Alfil
Reformas periodísticas
Por Roberto Piñón Olivas
Al concluir el proceso electoral, este fin de semana, con la entrega de constancias de mayoría, y posteriormente con la resolución de las impugnaciones que pudiesen existir ante el tribunal electoral, es momento de reflexionar acerca de las necesarias reformas legislativas en el apartado periodístico que el Foro de Periodistas de Chihuahua y la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos sostienen, partiendo de que la conformación del Congreso y la oxigenación política en las entidades plantea una posibilidad real de concretarlas.
La despenalización de los delitos de difamación y calumnia es el primer apartado. Las entidades han avanzado en ese sentido. A nivel federal ya ocurrió la reforma. Sin embargo, es necesario profundizar y avanzar en los estados donde aún se persiguen estas conductas desde el punto de vista penal.
Morelos acaba de legislar en materia de desarrollo social para periodistas. Es esta ley la más avanzada desde la Ley Guerrero, la primera en su tipo. Debe ser por ello un primer referente para continuar en la legislación que protege socialmente al periodista, desde un punto de vista que privilegia el ejercicio periodístico como un pilar de la democracia y el fortalecimiento de las libertades.
Se debe revisar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las correspondientes de los estados, para su modificación en lo que tiene que ver con procedimiento, reserva y confidencialidad, tomando como referencia Chihuahua, en busca de procedimientos abreviados y criterios que auténticamente protejan la publicidad de la información.
La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República debe ser revisada para elevar de rango a la actual fiscalía especial para la atención de delitos contra periodistas, que se ha convertido en un elefante blanco, incapaz por su falta de recursos y el perfil no idóneo de sus titulares, de evitar la impunidad en el tema de delitos contra periodistas, partiendo de la base de que la mayoría de los delitos son competencia del ámbito federal.
En este sentido, si bien es un avance la reforma constitucional que federaliza a medias los delitos cometidos contra periodistas y medios de comunicación, creemos que es necesario evitar la discresionalidad en la atracción federal y ubicarla como una obligación por parte de jueces y ministerios públicos federales.
Es fundamental elevar a permanente y ordinaria la comisión especial que da seguimiento a atentados y agresiones contra periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para otorgarle la posibilidad jurídica de presentar dictámenes al pleno.
En este aspecto, cobra importancia, para recuperar un foro de expresión y caja de resonancia, por parte de organizaciones periodísticas y organizaciones de derechos humanos, formalizar la existencia del Consejo Consultivo de la Comisión que da seguimiento a atentados y agresiones contra periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que no quede su existencia y funcionamiento a la discrecionalidad de la legislatura en turno.
Fase relevante será impulsar un verdadero acuerdo nacional desde el Congreso de la Unión para operar un programa que proteja a los periodistas que han recibido amenazas de muerte, mediante un comité de riesgo que evalué cada caso en particular y presupuesto interinstitucional, que sustraiga al periodista y su familia de la situación de riesgo, rescatando los avances que ya existen al respecto, en una construcción horizontal y sin exclusiones.
Finalmente, como un avance sustancial, el reconocimiento constitucional del secreto profesional del periodista y la cláusula de conciencia.
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Alfil
Reformas periodísticas
Por Roberto Piñón Olivas
Al concluir el proceso electoral, este fin de semana, con la entrega de constancias de mayoría, y posteriormente con la resolución de las impugnaciones que pudiesen existir ante el tribunal electoral, es momento de reflexionar acerca de las necesarias reformas legislativas en el apartado periodístico que el Foro de Periodistas de Chihuahua y la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos sostienen, partiendo de que la conformación del Congreso y la oxigenación política en las entidades plantea una posibilidad real de concretarlas.
La despenalización de los delitos de difamación y calumnia es el primer apartado. Las entidades han avanzado en ese sentido. A nivel federal ya ocurrió la reforma. Sin embargo, es necesario profundizar y avanzar en los estados donde aún se persiguen estas conductas desde el punto de vista penal.
Morelos acaba de legislar en materia de desarrollo social para periodistas. Es esta ley la más avanzada desde la Ley Guerrero, la primera en su tipo. Debe ser por ello un primer referente para continuar en la legislación que protege socialmente al periodista, desde un punto de vista que privilegia el ejercicio periodístico como un pilar de la democracia y el fortalecimiento de las libertades.
Se debe revisar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las correspondientes de los estados, para su modificación en lo que tiene que ver con procedimiento, reserva y confidencialidad, tomando como referencia Chihuahua, en busca de procedimientos abreviados y criterios que auténticamente protejan la publicidad de la información.
La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República debe ser revisada para elevar de rango a la actual fiscalía especial para la atención de delitos contra periodistas, que se ha convertido en un elefante blanco, incapaz por su falta de recursos y el perfil no idóneo de sus titulares, de evitar la impunidad en el tema de delitos contra periodistas, partiendo de la base de que la mayoría de los delitos son competencia del ámbito federal.
En este sentido, si bien es un avance la reforma constitucional que federaliza a medias los delitos cometidos contra periodistas y medios de comunicación, creemos que es necesario evitar la discresionalidad en la atracción federal y ubicarla como una obligación por parte de jueces y ministerios públicos federales.
Es fundamental elevar a permanente y ordinaria la comisión especial que da seguimiento a atentados y agresiones contra periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para otorgarle la posibilidad jurídica de presentar dictámenes al pleno.
En este aspecto, cobra importancia, para recuperar un foro de expresión y caja de resonancia, por parte de organizaciones periodísticas y organizaciones de derechos humanos, formalizar la existencia del Consejo Consultivo de la Comisión que da seguimiento a atentados y agresiones contra periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que no quede su existencia y funcionamiento a la discrecionalidad de la legislatura en turno.
Fase relevante será impulsar un verdadero acuerdo nacional desde el Congreso de la Unión para operar un programa que proteja a los periodistas que han recibido amenazas de muerte, mediante un comité de riesgo que evalué cada caso en particular y presupuesto interinstitucional, que sustraiga al periodista y su familia de la situación de riesgo, rescatando los avances que ya existen al respecto, en una construcción horizontal y sin exclusiones.
Finalmente, como un avance sustancial, el reconocimiento constitucional del secreto profesional del periodista y la cláusula de conciencia.
