EL ARRAIGO UN ABUSO

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México: Reducir plazos no evita los abusos del arraigo

Amnistía Internacional llama a la Cámara de Diputados para que impulse la eliminación del arraigo de la Constitución y cumpla así con las recomendaciones de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

La organización considera que la propuesta que está actualmente en consideración en la Cámara, de reducir la duración de arraigo de 40 a 20 días (prorrogables por 15 días más), no cambia la naturaleza violatoria de derechos humanos del arraigo. Esta figura de detención preventiva bajo la custodia de una agencia investigadora sin acceso a los derechos propios de un proceso judicial y sin recursos efectivos de impugnación, ha resultado en la detención injusta e infundada de miles de personas.

El arraigo, por su naturaleza expone a las personas detenidas a un régimen, que propicia que se cometan abusos como la tortura y otros malos tratos. Su aplicación también implica la negación de derechos procesales, incluidos los derechos a la presunción de inocencia, a una defensa eficaz, de comunicación con el mundo exterior y de atención medica. El hecho de que personas bajo arraigo puedan permanecer detenidas en bases militares u otros lugares de detención no oficiales aumenta su vulnerabilidad a ser víctimas de abusos.

Otro elemento preocupante del dictamen que anoche aprobó la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, es la ampliación del plazo máximo que una persona puede estar a disposición del Ministerio Público antes de ser liberada o puesta a disposición judicial. Las normas internacionales suscritas por México establecen la obligación de llevar al detenido ante el poder judicial “sin demora”. Amnistía Internacional ha documento casos en los que las personas han sufrido torturas durante este periodo cuando están a la disposición del Ministerio Público

La nueva propuesta de arraigo que en estos momentos discuten los legisladores no elimina el carácter discrecional y abusivo de esta figura. A pesar de que se incorpora el requerimiento de que el ministerio público acredite la petición con “indicios suficientes” que “vinculen” a la persona con los delitos, este requerimiento solo establece nuevas ambigüedades. No garantiza el control judicial de la detención en base de cargos formales como establecen las normas internacionales de derechos humanos

Adicionalmente, la propuesta deja intacto al arraigo como instrumento para facilitar la investigación por medio de la privación de la libertad y de interrogatorios coercitivos. Esto sigue siendo un incentivo para violar los derechos de las personas detenidas con el objetivo de “obtener resultados”.

El uso del arraigo para investigar constituye un mal uso de una medida cautelar ya que socava los derechos garantizados en el sistema de procuración de justicia y la efectividad del propio sistema. En palabras de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, "La figura del arraigo permite la detención para investigar, cuando lo apropiado y correcto es investigar rápida y eficazmente para proceder a detener. El arraigo es el resultado del mal funcionamiento del sistema de investigación y procuración de justicia, pues coloca los incentivos en dirección contraria al fortalecimiento de la capacidad investigativa de la autoridad, además de que puede propiciar otras violaciones a los derechos humanos."

Amnistía Internacional considera que de aprobarse esta propuesta, las y los legisladores seguirán incentivando que se cometan abusos contra los detenidos en lugar de establecer un régimen legal que respete los estándares internacionales sobre la protección de los derechos de la personas detenidas.

Amnistía Internacional considera esencial que se elimine el arraigo y se impulsen buenas prácticas procesales e investigaciones imparciales que se sustenten en pruebas sólidas obtenidas de forma lícita. Solo así podrán prevenirse las violaciones de derechos humanos y asegurar la certeza y credibilidad de las sentencias judiciales, poniendo fin a la impunidad.