurso de Calderón para presentarlo ante la autoridad jurisdiccional competente para hacer valer sus agravios? Evidentemente que será inadmisible por ser un elemento sin ningún valor dentro de un proceso jurisdiccional.

Se mejorarán apoyos a productores agrícolas; CALDERÓN, GOBIERNO POR DISCURSO

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Ponemos a su disposición la opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva
En días pasados, a propósito de la Semana de Transparencia que organiza el IFAI, el Presidente Felipe Calderón perdió los últimos reductos que debiese observar por su investidura presidencial; es decir, su comportamiento público no debe ser otro que el de ajustar su conducta a lo previsto por la Constitución y las leyes. El 7 de septiembre pasado, sin embargo, Calderón de plano puso de relieve su desprecio por el Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas. Veamos por qué.
Primero. Con motivo de su intervención al inaugurar la Semana de Transparencia, Calderón no sólo dijo lo que quiso escuchar su auditorio, como es habitual en la mayor parte de los políticos. Lo más grave de esta práctica inadecuada, es que, de plano, Calderón no tuvo empacho en emitir órdenes verbales, como si México fuese un país donde se gobierna no por la ley, o por decreto, sino ahora ¡por discurso!
En efecto, en esa oportunidad afirmó: “He visto que hay, todavía, en fin, muchas decisiones que se toman y que se aplican, o se invocan casos de reserva. Otras, incluso, que se litigan con el Instituto. Yo les quiero pedir una cosa: Que no establezcan ni casos de reserva y menos litigios, a menos que verdaderamente haya un caso que lo justifique. En cuyo caso le voy a pedir al Secretario de la Función Pública que sea la dependencia que autorice, finalmente, si una dependencia hace reservas o litigios. Así que, en otras palabras, les instruyo a todos los servidores públicos encargados de la transparencia que no apliquen reservas mecánicamente en los asuntos que dictaminen. Y que si van a litigar, tienen que pedir una autorización expresa de las áreas de Función Pública o de Consejería, ya veremos, para no detener este proceso de información y transparencia”.
Todas estas palabras tienen la fuerza legal de un buen deseo. No tienen validez jurídica alguna por la sencilla razón de que esas expresiones no fueron vertidas conforme a lo dispuesto por el orden normativo vigente. Por fortuna para los mexicanos, el gobierno por discurso sólo es exigible en el cerebro de Calderón, pero es muy lamentable que se aproveche de la ignorancia del pueblo para hacer creer lo contrario a lo que su desarrollo personal acredita.
Segundo. El Presidente de la República sólo puede hacer lo que expresamente le confiere la Constitución, en particular, pero no únicamente, el artículo 89 y las leyes reglamentarias correspondientes. En el citado artículo 89 constitucional el Presidente tiene dos facultades reconocidas por la doctrina como reglamentarias: a) La expedición de reglamentos heterónomos; es decir, aquellos que desarrollan en detalle sin alterar ni modificar el sentido de una ley expedida por el Congreso de la Unión y b) La expedición de reglamentos autónomos; que son aquellos conjuntos de normas jurídicas que desarrollan conductas sin que medie previamente la aprobación de una Ley en sentido formal. Si en verdad no hubiese sido una tomadura de pelo lo que hizo Calderón, el presidente debió hacer al menos dos cosas:
a) Enviar ese día un proyecto de iniciativa de ley con reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y al Código Penal Federal que sistemáticamente reformara el estado de la transparencia en México para dotarle de nuevas atribuciones al IFAI, limitara la actuación de los servidores públicos y restringiera los casos de clasificación informativa, y
b) Debió haber aprovechado esa misma fecha para predicar con el ejemplo, ordenando por escrito, con las formalidades que la ley exige, y publicar en el Diario Oficial de la Federación un Decreto que estableciera de manera detallada en qué casos sí y en qué casos no las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden recurrir las resoluciones del IFAI, en qué casos sólo se podrán aplicar las causales de reserva de manera limitativa y, por supuesto, las sanciones a quienes observen una conducta contraria a la establecida como debida por la norma. No hizo ni lo primero ni lo segundo. Eso se llama simulación, demagogia para engañar a la gente con discursos que dicen exactamente lo contrario de lo que lleva a cabo. Al menos, habría que decir, que Calderón ha sido congruente consigo mismo.
Tercero. En el proceso de aprobación de la Ley Federal de Transparencia, Calderón era coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Fue, me consta, uno de los más reacios y fuertes enemigos a que una ley de esta naturaleza se aprobara. Para bien del país, no tomaba las decisiones de México y se vio obligado a obedecer los acuerdos con Santiago Creel y Eduardo Romero, quienes eran los más entusiastas en verdad con este tema dentro del gobierno foxista.
Un video preparado hace tiempo por el Canal del Congreso de la Unión sobre la historia de la ley recupera una imagen de un Calderón enojado frente a un Jorge Islas, feliz, junto con los diputados del PRI y del PRD, al anunciar los acuerdos para aprobar la Ley citada. Calderón fue y seguirá siendo opaco mientras no se vea obligado a hacer lo contrario.
Ahora con esta gracejada presidencial del 7 de septiembre ¿Se imagina a usted a un particular a quien se le ha reservado información, armado de una copia del discurso de Calderón para presentarlo ante la autoridad jurisdiccional competente para hacer valer sus agravios? Evidentemente que será inadmisible por ser un elemento sin ningún valor dentro de un proceso jurisdiccional.

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