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on miércoles, octubre 31, 2012
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Comité Contra la Tortura de la ONU condena práctica de tortura
en México
·
Expresa su rechazo por el uso de la
tortura en todo el país para obtener confesiones ·
El arraigo: “una violación flagrante de
derechos humanos” que carece de control judicial
·
Condena impunidad y falta de
investigación de actos de tortura
El Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, órgano
encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Contra la Tortura, abrió
su evaluación al Estado mexicano, donde estuvo presente una delegación de mas de
30 funcionarios públicos del gobierno federal y de diversos
estados.
El Comité expresó su profunda
preocupación por la práctica de tortura en el país, en particular ante el
contexto del uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y
el “fenómeno de impunidad agravada” en el que permanece los actos de tortura.
Tras escuchar la exposición inicial del Estado, los miembros del Comité
-expertos independientes electos por su pericia en temas de tortura- formularon
preguntas y observaciones a la delegación gubernamental acerca de algunas de las
problemáticas más preocupantes en esta materia en México.
Los expertos señalaron que
sigue vigente en todo el territorio mexicano el uso de la tortura para arrancar
confesiones a personas detenidas, mismas que son utilizadas en contra de las
víctimas en los procesos penales. Señalaron que la reforma penal
que pretende cambiar esta práctica mediante la transición a un sistema oral y
acusatorio no está siendo eficaz ya que las fuerzas de seguridad y el Ministerio
Público siguen utilizando las declaraciones coaccionadas como prueba de cargo en
los procesos penales. Ejemplo de ello, señalado por
diversos expertos del Comité fue el caso de Israel Arzate, joven juarense
víctima de detención arbitraria y tortura para obligarlo a autoinculparse
falsamente por la masacre de Villas de Salvárcar. El Comité
consideró “muy importante” este caso que se encuentra actualmente ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación por el precedente que puede sentar en el
sentido de prohibir la admisión de pruebas obtenidas mediante la tortura en el
nuevo sistema penal.
Por otra parte se señaló que
no es admisible que la PGR “monopolice” la aplicación del Protocolo de Estambul
y se expresó profunda preocupación porque los peritos que aplican dicho
instrumento para detectar casos de tortura, carecen de independencia al depender
de la misma PGR, institución muchas veces señalada por incurrir en violaciones a
derechos humanos. Los expertos también cuestionaron al Estado
sobre la falta casi absoluta de sentencias firmes por tortura frente al número
elevado de quejas por este delito registradas por la CNDH.
Un tema de particular
preocupación fue la figura del arraigo, la cual permite la práctica de la
tortura en una situación de ausencia de garantías judiciales. La Subprocuradora
Jurídica y de Derechos Humanos Ruth Villanueva, defendió ante el Comité su
aplicación y la denominó como una medida constitucional, excepcional y temporal;
además justificó que en algunos casos las detenciones no se realicen en el
Centro Nacional de Arraigos.
Al respecto, los expertos
haciendo referencia a la información presentada por ONGs, expresaron su
preocupación por la aplicación del arraigo en instalaciones militares y el uso
de confesiones obtenidas bajo arraigo las cuales pueden ser obtenidas mediante
tratos inhumanos o tortura. Igualmente sobre la falta de protección judicial en
casos de arraigo, el Relator del Comité para México, Fernando Mariño, manifestó,
“las estadísticas son abrumadoras” al evidenciar que de 6102
juicios de amparo interpuestos contra órdenes de arraigo, en sólo 188 fue
concedida la protección de la justicia federal. En palabras de la
experta Essadia Belmir, “es una violación flagrante de derechos humanos…
¿Qué pasa con una persona que va a estar en manos de las autoridades,
quienes pueden conseguir una confesión por las buenas o por las
malas?”
El Comité planteó asimismo su
preocupación por la tortura, incluyendo la violencia sexual, cometida contra
mujeres tanto por agentes estatales (planteando el caso de las mujeres
sobrevivientes de San Salvador Atenco) como por actores privados.
En este sentido el Comité constató que había “demasiadas lagunas de
información” en el informe presentado por el Estado y pidió información
sobre los resultados concretos de los programas y acciones dirigidas a combatir
las desapariciones de mujeres, los feminicidios y la tortura cometida por
razones discriminatorias en contra de las mujeres. Igualmente
expresó su preocupación por la situación de “gran vulnerabilidad” por la que
atraviesan las personas migrantes en su tránsito por México, así como por los
ataques y actos de represalia en contra de las personas defensoras de derechos
humanos.
Los expertos también hicieron
hincapié en la obligación del Estado de tipificar el delito de tortura en el
Estado de Guerrero, donde actualmente no se encuentra contemplado en el Código
Penal sino sólo en una ley secundaria, lo cual constituye un obstáculo para que
tal delito sea investigado; y expresó preocupación porque la utilización del
Protocolo de Estambul se desconoce en Guerrero, permitiendo que se sigan
cometiendo actos de torturas con impunidad. Por otro lado, expresaron que es
urgente informar sobre los avances de la investigación sobre los hechos
ocurridos en el caso de Ayotzinapa, Guerrero, en diciembre de
2011.
Las organizaciones mexicanas
e internacionales firmantes recordamos que el Estado debe dar cabal cumplimiento
a las recomendaciones finales del Comité, mismas que serán publicadas en las
próximas semanas, con el fin de empezar a prevenir y erradicar la tortura en el
país.
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