Difusión Cencos México
D.F., 1 de junio de 2012
Boletín de prensa
CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) presentó hoy en una actividad regional el Informe Acceso a la Justicia de
Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Mesoamérica, el cual analiza las
múltiples dimensiones del problema de la violencia sexual y su tratamiento por
los sistemas de justicia en la región mesoamericana, con un especial énfasis en
Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
La inauguración de esta actividad fue presidida por
la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Thelma Aldana; la
Directora Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA), Marcela Suazo, y la Relatora sobre los Derechos de las
Mujeres de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Tracy
Robinson.
La CIDH ha constatado que la violencia sexual en la
región mesoamericana no es un fenómeno aislado. Es un problema multidimensional
que afecta a todos los países y responde a un contexto social donde la violencia
es tolerada. En encuestas nacionales de Guatemala, Honduras, Nicaragua y el
Salvador de mujeres entre 15-49 años, se encontró que 5.8%, 8.7%, 11.4, 13.4%
reportaron haber experimentado algún tipo de violencia sexual como el abuso o el
sexo forzado. El problema se agrava en el caso de las mujeres, que son víctimas
históricas de discriminación y de tratamiento inferior. Ello se traduce en una
respuesta estatal deficiente frente a estos problemas; estando las
intervenciones de las distintas instituciones protagonistas marcadas por
patrones socioculturales discriminatorios contra las mujeres, que se reproducen
socialmente.
“La violencia sexual sigue siendo uno de los tipos
de violencia más invisibilizados y más impunes”, dijo Marcela Suazo. “Los
Estados deben tomar medidas para enfrentar la discriminación contra las mujeres
que perpetua la violencia sexual, incluyendo para cambiar los patrones
socio-culturales de conducta y estereotipos que perpetúan la violencia”, agregó
la directoraregional de UNFPA.
Graves obstáculos conducen a un incumplimiento por
parte de los Estados de su deber integral de actuar con la debida diligencia
para prevenir, investigar, sancionar, y reparar actos de violencia contra las
mujeres. Esta situación se traduce en inefectividad judicial ante actos de
violencia sexual en Mesoamérica, que afecta el procesamiento judicial de casos
de violencia sexual durante todas las etapas del procedimiento ante la
administración de justicia. Esta inefectividad judicial fomenta y perpetúa la
impunidad de la gran mayoría de casos de violencia sexual, promueve la
tolerancia social de este fenómeno y crea desconfianza persistente de las
víctimas en el sistema de la administración de la justicia.
El carácter abarcador y apremiante del problema de
la violencia sexual acarrea obligaciones de naturaleza integral y
multidimensional para los Estados, y exige una respuesta interinstitucional,
integral y urgente, no sólo del sistema de justicia, sino también de otros
sistemas involucrados, incluyendo el de salud.
El informe incluye una serie de recomendaciones
orientadas a promover intervenciones estatales para prevenir, investigar,
sancionar y reparar actos de violencia sexual con celeridad y de forma
exhaustiva, relacionadas con el combate a la impunidad; la prevención de la
violencia sexual y erradicación de los patrones socioculturales
discriminatorios; la atención y servicios para las mujeres víctimas; acceso a
instancias judiciales de protección, mecanismos de denuncia y recopilación de
estadísticas; protocolos de atención y recopilación de pruebas; medidas de
protección, reparación de las víctimas y necesidades especiales de las niñas y
las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes.
“Existen todavía muchos obstáculos en la búsqueda
de la justicia de las mujeres y las niñas que han sufrido violencia sexual”,
dijo por su parte la Relatora de la CIDH, Tracy Robinson. “Pero al día de hoy,
cinco años después del informe inicial sobre Acceso a la Justicia para las
Víctimas de Violencia en las Américas, también reconocemos que varios esfuerzos
han sido hechos por los Estados y la sociedad civil para garantizar el cambio y
el progreso hecho en la región en casos de violencia sexual. Es destacable la
adopción de leyes integrales contra la violencia contra las mujeres, el
establecimiento de nuevas instituciones al interior de la administración de la
justicia para institucionalizar una perspectiva de género, la introducción de
políticas y protocolos para guiar las acciones de todos los que deben asegurar
la justicia y proteger a la víctima, y el desarrollo de abordajes integrales
para proteger y garantizar la protección y el bienestar de la misma. Estaremos
pendientes de la discusión de lo que se ha logrado, especialmente por haber
escuchado la experiencia de nuestros vecinos, en donde nos comprometemos a
nuevas iniciativas para asegurar un acceso a la justicia efectivo para las
mujeres y las niñas que son sobrevivientes de violencia sexual”.
Este informe ha sido elaborado gracias al apoyo
técnico y financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y con
la asistencia financiera de la Agencia Española para la Cooperación
Internacional al Desarrollo, AECID.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de
la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos
humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La
CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la
Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de
origen o residencia.
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