DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS BAJO ARRESTO

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El 28 de octubre de 2011, miembros de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio y del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo) realizaron una protesta en el tramo de la carretera Panamericana que atraviesa La Venta-Unión Hidalgo contra la construcción de turbinas eólicas en sus tierras. Según la información recibida, miembros de la vecina comunidad de La venta, favorables a la instalación de las turbinas, acudieron al lugar y amenazaron al grupo para que detuviese sus protestas. Los manifestantes argumentaron su derecho a la protesta pacífica, pero llegaron más hombres, armados con pistolas y machetes. Los líderes de la protesta, incluyendo Lucila Bettina Cruz Velázquez y Juan Regalado Martínez, fueron golpeados y pateados en el suelo,

La defensora mexicana de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez fue arrestada el 22 de febrero. La información disponible sugiere que está siendo blanco de acusaciones injustas en represalia por su trabajo por los derechos de comunidades indígenas.

El 22 de febrero agentes de la Procuraduría General de la República arrestaron a Lucila Bettina Cruz Velázquez en el municipio de Santa María Xadani, en el estado de Oaxaca mientas ella se retiraba de una reunión con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en compañía de la abogada Maribel González. Los agentes no mostraron ninguna orden de arresto que les autorizara a detenerla ni le fueron explicados los motivos de su detención.

Ella fue mantenida incomunicada durante horas antes de ser trasladada a la prisión de Tehuantepec para enfrentar cargos de privación ilegal de libertad de funcionarios de la CFE. Será presentada hoy mismo a un juez quien tendrá la autoridad para liberarla bajo fianza. A Amnistía Internacional le preocupa que los cargos han sido fabricados para evitar que pueda continuar su trabajo como defensora de derechos humanos y que pueda enfrenar un proceso judicial injusto. Su arresto forma parte de un patrón de arrestos a defensores de derechos humanos bajo cargos infundados de privación ilegal de libertad a funcionarios públicos, estos cargos han resultado en juicios injustos seguidos de largos periodos de detención a activistas.

Amnistía Internacional insta a sus activistas a escribir inmediatamente a las autoridades:

Llamando a las autoridades a garantizar que Lucila Bettina Cruz Velázquez no será sujeta a tortura u otros malos tratos, y se asegure que tenga acceso a un abogado de su elección y que pueda mantener contacto con su familia.

Urgiendo a las autoridades a asegurar que los procesos judiciales no se basen en evidencias sin fundamento o no confiables originadas en represalia por su legítimo trabajo en defensa de los derechos humanos y que su derecho a un juicio justo sea garantizado de acuerdo los estándares internacionales, incluyendo el derecho a fianza que correspondería a las imputaciones realizadas en su contra.

Solicitando a las autoridades garantizar la seguridad de todos los integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio y que estos no sean sujetos de procesos judiciales injustos

Información Adicional

Lucila Bettina Cruz Velázquez es integrante y cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio. La Asamblea trabaja para lograr la protección a los derechos de los pueblos indígenas, y ha llevado a cabo acciones de protestas contra la construcción de granjas eólicas en tierras pertenecientes a pueblos indígenas. A raíz de las amenazas y ataques que sufrió durante octubre y noviembre de 2011 por su trabajo en defensa de los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca ordenó medidas cautelares para proteger a Lucila Bettina Cruz en noviembre de 2011.

El 21 de octubre de 2011 Lucila Bettina Cruz Velázquez y Maribel González Pedro fueron amenazadas de muerte, cuando unos 50 trabajadores de una empresa adjudicataria de una granja eólica llegaron a tierras pertenecientes a la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo en el Estado de Oaxaca. Los miembros de la comunidad indígena se oponen a la construcción de la granja eólica en sus tierras. Argumentan que la construcción se está levando a cabo sin su consentimiento previo, libre e informado, tal y como establece la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y están preocupados por el impacto de la construcción en su tierra y su agricultura.

Proyectos industriales y de desarrollo que afectan a comunidades indígenas y campesinas en México, se implementan sin información confiable para las comunidades y sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. Como resultado de esta situación, los miembros de comunidades indígenas protestan contra los proyectos y exigen el respeto a su derecho a ser escuchados y consultados. Amnistía Internacional ha documentado frecuentemente el mal uso del sistema de justicia penal contra defensores de derechos humanos y activistas comunitarios que realizan protestas pacíficas para pedir el respeto a sus derechos, lo cual ha implicado acoso judicial, juicios injustos y condenas sin fundamento.