TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, DISTINTIVO DE LAS DEMOCRACIAS

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Explican especialistas importancia de evaluar el accionar público
Realiza OSFEM Ciclo Internacional de Conferencias sobre Evaluación del Desempeño.

En un estado democrático y de derecho, la rendición de cuentas es parte fundamental del mandato, por el contrario, en los regímenes autoritarios quienes dirigen suponen que no deben rendir cuentas a nadie, afirmó el ex gobernador César Camacho Quiroz, en el Ciclo Internacional de Conferencias sobre Evaluación de Desempeño promovido por el Órgano Superior de Fiscalización de la entidad (OSFEM).
Ante el titular del OSFEM, Fernando Baz Ferreira, y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno de las áreas contable, de finanzas y fiscalización, Camacho Quiroz llamó a profundizar la fiscalización y la rendición de cuentas ampliando el derecho de iniciativa ciudadana –recientemente aprobado por la LVII Legislatura mexiquense- a los demás estados y la federación.
Propuso también involucrar a las dependencias que manejan información pública para que se puedan contrastar programas y metas con los recursos requeridos, su justificación y desempeño; orientar la fiscalización a la prevención de faltas en la ejecución de programas y recursos, antes que su castigo, así como aprovechar al máximo las experiencias propias en lugar de adoptar modelos ajenos geográfica y culturalmente.
El Ciclo de Conferencias contó también con la participación del conferencista de origen francés, Marc Schwartz, quien expuso la experiencia de Francia en esta temática. Bajo el título Manejo y evaluación del desempeño, su presentación detalló los orígenes de esta práctica en el país galo que, a diferencia de México, organiza su gobierno de manera central y no federal, lo que significa que las decisiones son centralizadas.
La evaluación del desempeño, explicó, nació a principios de los 90, derivado de la preocupación por renovar los servicios públicos y hacerlos más eficientes. Con el tiempo y las primeras medidas para adoptar este esquema, la tendencia se ha reforzado, generando a su vez un nuevo modelo de servidor público: uno que se especialice en la administración de los recursos y por tanto, en todas las etapas de su gasto, incluyendo la presentación y evaluación de resultados, a fin de que no sea un mero “ejecutor del presupuesto; queremos gerentes sociales y no solamente ejecutores del dinero público”, afirmó.
En su momento, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de la administración federal, explicó algunos elementos que se consideran en el diseño de los programas de carácter social a nivel nacional, y los criterios para su evaluación y medición de resultados.
Al partir de la noción que distingue —en una nación democrática— el derecho a la transparencia como uno de sus rasgos esenciales, indicó como inevitable el paso a la evaluación del desempeño y de los resultados de los servidores públicos. Para el gobierno federal, ésta es una de las principales preocupaciones, sobre todo en el ámbito de la política social, donde más allá de las cantidades destinadas al combate a la pobreza o marginación, importa más cómo impacta este gasto y sus resultados.
Por ahora, precisó, se utilizan indicadores como el presupuesto asignado a cada programa: el porcentaje del presupuesto ejercido cada año y el número de becas, cursos de capacitación, litros de leche, pasaportes entregados, o acciones realizadas.
Falta, no obstante, que la norma obligue a medir resultados: “¿Aumentó el ingreso o la ocupación de quien recibió el microcrédito? ¿Los desempleados que recibieron capacitación aprendieron y encontraron trabajo? ¿Más mujeres se incorporaron al trabajo a raíz del programa de estancias infantiles? ¿Disminuyó la delincuencia por el programa de seguridad? ¿Disminuyó el tiempo de trámite de los pasaportes?” De esto se trata la evaluación del desempeño, concluyó.
De manera coincidente y con distintos matices, los ponentes coincidieron en que la transparencia, rendición de cuentas y evaluación del desempeño implican también una evolución cultural que erradique viejas prácticas y hábitos de gobierno para convertirlos en virtudes. Recordemos, dijo Camacho Quiroz, que no es sólo un asunto de leyes, que en México tenemos, sino cultural y que la buena ley no es la que norma, sino la que transforma.