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on jueves, octubre 11, 2012
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México: Amnistía
Internacional insta a las autoridades a poner fin a la epidemia de
tortura
Las autoridades mexicanas deben
tomar medidas decisivas para abordar el uso sistemático y generalizado de la
tortura y otros malos tratos documentados en todo el país, que ha aumentado
espectacularmente durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, ha
manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe.
En el informe Culpables conocidos,
víctimas ignoradas: Tortura y maltrato en México se examinan el aumento del
número de casos de tortura y malos tratos a manos de la policía y las fuerzas de
seguridad durante la administración de Calderón, la falta de investigaciones
efectivas y la negación de justicia a las víctimas.
“La administración del Presidente
Calderón se ha desentendido en la práctica de la ‘epidemia de tortura’ que hemos
visto extenderse por México”, ha manifestado hoy Alberto Herrera Aragón,
Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
Se ha ignorado o marginado la
protección de los derechos humanos en favor de la estrategia del gobierno de
lucha militarizada contra la delincuencia organizada y los cárteles de la
droga.”
“En todo México, los presuntos
delincuentes se enfrentan a menudo a reclusión y juicio sobre la base de pruebas
obtenidas mediante tortura y malos tratos, sin que el ministerio público y los
tribunales cuestionen seriamente la información ni las pruebas obtenidas de este
modo.”
En 2011, la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) recibió 1.669 informes de tortura y malos tratos a
manos de la policía y las fuerzas de seguridad –considerable aumento con
respecto a los 1.161 de 2010, 1.055 de 2009 y 564 de 2008–. Estas cifras se
refieren a informes de abusos cometidos por funcionarios federales.
En los últimos tres años, Amnistía
Internacional ha registrado informes de tortura en los 31 estados y en el
Distrito Federal. La tortura y los malos tratos se
cometen bajo custodia: el ministerio público puede recluir a los presuntos
delincuentes por un periodo de hasta 80 días en arraigo antes de presentar
cargos contra ellos o dejarlos en libertad. En todo México, personal militar
que desempeña funciones policiales ha recluido a millares de presuntos
delincuentes en cuarteles militares antes de llevarlos ante el ministerio
público. En este contexto se han recibido numerosos informes de tortura y malos
tratos bajo custodia militar. A pesar de haber leyes dirigidas a
impedir y sancionar la tortura, la mayoría de los casos no se investigan jamás
de manera exhaustiva, y los responsables no son puestos casi nunca a disposición
judicial, por lo que las víctimas no tienen posibilidad de conseguir
resarcimiento ni indemnización. Hay legislación que penaliza la
tortura en los 31 estados y el Distrito Federal, pero en la mayoría de los casos
es considerablemente más deficiente que la federal y dista mucho de cumplir las
normas internacionales. Según el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, entre 2006 y 2010 hubo un procesamiento y ninguna
sentencia condenatoria por tortura en la jurisdicción federal. En el mismo
periodo, en los 31 estados y el Distrito Federal hubo 37 procesamientos y 18
sentencias condenatorias por tortura.
Amnistía Internacional no conoce
un solo caso de procesamiento de agentes de policía u otras fuerzas de seguridad
por tortura o malos tratos infligidos a migrantes.
“Las autoridades federales han
dado muestra de una absoluta falta de liderazgo para combatir la tortura y los
malos tratos seriamente a escala estatal o federal”, ha señalado Knox. “La única
forma de abordar la tortura y los malos tratos es garantizar que se investigan
debidamente todos los casos y se pone a los responsables a disposición
judicial.”
En una carta a Amnistía
Internacional, el presidente electo de México, Enrique
Peña Nieto, se comprometió
a implementar políticas y tomar medidas para poner fin a la tortura. Amnistía
Internacional hace un enérgico llamado a las autoridades mexicanas a que cumplan
sus promesas.
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