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¡100 DÍAS DE FRACASOS!

¡100 DÍAS DE FRACASOS!
*Los presidentes municipales Mara Lezama, Laura Beristain, Laura Fernández, Pedro Joaquín, Víctor Mas y Juan Carrillo, cobran caro el triunfo electoral.
*Hernán Pastrana, Nivardo Mena, Manuel Zetina Aguiluz, Sofía Alcocer, José Esquivel Vargas, los hazme reír de Quintana Roo.
*Creciente inseguridad, aumento de ejecuciones, ausencia de servicios públicos, maltrato y desprecio a ciudadanos, las constantes que transforman expectativas en decepción y frustraciones.

Chetumal.- A cien días de haber asumido el cargo de presidentes municipales, los 11 alcaldes de Quintana Roo lo único que han demostrado es su incapacidad para gobernar y su insensibilidad para abatir los rezagos en materia de inseguridad, ausencia de servicios públicos y maltrato ciudadano.
Ante su falta de oficio, han buscado a toda costa culpar a las administraciones pasadas, federales y estatales para hacer de las grandes expectativas en inmensas decepciones.
La presidenta municipal de Benito Juárez, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, mejor conocida como Mara Lezama del partido Morena, no ha mostrado avance alguno en su pomposo plan de gobierno sustentado en cuatro grandes ejes. Las promesas sobre mayor seguridad, transparencia, justicia Social y ecología son solo palabras, pues en nada de ello ha demostrado coherencia y mucho menos buenas prácticas.
En materia de seguridad, ha mostrado su incapacidad, tras convertir al principal destino turístico de México –y de los más importantes en Latinoamérica–en una de las ciudades con mayor índice de violencia del país, en relación con su número de habitantes.
Pese a que la cancunense se comprometió a frenar las ejecuciones en el destino, esto no ha pasado pues en 2018 se registraron en total 550 personas asesinadas, cifra histórica para Cancún que duplica la cantidad de ejecuciones registradas durante el 2017, cuando se contabilizaron 227.
A pesar de que Mara Lezama heredó 429 ejecutados, durante su administración las muertes relacionadas al crimen organizado no se frenaron, por el contrario, aumentaron a tal grado que al inicio del presente año ya van cinco crímenes mortales.
Para lavarse las manos ante la inseguridad, Lezama Espinosa, suscribió un convenio de asunción de Mando Único y por ello dejó en manos del gobierno del Estado y en particular, la Secretaría de Seguridad Pública, la responsabilidad de ejecutar la estrategia para recuperar la tranquilidad en Cancún.
En materia de justicia social, tan sólo en las colonias irregulares de Benito Juárez, ubicadas en Rancho Viejo, esperan que el equipo de trabajo de Mara Lezama apoye a resolver la multitud de carencias que les aquejan, entre ellas la falta de alumbrado público que los mantiene en jaque frente a la delincuencia.
Y es que quedaron abandonados a su suerte los habitantes de estas colonias que pertenecen al municipio de Benito Juárez, donde las autoridades solo se paran en campaña para bajarles el sol, la luna y las estrellas, pero cuando llegan se olvidan de todas las promesas vertidas.
Los residentes de colonias como Tres Hermanos, La Esperanza y La Morena, por mencionar unas cuentas, se quejan del elevado número de asaltos, fomentados por la falta de alumbrado público en sus calles; si acaso una o dos luminarias están instaladas en los accesos principales, pero a decir de los habitantes, la mayoría no sirve desde hace meses, algunas, incluso años y por mucho que se reporte es difícil que personal de Servicios Públicos se presente para las reparaciones pertinentes.
En materia de transporte, el gobierno de Mara Lezama continuó con las irregularidades en las que se otorgó la ampliación de la concesión a las empresas de transporte público en Benito Juárez, pues en nada se ha mejorado las condiciones del servicio, avalando los supuestos actos de corrupción en los que incurrió la pasada administración.
Es decir que se le seguirá permitiendo a las cuatro empresas transportistas, Maya Caribe, Autocar, Turicun y Bonfil, continuar trabajando con chatarras y mal servicio solo para favorecer sus ganancias, sin que sean socialmente responsables.
Por otra parte, Eduardo Galaviz Rivera, presidente de la Asociación de Plazas Comerciales, ha recibido quejas por abusos de inspectores. Incluso, exigió a la presidenta municipal que cambie los procedimientos en materia regulatoria, para evitar inspecciones sin fundamento y se eviten los abusos.
El gobierno de Laura Beristain nació sin ángel, casi muerto. Desde el primer día en el que asumió el cargo, los regidores y síndico respondieron negativamente a las propuestas de gabinete de la alcaldesa del partido Morena, con ello comenzaron a boicotear la primera sesión ordinaria del Ayuntamiento de Solidaridad.
Aquel día los regidores y síndico respondieron negativamente a las propuestas de la alcaldesa, quien pidió un receso al tornarse ríspida la sesión para más tarde (dos horas) irse la luz en el recinto e iniciar la violencia.
Nueve regidores y el síndico continuaron la sesión a oscuras y pasada la medianoche discutieron la posibilidad de nombrar una presidenta municipal y un secretario del Ayuntamiento interinos, haciendo a un lado a la alcadesa constitucional electa de Solidaridad, además de todo el gabinete.
Durante la administración de Laura Beristain Navarrete, el número de ejecuciones se elevaron en un 200 por ciento en tan solo 100 días, pues a la fecha suman 30 los ejecutados, pero de seguir este ritmo de inseguridad en el municipio llegará a escalas nunca antes vistas.
Y lo peor del caso de Beristain es que con sus mensajes de cero tolerancia a la corrupción, libre acceso a playas y rechazo a Aguakan, nada ha hecho por cambiar, pues la corrupción de fiscales sigue al alza.


La ineficacia de Laura Beristain Navarrete y su gabinete cometen grandes errores en el manejo de los recursos, promueven una supuesta "austeridad" verbal y solamente saben decir: "No hay apoyo", "Nos dejaron en bancarrota", "Se llevaron todo el dinero", pero la realidad les señala su ineficiencia.

El Portal de Transparencia por un "descuido" dio a conocer la realidad de las grandes quincenas de los funcionarios públicos "Lauristas", con un incremento del 43%, lo que representa la cantidad de 12 millones 777 mil 454.20. La evidencia muestra que los subdirectores ganan más que los directores generales.

El gasto de la nómina se incrementó por 12 millones 777 mil 454.20 pesos. La actual es de 42 millones 274 mil 557.44 pesos quincenales, en referencia con la última nómina de la administración de Cristina Torres que fue de 29 millones 497 mil 103.24 pesos.

Se observa un aumento de más del 43.3 %, certificando que no existen los criterios de austeridad, ni la aplicación de la disciplina financiera, ya que no se debe gastar más de lo presupuestado y programado.


La falta de claridad al gobernar de Laura Beristain ha logrado que sus propios funcionarios violen los lineamientos del SIGEM, donde muchas autoridades municipales la utilizan para cumplir con la "transparencia que marca la ley", pero en un descuido se demostró una vez más que al no saber manejar su información "confidencial" permitió que los playenses conocieran la falta de credibilidad de los morenistas expertos en mentir a la población, pues los verdaderos sueldos se incrementaron seriamente.

El SIGEM es un proyecto de modernización y actualización de las administraciones locales, dotándolas de un sistema que pueda reunir en formato electrónico toda la documentación de un expediente, integrando los tradicionales sub-sistemas de Registro, Motor de Expedientes (Flujos de procedimientos) y Archivo.


La falta de capacidad en las finanzas y el buen manejo del sistema del SIGEM han llevado este 2018 a un precipicio incalculable en el pago de nóminas. Los sueldos se incrementaron de manera exagerada y al no saber administrar los recursos se generaron los despidos masivos en el municipio, pero sobre todo con las personas que laboraron de manera cerca en la administración anterior.

Como se recordará, desde el pasado 30 de septiembre, la administración de Laura Beristain se ha venido desarrollando de una manera "gris" y con muchos problemas a la violación de los derechos humanos, el escenario ha sido muy lastimoso para los playenses pues a pocos días de asumir su responsabilidad como la tercera presidenta municipal de Solidaridad, le estalló de manera laboral el escándalo de los despidos masivos argumentando que el municipio está quebrado y no alcanza para sueldos.


Lo peor del caso es que de los 110 puestos claves de su administración, como direcciones generales, direcciones y subdirecciones, todos son procedentes de otros municipios, estados e incluso de otros países, ninguno de Solidaridad, pues el único que había era el secretario general Walter Puc Novelo, quien el fin de semana renunció al cargo por presiones de la presidenta municipal Laura Beristain.

El balance de Laura Fernández Piña, presidenta municipal de Puerto Morelos, de los primeros 100 días de trabajo de la administración es negativo, pese a que es la continuidad del gobierno al alcanzar la reelección.


Durante este lapso no se han podido mejorar los servicios prioritarios en beneficio de la población, como la recolección de basura en toda la geografía municipal y ni limpieza de espacios públicos.


La soberbia que le caracteriza a la alcaldesa acusas de invadir grandes extensiones de tierra y su equipo de colaboradores en las diferentes direcciones, han dejado de lado los compromisos con la gente, pues no escuchan y ni atienden las demandas ciudadanas, están más ocupados en enriquecerse y proyectarse como políticos.


A la fecha no se han invertido nuevos recursos, pese a que se sabe que existen recursos de los gobiernos federal y estatal disponibles para repavimentación y construcción de banquetas y guarniciones y así como la rehabilitación de espacios deportivos en Puerto Morelos y Leona Vicario.

A la fecha no de ha incrementado el programa para dotar a la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Policía Turística de patrullas, motocicletas, uniformes y equipo táctico a los elementos de la corporación, por lo que la inseguridad va al alza. No por nada portomorelenses, hartos de la violencia que se ha apoderado del municipio, exigen a la alcaldesa Laura Fernández mayor seguridad pues aseguran que durante 2018 se registró por lo menos una veintena de ejecuciones.


Además, los últimos meses Puerto Morelos ha tenido un aumento en los índices delictivos, por ello, cientos de ciudadanos han denunciado el repunte en los robos a casa-habitación, así como los homicidios, muchos de ellos relacionados con presuntos ajustes de cuentas de la delincuencia organizada.


Es por ello que la alcaldesa no ha sabido cumplir con el tema de la seguridad pública y aunque asegura que se ha incrementado el número de policías, la realidad es que los hechos delictivos se han disparado.


En Cozumel, el presidente municipal Pedro Joaquín Delbouis ha promedio mucho pero poco ha hecho. Pedro Delbouis cobijado por familiares, funcionarios y amigos asumió las riendas de la isla ante una multitud que celebró el triunfo del cozumeleño, pese a ello, nada he hecho en sus primeros 100 días de gobierno.


Por el contrario, su mayor logro es continuar con el discurso de víctima al acusar las irregularidades detectadas en la administración de Perla Tun Pech, mismas que ya han sido presentadas ante la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Contraloría.

"Estamos presentando ante los órganos estatales encargados de Contraloría, Fiscalización; una vez que tengamos el reporte, lo presentamos. Sí hay bastantes anomalías; tan solo en una dirección tenemos 30 millones de pesos no justificados", destacó el edil en entrevista.

Eso sí, el edil ya se está frotando las manos con el presupuesto de 621 millones de pesos que recibirá el municipio, aprobado en sesión de cabildo el pasado lunes 31 de diciembre, después de muchos retrasos debido al cambio de gobierno federal.


En materia de Seguridad, Joaquín Delbouis reconoce la incapacidad para frenar la violencia en la ínsula. Y sobre el Mando Único, indicó que pese a que no hay firma ya trabajan de la mano con el gobierno estatal, aunque a la vez acepta que hay que mejorar las condiciones en que operan las Policías Municipales, de las que Cozumel es la peor pagada.


En Isla Mujeres, prevalece la inseguridad y no hay quien la detenga, pues el mismo presidente municipal Juan Carrillo Soberanis fue denunciado penalmente por "obstrucción de la justicia" y "abuso del poder".

En sus 100 días de gobierno, el alcalde isleño goza ya de una mención en el expediente FGE/QR/BJ10/16120/2017, el cual ya se encuentra en una carpeta de investigación por parte de la policía ministerial, la denuncia sostiene que policías municipales de Isla Mujeres, han tomado partido en una invasión de terrenos en la zona de Isla Blanca.


En ella se asienta que, al menos una docena de elementos policiacos y las patrullas con número económico 6023 y 6002, se han apostado en el lugar para proteger una propiedad particular durante 24 horas del día y brindar apoyo y protección a una de las partes en disputa.

En la misma se involucra al edil priista, Juan Carrillo Soberanis, dado que los de policías afirman que reciben que órdenes directas del presidente para actuar y proceder sobre los predios en pugna.


Se trata de un conflicto de predios nacionales entre particulares; sin embargo, los denunciantes consideran que el alcalde isleño ha tomado partido en esta disputa por las tierras.


El alcalde pepenador, poco o nada he hecho en materia de mejoramiento de calles pavimentadas, parques, alumbrado público, seguridad, y programas de apoyo social.

Los nuevos desarrollos hoteleros que avanzan a pasos agigantados en nada contrastan con en la atención de rezagos que existe en materia de infraestructura para garantizar el crecimiento de los isleños.


Y si bien en la actualidad José Luis Murrieta Bautista es el encargado del despacho de la presidencia de Othón P. Blanco, la mayor parte de los 100 días de gobierno municipal estuvo al frente Hernán Pastrana quien nada hizo, por el contrario, se convirtió en el hazme reír ante su pésimo estado de salud que lo llevaron a desmayarse en actos públicos.

Lo cierto es que el municipio de Othón P. Blanco enfrenta una situación económica realmente complicada, pues carece de recursos para atender los problemas inmediatos y de un proyecto de rescate financiero.


Hay que destacar que el Ayuntamiento enfrenta una deuda histórica de 320 millones de pesos y pasivos por otros 18 millones por falta de pago a proveedores.

Otra de las características de los 100 días de gobierno de Chetumal, es la ola de inseguridad, pues desde la entrada del gobierno morenista a la fecha se han registrado por lo menos una decena de asesinatos violentos.

La misma situación de rezagos, insolvencia e incapacidad enfrentan los alcaldes, Josué Nirvardo Mena Villanueva de Lázaro Cárdenas; Manuel Zetina Aguiluz de Bacalar; Víctor Mas Tah de Tulum; Sofía Alcocer Alcocer de José María Morelos; y José Esquivel Vargas de Felipe Carrillo Puerto.


Ante ese escenario, los 11 presidentes municipales de Quintana Roo nada tendrán que exponer o presumir en sus primeros 100 días que se cumplen en este mes de enero, por el contrario, el malestar ciudadano va en aumento.


"MARA" NO PUEDE

La falta de tablas políticas para gobernar el polo turístico más importante de México y América Latina ha puesto a María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, presidenta municipal de Benito Juárez, contra la pared, y ahora, hasta acusa y culpa a los ciudadanos de sus fallidas decisiones.

A tres meses de asumir el cargo, a Lezama Espinosa le cayó el veinte y ha comenzado a entender que no puede. Ya hasta se queja de las críticas ciudadanas en contra de las fallidas decisiones que ha tomado para Benito Juárez, municipio que está al borde del colapso social y político.


La presidenta municipal estuvo más preocupada por la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, como presidente de México, y la Secretaría de Hacienda Federal le entregue los 700 millones de pesos que le prometió AMLO en su último viaje a Quintana Roo.


De hecho, de acuerdo con investigaciones realizadas por la red de reporteros de Sol Quintana Roo el dinero que espera la primer edil benitojuarenses ya está comprometido, pero no precisamente con los ciudadanos para obras públicas, sino para pagos de convenios publicitarios y dádivas decembrinas.


Sus promesas y baños de pueblo se han convertido en unos sueños guajiros: Por un lado, dice que gestiona recursos para las necesidades de Cancún, por otro, augura una ciudad segura para las mujeres... Entonces ¿Por qué compró camionetas blindadas para ella y su familia?

Ya en el barco, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa entendió que no es lo mismo dar las noticias detrás de un micrófono y enclimada, que salir a la calle a resolver los miles de problemas que padecen los ciudadanos benitojuarenses.

Así como tampoco es lo mismo recibir dádivas por cualquier favor, que pedir favores y tener que pagar millones de pesos, pese a que su función vaya en contra de las políticas que prometió el presidente electo.


Poder y más dinero, da como resultado lo que siempre ha reinado y seguirá reinando en Quintana Roo: La Corrupción.

La presidenta municipal de Solidaridad, Laura Esther Beristáin Navarrete, prepara no sólo la entrega del municipio al ex senador Félix Arturo González Canto (personaje iniciador del saqueo al estado) sino también la artimaña para anular las acusaciones en contra del ex presidente municipal, Mauricio José Góngora Escalante, quien al no ser sospechoso de ningún delito obtendría su libertad absoluta.


 

¡LAURA TRAICIONA A PLAYENSES!

Laura Beristaín cocina la treta con lo que mejor sabe hacer: Traicionar como lo hizo en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y con el mismo Revolucionario Institucional (PRI), a quienes le crearon su carrera gracias a la "puntualidad" de su hermana Luz María.

Sólo que en esta ocasión, la presidenta municipal de Solidaridad venderá a quienes le otorgaron su confianza a Andrés Manuel López Obrador, como Presidente de México, y de paso tacharon como borregada en su favor, es decir, los miles de ciudadanos solidarenses.


La presidenta municipal, Laura Beristaín Navarrete, poco a poco ha ido desatando las complicaciones en contra de los elementos y colaboradores de los ex gobernadores González Canto y Roberto Borge Angulo, respectivamente, para dejarlos libres.


El último eslabón de su misión será el dejar libre a Mauricio Góngora Escalante como pago de favor hacia la corriente priistas-morenistas que creó antes de viajar para radicar en Monterrey, el ex senador González Canto.


¡JOSÉ ESQUIVEL, LICENCIOSO!

José Esquivel Vargas, el empresario que durante años vivió a la sombra del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y por su falta de capacidad siempre lo mantuvieron en puestos de segundo nivel, vendió a sus ex patrones Félix González Canto y Roberto Borge Angulo a la coalición UNE, integrada por Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD), muestra su verdadero sentir ante los carrilloportenses.

Licencioso por convicción, ignorante de nacimiento y payaso por derecho, José Esquivel Vargas juega una doble moral ante los ciudadanos que representa en la zona maya.

Por un lado, habla de integración, hermanamiento y justicia para los mayas, mientras que por el otro hace todo lo contrario, le da largas a sus paisanos en sus problemas y los humilla con sus acciones y las de su familia, con sus viajes excéntricos y el derroche de dinero que hoy día hace.

Además, reactivó su vicio de "contratar" jovencitos como acompañantes, a quiénes por cierto, como dijimos en la entrega anterior, les hace el favor de comprarles alcohol como sucedió hace algunos días en el municipio de Tulum, donde por cierto hasta le presumió diciéndole "no lleves una botella, mejor dos de una vez, para qué dar dos vueltas". ¿O no fue así?

José Esquivel Vargas, fue de los diputados que aporta, mucho menos que los demás diputados en el Congreso; su participación es mínima, de hecho, es nula y cobra por estar sentado y pasear por el Estado con sus "asistentes".

De hecho, es quien dice a los cuatro vientos que es diputado, y fue elegido por haber jugado un papel importante en la zona maya en beneficio de Carlos Joaquín González, osea, fue una cuota del PRD.

Como empresario no es tan brillante, debido a que antes de ser diputado daba patadas de ahogado con su hotel Esquivel, ubicado en el centro de Felipe Carrillo Puerto, el cual estaba al borde de la quiebra.

Seis meses después, el "defensor de los mayas" se llena los bolsillos con el dinero del pueblo y engaña vilmente a sus paisanos –al parecer por ser blanco y de ojos claros y como le salió un hermano árabe- cree que es su descendencia.


Para no variar, prefiere hacer viajes internacionales, en vez de ir por lo menos a las comunidades que le otorgaron su confianza para que sea diputado. Al obtener la curul se les olvidó.


TRANSFORMACIÓN DE CUARTA

Los primeros efectos del coletazo llamado ambición, llegaron momento después de tomar posesión los presidentes (as) municipales que obtuvieron el triunfo en Quintana Roo. María Elena Hermelinda Lezama, en Benito Juárez; Laura Beristain Navarrete, en Solidaridad, y Hernán Pastrana Pastrana, en Othón P. Blanco dieron la nota "roja".


La comunicadora, fue la primera en quedar entre la espada y la pared y jugó su juego a lo local. Dejó atrás todas las "advertencias" de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y se puso al lado de sus creadores: el abogado y empresario Gastón Alegre y de sus representes nacionales, Marybel Villegas Canché y José Luis Pech Várguez.


El nepotismo, la traición y el pago de favores –por cierto todo lo que AMLO dijo que no existiría ni permitiría en su gobierno- es lo primero que hicieron sus "agremiados" en Quintana Roo. "Mara" Lezama contrató a ex empleados del gobierno de su antecesor, Remberto Estrada Barba, lo que quiere decir que seguirá mandando el PRI-Verde Ecologista además de tener entre el grupo de regidores a su cuñado.


Otro grupo con ansias de revanchismo y poder, más no de elevar el nivel de vida de los ciudadanos, es sin duda el que ofrece Laura Beristain Navarrete. Quien en el primer día de su gobierno fue encarada por sus propios regidores, quienes analizan la vía jurídica de cómo despojarla del cargo.


A más de una semana de tomar posesión continúa "deshojando la margarita" o esperando que un rayo divino le alumbre y empiece a trabajar, aunque hasta el momento no se sabe para quién: ¿Para Félix Arturo González Canto, para Solidaridad o para el grupo de choque priista-perredista disfrazados de "morenos"?...


Othón P. Blanco (Chetumal, en específico), será el lugar de la zona sur donde Andrés Manuel López Obrador tendrá su encuentro con la gente, con quienes le dieron la confianza de ser su próximo presidente de México.


Sin embargo, se encontrará con un municipio no sólo lleno de nepotismo, sino con un presidente municipal sin escrúpulos; sin ganas de trabajar por los othonenes, con un ejemplar de político que se quedó en los ochentas. Bastaría con que AMLO se tome 10 minutos de su tiempo para que recorra cualquier calle de la capital del Estado y observe una ciudad llena de baches, infestada de basura y un Ayuntamiento lleno de amigos, socios, y políticos creados al vapor...

Libre de virus. www.avast.com

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¡100 DÍAS DE FRACASOS!
*Los presidentes municipales Mara Lezama, Laura Beristain, Laura Fernández, Pedro Joaquín, Víctor Mas y Juan Carrillo, cobran caro el triunfo electoral.
*Hernán Pastrana, Nivardo Mena, Manuel Zetina Aguiluz, Sofía Alcocer, José Esquivel Vargas, los hazme reír de Quintana Roo.
*Creciente inseguridad, aumento de ejecuciones, ausencia de servicios públicos, maltrato y desprecio a ciudadanos, las constantes que transforman expectativas en decepción y frustraciones.

Chetumal.- A cien días de haber asumido el cargo de presidentes municipales, los 11 alcaldes de Quintana Roo lo único que han demostrado es su incapacidad para gobernar y su insensibilidad para abatir los rezagos en materia de inseguridad, ausencia de servicios públicos y maltrato ciudadano.
Ante su falta de oficio, han buscado a toda costa culpar a las administraciones pasadas, federales y estatales para hacer de las grandes expectativas en inmensas decepciones.
La presidenta municipal de Benito Juárez, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, mejor conocida como Mara Lezama del partido Morena, no ha mostrado avance alguno en su pomposo plan de gobierno sustentado en cuatro grandes ejes. Las promesas sobre mayor seguridad, transparencia, justicia Social y ecología son solo palabras, pues en nada de ello ha demostrado coherencia y mucho menos buenas prácticas.
En materia de seguridad, ha mostrado su incapacidad, tras convertir al principal destino turístico de México –y de los más importantes en Latinoamérica–en una de las ciudades con mayor índice de violencia del país, en relación con su número de habitantes.
Pese a que la cancunense se comprometió a frenar las ejecuciones en el destino, esto no ha pasado pues en 2018 se registraron en total 550 personas asesinadas, cifra histórica para Cancún que duplica la cantidad de ejecuciones registradas durante el 2017, cuando se contabilizaron 227.
A pesar de que Mara Lezama heredó 429 ejecutados, durante su administración las muertes relacionadas al crimen organizado no se frenaron, por el contrario, aumentaron a tal grado que al inicio del presente año ya van cinco crímenes mortales.
Para lavarse las manos ante la inseguridad, Lezama Espinosa, suscribió un convenio de asunción de Mando Único y por ello dejó en manos del gobierno del Estado y en particular, la Secretaría de Seguridad Pública, la responsabilidad de ejecutar la estrategia para recuperar la tranquilidad en Cancún.
En materia de justicia social, tan sólo en las colonias irregulares de Benito Juárez, ubicadas en Rancho Viejo, esperan que el equipo de trabajo de Mara Lezama apoye a resolver la multitud de carencias que les aquejan, entre ellas la falta de alumbrado público que los mantiene en jaque frente a la delincuencia.
Y es que quedaron abandonados a su suerte los habitantes de estas colonias que pertenecen al municipio de Benito Juárez, donde las autoridades solo se paran en campaña para bajarles el sol, la luna y las estrellas, pero cuando llegan se olvidan de todas las promesas vertidas.
Los residentes de colonias como Tres Hermanos, La Esperanza y La Morena, por mencionar unas cuentas, se quejan del elevado número de asaltos, fomentados por la falta de alumbrado público en sus calles; si acaso una o dos luminarias están instaladas en los accesos principales, pero a decir de los habitantes, la mayoría no sirve desde hace meses, algunas, incluso años y por mucho que se reporte es difícil que personal de Servicios Públicos se presente para las reparaciones pertinentes.
En materia de transporte, el gobierno de Mara Lezama continuó con las irregularidades en las que se otorgó la ampliación de la concesión a las empresas de transporte público en Benito Juárez, pues en nada se ha mejorado las condiciones del servicio, avalando los supuestos actos de corrupción en los que incurrió la pasada administración.
Es decir que se le seguirá permitiendo a las cuatro empresas transportistas, Maya Caribe, Autocar, Turicun y Bonfil, continuar trabajando con chatarras y mal servicio solo para favorecer sus ganancias, sin que sean socialmente responsables.
Por otra parte, Eduardo Galaviz Rivera, presidente de la Asociación de Plazas Comerciales, ha recibido quejas por abusos de inspectores. Incluso, exigió a la presidenta municipal que cambie los procedimientos en materia regulatoria, para evitar inspecciones sin fundamento y se eviten los abusos.
El gobierno de Laura Beristain nació sin ángel, casi muerto. Desde el primer día en el que asumió el cargo, los regidores y síndico respondieron negativamente a las propuestas de gabinete de la alcaldesa del partido Morena, con ello comenzaron a boicotear la primera sesión ordinaria del Ayuntamiento de Solidaridad.
Aquel día los regidores y síndico respondieron negativamente a las propuestas de la alcaldesa, quien pidió un receso al tornarse ríspida la sesión para más tarde (dos horas) irse la luz en el recinto e iniciar la violencia.
Nueve regidores y el síndico continuaron la sesión a oscuras y pasada la medianoche discutieron la posibilidad de nombrar una presidenta municipal y un secretario del Ayuntamiento interinos, haciendo a un lado a la alcadesa constitucional electa de Solidaridad, además de todo el gabinete.
Durante la administración de Laura Beristain Navarrete, el número de ejecuciones se elevaron en un 200 por ciento en tan solo 100 días, pues a la fecha suman 30 los ejecutados, pero de seguir este ritmo de inseguridad en el municipio llegará a escalas nunca antes vistas.
Y lo peor del caso de Beristain es que con sus mensajes de cero tolerancia a la corrupción, libre acceso a playas y rechazo a Aguakan, nada ha hecho por cambiar, pues la corrupción de fiscales sigue al alza.


La ineficacia de Laura Beristain Navarrete y su gabinete cometen grandes errores en el manejo de los recursos, promueven una supuesta "austeridad" verbal y solamente saben decir: "No hay apoyo", "Nos dejaron en bancarrota", "Se llevaron todo el dinero", pero la realidad les señala su ineficiencia.

El Portal de Transparencia por un "descuido" dio a conocer la realidad de las grandes quincenas de los funcionarios públicos "Lauristas", con un incremento del 43%, lo que representa la cantidad de 12 millones 777 mil 454.20. La evidencia muestra que los subdirectores ganan más que los directores generales.

El gasto de la nómina se incrementó por 12 millones 777 mil 454.20 pesos. La actual es de 42 millones 274 mil 557.44 pesos quincenales, en referencia con la última nómina de la administración de Cristina Torres que fue de 29 millones 497 mil 103.24 pesos.

Se observa un aumento de más del 43.3 %, certificando que no existen los criterios de austeridad, ni la aplicación de la disciplina financiera, ya que no se debe gastar más de lo presupuestado y programado.


La falta de claridad al gobernar de Laura Beristain ha logrado que sus propios funcionarios violen los lineamientos del SIGEM, donde muchas autoridades municipales la utilizan para cumplir con la "transparencia que marca la ley", pero en un descuido se demostró una vez más que al no saber manejar su información "confidencial" permitió que los playenses conocieran la falta de credibilidad de los morenistas expertos en mentir a la población, pues los verdaderos sueldos se incrementaron seriamente.

El SIGEM es un proyecto de modernización y actualización de las administraciones locales, dotándolas de un sistema que pueda reunir en formato electrónico toda la documentación de un expediente, integrando los tradicionales sub-sistemas de Registro, Motor de Expedientes (Flujos de procedimientos) y Archivo.


La falta de capacidad en las finanzas y el buen manejo del sistema del SIGEM han llevado este 2018 a un precipicio incalculable en el pago de nóminas. Los sueldos se incrementaron de manera exagerada y al no saber administrar los recursos se generaron los despidos masivos en el municipio, pero sobre todo con las personas que laboraron de manera cerca en la administración anterior.

Como se recordará, desde el pasado 30 de septiembre, la administración de Laura Beristain se ha venido desarrollando de una manera "gris" y con muchos problemas a la violación de los derechos humanos, el escenario ha sido muy lastimoso para los playenses pues a pocos días de asumir su responsabilidad como la tercera presidenta municipal de Solidaridad, le estalló de manera laboral el escándalo de los despidos masivos argumentando que el municipio está quebrado y no alcanza para sueldos.


Lo peor del caso es que de los 110 puestos claves de su administración, como direcciones generales, direcciones y subdirecciones, todos son procedentes de otros municipios, estados e incluso de otros países, ninguno de Solidaridad, pues el único que había era el secretario general Walter Puc Novelo, quien el fin de semana renunció al cargo por presiones de la presidenta municipal Laura Beristain.

El balance de Laura Fernández Piña, presidenta municipal de Puerto Morelos, de los primeros 100 días de trabajo de la administración es negativo, pese a que es la continuidad del gobierno al alcanzar la reelección.


Durante este lapso no se han podido mejorar los servicios prioritarios en beneficio de la población, como la recolección de basura en toda la geografía municipal y ni limpieza de espacios públicos.


La soberbia que le caracteriza a la alcaldesa acusas de invadir grandes extensiones de tierra y su equipo de colaboradores en las diferentes direcciones, han dejado de lado los compromisos con la gente, pues no escuchan y ni atienden las demandas ciudadanas, están más ocupados en enriquecerse y proyectarse como políticos.


A la fecha no se han invertido nuevos recursos, pese a que se sabe que existen recursos de los gobiernos federal y estatal disponibles para repavimentación y construcción de banquetas y guarniciones y así como la rehabilitación de espacios deportivos en Puerto Morelos y Leona Vicario.

A la fecha no de ha incrementado el programa para dotar a la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Policía Turística de patrullas, motocicletas, uniformes y equipo táctico a los elementos de la corporación, por lo que la inseguridad va al alza. No por nada portomorelenses, hartos de la violencia que se ha apoderado del municipio, exigen a la alcaldesa Laura Fernández mayor seguridad pues aseguran que durante 2018 se registró por lo menos una veintena de ejecuciones.


Además, los últimos meses Puerto Morelos ha tenido un aumento en los índices delictivos, por ello, cientos de ciudadanos han denunciado el repunte en los robos a casa-habitación, así como los homicidios, muchos de ellos relacionados con presuntos ajustes de cuentas de la delincuencia organizada.


Es por ello que la alcaldesa no ha sabido cumplir con el tema de la seguridad pública y aunque asegura que se ha incrementado el número de policías, la realidad es que los hechos delictivos se han disparado.


En Cozumel, el presidente municipal Pedro Joaquín Delbouis ha promedio mucho pero poco ha hecho. Pedro Delbouis cobijado por familiares, funcionarios y amigos asumió las riendas de la isla ante una multitud que celebró el triunfo del cozumeleño, pese a ello, nada he hecho en sus primeros 100 días de gobierno.


Por el contrario, su mayor logro es continuar con el discurso de víctima al acusar las irregularidades detectadas en la administración de Perla Tun Pech, mismas que ya han sido presentadas ante la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Contraloría.

"Estamos presentando ante los órganos estatales encargados de Contraloría, Fiscalización; una vez que tengamos el reporte, lo presentamos. Sí hay bastantes anomalías; tan solo en una dirección tenemos 30 millones de pesos no justificados", destacó el edil en entrevista.

Eso sí, el edil ya se está frotando las manos con el presupuesto de 621 millones de pesos que recibirá el municipio, aprobado en sesión de cabildo el pasado lunes 31 de diciembre, después de muchos retrasos debido al cambio de gobierno federal.


En materia de Seguridad, Joaquín Delbouis reconoce la incapacidad para frenar la violencia en la ínsula. Y sobre el Mando Único, indicó que pese a que no hay firma ya trabajan de la mano con el gobierno estatal, aunque a la vez acepta que hay que mejorar las condiciones en que operan las Policías Municipales, de las que Cozumel es la peor pagada.


En Isla Mujeres, prevalece la inseguridad y no hay quien la detenga, pues el mismo presidente municipal Juan Carrillo Soberanis fue denunciado penalmente por "obstrucción de la justicia" y "abuso del poder".

En sus 100 días de gobierno, el alcalde isleño goza ya de una mención en el expediente FGE/QR/BJ10/16120/2017, el cual ya se encuentra en una carpeta de investigación por parte de la policía ministerial, la denuncia sostiene que policías municipales de Isla Mujeres, han tomado partido en una invasión de terrenos en la zona de Isla Blanca.


En ella se asienta que, al menos una docena de elementos policiacos y las patrullas con número económico 6023 y 6002, se han apostado en el lugar para proteger una propiedad particular durante 24 horas del día y brindar apoyo y protección a una de las partes en disputa.

En la misma se involucra al edil priista, Juan Carrillo Soberanis, dado que los de policías afirman que reciben que órdenes directas del presidente para actuar y proceder sobre los predios en pugna.


Se trata de un conflicto de predios nacionales entre particulares; sin embargo, los denunciantes consideran que el alcalde isleño ha tomado partido en esta disputa por las tierras.


El alcalde pepenador, poco o nada he hecho en materia de mejoramiento de calles pavimentadas, parques, alumbrado público, seguridad, y programas de apoyo social.

Los nuevos desarrollos hoteleros que avanzan a pasos agigantados en nada contrastan con en la atención de rezagos que existe en materia de infraestructura para garantizar el crecimiento de los isleños.


Y si bien en la actualidad José Luis Murrieta Bautista es el encargado del despacho de la presidencia de Othón P. Blanco, la mayor parte de los 100 días de gobierno municipal estuvo al frente Hernán Pastrana quien nada hizo, por el contrario, se convirtió en el hazme reír ante su pésimo estado de salud que lo llevaron a desmayarse en actos públicos.

Lo cierto es que el municipio de Othón P. Blanco enfrenta una situación económica realmente complicada, pues carece de recursos para atender los problemas inmediatos y de un proyecto de rescate financiero.


Hay que destacar que el Ayuntamiento enfrenta una deuda histórica de 320 millones de pesos y pasivos por otros 18 millones por falta de pago a proveedores.

Otra de las características de los 100 días de gobierno de Chetumal, es la ola de inseguridad, pues desde la entrada del gobierno morenista a la fecha se han registrado por lo menos una decena de asesinatos violentos.

La misma situación de rezagos, insolvencia e incapacidad enfrentan los alcaldes, Josué Nirvardo Mena Villanueva de Lázaro Cárdenas; Manuel Zetina Aguiluz de Bacalar; Víctor Mas Tah de Tulum; Sofía Alcocer Alcocer de José María Morelos; y José Esquivel Vargas de Felipe Carrillo Puerto.


Ante ese escenario, los 11 presidentes municipales de Quintana Roo nada tendrán que exponer o presumir en sus primeros 100 días que se cumplen en este mes de enero, por el contrario, el malestar ciudadano va en aumento.


"MARA" NO PUEDE

La falta de tablas políticas para gobernar el polo turístico más importante de México y América Latina ha puesto a María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, presidenta municipal de Benito Juárez, contra la pared, y ahora, hasta acusa y culpa a los ciudadanos de sus fallidas decisiones.

A tres meses de asumir el cargo, a Lezama Espinosa le cayó el veinte y ha comenzado a entender que no puede. Ya hasta se queja de las críticas ciudadanas en contra de las fallidas decisiones que ha tomado para Benito Juárez, municipio que está al borde del colapso social y político.


La presidenta municipal estuvo más preocupada por la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, como presidente de México, y la Secretaría de Hacienda Federal le entregue los 700 millones de pesos que le prometió AMLO en su último viaje a Quintana Roo.


De hecho, de acuerdo con investigaciones realizadas por la red de reporteros de Sol Quintana Roo el dinero que espera la primer edil benitojuarenses ya está comprometido, pero no precisamente con los ciudadanos para obras públicas, sino para pagos de convenios publicitarios y dádivas decembrinas.


Sus promesas y baños de pueblo se han convertido en unos sueños guajiros: Por un lado, dice que gestiona recursos para las necesidades de Cancún, por otro, augura una ciudad segura para las mujeres... Entonces ¿Por qué compró camionetas blindadas para ella y su familia?

Ya en el barco, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa entendió que no es lo mismo dar las noticias detrás de un micrófono y enclimada, que salir a la calle a resolver los miles de problemas que padecen los ciudadanos benitojuarenses.

Así como tampoco es lo mismo recibir dádivas por cualquier favor, que pedir favores y tener que pagar millones de pesos, pese a que su función vaya en contra de las políticas que prometió el presidente electo.


Poder y más dinero, da como resultado lo que siempre ha reinado y seguirá reinando en Quintana Roo: La Corrupción.

La presidenta municipal de Solidaridad, Laura Esther Beristáin Navarrete, prepara no sólo la entrega del municipio al ex senador Félix Arturo González Canto (personaje iniciador del saqueo al estado) sino también la artimaña para anular las acusaciones en contra del ex presidente municipal, Mauricio José Góngora Escalante, quien al no ser sospechoso de ningún delito obtendría su libertad absoluta.


 

¡LAURA TRAICIONA A PLAYENSES!

Laura Beristaín cocina la treta con lo que mejor sabe hacer: Traicionar como lo hizo en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y con el mismo Revolucionario Institucional (PRI), a quienes le crearon su carrera gracias a la "puntualidad" de su hermana Luz María.

Sólo que en esta ocasión, la presidenta municipal de Solidaridad venderá a quienes le otorgaron su confianza a Andrés Manuel López Obrador, como Presidente de México, y de paso tacharon como borregada en su favor, es decir, los miles de ciudadanos solidarenses.


La presidenta municipal, Laura Beristaín Navarrete, poco a poco ha ido desatando las complicaciones en contra de los elementos y colaboradores de los ex gobernadores González Canto y Roberto Borge Angulo, respectivamente, para dejarlos libres.


El último eslabón de su misión será el dejar libre a Mauricio Góngora Escalante como pago de favor hacia la corriente priistas-morenistas que creó antes de viajar para radicar en Monterrey, el ex senador González Canto.


¡JOSÉ ESQUIVEL, LICENCIOSO!

José Esquivel Vargas, el empresario que durante años vivió a la sombra del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y por su falta de capacidad siempre lo mantuvieron en puestos de segundo nivel, vendió a sus ex patrones Félix González Canto y Roberto Borge Angulo a la coalición UNE, integrada por Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD), muestra su verdadero sentir ante los carrilloportenses.

Licencioso por convicción, ignorante de nacimiento y payaso por derecho, José Esquivel Vargas juega una doble moral ante los ciudadanos que representa en la zona maya.

Por un lado, habla de integración, hermanamiento y justicia para los mayas, mientras que por el otro hace todo lo contrario, le da largas a sus paisanos en sus problemas y los humilla con sus acciones y las de su familia, con sus viajes excéntricos y el derroche de dinero que hoy día hace.

Además, reactivó su vicio de "contratar" jovencitos como acompañantes, a quiénes por cierto, como dijimos en la entrega anterior, les hace el favor de comprarles alcohol como sucedió hace algunos días en el municipio de Tulum, donde por cierto hasta le presumió diciéndole "no lleves una botella, mejor dos de una vez, para qué dar dos vueltas". ¿O no fue así?

José Esquivel Vargas, fue de los diputados que aporta, mucho menos que los demás diputados en el Congreso; su participación es mínima, de hecho, es nula y cobra por estar sentado y pasear por el Estado con sus "asistentes".

De hecho, es quien dice a los cuatro vientos que es diputado, y fue elegido por haber jugado un papel importante en la zona maya en beneficio de Carlos Joaquín González, osea, fue una cuota del PRD.

Como empresario no es tan brillante, debido a que antes de ser diputado daba patadas de ahogado con su hotel Esquivel, ubicado en el centro de Felipe Carrillo Puerto, el cual estaba al borde de la quiebra.

Seis meses después, el "defensor de los mayas" se llena los bolsillos con el dinero del pueblo y engaña vilmente a sus paisanos –al parecer por ser blanco y de ojos claros y como le salió un hermano árabe- cree que es su descendencia.


Para no variar, prefiere hacer viajes internacionales, en vez de ir por lo menos a las comunidades que le otorgaron su confianza para que sea diputado. Al obtener la curul se les olvidó.


TRANSFORMACIÓN DE CUARTA

Los primeros efectos del coletazo llamado ambición, llegaron momento después de tomar posesión los presidentes (as) municipales que obtuvieron el triunfo en Quintana Roo. María Elena Hermelinda Lezama, en Benito Juárez; Laura Beristain Navarrete, en Solidaridad, y Hernán Pastrana Pastrana, en Othón P. Blanco dieron la nota "roja".


La comunicadora, fue la primera en quedar entre la espada y la pared y jugó su juego a lo local. Dejó atrás todas las "advertencias" de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y se puso al lado de sus creadores: el abogado y empresario Gastón Alegre y de sus representes nacionales, Marybel Villegas Canché y José Luis Pech Várguez.


El nepotismo, la traición y el pago de favores –por cierto todo lo que AMLO dijo que no existiría ni permitiría en su gobierno- es lo primero que hicieron sus "agremiados" en Quintana Roo. "Mara" Lezama contrató a ex empleados del gobierno de su antecesor, Remberto Estrada Barba, lo que quiere decir que seguirá mandando el PRI-Verde Ecologista además de tener entre el grupo de regidores a su cuñado.


Otro grupo con ansias de revanchismo y poder, más no de elevar el nivel de vida de los ciudadanos, es sin duda el que ofrece Laura Beristain Navarrete. Quien en el primer día de su gobierno fue encarada por sus propios regidores, quienes analizan la vía jurídica de cómo despojarla del cargo.


A más de una semana de tomar posesión continúa "deshojando la margarita" o esperando que un rayo divino le alumbre y empiece a trabajar, aunque hasta el momento no se sabe para quién: ¿Para Félix Arturo González Canto, para Solidaridad o para el grupo de choque priista-perredista disfrazados de "morenos"?...


Othón P. Blanco (Chetumal, en específico), será el lugar de la zona sur donde Andrés Manuel López Obrador tendrá su encuentro con la gente, con quienes le dieron la confianza de ser su próximo presidente de México.


Sin embargo, se encontrará con un municipio no sólo lleno de nepotismo, sino con un presidente municipal sin escrúpulos; sin ganas de trabajar por los othonenes, con un ejemplar de político que se quedó en los ochentas. Bastaría con que AMLO se tome 10 minutos de su tiempo para que recorra cualquier calle de la capital del Estado y observe una ciudad llena de baches, infestada de basura y un Ayuntamiento lleno de amigos, socios, y políticos creados al vapor...

Libre de virus. www.avast.com

HELICÓPTERO SINIESTRADO, FUE INVESTIGADO POR EL FBI

*Hasta el momento no hay explicación satisfactoria del percance
*Al menos desde hace 10 años, desplomes y sinestros inexplicables
*Gobernadores juniors, principales clientes de la empresa aérea
*Moreno Valle, durante su gestión, creció desmesuradamente el huachicoleo
*Por ser mencionado en una carpeta de investigación sobre casos de pedofilia, el FBI investigó a la compañia aérea.

Puebla.- El helicóptero de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano (SAA), en el que perdieron la vida Martha Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle Rosas, su asistente personal, Héctor Baltazar Mendoza y los pilotos Roberto Copee Obregón y Marco Antonio Tavera Romero, ha estado circundada, desde hace lo menos una década, de percances fatales; no obstante no ha suspendido sus operaciones, merced a la influencia de sus propietarios, personajes ligados a la política.
Cabe destacar que en los últimos 40 años, el modelo Augusta ha sido el personaje central de más 150 accidentes aéreos, sin embargo las autoridades han señalado reiteradamente que no han encontrado los elementos necesarios para llevar a cabo una investigación a fondo y por lo mismo, la empresa, con diferentes nombres, ha seguido operando sin problemas.
La ahora Servicios Aéreos del Altiplano, perteneció a Servicios Aéreos Milenio (SAM), cuyo dueño era el ex senador priísta, Ricardo Urzúa Rivera, aunque después pasó de las manos del ex legislador priista a la compañía de los textileros de Xalapa, los hermanos Rafael y José Antonio Torre Mendoza.
A su vez Rafael Torre Lamuño, hijo de José Antonio Torre Mendoza, en marzo de 2012 fue enlace del PRI con los empresarios tlaxcaltecas para apoyar la campaña de Enrique Peña Nieto, y en diciembre de 2017 fue uno de los 84 empresarios poblanos que se reunieron con el entonces precandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña en el club de golf Las Fuentes.
Urzúa Rivera fue el diputado federal suplente de Ardelio Vargas Fosado, quien le heredó la curul cuando en 2011 Rafael Moreno Valle Rosas, lo designó titular de Seguridad Pública de Puebla y arribó al Senado como sustituto de Raúl Cervantes Andrade, cuando éste fue nombrado titular de la desaparecida Procuraduría General de la República.
Ricardo Urzúa, fue beneficiado por el gobierno poblano de Mario Marín Torres, con 132.5 millones de pesos por la renta de aeronaves para viajes personales. La empresa fue la elegida para los viajes del llamado "Góber Precioso" a destinos turísticos como Acapulco, Cancún y Loreto, así como a las ciudades texanas de Houston, San Antonio y Laredo.
Desde el 11 de agosto de 2011 se conoció el caso, con base en facturas pagadas por el gobierno de Puebla a la empresa del entonces diputado federal priista y para los viajes de Marín se contrataron los servicios de un Lear Jet 45, matrícula XA-GTP; un Falcón 20 matrícula XA-YUR; un Mustang C-510 matrícula XA-JRT, y un helicóptero Bell 407, pese a que el Gobierno del estado contaba con sus propias aeronaves.
Ya como senador del PRI, Urzúa Rivera encontró la fórmula ideal para volar en primera clase durante tres sexenios consecutivos, el asociarse con los juniors de los gobernadores en turno.
Con Melquiades Morales Flores fue melquiadista, pues como socio del hijo del mandatario, Fernando Morales, logró amasar fortuna con su empresa Video Grylm, además de sentar los cimientos de Servicios Aéreos Milenio.
Precisamente con esta empresa, ya en el sexenio de Mario Marín Torres, se hizo socio del hijo del mandatario, Mario Marín García, para rentar aviones ejecutivos y brindar asesorías a gobiernos estatales, federal y empresarios.
Urzúa creó otras dos empresas aéreas que han sido rentadas por el gobierno de Puebla para traslado de amigos, políticos y toda aquella especie que viene a visitar la entidad, a costa del erario: Aviheli Servicios Aéreos, dedicada a la renta de helicópteros de ejecutivos y Potosina del Aire, enfocada a la prestación de aviones y aeronaves para gobiernos.
La empresa SAM, fue investigada por la DEA el FBI tras la denuncia pública que realizó la periodista Lydia Cacho cuando escribió: "a tres niñas americanas de Florida las trajeron en un avión privado, decían que era de un gobernador, declaró una de las niñas mexicanas víctima de la red de trata sexual de Cancún en 2004.
Ninguna de las autoridades mexicanas inició alguna línea de investigación, pero las agencias extranjeras descubrieron la existencia de la empresa Servicios Aéreos Milenio, S.A de C.V., cuyo principal cliente era el Gobierno de Puebla y las administraciones priistas de ocho estados.
Se estableció que Mario Marín Torres había destinado de manera irregular 66.4 millones de dólares para adquirir una flota de helicópteros y aviones a través de su hijo Mario Marín García y prestanombres.
Las pesquisas revelarían que los gobiernos de Durango, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y Estado de México habían ayudado a la empresa de aviación del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, llamada Servicios Aéreos Milenio S.A. de C.V. y que prestaba servicios de helicópteros y aviones Lear Jet 45. Esa compañía también adquiría las naves Bell y usaba los modelos Agusta. Estos aparatos eran rentados por el gobierno mexiquense para vuelos de los funcionarios.
Urzúa amarró estas operaciones con el entonces director de Recursos Materiales de Finanzas en el Estado de México, Raúl Murrieta, de tal manera que en el 2007, Avieheli Servicios Aéreos de Urzúa Rivera, compró a su amigo Murrieta dos helicópteros rematados por el gobierno del Estado de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, un Bell 407 matrícula XC-NVB del 2001 por un millón 659 mil dólares y otro Bell 407 XC-JDZ, número de serie 53515, del 2002, por 2 millones 159 mil dólares.
SAA, fue constituida ante el notario público número 1 de Tlaxcala, José Luis Macías Rivera y 12 años después, en octubre de 2017, José Antonio aportó a la empresa 25 millones, lo que le permitió tener el control de 93.5 por ciento de participación, es decir que de las 88 mil 697 acciones de capital variable, era dueño de 82 mil 892, mientras que su hermano Rafael de 5 mil 805.
Uno de los primeros casos en que se vio envuelta la empresa SAM, fue el accidente del helicóptero matrícula XC-JDC, el 11 de enero de 2008 en la Sierra Norte poblana, donde murió Patricia Rossano, esposa del entonces secretario de Gobierno de Puebla, Mario Montero Serrano y siete personas más.
La aeronave era propiedad del gobierno de Puebla, pero la administración de Marín Torres había contratado a SAM para su mantenimiento.
El 4 de agosto de 2009 se registró otro caso, cuando el helicóptero Bell, modelo 407, matrícula XA-VGT, propiedad de SAM, hizo un aterrizaje de emergencia en el poblado de Astapa, Municipio de Jalapa, teniendo a bordo al entonces gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo y a tres funcionarios de su gabinete.
En este incidente, como lo llamó el gobierno tabasqueño, los tripulantes y pasajeros resultaron ilesos y posteriormente, las mismas autoridades estatales informaron que el percance había sido causado por una falla mecánica.
En junio de 2010, el avión Cessna Caravan, matrícula XA TWK, también propiedad de SAM, se estrelló en Felipe Carrillo Puerto, donde murieron nueve colaboradores del entonces candidato a gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
Al acudir a la agencia funeraria donde fueron velados cinco de las nueve víctimas, Borge Angulo confirmó la procedencia del aparato que cayó con su avanzada de campaña y detalló que para la jornada proselitista en la Zona Maya, su equipo de campaña empleaba dos aeronaves.
Indicó que el avión bimotor en el cual volaba, era un 'King Air', propiedad de uno de sus amigos de la Ciudad de Monterrey, mientras que el otro, sí se había rentado específicamente para dicha gira a la compañía Servicios Aéreos Milenio".
En Quintana Roo, los negocios los hicieron a través de la paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. (VIP Saesa), la cual contrató empresas para rentar taxis aéreos, entre ellas Servicios Aéreos Milenio S.A. de C.V., a la cual favoreció con 101.2 millones de pesos, sin que hubiera contratos firmados con la paraestatal.
En la misma situación operaron Aerotaxis Villa Rica S.A. de C.V., Aero JL S.A. de C.V. y Aéreas del Mayab S.A. de C.V, quienes en su totalidad fueron beneficiadas con alrededor de mil millones de pesos; ésta última se adjudicó 9.6 millones de pesos.
Todas esas empresas son ampliamente conocidas por el ex gobernador y ex senador Félix Arturo González Canto, sobre todo ésta última, que fue constituida por su hermana Patricia González Canto y su cuñado el piloto aviador Fernando Quintín Vargas.
Durante 11 años los taxis aéreos en Quintana Roo, fueron el fuerte de los tres últimos ex gobernadores: Joaquín Hendricks Díaz, Félix González y Roberto Borge Angulo. Sus lujos fueron interminables que hasta para viajar de Chetumal a Bacalar (44 kilómetros) lo hacían en helicóptero o en avioneta.
En el mes de mayo de 2016, el PRI y el PRD-PAN se acusaron por la renta de las aeronaves para que sus respectivos candidatos al gobierno recorrieran el estado de Oaxaca durante la campaña electoral.
Tanto José Antonio Estefan Garfias, abanderado de la alianza PRD-PAN, como Alejandro Murat Hinojosa, candidato del PRI-PVEM-Panal, utilizaron durante más de un mes de campaña el servicio de taxis aereos que llegaban a cobrar hasta 35 mil pesos por hora. Ambos equipos fueron captados en distintas ocasiones aterrizando en campos de futbol en las ocho regiones del estado.
El equipo de Murat Hinojosa, acusó en aquella ocasión que Estefan Garfias utilizaba el helicóptero matrícula XA-LUI de la empresa Servicios Aéreos Milenio SA de CV, mientras que sus opositores dijeron que Murat Hinojosa rentaba el helicóptero matrícula XA-SJC para acudir a sus eventos proselitistas desde el arranque de campaña.
Pero el principal cliente era el gobierno de Puebla, que llegó a pagar a Urzúa 132.5 millones de pesos por la renta de aeronaves para viajes personales, entre ellos el Lear Jet 45, matrícula XA-GTP; el Falcon 20 matrícula XA-YUR; el Mustang C-510 matrícula XA-JRT, y un helicóptero Bell 407.
Desde la administración estatal, Marín destinó recursos para adquirir y dar mantenimiento a los helicópteros Bell- 407 con matrículas XA-TUR, XA-YUR, XA-VGT, XA-RIC, XA-LUR; XA-RUR- XALUI, cuyo costo rebasó los 21 millones de dólares. Además, compró en 16 millones de dólares, dos helicópteros Agusta para el uso exclusivo de los viajes de gobierno y dos helicópteros Bell-206 en tres millones de dólares.
Otras aeronaves adquiridas desde la llegada del capital de Marín a esa empresa, fueron un Sabre Cinergo, matrícula XA-GUR en 300 mil dólares, un Falcon 20 en 350 mil dólares, además de cuatro Lear Jet 45 con un costo por unidad de nueve y 10 millones de dólares.
La protección de los juniors de gobernadores, permitió a esa empresa inflar los precios de renta de aeronaves, pues mientras que el costo normal era de 2 mil dólares horavuelo, SAM cobraba hasta 5 mil dólares, pero facturaba a 8 mil dólares la de los helicópteros Agusta.
Durante el gobierno de Andrés Granier Melo, pagó a Servicios Aéreos Milenio, S.A. de C.V., 10 millones de dólares anuales por la renta de un avión Learjet 45 y dos helicópteros: un Bell 407 tipo ejecutivo y un Augusta y gastó además 2 millones 346 mil 579 pesos en el mantenimiento de dos aeronaves que mantuvo fuera de operaciones y que intentó varias veces rematar, entre ellas un Learjet 28, así como otros 2 millones 900 mil pesos en suministro de combustible y renta de hangar.
En septiembre de 2014, la administración de Rafael Moreno Valle compró un helicóptero Agusta en 11 millones de dólares, sin licitar y con fondos del gobierno federal etiquetados para la seguridad pública. En ese entonces, el fallecido ex gobernador fue señalado por usar las aeronaves del estado a su conveniencia e incluso trató de colocar sus iniciales, RMV, en la matrícula del helicóptero.
Investigaciones periodísticas de La Opinión de México, arrojaron que. El helicóptero siniestrado pertenecía a Eolo Plus: tenía la matrícula XA-UPD, y era uno de los aparatos que utilizó Enrique Peña Nieto durante su campaña presidencial de 2012 y otro helicóptero similar, un Agusta AW 109SP Grand New–, perteneciente a Eolo Plus y con matrícula XA-UQH, cayó la noche del 28 de julio de 2012 con Juan Armando Hinojosa García a bordo. El empresario, hijo de Hinojosa Cantú y entonces marido de la hija del exgobernador veracruzano Fidel Herrera, venía de una reunión organizada por Peña Nieto.
Moreno Valle ya había viajado en el mismo helicóptero XA-BON: en septiembre de 2016, al estado de Guerrero, a Taxco, concretamente, para hacer proselitismo electoral, a pesar de las malas condiciones meteorológicas.
Cabe apuntar que el piloto Roberto Coppe Obregón, uno de los dos pilotos del helicóptero caído, llevaba ocho años en la nómina del gobierno de Puebla y era cercano a la familia de Moreno Valle y en el momento del siniestro, era director de Servicios Logísticos de Apoyo al Ejecutivo, con la función de gestionar servicios de pilotos y aeronaves para la gobernadora y su gabinete.
El 6 de diciembre, 18 días antes del accidente, Coppe entregó al ex gobernador Antonio Gali Fayad un Certificado de aprobación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional Aérea, durante un acto oficial en el aeropuerto Hermanos Serdán al que asistió Rafael Torre Mendoza.
EL PERFIL DE LA CLASE POLÍTICA EN EL PODER DE PUEBLA
Los políticos y empresarios, como casi todo en ese estado, existían bajo la anuencia política de Maximino Ávila Camacho, hermano de Manuel Ávila Camacho, presidente de México entre 1940 y 1946 y fundador de un grupo político que tendría entre sus mayores exponentes a Gustavo Díaz Ordaz, gobernante de México entre 1964 y 1970.
El general Ávila Camacho era arrogante hasta la locura y no podía contener su afición por el juego ni su delirante gusto por las mujeres. Como miembro de su cúpula figuraba el también general Rafael Moreno Valle, brillante médico militar y secretario de Salubridad y Asistencia Pública con Díaz Ordaz, por cuyas órdenes fue gobernador de Puebla.
En el despacho de gobierno, Rafael Moreno Valle conoció a un avispado muchacho con un vehemente deseo de ser político, Melquiades Morales Flores, a quien le obsequió algunos pesos para que se comprara un poco de ropa apropiada para ser un hombre público. Varios años después, el ya gobernador Morales Flores correspondería a su mentor, acogiendo bajo su manto al joven Rafael Moreno Valle Rosas, hijo de Rafael Moreno Valle Suárez y de Gabriela Rosas.
El talentoso joven no era ningún improvisado, obtuvo la licenciatura en Economía y en Ciencias Políticas, por el Lycoming College en 1991 y fue merecedor de la presea Magna Cum Laude; era Doctor en Jurisprudencia por la Escuela de Leyes (School of Law) de Boston University, con estudios de posgrado en Administración de Empresas por la Harvard University Extension School y siempre de la mano de su amigo y protector Melquiades, incursionó con éxito en la política, hasta que llegó también a la gubernatura de Puebla, como su abuelo, sin embargo su paso fue polémico, tormentoso, envuelto en situaciones críticas,
Durante su administración, los feminicidios aumentaron en 575 por ciento, de tal suerte que en junio de 2016, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, solicitó que el estado de Puebla emitiera la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, sin embargo Moreno Valle no atendió la recomendación.

Bajo la óptica del Observatorio Ciudadano Laboral Poblano, Moreno Valle bloqueó la emisión de la alerta de género con el argumento de que a cuatro años de que se tipificó ese delito en Puebla, únicamente se habían dictado tres sentencias, extraoficialmente trascendió que la alerta de género no prosperó porque habría manchado la imagen del exgobernador y sus aspiraciones presidenciales.
El 7 de mayo de 2014, Moreno Valle Rosas envío al Congreso local una iniciativa titulada Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, que establecía un criterio de proporcionalidad en el uso de armas no letales por parte de las fuerzas policiales.

El pueblo la bautizó como "Ley Bala", debido a que permitía la aplicación de armas letales como último recurso, siendo aprobada por el Congreso de Puebla el 19 de mayo de 2014.

Dos meses después, en julio, tras los disturbios de Chalchihuapan en en los que fue muerto el niño José Luis Tehuatle Tamayo, de 13 años de edad, a causa de un proyectil usado por la policía, dirigida en ese entonces por Facundo Rosas Rosas, el gobernador tuvo que enviar al Congreso una iniciativa para abrogar su "Ley Bala", aunque siempre argumentó que su iniciativa había sido estigmatizada.
También se vio relacionado con el uso de equipo de vigilancia para espionaje político, tras la filtración de correos electrónicos de la firma italiana de software Hacking Team, en julio de 2015, en la que se reveló que el gobierno de Puebla habría adquirido equipo de vigilancia y lo habría utilizado con fines de espionaje político.

En enero de 2017, el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje en el que refirió al espionaje político durante el gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla, señalando que la firma Hacking Team recibió en 2013 un pedido por 615 mil euros por parte del gobierno de Puebla, además de que la administración local reservó habitaciones de hotel para los asociados de la empresa italiana.

Moreno Valle habría utilizado el software de vigilancia de Hacking Team, para intervenir durante la elección del nuevo líder del Partido Acción Nacional en 2014, a fin de infectar los dispositivos de colaboradores de Ernesto Cordero, entonces contendiente a la presidencia del PAN.

El gobierno poblano negó tener nexos con Hacking Team, pero investigaciones periodísticas revelaron que entre noviembre y diciembre de 2013, la administración de Moreno Valle celebró tres contratos con la empresa SYM Servicios Integrales, la cual ha sido reconocida como intermediaria de ventas entre la firma italiana y diversos gobiernos locales en México.

En lo referente al Huachicoleo, hubo también un señalamiento grave en contra de Moreno Valle, cuando su cuñado Fernando Manzanilla Prieto, declaró que los huachicoleros operaban desde las oficinas del Gobierno de Puebla para Moreno Valle.

Manzanilla Prieto, dijo que miembros de la familia Valencia, ligados al robo de combustible en territorio poblano, operaban para el morenovallismo a través de puestos en Salud y en Educación, "el grupo del morenovallismo opera en Salud y Educación para instalar a sus operadores políticos".

El acusador apuntó que el coordinador de la Jurisdicción Sanitaria de Huachinango, Puebla, es Jorge Valencia Ávila, hermano de Rafael Valencia, Edil del municipio de Venustiano Carranza, en Puebla.

Señaló que el munícipe ligado a los huachicoleros de la zona y cuya casa fue cateada, operaban desde hacía años para Rafael Moreno Valle y Martha Érika y que Jorge Valencia fue nombrado como nuevo titular de la Jurisdicción Sanitaria número 1 en mayo del año pasado, por el actual gobernador de la entidad, ligado a Rafael Moreno Valle.

El 7 de agosto pasado fue cateada la casa del alcalde Rafael Valencia, por elementos de la Policía Federal durante un operativo en contra de las bandas de huachicoleros que incluyó a varios domicilios de Villa Lázaro Cárdenas, municipio de Venustiano Carranza y fue detenida Ilse Lucía Bernabé, esposa de Valencia Ávila, junto con otras dos personas.

En la casa del edil, se descubrió una habitación utilizada como un centro de monitoreo de la localidad, así como dos armas cortas, una arma larga, dos vehículos y varios cartuchos de distintos calibres y en otra de las viviendas cateadas se aseguraron 50 mil litros de hidrocarburo robado.

Pero Rafael y Jorge Valencia no son los únicos miembros de la familia que participan en política, Patricia Valencia Ávila, fue postulada para una diputación federal por la coalición "Por México al Frente" entre el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), la misma alianza que postuló a la gubernatura del estado a la esposa de Rafael Moreno Valle, Martha Erika Alonso Hidalgo.

El 23 de agosto de 2017, se dio a conocer públicamente que Othón Muñoz Bravo, "El Cachetes", dueño de gasolineras en Puebla y detenido por liderar a huachicoleros, era un declarado simpatizante del ex gobernador Moreno Valle, de acuerdo con publicaciones que él mismo subió a las redes sociales.

Conforme a informes de inteligencia, "El Cachetes" junto con su hermano Rodrigo, migraron a Puebla durante el sexenio de Mario Marín Torres y fueron acogidos desde entonces por las familias en el poder, aunque su poder creció desmesuradamente con Moreno Valle.

Hubo incluso una fotografía publicada por el periódico Reforma, en la que el ex gobernador de Puebla, durante una cabalgata en Tamaulipas, aparecía junto al "Cachetes", aunque Moreno Valle negó cualquier vínculo, argumentando que se trató de "una foto casual".

En lo referente al helicóptero siniestrado, hasta la fecha no se conocen las causas concretas del accidente y será hasta dentro de una semana cuando se den a conocer nuevos informes, derivados de los peritajes de expertos extranjeros y de los avances de la Comisión Especial para el Caso Puebla, cuya creación fue aprobada por el Congreso de la Unión.

Los últimos informes, dados a conocer el jueves 3 de enero por el subsecretario de Comunicaciones y Transportes Carlos Morán Moguel, señalan que pese a que la mayoría de los componentes de la aeronave resultaron altamente dañados por la explosión registrada tras el desplome, expertos canadienses, estadounidenses y europeos investigan las causas del percance y confían en recabar indicios digitales que ayuden a revelar el origen del accidente.

Dijo que la Dirección de Aeronáutica Civil, participó desde el primer momento en la investigación técnica y que lo primero que realizó fue establecer contacto con los fabricantes de la aeronave y la empresa que desarrolla los motores del helicóptero desplomado: Augusta y Pratt & Whitney.

Para ello, dijo, se cuenta con el apoyo de peritos de Canadá, técnicos de Italia e investigadores de Estados Unidos y uno de la Agencia Europea de Aviación, entre ellos los canadienses Jimmy Cancino y Nora Vallée, Luke Schiada, jefe de investigación de seguridad del Consejo Nacional de Transporte de EU y Mario Colavitta, experto italiano de la Agencia Europea de Investigación.

Se revisó ya la trayectoria del vuelo y se trasladaron al hangar del Aeropuerto Internacional de Puebla las partes del helicóptero accidentado para identificar los componentes faltantes y tratar de recuperarlos en el sitio del siniestro, entre ellos la unidad de geolocalización GPS e instrumentos de cabina.

Los motores, que aún permanecen en México para su revisión, se empacarán y se enviarán a Canadá, en donde el equipo de investigadores cuenta con microscopios de gran magnificación y baroscopios, artefactos que brindan la posibilidad de ingresar a las zonas internas de las turbinas, partes del compresor de las cámaras de combustión, lo que permite obtener imágenes con tecnología de alto nivel de resolución.

Morán Moguel, dijo que posiblemente en una semana se podría dar un panorama más completo de la investigación, para dar certeza y confianza de que se realiza una investigación profesional, con la intención de conocer la verdad, "vamos a llegar a la verdad y no se va a ocultar absolutamente nada, el compromiso es ese, hablar siempre con la verdad", son las indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador".

Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la creación de la Comisión Especial para el Caso Puebla, para conocer y dar seguimiento a las investigaciones del accidente y estará integrada por diputados y senadores a propuesta del senador priista, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien considera que es urgente esclarecer el caso, "pues el país merece saber la verdad inobjetable".

La comisión especial tendrá la capacidad de solicitar a las autoridades competentes toda la información que considere necesaria, además de que, cuando lo estime conveniente, podrá llamar a reunión a autoridades federales, estatales y municipales.s

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HELICÓPTERO SINIESTRADO, FUE INVESTIGADO POR EL FBI

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*Hasta el momento no hay explicación satisfactoria del percance
*Al menos desde hace 10 años, desplomes y sinestros inexplicables
*Gobernadores juniors, principales clientes de la empresa aérea
*Moreno Valle, durante su gestión, creció desmesuradamente el huachicoleo
*Por ser mencionado en una carpeta de investigación sobre casos de pedofilia, el FBI investigó a la compañia aérea.

Puebla.- El helicóptero de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano (SAA), en el que perdieron la vida Martha Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle Rosas, su asistente personal, Héctor Baltazar Mendoza y los pilotos Roberto Copee Obregón y Marco Antonio Tavera Romero, ha estado circundada, desde hace lo menos una década, de percances fatales; no obstante no ha suspendido sus operaciones, merced a la influencia de sus propietarios, personajes ligados a la política.
Cabe destacar que en los últimos 40 años, el modelo Augusta ha sido el personaje central de más 150 accidentes aéreos, sin embargo las autoridades han señalado reiteradamente que no han encontrado los elementos necesarios para llevar a cabo una investigación a fondo y por lo mismo, la empresa, con diferentes nombres, ha seguido operando sin problemas.
La ahora Servicios Aéreos del Altiplano, perteneció a Servicios Aéreos Milenio (SAM), cuyo dueño era el ex senador priísta, Ricardo Urzúa Rivera, aunque después pasó de las manos del ex legislador priista a la compañía de los textileros de Xalapa, los hermanos Rafael y José Antonio Torre Mendoza.
A su vez Rafael Torre Lamuño, hijo de José Antonio Torre Mendoza, en marzo de 2012 fue enlace del PRI con los empresarios tlaxcaltecas para apoyar la campaña de Enrique Peña Nieto, y en diciembre de 2017 fue uno de los 84 empresarios poblanos que se reunieron con el entonces precandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña en el club de golf Las Fuentes.
Urzúa Rivera fue el diputado federal suplente de Ardelio Vargas Fosado, quien le heredó la curul cuando en 2011 Rafael Moreno Valle Rosas, lo designó titular de Seguridad Pública de Puebla y arribó al Senado como sustituto de Raúl Cervantes Andrade, cuando éste fue nombrado titular de la desaparecida Procuraduría General de la República.
Ricardo Urzúa, fue beneficiado por el gobierno poblano de Mario Marín Torres, con 132.5 millones de pesos por la renta de aeronaves para viajes personales. La empresa fue la elegida para los viajes del llamado "Góber Precioso" a destinos turísticos como Acapulco, Cancún y Loreto, así como a las ciudades texanas de Houston, San Antonio y Laredo.
Desde el 11 de agosto de 2011 se conoció el caso, con base en facturas pagadas por el gobierno de Puebla a la empresa del entonces diputado federal priista y para los viajes de Marín se contrataron los servicios de un Lear Jet 45, matrícula XA-GTP; un Falcón 20 matrícula XA-YUR; un Mustang C-510 matrícula XA-JRT, y un helicóptero Bell 407, pese a que el Gobierno del estado contaba con sus propias aeronaves.
Ya como senador del PRI, Urzúa Rivera encontró la fórmula ideal para volar en primera clase durante tres sexenios consecutivos, el asociarse con los juniors de los gobernadores en turno.
Con Melquiades Morales Flores fue melquiadista, pues como socio del hijo del mandatario, Fernando Morales, logró amasar fortuna con su empresa Video Grylm, además de sentar los cimientos de Servicios Aéreos Milenio.
Precisamente con esta empresa, ya en el sexenio de Mario Marín Torres, se hizo socio del hijo del mandatario, Mario Marín García, para rentar aviones ejecutivos y brindar asesorías a gobiernos estatales, federal y empresarios.
Urzúa creó otras dos empresas aéreas que han sido rentadas por el gobierno de Puebla para traslado de amigos, políticos y toda aquella especie que viene a visitar la entidad, a costa del erario: Aviheli Servicios Aéreos, dedicada a la renta de helicópteros de ejecutivos y Potosina del Aire, enfocada a la prestación de aviones y aeronaves para gobiernos.
La empresa SAM, fue investigada por la DEA el FBI tras la denuncia pública que realizó la periodista Lydia Cacho cuando escribió: "a tres niñas americanas de Florida las trajeron en un avión privado, decían que era de un gobernador, declaró una de las niñas mexicanas víctima de la red de trata sexual de Cancún en 2004.
Ninguna de las autoridades mexicanas inició alguna línea de investigación, pero las agencias extranjeras descubrieron la existencia de la empresa Servicios Aéreos Milenio, S.A de C.V., cuyo principal cliente era el Gobierno de Puebla y las administraciones priistas de ocho estados.
Se estableció que Mario Marín Torres había destinado de manera irregular 66.4 millones de dólares para adquirir una flota de helicópteros y aviones a través de su hijo Mario Marín García y prestanombres.
Las pesquisas revelarían que los gobiernos de Durango, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y Estado de México habían ayudado a la empresa de aviación del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, llamada Servicios Aéreos Milenio S.A. de C.V. y que prestaba servicios de helicópteros y aviones Lear Jet 45. Esa compañía también adquiría las naves Bell y usaba los modelos Agusta. Estos aparatos eran rentados por el gobierno mexiquense para vuelos de los funcionarios.
Urzúa amarró estas operaciones con el entonces director de Recursos Materiales de Finanzas en el Estado de México, Raúl Murrieta, de tal manera que en el 2007, Avieheli Servicios Aéreos de Urzúa Rivera, compró a su amigo Murrieta dos helicópteros rematados por el gobierno del Estado de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, un Bell 407 matrícula XC-NVB del 2001 por un millón 659 mil dólares y otro Bell 407 XC-JDZ, número de serie 53515, del 2002, por 2 millones 159 mil dólares.
SAA, fue constituida ante el notario público número 1 de Tlaxcala, José Luis Macías Rivera y 12 años después, en octubre de 2017, José Antonio aportó a la empresa 25 millones, lo que le permitió tener el control de 93.5 por ciento de participación, es decir que de las 88 mil 697 acciones de capital variable, era dueño de 82 mil 892, mientras que su hermano Rafael de 5 mil 805.
Uno de los primeros casos en que se vio envuelta la empresa SAM, fue el accidente del helicóptero matrícula XC-JDC, el 11 de enero de 2008 en la Sierra Norte poblana, donde murió Patricia Rossano, esposa del entonces secretario de Gobierno de Puebla, Mario Montero Serrano y siete personas más.
La aeronave era propiedad del gobierno de Puebla, pero la administración de Marín Torres había contratado a SAM para su mantenimiento.
El 4 de agosto de 2009 se registró otro caso, cuando el helicóptero Bell, modelo 407, matrícula XA-VGT, propiedad de SAM, hizo un aterrizaje de emergencia en el poblado de Astapa, Municipio de Jalapa, teniendo a bordo al entonces gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo y a tres funcionarios de su gabinete.
En este incidente, como lo llamó el gobierno tabasqueño, los tripulantes y pasajeros resultaron ilesos y posteriormente, las mismas autoridades estatales informaron que el percance había sido causado por una falla mecánica.
En junio de 2010, el avión Cessna Caravan, matrícula XA TWK, también propiedad de SAM, se estrelló en Felipe Carrillo Puerto, donde murieron nueve colaboradores del entonces candidato a gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
Al acudir a la agencia funeraria donde fueron velados cinco de las nueve víctimas, Borge Angulo confirmó la procedencia del aparato que cayó con su avanzada de campaña y detalló que para la jornada proselitista en la Zona Maya, su equipo de campaña empleaba dos aeronaves.
Indicó que el avión bimotor en el cual volaba, era un 'King Air', propiedad de uno de sus amigos de la Ciudad de Monterrey, mientras que el otro, sí se había rentado específicamente para dicha gira a la compañía Servicios Aéreos Milenio".
En Quintana Roo, los negocios los hicieron a través de la paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. (VIP Saesa), la cual contrató empresas para rentar taxis aéreos, entre ellas Servicios Aéreos Milenio S.A. de C.V., a la cual favoreció con 101.2 millones de pesos, sin que hubiera contratos firmados con la paraestatal.
En la misma situación operaron Aerotaxis Villa Rica S.A. de C.V., Aero JL S.A. de C.V. y Aéreas del Mayab S.A. de C.V, quienes en su totalidad fueron beneficiadas con alrededor de mil millones de pesos; ésta última se adjudicó 9.6 millones de pesos.
Todas esas empresas son ampliamente conocidas por el ex gobernador y ex senador Félix Arturo González Canto, sobre todo ésta última, que fue constituida por su hermana Patricia González Canto y su cuñado el piloto aviador Fernando Quintín Vargas.
Durante 11 años los taxis aéreos en Quintana Roo, fueron el fuerte de los tres últimos ex gobernadores: Joaquín Hendricks Díaz, Félix González y Roberto Borge Angulo. Sus lujos fueron interminables que hasta para viajar de Chetumal a Bacalar (44 kilómetros) lo hacían en helicóptero o en avioneta.
En el mes de mayo de 2016, el PRI y el PRD-PAN se acusaron por la renta de las aeronaves para que sus respectivos candidatos al gobierno recorrieran el estado de Oaxaca durante la campaña electoral.
Tanto José Antonio Estefan Garfias, abanderado de la alianza PRD-PAN, como Alejandro Murat Hinojosa, candidato del PRI-PVEM-Panal, utilizaron durante más de un mes de campaña el servicio de taxis aereos que llegaban a cobrar hasta 35 mil pesos por hora. Ambos equipos fueron captados en distintas ocasiones aterrizando en campos de futbol en las ocho regiones del estado.
El equipo de Murat Hinojosa, acusó en aquella ocasión que Estefan Garfias utilizaba el helicóptero matrícula XA-LUI de la empresa Servicios Aéreos Milenio SA de CV, mientras que sus opositores dijeron que Murat Hinojosa rentaba el helicóptero matrícula XA-SJC para acudir a sus eventos proselitistas desde el arranque de campaña.
Pero el principal cliente era el gobierno de Puebla, que llegó a pagar a Urzúa 132.5 millones de pesos por la renta de aeronaves para viajes personales, entre ellos el Lear Jet 45, matrícula XA-GTP; el Falcon 20 matrícula XA-YUR; el Mustang C-510 matrícula XA-JRT, y un helicóptero Bell 407.
Desde la administración estatal, Marín destinó recursos para adquirir y dar mantenimiento a los helicópteros Bell- 407 con matrículas XA-TUR, XA-YUR, XA-VGT, XA-RIC, XA-LUR; XA-RUR- XALUI, cuyo costo rebasó los 21 millones de dólares. Además, compró en 16 millones de dólares, dos helicópteros Agusta para el uso exclusivo de los viajes de gobierno y dos helicópteros Bell-206 en tres millones de dólares.
Otras aeronaves adquiridas desde la llegada del capital de Marín a esa empresa, fueron un Sabre Cinergo, matrícula XA-GUR en 300 mil dólares, un Falcon 20 en 350 mil dólares, además de cuatro Lear Jet 45 con un costo por unidad de nueve y 10 millones de dólares.
La protección de los juniors de gobernadores, permitió a esa empresa inflar los precios de renta de aeronaves, pues mientras que el costo normal era de 2 mil dólares horavuelo, SAM cobraba hasta 5 mil dólares, pero facturaba a 8 mil dólares la de los helicópteros Agusta.
Durante el gobierno de Andrés Granier Melo, pagó a Servicios Aéreos Milenio, S.A. de C.V., 10 millones de dólares anuales por la renta de un avión Learjet 45 y dos helicópteros: un Bell 407 tipo ejecutivo y un Augusta y gastó además 2 millones 346 mil 579 pesos en el mantenimiento de dos aeronaves que mantuvo fuera de operaciones y que intentó varias veces rematar, entre ellas un Learjet 28, así como otros 2 millones 900 mil pesos en suministro de combustible y renta de hangar.
En septiembre de 2014, la administración de Rafael Moreno Valle compró un helicóptero Agusta en 11 millones de dólares, sin licitar y con fondos del gobierno federal etiquetados para la seguridad pública. En ese entonces, el fallecido ex gobernador fue señalado por usar las aeronaves del estado a su conveniencia e incluso trató de colocar sus iniciales, RMV, en la matrícula del helicóptero.
Investigaciones periodísticas de La Opinión de México, arrojaron que. El helicóptero siniestrado pertenecía a Eolo Plus: tenía la matrícula XA-UPD, y era uno de los aparatos que utilizó Enrique Peña Nieto durante su campaña presidencial de 2012 y otro helicóptero similar, un Agusta AW 109SP Grand New–, perteneciente a Eolo Plus y con matrícula XA-UQH, cayó la noche del 28 de julio de 2012 con Juan Armando Hinojosa García a bordo. El empresario, hijo de Hinojosa Cantú y entonces marido de la hija del exgobernador veracruzano Fidel Herrera, venía de una reunión organizada por Peña Nieto.
Moreno Valle ya había viajado en el mismo helicóptero XA-BON: en septiembre de 2016, al estado de Guerrero, a Taxco, concretamente, para hacer proselitismo electoral, a pesar de las malas condiciones meteorológicas.
Cabe apuntar que el piloto Roberto Coppe Obregón, uno de los dos pilotos del helicóptero caído, llevaba ocho años en la nómina del gobierno de Puebla y era cercano a la familia de Moreno Valle y en el momento del siniestro, era director de Servicios Logísticos de Apoyo al Ejecutivo, con la función de gestionar servicios de pilotos y aeronaves para la gobernadora y su gabinete.
El 6 de diciembre, 18 días antes del accidente, Coppe entregó al ex gobernador Antonio Gali Fayad un Certificado de aprobación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional Aérea, durante un acto oficial en el aeropuerto Hermanos Serdán al que asistió Rafael Torre Mendoza.
EL PERFIL DE LA CLASE POLÍTICA EN EL PODER DE PUEBLA
Los políticos y empresarios, como casi todo en ese estado, existían bajo la anuencia política de Maximino Ávila Camacho, hermano de Manuel Ávila Camacho, presidente de México entre 1940 y 1946 y fundador de un grupo político que tendría entre sus mayores exponentes a Gustavo Díaz Ordaz, gobernante de México entre 1964 y 1970.
El general Ávila Camacho era arrogante hasta la locura y no podía contener su afición por el juego ni su delirante gusto por las mujeres. Como miembro de su cúpula figuraba el también general Rafael Moreno Valle, brillante médico militar y secretario de Salubridad y Asistencia Pública con Díaz Ordaz, por cuyas órdenes fue gobernador de Puebla.
En el despacho de gobierno, Rafael Moreno Valle conoció a un avispado muchacho con un vehemente deseo de ser político, Melquiades Morales Flores, a quien le obsequió algunos pesos para que se comprara un poco de ropa apropiada para ser un hombre público. Varios años después, el ya gobernador Morales Flores correspondería a su mentor, acogiendo bajo su manto al joven Rafael Moreno Valle Rosas, hijo de Rafael Moreno Valle Suárez y de Gabriela Rosas.
El talentoso joven no era ningún improvisado, obtuvo la licenciatura en Economía y en Ciencias Políticas, por el Lycoming College en 1991 y fue merecedor de la presea Magna Cum Laude; era Doctor en Jurisprudencia por la Escuela de Leyes (School of Law) de Boston University, con estudios de posgrado en Administración de Empresas por la Harvard University Extension School y siempre de la mano de su amigo y protector Melquiades, incursionó con éxito en la política, hasta que llegó también a la gubernatura de Puebla, como su abuelo, sin embargo su paso fue polémico, tormentoso, envuelto en situaciones críticas,
Durante su administración, los feminicidios aumentaron en 575 por ciento, de tal suerte que en junio de 2016, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, solicitó que el estado de Puebla emitiera la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, sin embargo Moreno Valle no atendió la recomendación.

Bajo la óptica del Observatorio Ciudadano Laboral Poblano, Moreno Valle bloqueó la emisión de la alerta de género con el argumento de que a cuatro años de que se tipificó ese delito en Puebla, únicamente se habían dictado tres sentencias, extraoficialmente trascendió que la alerta de género no prosperó porque habría manchado la imagen del exgobernador y sus aspiraciones presidenciales.
El 7 de mayo de 2014, Moreno Valle Rosas envío al Congreso local una iniciativa titulada Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, que establecía un criterio de proporcionalidad en el uso de armas no letales por parte de las fuerzas policiales.

El pueblo la bautizó como "Ley Bala", debido a que permitía la aplicación de armas letales como último recurso, siendo aprobada por el Congreso de Puebla el 19 de mayo de 2014.

Dos meses después, en julio, tras los disturbios de Chalchihuapan en en los que fue muerto el niño José Luis Tehuatle Tamayo, de 13 años de edad, a causa de un proyectil usado por la policía, dirigida en ese entonces por Facundo Rosas Rosas, el gobernador tuvo que enviar al Congreso una iniciativa para abrogar su "Ley Bala", aunque siempre argumentó que su iniciativa había sido estigmatizada.
También se vio relacionado con el uso de equipo de vigilancia para espionaje político, tras la filtración de correos electrónicos de la firma italiana de software Hacking Team, en julio de 2015, en la que se reveló que el gobierno de Puebla habría adquirido equipo de vigilancia y lo habría utilizado con fines de espionaje político.

En enero de 2017, el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje en el que refirió al espionaje político durante el gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla, señalando que la firma Hacking Team recibió en 2013 un pedido por 615 mil euros por parte del gobierno de Puebla, además de que la administración local reservó habitaciones de hotel para los asociados de la empresa italiana.

Moreno Valle habría utilizado el software de vigilancia de Hacking Team, para intervenir durante la elección del nuevo líder del Partido Acción Nacional en 2014, a fin de infectar los dispositivos de colaboradores de Ernesto Cordero, entonces contendiente a la presidencia del PAN.

El gobierno poblano negó tener nexos con Hacking Team, pero investigaciones periodísticas revelaron que entre noviembre y diciembre de 2013, la administración de Moreno Valle celebró tres contratos con la empresa SYM Servicios Integrales, la cual ha sido reconocida como intermediaria de ventas entre la firma italiana y diversos gobiernos locales en México.

En lo referente al Huachicoleo, hubo también un señalamiento grave en contra de Moreno Valle, cuando su cuñado Fernando Manzanilla Prieto, declaró que los huachicoleros operaban desde las oficinas del Gobierno de Puebla para Moreno Valle.

Manzanilla Prieto, dijo que miembros de la familia Valencia, ligados al robo de combustible en territorio poblano, operaban para el morenovallismo a través de puestos en Salud y en Educación, "el grupo del morenovallismo opera en Salud y Educación para instalar a sus operadores políticos".

El acusador apuntó que el coordinador de la Jurisdicción Sanitaria de Huachinango, Puebla, es Jorge Valencia Ávila, hermano de Rafael Valencia, Edil del municipio de Venustiano Carranza, en Puebla.

Señaló que el munícipe ligado a los huachicoleros de la zona y cuya casa fue cateada, operaban desde hacía años para Rafael Moreno Valle y Martha Érika y que Jorge Valencia fue nombrado como nuevo titular de la Jurisdicción Sanitaria número 1 en mayo del año pasado, por el actual gobernador de la entidad, ligado a Rafael Moreno Valle.

El 7 de agosto pasado fue cateada la casa del alcalde Rafael Valencia, por elementos de la Policía Federal durante un operativo en contra de las bandas de huachicoleros que incluyó a varios domicilios de Villa Lázaro Cárdenas, municipio de Venustiano Carranza y fue detenida Ilse Lucía Bernabé, esposa de Valencia Ávila, junto con otras dos personas.

En la casa del edil, se descubrió una habitación utilizada como un centro de monitoreo de la localidad, así como dos armas cortas, una arma larga, dos vehículos y varios cartuchos de distintos calibres y en otra de las viviendas cateadas se aseguraron 50 mil litros de hidrocarburo robado.

Pero Rafael y Jorge Valencia no son los únicos miembros de la familia que participan en política, Patricia Valencia Ávila, fue postulada para una diputación federal por la coalición "Por México al Frente" entre el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), la misma alianza que postuló a la gubernatura del estado a la esposa de Rafael Moreno Valle, Martha Erika Alonso Hidalgo.

El 23 de agosto de 2017, se dio a conocer públicamente que Othón Muñoz Bravo, "El Cachetes", dueño de gasolineras en Puebla y detenido por liderar a huachicoleros, era un declarado simpatizante del ex gobernador Moreno Valle, de acuerdo con publicaciones que él mismo subió a las redes sociales.

Conforme a informes de inteligencia, "El Cachetes" junto con su hermano Rodrigo, migraron a Puebla durante el sexenio de Mario Marín Torres y fueron acogidos desde entonces por las familias en el poder, aunque su poder creció desmesuradamente con Moreno Valle.

Hubo incluso una fotografía publicada por el periódico Reforma, en la que el ex gobernador de Puebla, durante una cabalgata en Tamaulipas, aparecía junto al "Cachetes", aunque Moreno Valle negó cualquier vínculo, argumentando que se trató de "una foto casual".

En lo referente al helicóptero siniestrado, hasta la fecha no se conocen las causas concretas del accidente y será hasta dentro de una semana cuando se den a conocer nuevos informes, derivados de los peritajes de expertos extranjeros y de los avances de la Comisión Especial para el Caso Puebla, cuya creación fue aprobada por el Congreso de la Unión.

Los últimos informes, dados a conocer el jueves 3 de enero por el subsecretario de Comunicaciones y Transportes Carlos Morán Moguel, señalan que pese a que la mayoría de los componentes de la aeronave resultaron altamente dañados por la explosión registrada tras el desplome, expertos canadienses, estadounidenses y europeos investigan las causas del percance y confían en recabar indicios digitales que ayuden a revelar el origen del accidente.

Dijo que la Dirección de Aeronáutica Civil, participó desde el primer momento en la investigación técnica y que lo primero que realizó fue establecer contacto con los fabricantes de la aeronave y la empresa que desarrolla los motores del helicóptero desplomado: Augusta y Pratt & Whitney.

Para ello, dijo, se cuenta con el apoyo de peritos de Canadá, técnicos de Italia e investigadores de Estados Unidos y uno de la Agencia Europea de Aviación, entre ellos los canadienses Jimmy Cancino y Nora Vallée, Luke Schiada, jefe de investigación de seguridad del Consejo Nacional de Transporte de EU y Mario Colavitta, experto italiano de la Agencia Europea de Investigación.

Se revisó ya la trayectoria del vuelo y se trasladaron al hangar del Aeropuerto Internacional de Puebla las partes del helicóptero accidentado para identificar los componentes faltantes y tratar de recuperarlos en el sitio del siniestro, entre ellos la unidad de geolocalización GPS e instrumentos de cabina.

Los motores, que aún permanecen en México para su revisión, se empacarán y se enviarán a Canadá, en donde el equipo de investigadores cuenta con microscopios de gran magnificación y baroscopios, artefactos que brindan la posibilidad de ingresar a las zonas internas de las turbinas, partes del compresor de las cámaras de combustión, lo que permite obtener imágenes con tecnología de alto nivel de resolución.

Morán Moguel, dijo que posiblemente en una semana se podría dar un panorama más completo de la investigación, para dar certeza y confianza de que se realiza una investigación profesional, con la intención de conocer la verdad, "vamos a llegar a la verdad y no se va a ocultar absolutamente nada, el compromiso es ese, hablar siempre con la verdad", son las indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador".

Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la creación de la Comisión Especial para el Caso Puebla, para conocer y dar seguimiento a las investigaciones del accidente y estará integrada por diputados y senadores a propuesta del senador priista, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien considera que es urgente esclarecer el caso, "pues el país merece saber la verdad inobjetable".

La comisión especial tendrá la capacidad de solicitar a las autoridades competentes toda la información que considere necesaria, además de que, cuando lo estime conveniente, podrá llamar a reunión a autoridades federales, estatales y municipales.s

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PAN demanda investigación creíble en desplome de helicóptero de Puebla

A este homenaje acudieron los ex líderes del PAN, Marcelo Torres, Damián Zepeda, Gustavo Madero, Cecilia Romero y Luis Felipe Bravo Mena.

En el homenaje póstumo a Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, refrendó su exigencia para que el gobierno federal realice "una investigación creíble" de que fue lo que ocurrió en el accidente del helicóptero en donde perdieron la vida los panistas, "porque todos merecen saber la verdad de lo sucedido".
"Refrendamos nuestra exigencia al gobierno federal y en especial al presidente López Obrador para que se realice una investigación profesional independiente y creíble de qué fue lo que paso, todo México, pero en especial todos los panistas, los poblanos y particularmente los familiares merecemos saber la verdad de lo sucedido".
En el homenaje al que asistieron los ex candidatos presidenciales, Ricardo Anaya y Josefina Vázquez Mota, el líder panista indicó que piden una investigación hecha por expertos internacionales para qué vean sí en realidad fue un accidente.
"En donde podamos conocer a detalle qué fue lo que ocurrió, qué reporta la caja negra, qué provoco este accidente y sí en realidad así lo fue han tenido acercamientos con el gobierno federal sobre la investigación- sobre el tema de la investigación no, estamos esperando que se nos pueda informar con expertos de aeronáutica internacional"
También, explicó que sostienen un dialogo con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que en la designación de un gobernador interino en Puebla se respete el derecho de proponer del partido que ganó la elección para los tres o cinco meses que durará dicho mandato.
 PAN inicia homenaje póstumo a la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y al senador Rafael Moreno Valle. Acuden gobernadores, ex líderes del PAN, ex candidatos presidenciales y legisladores.
Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que el mejor homenaje que le pueden hacer a Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle "es ganar la gubernatura de Puebla" y salir a las calles a convencer que el progreso llegó a esa entidad cuando esta pareja asumió el poder.
Por último, afirmó deben poner en el "epitafio una frase que diga aquí estuvimos todos para volver a ganar lo que el destino nos arrebató".
A este homenaje acudieron los ex líderes del PAN, Marcelo Torres, Damián Zepeda, Gustavo Madero, Cecilia Romero y Luis Felipe Bravo Mena; además de los coordinadores parlamentarios Juan Carlos Romero Hicks y Mauricio Kuri; los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco; de Querétaro, Francisco Domínguez; de Baja California, Francisco Vega; de Yucatán, Mauricio Vila; y de Quintana Roo, Carlos Mendoza.



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PAN demanda investigación creíble en desplome de helicóptero de Puebla

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A este homenaje acudieron los ex líderes del PAN, Marcelo Torres, Damián Zepeda, Gustavo Madero, Cecilia Romero y Luis Felipe Bravo Mena.

En el homenaje póstumo a Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, refrendó su exigencia para que el gobierno federal realice "una investigación creíble" de que fue lo que ocurrió en el accidente del helicóptero en donde perdieron la vida los panistas, "porque todos merecen saber la verdad de lo sucedido".
"Refrendamos nuestra exigencia al gobierno federal y en especial al presidente López Obrador para que se realice una investigación profesional independiente y creíble de qué fue lo que paso, todo México, pero en especial todos los panistas, los poblanos y particularmente los familiares merecemos saber la verdad de lo sucedido".
En el homenaje al que asistieron los ex candidatos presidenciales, Ricardo Anaya y Josefina Vázquez Mota, el líder panista indicó que piden una investigación hecha por expertos internacionales para qué vean sí en realidad fue un accidente.
"En donde podamos conocer a detalle qué fue lo que ocurrió, qué reporta la caja negra, qué provoco este accidente y sí en realidad así lo fue han tenido acercamientos con el gobierno federal sobre la investigación- sobre el tema de la investigación no, estamos esperando que se nos pueda informar con expertos de aeronáutica internacional"
También, explicó que sostienen un dialogo con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que en la designación de un gobernador interino en Puebla se respete el derecho de proponer del partido que ganó la elección para los tres o cinco meses que durará dicho mandato.
 PAN inicia homenaje póstumo a la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y al senador Rafael Moreno Valle. Acuden gobernadores, ex líderes del PAN, ex candidatos presidenciales y legisladores.
Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que el mejor homenaje que le pueden hacer a Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle "es ganar la gubernatura de Puebla" y salir a las calles a convencer que el progreso llegó a esa entidad cuando esta pareja asumió el poder.
Por último, afirmó deben poner en el "epitafio una frase que diga aquí estuvimos todos para volver a ganar lo que el destino nos arrebató".
A este homenaje acudieron los ex líderes del PAN, Marcelo Torres, Damián Zepeda, Gustavo Madero, Cecilia Romero y Luis Felipe Bravo Mena; además de los coordinadores parlamentarios Juan Carlos Romero Hicks y Mauricio Kuri; los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco; de Querétaro, Francisco Domínguez; de Baja California, Francisco Vega; de Yucatán, Mauricio Vila; y de Quintana Roo, Carlos Mendoza.



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EL CASO ODEBRECH PAGO DE FAVORES DE PEÑA NIETO

EL CASO ODEBRECH PAGO DE FAVORES DE PEÑA NIETO

*Braskem, filial de Odebrecht, financió con varios millones de dólares la campaña de Peña Nieto

*Emilio Lozoya era el enlace y los recursos se depositaron en cuentas a su nombre en paraísos fiscales


Ciudad de México.- Uno de los casos de corrupción que más han sido publicados por le medios de comunicación, pero que se ha mantenido archivado por implicar a personalidades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del sexenio pasado y al mismo ex presidente Peña Nieto, es el de la empresa brasileña Odebrech.

Braskem, una de las filiales de la empresa brasileña Odebrecht, financió en 2012 con varios millones de dólares la campaña de Enrique Peña Nieto, entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República.

Esta información fue dada a conocer por Carlos Fadigas, el ex director de dicha empresa quien testificó ante la justicia brasileña para esclarecer el caso de corrupción internacional conocido como "Lava Jato", que ha tocado a un sinfín de países en América Latina.

De acuerdo con una investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Fadigas confesó a un grupo de inversionistas en una reunión privada en febrero de 2013, que la empresa acompañó "de tiempo completo" la campaña presidencial de Peña Nieto.

Este "acompañamiento" fue realizado a través de tres transferencias de 1.5 millones de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, relacionada con el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien en ese entonces fungía como Vinculador Internacional en la campaña de Peña Nieto.

"Ya hemos tenido conversaciones con el Gobierno de México, no sólo con el Presidente Enrique Peña Nieto, también con Emilio Lozoya, actual presidente de Pemex, y me parece que la dirección en la que quieren ir es muy coherente con la campaña", señaló Fadigas.

MCCI dio a conocer que la constructora Odebrecht financió ilegalmente con 3 millones 140 mil dólares (40 millones de pesos), la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, a través de transferencias bancarias a una empresa en Islas Vírgenes, ligada a Emilio Lozoya Austin, en ese entonces coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del candidato priista.

La investigación reveló también que Peña Nieto se reunió en tres ocasiones con Marcelo Odebrecht: la primera vez en 2010 cuándo aún era gobernador del Estado de México y viajó a Brasil para encontrarse con el empresario, una vez más en octubre de 2011, el brasileño se reunió con EPN en Toluca y la última vez que se vieron fue en noviembre de 2012, unos días antes de la toma de protesta del priista, apenas un día después de la reunión de Odebrecht con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte y el ex presidente Felipe Calderón.

Odebrecht realizó "entregas de cifras millonarias a Emilio Lozoya quien habría recibido sumas millonarias cuando fue equipo de campaña de Enrique Peña Nieto en 2012", antes de convertirse en director general de Pemex, desde diciembre de ese año hasta febrero de 2016.

Uno de los acuerdos fue firmado con "beneficios indebidos" a la filial de la constructora brasileña Braskem, que rubricó un consorcio con la firma privada mexicana Idesa "por montos multimillonarios y por contratos de más de 20 años".

El objetivo del contrato era la producción de polietileno (plástico) con materia prima (etileno) suministrada por Pemex, supuestamente, a un precio preferencial, menor al del mercado internacional.

De acuerdo con la investigación realizada por el New York Times, los millones de dólares en sobornos de Odebrecht se pagaron a los funcionarios que trabajan para Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de cuentas en paraísos fiscales . Los contratos, pagos de sobornos y transferencias monetarias que fueron reveladas por el gobierno brasileño forman parte de la investigación que permanece sin revelar.

En una revisión del expediente mexicano del caso Odebrecht, al que tuvo acceso The New York Times, confirmó que, "en ocasiones, la misma PGR parecía estar retrasando los procesos". Uno de los implicado es el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, quien de acuerdo al diario recibió retribuciones por al menos 10 millones de dólares de la firma brasileña.

Lozoya ha negado en diversas ocasiones las acusaciones que se realizan en su contra. De acuerdo con una investigación realizada por Quinto Elemento Lab, una vez que Lozoya llegó a la dirección general de Pemex, Odebrecht le pidió ayuda para ganar contratos, y la respuesta fue positiva. La misma organización señala que posteriormente, durante 2013 y 2014, continuaron los pagos transferidos a través de empresas offshore.

A Emilio Lozoya se le acusa de haber recibido 3 millones 140 mil dólares de Odebrecht durante la contienda electoral de 2012, cuando se desempeñaba como Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña presidencial de Enrique Peña.

Una vez que Peña asumió la presidencia, Lozoya fue designado como director de Pemex, y, de acuerdo con un informante citado por Quinto Elemento Lab, desde entonces recibió al menos otros 6 millones de dólares a cambio de obras en Tula, Hidalgo.

El investigador Alberto Olvera en el artículo "Political Crisis, Social Movements and the Future of Democracy in Mexico" asevera: "Desde mediados de 2014, lo que parecía ser una historia de éxito de una tecnocracia conservadora que había logrado completar el ciclo neoliberal en México, se convirtió en un relato de horror e incompetencia".

El caso de Ximena Puente presidenta comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), ilustra muy bien el poder del Ejecutivo sobre los órganos autónomos. Las reacciones ante la candidatura de Puente como candidata a diputada federal por el PRI fueron desde la aprobación de José Antonio Meade, quien aseguró que con la comisionada como legisladora se mandó "una señal de transparencia", hasta el rechazo de todos los partidos políticos de oposición.

Puente fue clave para mantener en secreto información sensible que compromete al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en negocios irregulares que dejaron multimillonarias pérdidas para la empresa estatal es un ejemplo de esta trama.

Como premio, el PRI la incluyó en su lista como candidata plurinominal a la Cámara de Diputados. Puente fue la encargada de elaborar el proyecto de resolución que consideró que luego de la entrada de la reforma energética, Pemex pasó de ser una empresa paraestatal a una productiva del Estado, por lo que las filiales fueron transformadas en compañías privadas, a las cuales no se les aplica el derecho público.

Fue así que el INAI, con los votos de Puente junto a los comisionados Areli Cano y Óscar Guerra, determinó mantener en secreto un negocio multimillonario que sólo ha dejado pérdidas para los mexicanos y fue operado por Emilio Lozoya durante su gestión al frente de Pemex.

Lozoya es una pieza clave en el escándalo de corrupción de Odebrecht, al ser señalado de recibir sobornos millonarios de la empresa brasileña en 2012, cuando era integrante del equipo de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Un caso que conecta directamente el escándalo del conglomerado brasileño con el presidente Peña Nieto.

Entre otras resoluciones polémicas, una en particular que involucra a Puente y generó críticas en noviembre pasado, tiene que ver con la manera en que el INAI reservó como información clasificada los detalles de la operación a través de la cual Pemex, vía Lozoya, gastó más de mil 395 millones de dólares para quedarse con dos plantas de fertilizantes quebradas: Agro Nitrogenados y Fertinal.

Las autoridades mexicanas no ampliaron las indagatorias para buscar nuevos contratos o pagos que el gobierno de Brasil pudo haber pasado por alto, de acuerdo al New York Times.

Luego de renunciar a la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, ex titular de la dependencia, dijo públicamente que la investigación estaba concluida. Su sucesor, quien quedo encargado de despacho Alberto Elías Beltrán, refutó estas declaraciones, al sugerir que las indagatorias continúan, y por lo tanto la PGR no puede divulgar detalles sobre el avance en el caso.

Ningún funcionario ha sido acusado por aceptar sobornos de Odebrecht, y la única sanción, hasta ahora, es un impedimento para participar en contrataciones públicas con la empresa. Aunque en realidad, según los entrevistados por el diario, las investigaciones por el caso fueron archivadas.

Sin embargo, todo parece indicar que las investigaciones del caso Odebrech podrían quedar archivadas por la inclusión de Javier Jiménez Espriú en el gabinete de López Obrador.

Espriú, fue funcionario de Pemex durante el Gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gotari (1988-1994), y formó parte del Consejo de Administración de la empresa Idesa hasta mayo de 2018.

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EL CASO ODEBRECH PAGO DE FAVORES DE PEÑA NIETO

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EL CASO ODEBRECH PAGO DE FAVORES DE PEÑA NIETO

*Braskem, filial de Odebrecht, financió con varios millones de dólares la campaña de Peña Nieto

*Emilio Lozoya era el enlace y los recursos se depositaron en cuentas a su nombre en paraísos fiscales


Ciudad de México.- Uno de los casos de corrupción que más han sido publicados por le medios de comunicación, pero que se ha mantenido archivado por implicar a personalidades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del sexenio pasado y al mismo ex presidente Peña Nieto, es el de la empresa brasileña Odebrech.

Braskem, una de las filiales de la empresa brasileña Odebrecht, financió en 2012 con varios millones de dólares la campaña de Enrique Peña Nieto, entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República.

Esta información fue dada a conocer por Carlos Fadigas, el ex director de dicha empresa quien testificó ante la justicia brasileña para esclarecer el caso de corrupción internacional conocido como "Lava Jato", que ha tocado a un sinfín de países en América Latina.

De acuerdo con una investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Fadigas confesó a un grupo de inversionistas en una reunión privada en febrero de 2013, que la empresa acompañó "de tiempo completo" la campaña presidencial de Peña Nieto.

Este "acompañamiento" fue realizado a través de tres transferencias de 1.5 millones de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, relacionada con el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien en ese entonces fungía como Vinculador Internacional en la campaña de Peña Nieto.

"Ya hemos tenido conversaciones con el Gobierno de México, no sólo con el Presidente Enrique Peña Nieto, también con Emilio Lozoya, actual presidente de Pemex, y me parece que la dirección en la que quieren ir es muy coherente con la campaña", señaló Fadigas.

MCCI dio a conocer que la constructora Odebrecht financió ilegalmente con 3 millones 140 mil dólares (40 millones de pesos), la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, a través de transferencias bancarias a una empresa en Islas Vírgenes, ligada a Emilio Lozoya Austin, en ese entonces coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del candidato priista.

La investigación reveló también que Peña Nieto se reunió en tres ocasiones con Marcelo Odebrecht: la primera vez en 2010 cuándo aún era gobernador del Estado de México y viajó a Brasil para encontrarse con el empresario, una vez más en octubre de 2011, el brasileño se reunió con EPN en Toluca y la última vez que se vieron fue en noviembre de 2012, unos días antes de la toma de protesta del priista, apenas un día después de la reunión de Odebrecht con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte y el ex presidente Felipe Calderón.

Odebrecht realizó "entregas de cifras millonarias a Emilio Lozoya quien habría recibido sumas millonarias cuando fue equipo de campaña de Enrique Peña Nieto en 2012", antes de convertirse en director general de Pemex, desde diciembre de ese año hasta febrero de 2016.

Uno de los acuerdos fue firmado con "beneficios indebidos" a la filial de la constructora brasileña Braskem, que rubricó un consorcio con la firma privada mexicana Idesa "por montos multimillonarios y por contratos de más de 20 años".

El objetivo del contrato era la producción de polietileno (plástico) con materia prima (etileno) suministrada por Pemex, supuestamente, a un precio preferencial, menor al del mercado internacional.

De acuerdo con la investigación realizada por el New York Times, los millones de dólares en sobornos de Odebrecht se pagaron a los funcionarios que trabajan para Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de cuentas en paraísos fiscales . Los contratos, pagos de sobornos y transferencias monetarias que fueron reveladas por el gobierno brasileño forman parte de la investigación que permanece sin revelar.

En una revisión del expediente mexicano del caso Odebrecht, al que tuvo acceso The New York Times, confirmó que, "en ocasiones, la misma PGR parecía estar retrasando los procesos". Uno de los implicado es el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, quien de acuerdo al diario recibió retribuciones por al menos 10 millones de dólares de la firma brasileña.

Lozoya ha negado en diversas ocasiones las acusaciones que se realizan en su contra. De acuerdo con una investigación realizada por Quinto Elemento Lab, una vez que Lozoya llegó a la dirección general de Pemex, Odebrecht le pidió ayuda para ganar contratos, y la respuesta fue positiva. La misma organización señala que posteriormente, durante 2013 y 2014, continuaron los pagos transferidos a través de empresas offshore.

A Emilio Lozoya se le acusa de haber recibido 3 millones 140 mil dólares de Odebrecht durante la contienda electoral de 2012, cuando se desempeñaba como Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña presidencial de Enrique Peña.

Una vez que Peña asumió la presidencia, Lozoya fue designado como director de Pemex, y, de acuerdo con un informante citado por Quinto Elemento Lab, desde entonces recibió al menos otros 6 millones de dólares a cambio de obras en Tula, Hidalgo.

El investigador Alberto Olvera en el artículo "Political Crisis, Social Movements and the Future of Democracy in Mexico" asevera: "Desde mediados de 2014, lo que parecía ser una historia de éxito de una tecnocracia conservadora que había logrado completar el ciclo neoliberal en México, se convirtió en un relato de horror e incompetencia".

El caso de Ximena Puente presidenta comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), ilustra muy bien el poder del Ejecutivo sobre los órganos autónomos. Las reacciones ante la candidatura de Puente como candidata a diputada federal por el PRI fueron desde la aprobación de José Antonio Meade, quien aseguró que con la comisionada como legisladora se mandó "una señal de transparencia", hasta el rechazo de todos los partidos políticos de oposición.

Puente fue clave para mantener en secreto información sensible que compromete al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en negocios irregulares que dejaron multimillonarias pérdidas para la empresa estatal es un ejemplo de esta trama.

Como premio, el PRI la incluyó en su lista como candidata plurinominal a la Cámara de Diputados. Puente fue la encargada de elaborar el proyecto de resolución que consideró que luego de la entrada de la reforma energética, Pemex pasó de ser una empresa paraestatal a una productiva del Estado, por lo que las filiales fueron transformadas en compañías privadas, a las cuales no se les aplica el derecho público.

Fue así que el INAI, con los votos de Puente junto a los comisionados Areli Cano y Óscar Guerra, determinó mantener en secreto un negocio multimillonario que sólo ha dejado pérdidas para los mexicanos y fue operado por Emilio Lozoya durante su gestión al frente de Pemex.

Lozoya es una pieza clave en el escándalo de corrupción de Odebrecht, al ser señalado de recibir sobornos millonarios de la empresa brasileña en 2012, cuando era integrante del equipo de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Un caso que conecta directamente el escándalo del conglomerado brasileño con el presidente Peña Nieto.

Entre otras resoluciones polémicas, una en particular que involucra a Puente y generó críticas en noviembre pasado, tiene que ver con la manera en que el INAI reservó como información clasificada los detalles de la operación a través de la cual Pemex, vía Lozoya, gastó más de mil 395 millones de dólares para quedarse con dos plantas de fertilizantes quebradas: Agro Nitrogenados y Fertinal.

Las autoridades mexicanas no ampliaron las indagatorias para buscar nuevos contratos o pagos que el gobierno de Brasil pudo haber pasado por alto, de acuerdo al New York Times.

Luego de renunciar a la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, ex titular de la dependencia, dijo públicamente que la investigación estaba concluida. Su sucesor, quien quedo encargado de despacho Alberto Elías Beltrán, refutó estas declaraciones, al sugerir que las indagatorias continúan, y por lo tanto la PGR no puede divulgar detalles sobre el avance en el caso.

Ningún funcionario ha sido acusado por aceptar sobornos de Odebrecht, y la única sanción, hasta ahora, es un impedimento para participar en contrataciones públicas con la empresa. Aunque en realidad, según los entrevistados por el diario, las investigaciones por el caso fueron archivadas.

Sin embargo, todo parece indicar que las investigaciones del caso Odebrech podrían quedar archivadas por la inclusión de Javier Jiménez Espriú en el gabinete de López Obrador.

Espriú, fue funcionario de Pemex durante el Gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gotari (1988-1994), y formó parte del Consejo de Administración de la empresa Idesa hasta mayo de 2018.

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Gobernadores abrirán audiencias sobre la Guardia Nacional

Gobernadores abrirán audiencias sobre la Guardia Nacional
También se presentarán 15 mandatarios estatales, incluyendo al titular de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

La Cámara de Diputados se alista a iniciar este martes 8 de enero de 2019, la serie de audiencias públicas para tratar el tema de la Guardia Nacional.
En la jornada inaugural, a la que acudirán los presidentes de las juntas de Coordinación Política del Senado y de San Lázaro, se planteará el estado que guarda el dictamen aprobado hace algunas semanas en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara.
También se presentarán 15 mandatarios estatales, incluyendo al titular de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO.
Al recinto legislativo asistirán los mandatarios de Campeche, Alejandro Moreno; de Guerrero, Héctor Astudillo; de Quintana Roo, Carlos Joaquín; y de Colima, José Ignacio Peralta.
También se presentarán los gobernadores de Cuahuila, Miguel Ángel Riquelme; tentativamente el titular del Ejecutivo en Oaxaca, Alejandro Murat; y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila.Se prevé la presencia de los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez; Michoacán, Silviano Aureoles; de Hidalgo, Omar Fayad; y de Jalisco, Enrique AlfaroParticiparán los gobernadores de Zacatecas, Alejandro Tello; de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; de Chihuahua, Javier Corral; de Veracruz, Cuitláhuac García; y de Durango, José Rosas Aispuro.
El formato de las audiencias contempla que cada uno de los invitados hará uso de la palabra hasta por 10 minutos, y tendrá otros tres minutos para responder a las preguntas de los legisladores.
En cuanto a los congresistas, participarán integrantes de las bancadas en el Senado y en San Lázaro, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) , del Partido del Trabajo (PT), de Movimiento Ciudadano (MC), del Partido Encuentro Social (PES) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Asimismo se formalizó el decreto por el que se convoca a periodo extraordinario de sesiones en el congreso, para que los diputados y los senadores aborden el tema en cuestión.
El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) señala que el propósito será aprobar el dictamen previamente avalado en la Comisión de Puntos Constitucionales.

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Gobernadores abrirán audiencias sobre la Guardia Nacional

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Gobernadores abrirán audiencias sobre la Guardia Nacional
También se presentarán 15 mandatarios estatales, incluyendo al titular de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

La Cámara de Diputados se alista a iniciar este martes 8 de enero de 2019, la serie de audiencias públicas para tratar el tema de la Guardia Nacional.
En la jornada inaugural, a la que acudirán los presidentes de las juntas de Coordinación Política del Senado y de San Lázaro, se planteará el estado que guarda el dictamen aprobado hace algunas semanas en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara.
También se presentarán 15 mandatarios estatales, incluyendo al titular de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO.
Al recinto legislativo asistirán los mandatarios de Campeche, Alejandro Moreno; de Guerrero, Héctor Astudillo; de Quintana Roo, Carlos Joaquín; y de Colima, José Ignacio Peralta.
También se presentarán los gobernadores de Cuahuila, Miguel Ángel Riquelme; tentativamente el titular del Ejecutivo en Oaxaca, Alejandro Murat; y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila.Se prevé la presencia de los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez; Michoacán, Silviano Aureoles; de Hidalgo, Omar Fayad; y de Jalisco, Enrique AlfaroParticiparán los gobernadores de Zacatecas, Alejandro Tello; de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; de Chihuahua, Javier Corral; de Veracruz, Cuitláhuac García; y de Durango, José Rosas Aispuro.
El formato de las audiencias contempla que cada uno de los invitados hará uso de la palabra hasta por 10 minutos, y tendrá otros tres minutos para responder a las preguntas de los legisladores.
En cuanto a los congresistas, participarán integrantes de las bancadas en el Senado y en San Lázaro, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) , del Partido del Trabajo (PT), de Movimiento Ciudadano (MC), del Partido Encuentro Social (PES) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Asimismo se formalizó el decreto por el que se convoca a periodo extraordinario de sesiones en el congreso, para que los diputados y los senadores aborden el tema en cuestión.
El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) señala que el propósito será aprobar el dictamen previamente avalado en la Comisión de Puntos Constitucionales.

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Sin Línea ***En la FGR…¿El fraile Bátiz Vázquez o el führer Gertz Manero? José Sánchez López

Sin Línea
***En la FGR…¿El fraile Bátiz Vázquez o el führer Gertz Manero?
 José Sánchez López

DOS personajes son los fuertes para ocupar la multicitada y hasta ahora no existente Fiscalía General de la República. Un cambio que, esperemos, no sea nada más de letra como ocurrió con la SIEDO, ahora SEIDO, pero que sigue siendo lo mismo.
Cualquiera de estas dos figuras públicas: BERNARDO BÁTIZ VÁSQUEZ o ALEJANDRO GERTZ MANERO, son los que pueden llegar a la FGR; los demás simplemente son de ornato, para darle visos de credibilidad democrática.
Y aunque ambos cuentan con las credenciales necesarias para llegar a fiscal, sólo uno de ellos posee los requisitoa indispensables que requiere el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, para un conveniente manejo de la FGR: sometimiento y docilidad.
¿Qué horas son, Bernardo? Las que usted diga, señor presidente.
En los más de 25 años que BÁTIZ lleva al lado de LÓPEZ, siempre se ha caracterizado por ser incondicional a los mandatos de su jefe.
Entre otros cargos, fue procurador del Distrito Federal cuando LÓPEZ ocupó la jefatura de Departamento del DF y después, cuandoéste fracasó en su primer intento por llegar a la Primer Magistratura, fue también procurador del gabinete del "Presidente Legítimo", siempre dispuesto a manejarse de acuerdo a sus ordenamientos.
De tal suerte que BÁTIZ sería el instrumento ideal para el ahora presidente de la República Mexicana, respecto a la manera como tendría que conducirse la fiscalía, de acuerdo a sus intereses.
No habría oposición alguna para las indicaciones de LÓPEZ, pese a la ponderada autonomía de la FGR.
BERNARDO BÁTIZ, en su ensayo presentado ante la Cámara Alta, en concordancia con ANDRÉS MANUEL, señala que la FGR debe desterrar los viejos vicios heredados por una PGR que, en ocasiones, se utilizó como herramienta para perseguir enemigos políticos, es decir se pronuncia, sin precisarlo, por la amnistía, por el perdón tan proclamado por su jefe.
El rebelde GERTZ MANERO, en contraposición, indica en su ensayo que la FGR debe recuperar la credibilidad de la ciudadanía, ya que los niveles de descalificación del Ministerio Público del fuero común y del federal son inmensos y el rechazo a esas instituciones se ha dado conforme ha crecido la impunidad.
Destacó que el monopolio de la acción penal que ejerce el Estado, se ha convertido en un instrumento de humillante opresión y de frustración para las víctimas y ofendidos, por lo que es imperante que el ciudadano sienta que tiene derecho real y efectivo a la seguridad y la justicia.
Resaltó que el fenómeno delictivo que azota a los mexicanos es tal, que nos hemos convertido en un país de víctimas y de ofendidos, principalmente por la impunidad, por dejar sin castigo a quienes cometen los delitos.
Para ejemplificar, explicó que de los 33.6 millones de delitos en 2017, el 99 por ciento quedó impune y sólo un millón 800 mil, fueron denunciados ante el Ministerio Público de los que únicamente se consignaron 6 mil 322, es decir el uno por ciento.
Por ello, clarificó, se requiere un plan de persecución penal que acabe con esa enorme impunidad bajo premisas claras y eficientes, que privilegien fundamentalmente la reparación total e integral del daño a víctimas y al Estado mismo.
Resaltó que la reparación del daño a la víctima es primnordial, pues de manera ancestral ha sido letra muerta.
El Estado, dijo, ha dejado de cumplir con su deber primigenio de otorgar seguridad a los ciudadanos por varios factores: por la incapacidad profesional, administrativa y política de las autoridades civiles que no han estructurado y ejecutado programas que atiendan las causas económicas y sociales de los fenómenos delictivos; la falta de profesionalización, eficiencia y eficacia del Ministerio Público y de las autoridades policiacas jurisdiccionales de todos los niveles que no han tenido ni aplicado un proyecto de prevención del delito y de justicia que realmente funcione y, desde luego, la brutal impunidad que prohija corrupción que corroe a la sociedad y a las instituciones.
En liso y claro castellano, para acabar con la corrupción no se trata de perdonar a quienes lastimaron a la ciudadanía, a las instituciones, a quienes saquearon al país, sino actuar en consecuencia.
Nada que ver con perdonar a delincuentes ¿no?
Si se obligara a que los DUARTE, BORGE, GRANIER, MEDINA, CANTO y muchos otros más, que tomaron como botín los estados que malgobernaron, devolvieran lo que se robaron, no hubiera habido necesidad de que se quedaran sin empleo miles de votantes que optaron por el cambio.
Cuentan que cuando el presidente PORFIRIO DÍAZ quería que se arreglara un problema, lo atendía de manera personal; si pretendía darle largas lo delegaba en su secretario; pero si de plano no quería que se solucionara, entonces nombraba una Comisión.
Hoy se llaman ¡Fiscalías!***EL LEÓN NO ES COMO LO PINTAN.***AU REVOIR. joebotlle@gmail.com


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***En la FGR…¿El fraile Bátiz Vázquez o el führer Gertz Manero?
 José Sánchez López

DOS personajes son los fuertes para ocupar la multicitada y hasta ahora no existente Fiscalía General de la República. Un cambio que, esperemos, no sea nada más de letra como ocurrió con la SIEDO, ahora SEIDO, pero que sigue siendo lo mismo.
Cualquiera de estas dos figuras públicas: BERNARDO BÁTIZ VÁSQUEZ o ALEJANDRO GERTZ MANERO, son los que pueden llegar a la FGR; los demás simplemente son de ornato, para darle visos de credibilidad democrática.
Y aunque ambos cuentan con las credenciales necesarias para llegar a fiscal, sólo uno de ellos posee los requisitoa indispensables que requiere el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, para un conveniente manejo de la FGR: sometimiento y docilidad.
¿Qué horas son, Bernardo? Las que usted diga, señor presidente.
En los más de 25 años que BÁTIZ lleva al lado de LÓPEZ, siempre se ha caracterizado por ser incondicional a los mandatos de su jefe.
Entre otros cargos, fue procurador del Distrito Federal cuando LÓPEZ ocupó la jefatura de Departamento del DF y después, cuandoéste fracasó en su primer intento por llegar a la Primer Magistratura, fue también procurador del gabinete del "Presidente Legítimo", siempre dispuesto a manejarse de acuerdo a sus ordenamientos.
De tal suerte que BÁTIZ sería el instrumento ideal para el ahora presidente de la República Mexicana, respecto a la manera como tendría que conducirse la fiscalía, de acuerdo a sus intereses.
No habría oposición alguna para las indicaciones de LÓPEZ, pese a la ponderada autonomía de la FGR.
BERNARDO BÁTIZ, en su ensayo presentado ante la Cámara Alta, en concordancia con ANDRÉS MANUEL, señala que la FGR debe desterrar los viejos vicios heredados por una PGR que, en ocasiones, se utilizó como herramienta para perseguir enemigos políticos, es decir se pronuncia, sin precisarlo, por la amnistía, por el perdón tan proclamado por su jefe.
El rebelde GERTZ MANERO, en contraposición, indica en su ensayo que la FGR debe recuperar la credibilidad de la ciudadanía, ya que los niveles de descalificación del Ministerio Público del fuero común y del federal son inmensos y el rechazo a esas instituciones se ha dado conforme ha crecido la impunidad.
Destacó que el monopolio de la acción penal que ejerce el Estado, se ha convertido en un instrumento de humillante opresión y de frustración para las víctimas y ofendidos, por lo que es imperante que el ciudadano sienta que tiene derecho real y efectivo a la seguridad y la justicia.
Resaltó que el fenómeno delictivo que azota a los mexicanos es tal, que nos hemos convertido en un país de víctimas y de ofendidos, principalmente por la impunidad, por dejar sin castigo a quienes cometen los delitos.
Para ejemplificar, explicó que de los 33.6 millones de delitos en 2017, el 99 por ciento quedó impune y sólo un millón 800 mil, fueron denunciados ante el Ministerio Público de los que únicamente se consignaron 6 mil 322, es decir el uno por ciento.
Por ello, clarificó, se requiere un plan de persecución penal que acabe con esa enorme impunidad bajo premisas claras y eficientes, que privilegien fundamentalmente la reparación total e integral del daño a víctimas y al Estado mismo.
Resaltó que la reparación del daño a la víctima es primnordial, pues de manera ancestral ha sido letra muerta.
El Estado, dijo, ha dejado de cumplir con su deber primigenio de otorgar seguridad a los ciudadanos por varios factores: por la incapacidad profesional, administrativa y política de las autoridades civiles que no han estructurado y ejecutado programas que atiendan las causas económicas y sociales de los fenómenos delictivos; la falta de profesionalización, eficiencia y eficacia del Ministerio Público y de las autoridades policiacas jurisdiccionales de todos los niveles que no han tenido ni aplicado un proyecto de prevención del delito y de justicia que realmente funcione y, desde luego, la brutal impunidad que prohija corrupción que corroe a la sociedad y a las instituciones.
En liso y claro castellano, para acabar con la corrupción no se trata de perdonar a quienes lastimaron a la ciudadanía, a las instituciones, a quienes saquearon al país, sino actuar en consecuencia.
Nada que ver con perdonar a delincuentes ¿no?
Si se obligara a que los DUARTE, BORGE, GRANIER, MEDINA, CANTO y muchos otros más, que tomaron como botín los estados que malgobernaron, devolvieran lo que se robaron, no hubiera habido necesidad de que se quedaran sin empleo miles de votantes que optaron por el cambio.
Cuentan que cuando el presidente PORFIRIO DÍAZ quería que se arreglara un problema, lo atendía de manera personal; si pretendía darle largas lo delegaba en su secretario; pero si de plano no quería que se solucionara, entonces nombraba una Comisión.
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“El Betito” y “Pistache” bajo vigilancia permanente en Reclusorio Oriente

"El Betito" así como "El Pistache" se encuentran confinados en el área de ingreso del Centro Penitenciario en estancias separadas.
El Gobierno de la Ciudad de México confirmó el reingreso al Reclusorio Preventivo Oriente de Roberto Moyado Esparza, alias "El Betito", señalado como líder del grupo criminal La Unión de Tepito, y aseguró que se encuentra bajo vigilancia permanente las 24 horas del día.
En una tarjeta informativa, dio a conocer que dicha persona se encontraba interna en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 5, ubicado en Villa Aldama, Veracruz, y el viernes pasado, aproximadamente a las 17:00 horas, fue trasladado a la Ciudad de México.
También fueron reingresados al Reclusorio Oriente David Gracia Ramírez, alias "El Pistache", procedente del Cefereso 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua, y José Maldonado López, hermano de "El Betito", quien estaba en el penal federal de Villa Aldama, Veracruz.
La administración capitalina precisó que los tres traslados son resultado de una orden judicial del juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con Sede en el Reclusorio Oriente, con competencia en Ejecución, Gregorio Salazar Hernández.
Reiteró que tanto "El Betito" como los otros dos imputados se encuentran confinados en el área de ingreso del Centro Penitenciario en estancias separadas, monitoreados las 24 horas, supervisados por un custodio de vista y cámaras de circuito cerrado.


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"El Betito" así como "El Pistache" se encuentran confinados en el área de ingreso del Centro Penitenciario en estancias separadas.
El Gobierno de la Ciudad de México confirmó el reingreso al Reclusorio Preventivo Oriente de Roberto Moyado Esparza, alias "El Betito", señalado como líder del grupo criminal La Unión de Tepito, y aseguró que se encuentra bajo vigilancia permanente las 24 horas del día.
En una tarjeta informativa, dio a conocer que dicha persona se encontraba interna en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 5, ubicado en Villa Aldama, Veracruz, y el viernes pasado, aproximadamente a las 17:00 horas, fue trasladado a la Ciudad de México.
También fueron reingresados al Reclusorio Oriente David Gracia Ramírez, alias "El Pistache", procedente del Cefereso 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua, y José Maldonado López, hermano de "El Betito", quien estaba en el penal federal de Villa Aldama, Veracruz.
La administración capitalina precisó que los tres traslados son resultado de una orden judicial del juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con Sede en el Reclusorio Oriente, con competencia en Ejecución, Gregorio Salazar Hernández.
Reiteró que tanto "El Betito" como los otros dos imputados se encuentran confinados en el área de ingreso del Centro Penitenciario en estancias separadas, monitoreados las 24 horas, supervisados por un custodio de vista y cámaras de circuito cerrado.


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ROBERTO BORGE, EN LA MIRA DE LA JUSTICIA ESTADOUNIDENSE

ROBERTO BORGE, EN LA MIRA DE LA JUSTICIA ESTADOUNIDENSE

*También se menciona a Félix Arturo González Canto

*Declaraciones de Jesús"El Rey" Zambada los involucran con el narco

*Investigaciones de la PGR y en especial de la SEIDO, refuerzan estos señalamientos

*Vinculados al "Chapo" "El Mayo" y "Doña Lety" jefa del Cártel de Cancún

*Serían requeridos por la Corte de Brooklyn, en el "Juicio del Siglo"

STAFF LA OPINIÓN DE MÉXICO

Brooklyn.- Tras las declaraciones de Jesús Reynaldo "El Rey" Zambada Garcia, hermano de Ismael "Mayo" Zambada, como testigo colaborador en el
proceso contra Joaquín Archivaldo "El Chapo" Guzmán Loera, ex líder
del Cártel de Sinaloa, salieron a relucir diversos nombres de
gobernadores mexicanos involucrados en el narcotráfico, dos de ellos
fueron los de Félix Arturo González Canto y Roberto Borge Angulo, ex
mandatarios de Quintana Roo, por lo que van a ser llevados al
banquillo de los acusados, para declarar en el llamado "Juicio del
Siglo".

Zambada reveló ante el juez Brian Cogan, de la Corte de Brooklyn,
Nueva York, los millonarios sobornos que hacia el narcotraficante a
gobernadores de 10 estados; Entre ellos a los de Quintana Roo, donde
operaba libre e impunemente el Cartel de Sinaloa, a través de Leticia
Rodríguez Lara, "Doña Lety"; una ex agente de la desaparecida Policia
Federal que se convirtió en la jefa del Cártel de Cancún, incluso eran vecinos en Cancún en un complejo departamental.

"El Rey" Zambada habló sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa,
bajo el mando de Guzmán Loera y de su hermano, Ismael "El Mayo"
Zambada García, señalando que la estrategia era el pago de millonarios
sobornos a funcionarios, militares, policías y a gobernantes.

En el juicio se mencionó que había políticos en Quintana Roo, a los
que sobornaban para que los dejaran trabajar y quien era la jefa de la
célula del Cártel de Sinaloa que operaba en Cancún, era Leticia
Rodríguez Lara "Doña Lety", quien está vinculada a proceso por delitos
contra la salud, y portación de arma de fuego de uso exclusivo del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

La mujer fue la líder de lo que denominó "El Cártel de Cancún" y
comenzó a operar desde 2005, cuando Félix Arturo González Canto
asumió el poder y se prolongó hasta 2016, luego de que Roberto Borge
Angulo sucedió al anterior.

Su bastión fue la localidad de Alfredo V. Bonfil, pero se extendió a
los municipios de Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Isla Mujeres y
Tulúm y no hubo quien la molestara mientras duraron las gestiones de
González Canto y Borge Angulo.

SOBORNOS MILLONARIOS

De acuerdo con lo declarado por el testigo colaborador, los sobornos a
los más altos niveles los manejaban directamente "El Chapo" y "El
Mayo", llegando a pagar desde 100 mil, 500 mil y hasta un millón de
dólares; los pagos incluían lo mismo a gobernadores que a comandantes
de la PGR, de la Policía Federal de Caminos, la Policía Ministerial,
la del Distrito Federal y hasta de la Interpol.

Con las declaraciones del "Rey" Zambada, solamente se confirmó lo que
siempre había sido un secreto a voces en Quintana Roo, que González
Canto y Borge Angulo, habrían figurado en la nómina del Cártel de
Sinaloa.

Sin embargo, tras la derrota electoral que sufrió Borge en el 2016 y
luego del arribo del nuevo gobierno, ya no pudieron cumplir con lo
pactado y en consecuencia se desataron los actos de extrema violencia,
como el ataque a la Vice Fiscalia del estado y las múltiples
ejecuciones, balaceras y "levantamientos" y la aparición de
narcomantas y narcomensajes.

La protección al cártel del "Chapo" se rompió en 2016, cuando Mauricio
Góngora Escalante, ex secretario de Finanzas, ex presidente municipal
de Playa del Carmen, ex candidato del PRI a la gubernatura y uno de
los personajes más allegados a los ex gobernantes González Canto y
Borge Angulo, ya no pudo seguir las indicaciones de sus ex jefes.

Tiempo después de la detención de Roberto Borge Angulo, Góngora
Escalante sería detenido y sujeto a proceso por los delitos de
desempeño irregular de la función pública y peculado.

En lo referente a las investigaciones de la Procuraduría General de la
República y la SEIDO, se estima que los
ex gobernadores priístas de Quintana Roo, González Canto y Borge
Angulo, vendieron dos veces la plaza a organizaciones rivales: el
Cártel de Sinaloa y a "Los Zetas".

A raíz de la captura en Panamá de Borge Angulo, comenzó a destaparse
la cloaca que se gestó desde que González Canto asumiera la
gubernatura, en abril de 2005, al entablar relaciones simultáneamente
con el Cartel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, cuyos sicarios, "Los
Pelones" y "Los Zetas" y otros grupos, apéndices de los mismos, han
mantenido una cruenta guerra durante más de dos sexenios por el
control del territorio.

De esa manera, lo menos hace 12 años, Quintana Roo se convirtió en
santuario del narcotráfico, en centro de operaciones de bandas de
narcotraficantes, de tráfico de personas, en refugio de capos de las
drogas y en paraíso fiscal para el blanqueo de capitales, además de
que sigue siendo "El Pasillo del Narco" para la entrada de droga que
llega a territorio mexicano por la frontera sur, tanto por aire, como
por mar y tierra.

Fue evidente que se permitió que pasaran los cárteles de la droga,
pues el objetivo de ambos ex gobernantes era administrar el crimen y
no combatirlo, lo que originó que en menos de 15 años Quintana Roo
ocupara uno de los primeros lugares en narcotráfico, pederastia, trata
de personas, prostitución, extorsión, lavado de dinero, corrupción e
impunidad.

La dupla Félix-Roberto descubrió y explotó tres grandes fuentes de
corrupción para dejar un estado en decadencia: el dinero robado al
erario (los desvíos), los sobornos del narco por dejarlo operar y las
millonarias sumas por el apoderamiento de tierras de la reserva de
Quintana Roo y el "remate" a precios irrisorios a familiares, amigos e
incondicionales.

Cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Federal,
precisan que a lo largo del gobierno de Félix González Canto el
consumo interno de las drogas alcanzó su nivel más alto.

En 2006, Quintana Roo registró un total de 798 casos de delitos contra
la salud, la inmensa mayoría, es decir 703 fueron por posesión, de lo
que se infiere el incremento del consumo de enervantes entre los
quintanarroenses y al año siguiente alcanzó la cifra de mil 43 casos
por delitos contra la salud, de los cuales, 992 fueron por posesión y
los restantes por "narcomenudeo".

A lo largo de su mandato, González Canto sostuvo nexos con el clan de
los Carrillo Fuentes, concretamente con Luis Carlos Carrillo Cano,
sobrino de Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos", quien se
ostentaba como empresario de la construcción.

Bajo esa fachada el "empresario" hizo millonarios negocios con Gozález
Canto quien le otorgó la concesión para la construcción de la cárcel
de Cancún, pero al descubrirse su relación las obras tuvieron que
suspenderse.

González Canto había otorgado el contrato a un narco para la
ampliación de la cárcel municipal de Cancún, a través de la empresa
SAFIE de Quintana Roo, SA de CV., cuyos planos contemplaban inclusive
la construcción de pasadizos secretos para eventuales fugas.

Pero esa obra no fue la única, hubo muchas otras concretadas mediante
licitaciones sin concurso, otorgadas por el gobierno, pese a que ya
era conocido que Ricardo y Alfredo, hermanos de Luis Carlos Carrillo
Cano, eran relacionados por la Drug Enforcement Administration (DEA),
como presuntos responsables de tráfico de drogas, "lavado" de dinero,
extorsión y homicidio.

Ese parentesco y los vínculos con la delincuencia organizada,
quedarían confirmados una tarde de octubre de 2011, cuando el
empresario, amigo personal de González Canto, fue ejecutado en una de
las principales avenidas de Cancún.

Junto al cuerpo fue dejado una cartulina con el siguiente mensaje:
"Saludos, ya sabemos que están aquí y que los protege el cerdo del
gobernador, pero ni con él nos van a frenar".

El narcomensaje fue adjudicado al grupo de "Los Zetas", con los que
han mantenido y sostienen una rivalidad a muerte.

Otro vínculo más de Canto y Borge con el crimen organizado, fueron los
nexos que mantuvieron con Raúl Martins, conocido en Quintana Roo como
"El zar de la trata de Blancas", de quien se dice que apoyó la campaña
de Borge Angulo por indicaciones de González Canto, ambos relacionados
con miembros del Cártel de Juárez, del llamado "Señor de los cielos".

En otro punto, tanto
González Canto como Borge Angulo, protegieron al ex banquero Roberto
Hernández Ramírez, para que los desembarcos de cargamentos de cocaína
procedentes de Colombia, se siguieran llevando a cabo en Punta
Pájaros, propiedad costera del magnate, que se localiza en el centro
de la Biosfera de Sian Ka´an.

González Canto, incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito, con
acciones que van desde el usufructo de concesiones de placas de taxis,
hasta aeronaves ejecutivas, pasando por una amplia lista de
propiedades en bienes inmuebles y negocios.

Los nexos del senador Félix González Canto con los cárteles del
narcotráfico y la venta infame de la reserva territorial de Quintana
Roo, explicarían el origen de su fortuna.

Durante el sexenio de González Canto (2006 al 2012), el Instituto del
Patrimonio Inmobiliario del Estado de Quintana Roo (IPAE), vendió 877
predios a particulares. De esos terrenos se localizan en Playa del
Carmen y pasaron de ser patrimonio del estado a ser propiedad privada;
en Cozumel, además de que vendió otros 176 predios en Cancún y 169 en
Chetumal.

Esas reservas territoriales, fueron vendidas a particulares a precios
"preferenciales", muy por debajo de su valor comercial real; además de
que los beneficiarios de la venta fueron amigos, empresarios,
familiares y políticos, con lo que se conformó la estrategia ideal
para el "lavado" de miles de millones de pesos.

Esa "escuela" fue asimilada por Borge Angulo, quien vendió más de 9
mil hectáreas de tierra de la reserva protegida del estado, a
familiares y amigos a precios muy por debajo de su valor.

Pero además, esa cadena de actividades ilícitas dio paso a una
imparable ola de violencia, de tal manera que puntos turísticos como
Cancún, principalmente la zona hotelera; Playa del Carmen, Isla
Mujeres y Cozumel, cuyo principal atractivo era la tranquilidad,
pasaron a ser verdaderos focos rojos del crimen organizado.

Así, se convirtieron en zonas de alto riesgo por la inseguridad, donde
los secuestros, extorsiones, robos a mano armada, "levantones", cobros
por derecho de piso y ejecuciones, han estado a la orden del día y
las víctimas son lo mismo ciudadanos comunes que turistas y
empresarios, por lo que muchos hombres de empresa decidieron abandonar
el estado ante la falta de garantías.

A la infiltración del narco en las instituciones públicas, se suma la
impunidad que hizo estragos en los dos sexenios, protegiendo lo mismo
a peligrosos delincuentes que a funcionarios coludidos con el hampa y
a celebridades o "juniors" delincuentes.

Uno de los hechos que reveló la doble venta de la plaza de Quintana
Roo, fue que el jefe de escoltas de Borge Angulo, Héctor Cacique
Fernández, fue acusado de ser un mando del grupo "Los Zetas" y de
haber sido el autor intelectual del atentado al bar "La Sirenita",
situado en la Región 233, en Cancún, donde fueron asesinadas siete
personas y varias más resultaron heridas.

Se estableció que tanto las personas fallecidas como quienes
resultaron heridas, pertenecían a una agrupación de taxistas,
presumiblemente a la "Andrés Quintana Roo", cuyos integrantes han sido
señalados como distribuidores de droga de "Doña Lety", bajo la
modalidad de narcomenudeo.

Dos de los sobrevivientes, identificados como Carlos Aguilar y Miguel
Díaz, taxistas, declararon que estaban conviviendo con varios
compañeros de trabajo cuando escucharon detonaciones de arma de fuego
y se tiraron al piso.

Ambos se negaron a presentar su denuncia e incluso a proporcionar
mayor información, pues dijeron temer a las represalias.

Héctor Cacique fue detenido días después, acusado de la autoría
intelectual de la masacre y le fue dictado el auto de formal prisión.

En principio, Cacique Fernández admitió ante el Ministerio Público su
responsabilidad, pero una vez ante el juez, se retractó y dijo que el
jefe de la Policía Judicial, Arturo Olivares Mendiola, ordenó que lo
torturaran y le fabricaran el delito.

El escolta de Borge Angulo, al igual que su ex jefe, se encuentra en prisión.

Por otra parte, con la captura de Leticia Rodríguez Lara, jefa del
Cártel de Cancún, que por más de una década fue la líder principal del
narcotráfico en el pasillo del Caribe Mexicano, quedó al descubierto
que Roberto Borge Angulo mantuvo nexos directos con "Doña Lety", de
tal manera que la Subprocuraduría Especial de Investigaciones en
Delincuencia Organizada (SEIDO), inició una indagatoria paralela a la
que enfrenta el ex gobernador por peculado, lavado de dinero y desvío
de fondos públicos, ahora por delitos contra la salud.

Ello como resultado de sendos cateos a inmuebles de la ex agente
judicial federal convertida en jefa del Cártel de Cancún, donde fueron
encontradas cajas con archivos pertenecientes a "Doña Lety" o "La 40",
dos de ellas rotuladas con el nombre de Manuel Eligio Marrufo Trejo,
ex secretario privado de Roberto Borge.

GOBIERNO BORGISTA Y NARCO, EN LA MISMA MESA

Conforme a investigaciones periodísticas, desde el inicio del gobierno
de Borge Angulo, la mafia y el gobierno estuvieron sentados a la misma
mesa, pues luego de obtener el triunfo en las elecciones en 2011,
Borge se reunió, por espacio de tres días, en un conocido hotel de
Cozumel, con jefes del Cartel de Sinaloa, organización para la que
operaba Leticia Rodríguez Lara.

Fuentes federales, comentan que también pudieron darse ese tipo
de reuniones con "Doña Lety", en las que se acordó que sería ella la
que se encargara de mantener el equilibrio en el estado, sobre todo en
la zona hotelera de Cancún, pero la interminable y permanente guerra
con "Los Zetas" provocó que la situación se saliera de control y
continuara la ola de criminalidad y violencia.

Durante la gestión de Borge Angulo, se puso de moda el residir en
Villa Magna, donde edificó su mansión el ahora ex mandatario, lo mismo
que el ex vocero de Félix González Canto, Jorge Eugenio Acevedo Marín
e incluso la propia "Doña Lety", quien montó su residencia y su
cuartel de operaciones en el mismo lugar, aunque las autoridades
"nunca se dieron cuenta" de la presencia de la mujer.

CAJAS DE SEGURIDAD, ENORME DECOMISO

Coincidentemente, Borge y muchos de sus ex colaboradores, guardaron su
dinero y documentos en las mismas cajas de seguridad de la empresa
donde "Doña Lety" tenía sus joyas, dinero y documentación, en la que
vinculan al secretario privado del ex mandatario y a Mariana Zorrilla,
ex esposa de Borge, con el crimen organizado.

Ahora, tras las declaraciones del "Rey" Zambada, Borge Angulo debe ser llamado a declarar en el "Juicio del Siglo" y no se descarta que
conformen sigan los testimonios de los demás testigos de cargo que
faltan por declarar contra Joaquín Archivaldo "El Chapo" Guzmán
Loera, pudiera surgir nuevamente el nombre de Félix Arturo González
Canto y con ello, sea llamado también a comparecer.

BORGE Y FÉLIX, LIGADOS AL NARCO

Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, durante su administración (2011-2016) vivió en las sombras, bajo un manto protector de impunidad que había creado su antecesor y maestro político, Félix Arturo González Canto, y de la cual sacó todo el provecho posible.

Días después de haber protestado como gobernador constitucional de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, se reunió en su natal Cozumel con algunas personas de "criterios amplios", con quienes según algunos cercanos fueron los que pusieron el dinero para su campaña... Con los "gruesos" de la mafia en Quintana Roo, quienes hicieron poderoso al "Gato" Félix...

Con los líderes de las malas costumbres, con quienes envenenan a los jóvenes y a los miles de turistas que visitan las paradisíacas playas quintanarroenses... Con los encargados de las plazas, los jefes de la mafia, con quienes se pactó territorios y lugares para "trabajar" sin ser molestados, claro antes de la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde se destapó una carnicería que hasta la fecha continúa.

Por esas acciones es que la Subprocuraduría Especial en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) inició una investigación, paralela a la que enfrenta el ex gobernador por lavado de dinero y desvío de fondos públicos.

De acuerdo con información obtenida de la Procuraduría General de la República (PGR), los federales investigan, hasta el momento, el nexo directo de Borge Angulo con "Doña Lety", esto debido a documentos obtenidos luego de la incautación de un par de cajas privadas pertenecientes a la líder del Cártel de Cancún, Leticia Rodríguez Lara "Doña Lety" o "La 40", en su domicilio ubicado en Villa Magna.

En una de ellas, de acuerdo con información protegida estaba rotulada a nombre de su ex secretario privado, Manuel Marrufo, y reenviada a su esposa en ese entonces, Mariana Zorrilla Erales.

Dicha información fue dada a conocer por Sol Quintana Roo, de manera oportuna, causando conmoción entre los ciudadanos, más no entre las autoridades locales, como la Fiscalía General del Estado que siempre se hizo de la "vista gorda" en cuanto al tema.

De acuerdo con las investigaciones de Sol Quintana Roo, Doña "Lety", fue quien durante el gobierno de Borge Angulo cuidó el equilibrio de Cancún; casualmente donde incautaron las cajas que vinculan al secretario privado del ex mandatario y a su ex esposa con el crimen organizado fue en Villa Magna, fraccionamiento donde vivieron algunos de los colaboradores del ex mandatario como Jorge Eugenio Acevedo Marín.

De acuerdo con investigaciones realizadas, tanto la familia de Roberto Borge Angulo como la de Mariana Zorrilla estaban en quiebra total y tuvieron que unir fuerzas a través de Félix González Canto. Este último, fue quien convenció a Mariana Zorrilla de que se casara con "Beto" Borge por lo que ambos firmaron un documento más que matrimonial, un pacto sagrado, para abandonar la pobreza y llegar a la realeza.

También habría que recordar, que hace un par de años, cuando Roberto Borge Angulo aún era el gobernante de Quintana Roo uno de sus ex choferes, preso en la cárcel de Cancún por extorsionador, desde prisión envió un correo a la Embajada de los Estados Unidos en México, en el que ofrecía dar datos concretos de la relación del mandatario y de varios de sus colaboradores con la mafia cubana, el narcotráfico y el tráfico de ilegales.

Esa información se esfumó gracias al ex Fiscal General de Quintana Roo, quien movió cielo, mar y tierra para borrar toda evidencia. En septiembre de 2015, el cubano, nacionalizado primero español y luego mexicano, Luis Manuel Álvarez Adán, confinado en una de las celdas de la cárcel municipal de Cancún, pidió hablar con autoridades mexicanas o agencias extranjeras y en apoyo a su petición envió el siguiente correo a la Embajada de los Estados Unidos:

"Debe ponerse en contacto conmigo el FBI, la DEA o Seguridad Nacional. Estoy en la cárcel de Cancún. Trabajé como escolta de Roberto Borge Angulo y tengo información del trasiego de cubanos desde las costas de Cuba hasta las de Quintana Roo, donde, con la ayuda del gobierno, por un 45 por ciento de las ganancias de millones de dólares, hacen llegar a los indocumentados cubanos hasta los EU". ¿?

En su mensaje electrónico, también hizo una acusación muy grave, al�afirmar que él había sido testigo, en varias ocasiones, del cobro del�40 por ciento que hacía el gobierno quintanarroense al crimen�organizado por dejarlo "operar" "Yo escoltaba a Iván Eliud Garibay Osorio, que era director Jurídico y�de Gobierno en la Zona Norte, para que cobrara el dinero en distintos�puntos de Cancún.

Álvarez Adán, fue detenido el 30 de diciembre de 2014, por agentes�judiciales en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por el�Juzgado Cuarto Penal, derivada de la causa penal 570/2014, por el�delito de extorsión en agravio de un empresario por la cantidad de 300�mil pesos y quedó confinado en la cárcel de Cancún.

En 2013 se inició la averiguación previa 1373/2013 por el delito de�extorsión por 300 mil pesos, en agravio de un empresario originario�de Puebla y radicado en Cancún. (sic) Las denuncias fueron las siguientes: 0792/2012, 12 de enero 2012,�privación ilegal de la libertad y amenazas; 0265/2012, 28 de mayo�2012, amenazas y lesiones; 0410/2013, 26 de enero 2013, amenazas y�4634/2013, 8 de septiembre de 2013 por amenazas y daño. En su acusación contra Borge Angulo, dijo que éste hizo negocio con�los recursos naturales y José Mauricio Góngora Escalante, con la�mafia cubana, dedicada al robo de embarcaciones, tanto de lanchas�rápidas, como de mediano calado y hasta yates de lujo.

En las naves�grandes era donde trasladaban los ilegales, principalmente de Cuba,�hasta llevarlos a los Estados Unidos. En ese tiempo todos sabían que la mayoría de las embarcaciones eran�robadas, principalmente en Miami, Florida, pero nadie intervenía y se�les veía ir y venir, diariamente, por todas las zonas turísticas: Isla�Contoy, Playa Aventura, Tulum, Puerto Juárez, Isla Holbox, Laguna�Nichupté y Laguna Makax, sin que nadie las molestara. Una muestra de que bajo esa práctica se incrementó el número de�indocumentados cubanos, es el hecho de que en 2011 entraron a Quintana�Roo 7 mil 700 ilegales y en cambio, en el 2015, más de 24 mil.

Cabe acotar que el 11 de enero de 2003, Góngora Escalante fue acusado�de los delitos de robo calificado y fraude genérico por un millón 274�mil 173 pesos, cuando era gerente de ventas de la Agencia Superior de�"Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.", en Playa del Carmen y�fue hasta cinco meses después, el 24 de junio de ese mismo año, cuando�fue aprehendido por la Policía Judicial y recluido en la cárcel�municipal. Cuatro días después se hizo evidente el tráfico de influencias, cuando�el 28 de junio de 2003 el Juzgado Mixto de Primera Instancia del�Distrito Judicial de Solidaridad, a cargo de Dulce María Balam,�dirigió una misiva a Fernando Alonso Ávila Peniche, director de la�cárcel municipal de Playa del Carmen, donde le otorgaba el auto de�libertad.

Fueron 11 años consecutivos en que la delincuencia organizada fue protegida por los gobiernos quintanarroenses. Los ex gobernadores priístas Félix Arturo González Canto y Roberto Borge Angulo, respectivamente, fueron los responsables del caos en que se encuentra la entidad, originado por el crimen organizado, al vender la plaza dos veces a organizaciones rivales. Así lo revela el resultado de las indagatorias realizadas a raíz de la captura en Panamá de Borge Angulo, con lo que comenzó a destaparse la cloaca que se gestó desde que González Canto asumiera la gubernatura, en abril de 2005, al entablar relaciones simultáneamente con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, cuyos sicarios, "Los Pelones" y "Los Zetas" y otros grupos, apéndices de los mismos, han mantenido una cruenta guerra durante más de dos sexenios por el control del territorio.

"En Quintana Roo los delincuentes son de cuello blanco, es decir, gente que ni te imaginas que está metida en el narco, la clase política, la clase empresarial están inmiscuidas en el lavado de dinero". A lo largo de los sexenios de González Canto y Borge Angulo, todos los días, entraban y salían portafolios llenos de dinero", declaró María Teresa Menéndez Monforte, correctora de estilo de un medio quintanarroense.

Asimismo, el analista político Guillermo Vázquez Handall, uno de los asesores de Borge Angulo, aseguró que en los gobiernos pasados había una especie de acuerdo entre la autoridad estatal y municipal y los grupos delincuenciales para operar libremente. La dupla Félix-Roberto, es decir virrey y lacayo, descubrieron y explotaron tres grandes fuentes de corrupción para dejar un estado en decadencia: El dinero robado al erario (los desvíos), los sobornos del narco por dejarlo operar y las millonarias sumas por el apoderamiento de tierras de la reserva de Quintana Roo y el "remate" a precios irrisorios a familiares, amigos e incondicionales.

Como se recordará, en 2006 Quintana Roo registró un total de 798 casos de delitos contra la salud, la inmensa mayoría, es decir 703 fueron por posesión, de lo que se infiere el incremento del consumo de enervantes entre los quintanarroenses y al año siguiente alcanzó la cifra de mil 43 casos por delitos contra la salud, de los cuales 992 fueron por posesión y los restante por "narcomenudeo". A lo largo de su mandato, González Canto sostuvo nexos con el clan de los Carrillo Fuentes, concretamente con Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino de Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos", quien se ostentaba como empresario de la construcción.

Bajo esa fachada el "empresario" hizo millonarios negocios con Félix quien le otorgó la concesión para la construcción de la cárcel de Cancún, pero al descubrirse su relación las obras se suspendieron.

Otro vínculo más de Canto y Borge con el crimen organizado fueron los nexos que mantuvieron con Raúl Martins, conocido en Quintana Roo como "El zar de la trata de Blancas", de quien se dice que apoyó la campaña de Borge Angulo por indicaciones de González Canto, ambos relacionados con miembros del Cártel de Juárez, del llamado "Señor de los cielos".

En otro punto, según notas periodísticas de aquella época, tanto González Canto como Borge Angulo protegieron al ex banquero neoliberal Roberto Hernández Ramírez (Banamex.Accival), para que los desembarcos de cargamentos de cocaína procedentes de Colombia se siguieran llevando a cabo en Punta Pájaros, propiedad costera del magnate, que se localiza en el centro de la Biosfera de Sian Ka´an.

Los nexos del senador, Félix González Canto, con los cárteles del narcotráfico y, la venta infame de la reserva territorial de Quintana Roo, explicaría el origen de su fortuna. Durante el sexenio de González Canto (2006 al 2012), el Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Quintana Roo (IPAE), vendió 877 predios a particulares. De esos terrenos, 406 se localizan en Playa del Carmen y pasaron de ser patrimonio del estado a ser propiedad privada; en Cozumel, vendió 176 predios, en Cancún, 156 y en Chetumal, 139.

Esas reservas territoriales, fueron vendidas a particulares a precios "preferenciales", muy por debajo de su valor comercial real; además de que los beneficiarios de la venta fueron amigos, empresarios, familiares y políticos, con lo que se conformó la estrategia ideal para el "lavado" de miles de millones de pesos. Además, esa cadena de actividades ilícitas dio paso a una imparable ola de violencia, de tal manera que puntos turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cozumel, cuyo principal atractivo era la tranquilidad, pasaron a ser verdaderos focos rojos del crimen organizado.

Así, se convirtió en una zona de alto riesgo por la inseguridad, donde los secuestros, extorsiones, robos a mano armada, "levantones", cobros por derecho de piso y ejecuciones han estado a la orden del día y las víctimas son lo mismo ciudadanos comunes que turistas y empresarios, por lo que muchos hombres de empresa decidieron abandonar el estado ante la falta de garantías.

Borge Angulo ya está preso, pero sus sombras continúan dañando a Quintana Roo, su lealtad con Félix González es tan grande que prefiere seguir en la sombra antes que quemarlo y enviarlo a la cárcel.


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ROBERTO BORGE, EN LA MIRA DE LA JUSTICIA ESTADOUNIDENSE

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ROBERTO BORGE, EN LA MIRA DE LA JUSTICIA ESTADOUNIDENSE

*También se menciona a Félix Arturo González Canto

*Declaraciones de Jesús"El Rey" Zambada los involucran con el narco

*Investigaciones de la PGR y en especial de la SEIDO, refuerzan estos señalamientos

*Vinculados al "Chapo" "El Mayo" y "Doña Lety" jefa del Cártel de Cancún

*Serían requeridos por la Corte de Brooklyn, en el "Juicio del Siglo"

STAFF LA OPINIÓN DE MÉXICO

Brooklyn.- Tras las declaraciones de Jesús Reynaldo "El Rey" Zambada Garcia, hermano de Ismael "Mayo" Zambada, como testigo colaborador en el
proceso contra Joaquín Archivaldo "El Chapo" Guzmán Loera, ex líder
del Cártel de Sinaloa, salieron a relucir diversos nombres de
gobernadores mexicanos involucrados en el narcotráfico, dos de ellos
fueron los de Félix Arturo González Canto y Roberto Borge Angulo, ex
mandatarios de Quintana Roo, por lo que van a ser llevados al
banquillo de los acusados, para declarar en el llamado "Juicio del
Siglo".

Zambada reveló ante el juez Brian Cogan, de la Corte de Brooklyn,
Nueva York, los millonarios sobornos que hacia el narcotraficante a
gobernadores de 10 estados; Entre ellos a los de Quintana Roo, donde
operaba libre e impunemente el Cartel de Sinaloa, a través de Leticia
Rodríguez Lara, "Doña Lety"; una ex agente de la desaparecida Policia
Federal que se convirtió en la jefa del Cártel de Cancún, incluso eran vecinos en Cancún en un complejo departamental.

"El Rey" Zambada habló sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa,
bajo el mando de Guzmán Loera y de su hermano, Ismael "El Mayo"
Zambada García, señalando que la estrategia era el pago de millonarios
sobornos a funcionarios, militares, policías y a gobernantes.

En el juicio se mencionó que había políticos en Quintana Roo, a los
que sobornaban para que los dejaran trabajar y quien era la jefa de la
célula del Cártel de Sinaloa que operaba en Cancún, era Leticia
Rodríguez Lara "Doña Lety", quien está vinculada a proceso por delitos
contra la salud, y portación de arma de fuego de uso exclusivo del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

La mujer fue la líder de lo que denominó "El Cártel de Cancún" y
comenzó a operar desde 2005, cuando Félix Arturo González Canto
asumió el poder y se prolongó hasta 2016, luego de que Roberto Borge
Angulo sucedió al anterior.

Su bastión fue la localidad de Alfredo V. Bonfil, pero se extendió a
los municipios de Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Isla Mujeres y
Tulúm y no hubo quien la molestara mientras duraron las gestiones de
González Canto y Borge Angulo.

SOBORNOS MILLONARIOS

De acuerdo con lo declarado por el testigo colaborador, los sobornos a
los más altos niveles los manejaban directamente "El Chapo" y "El
Mayo", llegando a pagar desde 100 mil, 500 mil y hasta un millón de
dólares; los pagos incluían lo mismo a gobernadores que a comandantes
de la PGR, de la Policía Federal de Caminos, la Policía Ministerial,
la del Distrito Federal y hasta de la Interpol.

Con las declaraciones del "Rey" Zambada, solamente se confirmó lo que
siempre había sido un secreto a voces en Quintana Roo, que González
Canto y Borge Angulo, habrían figurado en la nómina del Cártel de
Sinaloa.

Sin embargo, tras la derrota electoral que sufrió Borge en el 2016 y
luego del arribo del nuevo gobierno, ya no pudieron cumplir con lo
pactado y en consecuencia se desataron los actos de extrema violencia,
como el ataque a la Vice Fiscalia del estado y las múltiples
ejecuciones, balaceras y "levantamientos" y la aparición de
narcomantas y narcomensajes.

La protección al cártel del "Chapo" se rompió en 2016, cuando Mauricio
Góngora Escalante, ex secretario de Finanzas, ex presidente municipal
de Playa del Carmen, ex candidato del PRI a la gubernatura y uno de
los personajes más allegados a los ex gobernantes González Canto y
Borge Angulo, ya no pudo seguir las indicaciones de sus ex jefes.

Tiempo después de la detención de Roberto Borge Angulo, Góngora
Escalante sería detenido y sujeto a proceso por los delitos de
desempeño irregular de la función pública y peculado.

En lo referente a las investigaciones de la Procuraduría General de la
República y la SEIDO, se estima que los
ex gobernadores priístas de Quintana Roo, González Canto y Borge
Angulo, vendieron dos veces la plaza a organizaciones rivales: el
Cártel de Sinaloa y a "Los Zetas".

A raíz de la captura en Panamá de Borge Angulo, comenzó a destaparse
la cloaca que se gestó desde que González Canto asumiera la
gubernatura, en abril de 2005, al entablar relaciones simultáneamente
con el Cartel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, cuyos sicarios, "Los
Pelones" y "Los Zetas" y otros grupos, apéndices de los mismos, han
mantenido una cruenta guerra durante más de dos sexenios por el
control del territorio.

De esa manera, lo menos hace 12 años, Quintana Roo se convirtió en
santuario del narcotráfico, en centro de operaciones de bandas de
narcotraficantes, de tráfico de personas, en refugio de capos de las
drogas y en paraíso fiscal para el blanqueo de capitales, además de
que sigue siendo "El Pasillo del Narco" para la entrada de droga que
llega a territorio mexicano por la frontera sur, tanto por aire, como
por mar y tierra.

Fue evidente que se permitió que pasaran los cárteles de la droga,
pues el objetivo de ambos ex gobernantes era administrar el crimen y
no combatirlo, lo que originó que en menos de 15 años Quintana Roo
ocupara uno de los primeros lugares en narcotráfico, pederastia, trata
de personas, prostitución, extorsión, lavado de dinero, corrupción e
impunidad.

La dupla Félix-Roberto descubrió y explotó tres grandes fuentes de
corrupción para dejar un estado en decadencia: el dinero robado al
erario (los desvíos), los sobornos del narco por dejarlo operar y las
millonarias sumas por el apoderamiento de tierras de la reserva de
Quintana Roo y el "remate" a precios irrisorios a familiares, amigos e
incondicionales.

Cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Federal,
precisan que a lo largo del gobierno de Félix González Canto el
consumo interno de las drogas alcanzó su nivel más alto.

En 2006, Quintana Roo registró un total de 798 casos de delitos contra
la salud, la inmensa mayoría, es decir 703 fueron por posesión, de lo
que se infiere el incremento del consumo de enervantes entre los
quintanarroenses y al año siguiente alcanzó la cifra de mil 43 casos
por delitos contra la salud, de los cuales, 992 fueron por posesión y
los restantes por "narcomenudeo".

A lo largo de su mandato, González Canto sostuvo nexos con el clan de
los Carrillo Fuentes, concretamente con Luis Carlos Carrillo Cano,
sobrino de Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos", quien se
ostentaba como empresario de la construcción.

Bajo esa fachada el "empresario" hizo millonarios negocios con Gozález
Canto quien le otorgó la concesión para la construcción de la cárcel
de Cancún, pero al descubrirse su relación las obras tuvieron que
suspenderse.

González Canto había otorgado el contrato a un narco para la
ampliación de la cárcel municipal de Cancún, a través de la empresa
SAFIE de Quintana Roo, SA de CV., cuyos planos contemplaban inclusive
la construcción de pasadizos secretos para eventuales fugas.

Pero esa obra no fue la única, hubo muchas otras concretadas mediante
licitaciones sin concurso, otorgadas por el gobierno, pese a que ya
era conocido que Ricardo y Alfredo, hermanos de Luis Carlos Carrillo
Cano, eran relacionados por la Drug Enforcement Administration (DEA),
como presuntos responsables de tráfico de drogas, "lavado" de dinero,
extorsión y homicidio.

Ese parentesco y los vínculos con la delincuencia organizada,
quedarían confirmados una tarde de octubre de 2011, cuando el
empresario, amigo personal de González Canto, fue ejecutado en una de
las principales avenidas de Cancún.

Junto al cuerpo fue dejado una cartulina con el siguiente mensaje:
"Saludos, ya sabemos que están aquí y que los protege el cerdo del
gobernador, pero ni con él nos van a frenar".

El narcomensaje fue adjudicado al grupo de "Los Zetas", con los que
han mantenido y sostienen una rivalidad a muerte.

Otro vínculo más de Canto y Borge con el crimen organizado, fueron los
nexos que mantuvieron con Raúl Martins, conocido en Quintana Roo como
"El zar de la trata de Blancas", de quien se dice que apoyó la campaña
de Borge Angulo por indicaciones de González Canto, ambos relacionados
con miembros del Cártel de Juárez, del llamado "Señor de los cielos".

En otro punto, tanto
González Canto como Borge Angulo, protegieron al ex banquero Roberto
Hernández Ramírez, para que los desembarcos de cargamentos de cocaína
procedentes de Colombia, se siguieran llevando a cabo en Punta
Pájaros, propiedad costera del magnate, que se localiza en el centro
de la Biosfera de Sian Ka´an.

González Canto, incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito, con
acciones que van desde el usufructo de concesiones de placas de taxis,
hasta aeronaves ejecutivas, pasando por una amplia lista de
propiedades en bienes inmuebles y negocios.

Los nexos del senador Félix González Canto con los cárteles del
narcotráfico y la venta infame de la reserva territorial de Quintana
Roo, explicarían el origen de su fortuna.

Durante el sexenio de González Canto (2006 al 2012), el Instituto del
Patrimonio Inmobiliario del Estado de Quintana Roo (IPAE), vendió 877
predios a particulares. De esos terrenos se localizan en Playa del
Carmen y pasaron de ser patrimonio del estado a ser propiedad privada;
en Cozumel, además de que vendió otros 176 predios en Cancún y 169 en
Chetumal.

Esas reservas territoriales, fueron vendidas a particulares a precios
"preferenciales", muy por debajo de su valor comercial real; además de
que los beneficiarios de la venta fueron amigos, empresarios,
familiares y políticos, con lo que se conformó la estrategia ideal
para el "lavado" de miles de millones de pesos.

Esa "escuela" fue asimilada por Borge Angulo, quien vendió más de 9
mil hectáreas de tierra de la reserva protegida del estado, a
familiares y amigos a precios muy por debajo de su valor.

Pero además, esa cadena de actividades ilícitas dio paso a una
imparable ola de violencia, de tal manera que puntos turísticos como
Cancún, principalmente la zona hotelera; Playa del Carmen, Isla
Mujeres y Cozumel, cuyo principal atractivo era la tranquilidad,
pasaron a ser verdaderos focos rojos del crimen organizado.

Así, se convirtieron en zonas de alto riesgo por la inseguridad, donde
los secuestros, extorsiones, robos a mano armada, "levantones", cobros
por derecho de piso y ejecuciones, han estado a la orden del día y
las víctimas son lo mismo ciudadanos comunes que turistas y
empresarios, por lo que muchos hombres de empresa decidieron abandonar
el estado ante la falta de garantías.

A la infiltración del narco en las instituciones públicas, se suma la
impunidad que hizo estragos en los dos sexenios, protegiendo lo mismo
a peligrosos delincuentes que a funcionarios coludidos con el hampa y
a celebridades o "juniors" delincuentes.

Uno de los hechos que reveló la doble venta de la plaza de Quintana
Roo, fue que el jefe de escoltas de Borge Angulo, Héctor Cacique
Fernández, fue acusado de ser un mando del grupo "Los Zetas" y de
haber sido el autor intelectual del atentado al bar "La Sirenita",
situado en la Región 233, en Cancún, donde fueron asesinadas siete
personas y varias más resultaron heridas.

Se estableció que tanto las personas fallecidas como quienes
resultaron heridas, pertenecían a una agrupación de taxistas,
presumiblemente a la "Andrés Quintana Roo", cuyos integrantes han sido
señalados como distribuidores de droga de "Doña Lety", bajo la
modalidad de narcomenudeo.

Dos de los sobrevivientes, identificados como Carlos Aguilar y Miguel
Díaz, taxistas, declararon que estaban conviviendo con varios
compañeros de trabajo cuando escucharon detonaciones de arma de fuego
y se tiraron al piso.

Ambos se negaron a presentar su denuncia e incluso a proporcionar
mayor información, pues dijeron temer a las represalias.

Héctor Cacique fue detenido días después, acusado de la autoría
intelectual de la masacre y le fue dictado el auto de formal prisión.

En principio, Cacique Fernández admitió ante el Ministerio Público su
responsabilidad, pero una vez ante el juez, se retractó y dijo que el
jefe de la Policía Judicial, Arturo Olivares Mendiola, ordenó que lo
torturaran y le fabricaran el delito.

El escolta de Borge Angulo, al igual que su ex jefe, se encuentra en prisión.

Por otra parte, con la captura de Leticia Rodríguez Lara, jefa del
Cártel de Cancún, que por más de una década fue la líder principal del
narcotráfico en el pasillo del Caribe Mexicano, quedó al descubierto
que Roberto Borge Angulo mantuvo nexos directos con "Doña Lety", de
tal manera que la Subprocuraduría Especial de Investigaciones en
Delincuencia Organizada (SEIDO), inició una indagatoria paralela a la
que enfrenta el ex gobernador por peculado, lavado de dinero y desvío
de fondos públicos, ahora por delitos contra la salud.

Ello como resultado de sendos cateos a inmuebles de la ex agente
judicial federal convertida en jefa del Cártel de Cancún, donde fueron
encontradas cajas con archivos pertenecientes a "Doña Lety" o "La 40",
dos de ellas rotuladas con el nombre de Manuel Eligio Marrufo Trejo,
ex secretario privado de Roberto Borge.

GOBIERNO BORGISTA Y NARCO, EN LA MISMA MESA

Conforme a investigaciones periodísticas, desde el inicio del gobierno
de Borge Angulo, la mafia y el gobierno estuvieron sentados a la misma
mesa, pues luego de obtener el triunfo en las elecciones en 2011,
Borge se reunió, por espacio de tres días, en un conocido hotel de
Cozumel, con jefes del Cartel de Sinaloa, organización para la que
operaba Leticia Rodríguez Lara.

Fuentes federales, comentan que también pudieron darse ese tipo
de reuniones con "Doña Lety", en las que se acordó que sería ella la
que se encargara de mantener el equilibrio en el estado, sobre todo en
la zona hotelera de Cancún, pero la interminable y permanente guerra
con "Los Zetas" provocó que la situación se saliera de control y
continuara la ola de criminalidad y violencia.

Durante la gestión de Borge Angulo, se puso de moda el residir en
Villa Magna, donde edificó su mansión el ahora ex mandatario, lo mismo
que el ex vocero de Félix González Canto, Jorge Eugenio Acevedo Marín
e incluso la propia "Doña Lety", quien montó su residencia y su
cuartel de operaciones en el mismo lugar, aunque las autoridades
"nunca se dieron cuenta" de la presencia de la mujer.

CAJAS DE SEGURIDAD, ENORME DECOMISO

Coincidentemente, Borge y muchos de sus ex colaboradores, guardaron su
dinero y documentos en las mismas cajas de seguridad de la empresa
donde "Doña Lety" tenía sus joyas, dinero y documentación, en la que
vinculan al secretario privado del ex mandatario y a Mariana Zorrilla,
ex esposa de Borge, con el crimen organizado.

Ahora, tras las declaraciones del "Rey" Zambada, Borge Angulo debe ser llamado a declarar en el "Juicio del Siglo" y no se descarta que
conformen sigan los testimonios de los demás testigos de cargo que
faltan por declarar contra Joaquín Archivaldo "El Chapo" Guzmán
Loera, pudiera surgir nuevamente el nombre de Félix Arturo González
Canto y con ello, sea llamado también a comparecer.

BORGE Y FÉLIX, LIGADOS AL NARCO

Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, durante su administración (2011-2016) vivió en las sombras, bajo un manto protector de impunidad que había creado su antecesor y maestro político, Félix Arturo González Canto, y de la cual sacó todo el provecho posible.

Días después de haber protestado como gobernador constitucional de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, se reunió en su natal Cozumel con algunas personas de "criterios amplios", con quienes según algunos cercanos fueron los que pusieron el dinero para su campaña... Con los "gruesos" de la mafia en Quintana Roo, quienes hicieron poderoso al "Gato" Félix...

Con los líderes de las malas costumbres, con quienes envenenan a los jóvenes y a los miles de turistas que visitan las paradisíacas playas quintanarroenses... Con los encargados de las plazas, los jefes de la mafia, con quienes se pactó territorios y lugares para "trabajar" sin ser molestados, claro antes de la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde se destapó una carnicería que hasta la fecha continúa.

Por esas acciones es que la Subprocuraduría Especial en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) inició una investigación, paralela a la que enfrenta el ex gobernador por lavado de dinero y desvío de fondos públicos.

De acuerdo con información obtenida de la Procuraduría General de la República (PGR), los federales investigan, hasta el momento, el nexo directo de Borge Angulo con "Doña Lety", esto debido a documentos obtenidos luego de la incautación de un par de cajas privadas pertenecientes a la líder del Cártel de Cancún, Leticia Rodríguez Lara "Doña Lety" o "La 40", en su domicilio ubicado en Villa Magna.

En una de ellas, de acuerdo con información protegida estaba rotulada a nombre de su ex secretario privado, Manuel Marrufo, y reenviada a su esposa en ese entonces, Mariana Zorrilla Erales.

Dicha información fue dada a conocer por Sol Quintana Roo, de manera oportuna, causando conmoción entre los ciudadanos, más no entre las autoridades locales, como la Fiscalía General del Estado que siempre se hizo de la "vista gorda" en cuanto al tema.

De acuerdo con las investigaciones de Sol Quintana Roo, Doña "Lety", fue quien durante el gobierno de Borge Angulo cuidó el equilibrio de Cancún; casualmente donde incautaron las cajas que vinculan al secretario privado del ex mandatario y a su ex esposa con el crimen organizado fue en Villa Magna, fraccionamiento donde vivieron algunos de los colaboradores del ex mandatario como Jorge Eugenio Acevedo Marín.

De acuerdo con investigaciones realizadas, tanto la familia de Roberto Borge Angulo como la de Mariana Zorrilla estaban en quiebra total y tuvieron que unir fuerzas a través de Félix González Canto. Este último, fue quien convenció a Mariana Zorrilla de que se casara con "Beto" Borge por lo que ambos firmaron un documento más que matrimonial, un pacto sagrado, para abandonar la pobreza y llegar a la realeza.

También habría que recordar, que hace un par de años, cuando Roberto Borge Angulo aún era el gobernante de Quintana Roo uno de sus ex choferes, preso en la cárcel de Cancún por extorsionador, desde prisión envió un correo a la Embajada de los Estados Unidos en México, en el que ofrecía dar datos concretos de la relación del mandatario y de varios de sus colaboradores con la mafia cubana, el narcotráfico y el tráfico de ilegales.

Esa información se esfumó gracias al ex Fiscal General de Quintana Roo, quien movió cielo, mar y tierra para borrar toda evidencia. En septiembre de 2015, el cubano, nacionalizado primero español y luego mexicano, Luis Manuel Álvarez Adán, confinado en una de las celdas de la cárcel municipal de Cancún, pidió hablar con autoridades mexicanas o agencias extranjeras y en apoyo a su petición envió el siguiente correo a la Embajada de los Estados Unidos:

"Debe ponerse en contacto conmigo el FBI, la DEA o Seguridad Nacional. Estoy en la cárcel de Cancún. Trabajé como escolta de Roberto Borge Angulo y tengo información del trasiego de cubanos desde las costas de Cuba hasta las de Quintana Roo, donde, con la ayuda del gobierno, por un 45 por ciento de las ganancias de millones de dólares, hacen llegar a los indocumentados cubanos hasta los EU". ¿?

En su mensaje electrónico, también hizo una acusación muy grave, al�afirmar que él había sido testigo, en varias ocasiones, del cobro del�40 por ciento que hacía el gobierno quintanarroense al crimen�organizado por dejarlo "operar" "Yo escoltaba a Iván Eliud Garibay Osorio, que era director Jurídico y�de Gobierno en la Zona Norte, para que cobrara el dinero en distintos�puntos de Cancún.

Álvarez Adán, fue detenido el 30 de diciembre de 2014, por agentes�judiciales en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por el�Juzgado Cuarto Penal, derivada de la causa penal 570/2014, por el�delito de extorsión en agravio de un empresario por la cantidad de 300�mil pesos y quedó confinado en la cárcel de Cancún.

En 2013 se inició la averiguación previa 1373/2013 por el delito de�extorsión por 300 mil pesos, en agravio de un empresario originario�de Puebla y radicado en Cancún. (sic) Las denuncias fueron las siguientes: 0792/2012, 12 de enero 2012,�privación ilegal de la libertad y amenazas; 0265/2012, 28 de mayo�2012, amenazas y lesiones; 0410/2013, 26 de enero 2013, amenazas y�4634/2013, 8 de septiembre de 2013 por amenazas y daño. En su acusación contra Borge Angulo, dijo que éste hizo negocio con�los recursos naturales y José Mauricio Góngora Escalante, con la�mafia cubana, dedicada al robo de embarcaciones, tanto de lanchas�rápidas, como de mediano calado y hasta yates de lujo.

En las naves�grandes era donde trasladaban los ilegales, principalmente de Cuba,�hasta llevarlos a los Estados Unidos. En ese tiempo todos sabían que la mayoría de las embarcaciones eran�robadas, principalmente en Miami, Florida, pero nadie intervenía y se�les veía ir y venir, diariamente, por todas las zonas turísticas: Isla�Contoy, Playa Aventura, Tulum, Puerto Juárez, Isla Holbox, Laguna�Nichupté y Laguna Makax, sin que nadie las molestara. Una muestra de que bajo esa práctica se incrementó el número de�indocumentados cubanos, es el hecho de que en 2011 entraron a Quintana�Roo 7 mil 700 ilegales y en cambio, en el 2015, más de 24 mil.

Cabe acotar que el 11 de enero de 2003, Góngora Escalante fue acusado�de los delitos de robo calificado y fraude genérico por un millón 274�mil 173 pesos, cuando era gerente de ventas de la Agencia Superior de�"Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.", en Playa del Carmen y�fue hasta cinco meses después, el 24 de junio de ese mismo año, cuando�fue aprehendido por la Policía Judicial y recluido en la cárcel�municipal. Cuatro días después se hizo evidente el tráfico de influencias, cuando�el 28 de junio de 2003 el Juzgado Mixto de Primera Instancia del�Distrito Judicial de Solidaridad, a cargo de Dulce María Balam,�dirigió una misiva a Fernando Alonso Ávila Peniche, director de la�cárcel municipal de Playa del Carmen, donde le otorgaba el auto de�libertad.

Fueron 11 años consecutivos en que la delincuencia organizada fue protegida por los gobiernos quintanarroenses. Los ex gobernadores priístas Félix Arturo González Canto y Roberto Borge Angulo, respectivamente, fueron los responsables del caos en que se encuentra la entidad, originado por el crimen organizado, al vender la plaza dos veces a organizaciones rivales. Así lo revela el resultado de las indagatorias realizadas a raíz de la captura en Panamá de Borge Angulo, con lo que comenzó a destaparse la cloaca que se gestó desde que González Canto asumiera la gubernatura, en abril de 2005, al entablar relaciones simultáneamente con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, cuyos sicarios, "Los Pelones" y "Los Zetas" y otros grupos, apéndices de los mismos, han mantenido una cruenta guerra durante más de dos sexenios por el control del territorio.

"En Quintana Roo los delincuentes son de cuello blanco, es decir, gente que ni te imaginas que está metida en el narco, la clase política, la clase empresarial están inmiscuidas en el lavado de dinero". A lo largo de los sexenios de González Canto y Borge Angulo, todos los días, entraban y salían portafolios llenos de dinero", declaró María Teresa Menéndez Monforte, correctora de estilo de un medio quintanarroense.

Asimismo, el analista político Guillermo Vázquez Handall, uno de los asesores de Borge Angulo, aseguró que en los gobiernos pasados había una especie de acuerdo entre la autoridad estatal y municipal y los grupos delincuenciales para operar libremente. La dupla Félix-Roberto, es decir virrey y lacayo, descubrieron y explotaron tres grandes fuentes de corrupción para dejar un estado en decadencia: El dinero robado al erario (los desvíos), los sobornos del narco por dejarlo operar y las millonarias sumas por el apoderamiento de tierras de la reserva de Quintana Roo y el "remate" a precios irrisorios a familiares, amigos e incondicionales.

Como se recordará, en 2006 Quintana Roo registró un total de 798 casos de delitos contra la salud, la inmensa mayoría, es decir 703 fueron por posesión, de lo que se infiere el incremento del consumo de enervantes entre los quintanarroenses y al año siguiente alcanzó la cifra de mil 43 casos por delitos contra la salud, de los cuales 992 fueron por posesión y los restante por "narcomenudeo". A lo largo de su mandato, González Canto sostuvo nexos con el clan de los Carrillo Fuentes, concretamente con Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino de Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos", quien se ostentaba como empresario de la construcción.

Bajo esa fachada el "empresario" hizo millonarios negocios con Félix quien le otorgó la concesión para la construcción de la cárcel de Cancún, pero al descubrirse su relación las obras se suspendieron.

Otro vínculo más de Canto y Borge con el crimen organizado fueron los nexos que mantuvieron con Raúl Martins, conocido en Quintana Roo como "El zar de la trata de Blancas", de quien se dice que apoyó la campaña de Borge Angulo por indicaciones de González Canto, ambos relacionados con miembros del Cártel de Juárez, del llamado "Señor de los cielos".

En otro punto, según notas periodísticas de aquella época, tanto González Canto como Borge Angulo protegieron al ex banquero neoliberal Roberto Hernández Ramírez (Banamex.Accival), para que los desembarcos de cargamentos de cocaína procedentes de Colombia se siguieran llevando a cabo en Punta Pájaros, propiedad costera del magnate, que se localiza en el centro de la Biosfera de Sian Ka´an.

Los nexos del senador, Félix González Canto, con los cárteles del narcotráfico y, la venta infame de la reserva territorial de Quintana Roo, explicaría el origen de su fortuna. Durante el sexenio de González Canto (2006 al 2012), el Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Quintana Roo (IPAE), vendió 877 predios a particulares. De esos terrenos, 406 se localizan en Playa del Carmen y pasaron de ser patrimonio del estado a ser propiedad privada; en Cozumel, vendió 176 predios, en Cancún, 156 y en Chetumal, 139.

Esas reservas territoriales, fueron vendidas a particulares a precios "preferenciales", muy por debajo de su valor comercial real; además de que los beneficiarios de la venta fueron amigos, empresarios, familiares y políticos, con lo que se conformó la estrategia ideal para el "lavado" de miles de millones de pesos. Además, esa cadena de actividades ilícitas dio paso a una imparable ola de violencia, de tal manera que puntos turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cozumel, cuyo principal atractivo era la tranquilidad, pasaron a ser verdaderos focos rojos del crimen organizado.

Así, se convirtió en una zona de alto riesgo por la inseguridad, donde los secuestros, extorsiones, robos a mano armada, "levantones", cobros por derecho de piso y ejecuciones han estado a la orden del día y las víctimas son lo mismo ciudadanos comunes que turistas y empresarios, por lo que muchos hombres de empresa decidieron abandonar el estado ante la falta de garantías.

Borge Angulo ya está preso, pero sus sombras continúan dañando a Quintana Roo, su lealtad con Félix González es tan grande que prefiere seguir en la sombra antes que quemarlo y enviarlo a la cárcel.


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