Proponen eliminar figura del arraigo en Constitución

Posted by . on miércoles, diciembre 05, 2012 0

*Presentan iniciativa para derogar el párrafo Octavo del Artículo 16 constitucional

* De 2008 a 2011, hubo 6 mil 562 personas arraigadas

Angel Iturralde

Ante las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se cometen al ejercer el arraigo, la senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, propuso eliminar dicha figura de la Constitución, derogando el párrafo octavo del artículo 16 y añadió que "el bajo nivel probatorio requerido para someter a una persona bajo arraigo ha permitido a las autoridades hacer uso excesivo de dicha figura, violando con ello el principio de legalidad".

De acuerdo con un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura, de 2008 a 2011, la cifra global de personas arraigadas fue de 6 mil 562, con un promedio de mil 640 personas afectadas al año, y una tasa de crecimiento anual del arraigo en más del 100 por ciento.

Pese a que el mencionado párrafo del artículo 16 constitucional permite ejercer la figura del arraigo solamente en casos de delitos por delincuencia organizada, ésta característica se cumple sólo en el 0.05% de las órdenes de arraigo emitidas, explicó la senadora.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que entre 2008 y 2011 se presentaron 405 quejas por violaciones a los derechos humanos relacionadas con el arraigo; además mostró un incremento en el número de quejas relacionadas con esta figura, pasando de 45 quejas en 2008, a 148 en 2011.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta señaló que diversos organismos internacionales han manifestado no sólo su preocupación por la existencia de la figura del arraigo en la legislación mexicana ya que es "contraria y violatoria de derechos humanos"; sino además, han emitido una serie de recomendaciones tendientes a que sea eliminada.

Apenas el pasado 23 de noviembre el Comité Contra la Tortura de la ONU reiteró su recomendación para que el Estado mexicano elimine de la legislación y la práctica la detención mediante el arraigo, a nivel federal y local.

Ante ello, y "la exigencia de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de los derechos humanos, que han documentado la existencia de una práctica reiterada de tortura y tratos crueles e inhumanos en los lugares de arraigo; así como, detenciones arbitrarias", De la Peña Gómez consideró necesaria la eliminación del arraigo del sistema penal, pues es "inconstitucional e inconvencional".

Urge a México el Comité contra la Tortura de la ONU abolir el arraigo

A finales de noviembre el Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió al Estado mexicano abolir la figura del arraigo y lo instó a aprobar una ley general sobre desapariciones forzadas.

El CAT observó "con preocupación que, a pesar de lo recomendado con anterioridad el Estado parte elevó a rango constitucional la figura del arraigo en 2008, estando también regulada por algunas entidades federativas, como el estado de Jalisco".

A la luz de lo establecido en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, "el Comité reitera su recomendación de que el Estado parte elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal".

El CAT, asimismo, "está preocupado por el aumento progresivo del número de desapariciones forzadas presuntamente cometidas por autoridades públicas o grupos criminales o particulares que actuarían con el apoyo directo o indirecto de agentes del Estado, en estados como Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas", afirmó.

Recomendó "velar por que las entidades federativas tipifiquen y sancionen el delito de desaparición forzada en conformidad con lo establecido por la normativa internacional en la materia".

El CAT enumeró este viernes estas y una serie de recomendaciones finales al gobierno mexicano publicadas al terminar su sesión en Ginebra durante la cual revisó el informe de México.

El CAT pidió garantizar que los casos de desapariciones forzadas sean "investigados de forma pronta, exhaustiva y eficaz así como que se castigue a los culpables con sanciones adecuadas a la gravedad de los delitos".

El Comité además urgió al Estado parte a modificar su Código de Justicia Militar, de conformidad con las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esto "a fin de excluir la competencia de la jurisdicción militar para juzgar sobre casos de violaciones de derechos humanos y delitos contra civiles en los que haya militares involucrados".

"El Comité expresa su preocupación por los informes recibidos que se refieren al alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria por efectivos de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado en el marco de las operaciones conjuntas contra el crimen organizado", subrayó el informe.

"Preocupan gravemente las informaciones concordantes en el sentido de que durante el período anterior a la entrega al Ministerio Público se infligen torturas y malos tratos a los detenidos con el fin de obtener confesiones forzadas y declaraciones autoinculpatorias que posteriormente son utilizadas para encubrir diversas irregularidades cometidas en la detención", agregó.

El CAT encomió las reformas legislativas realizadas en México como la adopción de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la ley sobre refugiados.

Igualmente, aplaudió la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 que eleva a rango constitucional todos los derechos humanos garantizados en los tratados internacionales ratificados por el Estado parte.

El CAT, no obstante, instó al gobierno mexicano "a redoblar sus esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las mujeres, incluidos los asesinatos y desapariciones por motivos de género".

Llamó a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este ámbito.

En cuanto a defensores de derechos humanos y periodistas, el CAT instó a "tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad e integridad física frente a la intimidación y violencia a la que podrían exponerles sus actividades".

Pidió "acelerar el establecimiento del Mecanismo de Protección previsto en la Ley para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas".

Entre otras recomendaciones del CAT destacan además "la de garantizar que las confesiones obtenidas mediante actos de tortura y malos tratos no sean utilizadas como prueba en ningún procedimiento".

Pidió que se realicen exámenes médicos independientes cada vez que exista una denuncia de tortura cuando así lo solicite el sospechoso ante el tribunal, y que se lleve a cabo una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos para pensar que se ha cometido un acto de tortura.

"En especial cuando la única prueba presentada en contra del acusado sea una confesión", puntualizó.

En materia legal, el CAT pidió a México modificar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura para que la definición de tortura abarque todos los elementos que figuran en el artículo 1 de la Convención.

Especialmente los actos de tortura cometidos por terceros a instigación o con el consentimiento o aquiescencia de un funcionario público.

Recomendó "velar porque los actos de tortura sean tipificados por las entidades federativas de acuerdo con la definición de la Convención". En particular, incluir el delito de tortura en el Código Penal del estado de Guerrero.

Asimismo, llamó a "garantizar que el delito de tortura no prescriba".

En la lista de recomendaciones también se incluyen entre otras cumplir con el protocolo de Estambul, aprobar una Ley de Justicia para Adolescentes, mejorar las condiciones de cárceles, centros psiquiátricos y centros para migrantes.

El CAT finalmente animó al Estado mexicano a crear "un registro centralizado de denuncias de tortura y malos tratos".