Amnistía Internacional llama a la Cámara de Diputados para
que impulse la eliminación del arraigo de la Constitución y cumpla así con las
recomendaciones de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos
humanos y de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.
La organización considera que la propuesta que está
actualmente en consideración en la Cámara, de reducir la duración de arraigo de
40 a 20 días (prorrogables por 15 días más), no cambia la naturaleza violatoria
de derechos humanos del arraigo. Esta figura de detención preventiva bajo la
custodia de una agencia investigadora sin acceso a los derechos propios de un
proceso judicial y sin recursos efectivos de impugnación, ha resultado en la
detención injusta e infundada de miles de personas.
El arraigo, por su naturaleza expone a las personas
detenidas a un régimen, que propicia que se cometan abusos como la tortura y
otros malos tratos. Su aplicación también implica la negación de derechos
procesales, incluidos los derechos a la presunción de inocencia, a una defensa
eficaz, de comunicación con el mundo exterior y de atención medica. El hecho de
que personas bajo arraigo puedan permanecer detenidas en bases militares u otros
lugares de detención no oficiales aumenta su vulnerabilidad a ser víctimas de
abusos.
Otro elemento preocupante del dictamen que anoche aprobó
la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, es la
ampliación del plazo máximo que una persona puede estar a disposición del
Ministerio Público antes de ser liberada o puesta a disposición judicial. Las
normas internacionales suscritas por México establecen la obligación de llevar
al detenido ante el poder judicial “sin demora”. Amnistía Internacional ha
documento casos en los que las personas han sufrido torturas durante este
periodo cuando están a la disposición del Ministerio Público
La nueva propuesta de arraigo que en estos momentos
discuten los legisladores no elimina el carácter discrecional y abusivo de esta
figura. A pesar de que se incorpora el requerimiento de que el ministerio
público acredite la petición con “indicios suficientes” que “vinculen” a la
persona con los delitos, este requerimiento solo establece nuevas ambigüedades.
No garantiza el control judicial de la detención en base de cargos formales como
establecen las normas internacionales de derechos humanos
Adicionalmente, la propuesta deja intacto al arraigo como
instrumento para facilitar la investigación por medio de la privación de la
libertad y de interrogatorios coercitivos. Esto sigue siendo un incentivo para
violar los derechos de las personas detenidas con el objetivo de “obtener
resultados”.
El uso del arraigo para investigar constituye un mal uso
de una medida cautelar ya que socava los derechos garantizados en el sistema de
procuración de justicia y la efectividad del propio sistema. En palabras de la
Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, "La
figura del arraigo permite la detención para investigar, cuando lo apropiado y
correcto es investigar rápida y eficazmente para proceder a detener. El arraigo
es el resultado del mal funcionamiento del sistema de investigación y
procuración de justicia, pues coloca los incentivos en dirección contraria al
fortalecimiento de la capacidad investigativa de la autoridad, además de que
puede propiciar otras violaciones a los derechos humanos."
Amnistía Internacional considera que de aprobarse esta
propuesta, las y los legisladores seguirán incentivando que se cometan abusos
contra los detenidos en lugar de establecer un régimen legal que respete los
estándares internacionales sobre la protección de los derechos de la personas
detenidas.
Amnistía Internacional considera esencial que se elimine
el arraigo y se impulsen buenas prácticas procesales e investigaciones
imparciales que se sustenten en pruebas sólidas obtenidas de forma lícita. Solo
así podrán prevenirse las violaciones de derechos humanos y asegurar la certeza
y credibilidad de las sentencias judiciales, poniendo fin a la impunidad.
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