Falla PGR contra el robo de combustibles

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En el sexenio pasado se presentó a mil 292 detenidos ante el Ministerio Público Federal por la "ordeña" de combustible, pero de ellos, únicamente a 190 se les había dictado el auto de formal prisión, es decir al 14.7 por ciento, dijo el diputado del PRI, Sergio Armando Chávez Dávalos, quien propuso endurecer las condenas.

Abundó que otros reportes de la paraestatal establecen que, a través de tomas clandestinas se roba 0.7 por ciento de combustible, es decir al menos 9 mil barriles de petróleo diarios, y aunque parezca un porcentaje menor, esto representa pérdidas millonarias, pero sobre todo un grave riesgo para la población, por las posibles fugas en las tomas clandestinas.

En julio pasado, Pemex admitió que el robo de hidrocarburos podría generar pérdidas de hasta de 5 mil millones de pesos durante 2012, y que los ilícitos perpetrados a lo largo de la red de ductos de la paraestatal habían registrado un aumento del 20 por ciento, por lo que es un delito que se tiene que detener, dijo el legislador.

Por ello propone fortalecer el combate al robo de hidrocarburos y sus derivados, con la adición al artículo 368 Quáter del Código Penal Federal y al 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, y es que a pesar de que ya se prevén sanciones por este delito, los delincuentes aprovechan las inconsistencias en la actual legislación.

"El petróleo es un patrimonio de todos los mexicanos y es un recurso no renovable, tenemos que buscar su preservación, sobre todo porque Pemex sigue siendo una de las fuentes más productivas de ingresos para el país, y estamos obligados a generar verdaderas políticas públicas para su cuidado", recalcó.

La iniciativa de reforma también alerta sobre los focos rojos en el robo de hidrocarburos, aunque Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa se ubican como los estados donde más se registra el robo de combustibles, en los últimos meses esta actividad ilícita se incrementó en la zona del Bajío, en estados como Jalisco y Guanajuato.

Sergio Armando Chávez Dávalos concluyó que, "se deben endurecer las penas a aquellos delincuentes que realicen un menoscabo al patrimonio nacional, porque con ello disminuyen los ingresos para realizar obras sociales para los núcleos más golpeados económicamente, además de evitar los riesgos a la sociedad por las tomas clandestinas".

La adición al Código Penal Federal contempla aplicar las sanciones, a quienes bajo cualquier título, venda, compre, transmita, comercie, transporte hidrocarburos o sus derivados, objeto de sustracción ilícita; toda vez que la actual delimitación en el delito restringe las penalizaciones y los delincuentes quedan impunes.