Así lo estimó el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, quien indicó que tal vez la contribución del país en la materia puede no influir mucho en el planeta, puesto que México sólo genera 1.4 por ciento de esos gases en el mundo, pero le da una gran autoridad moral para exigir a los demás países que cumplan.
En entrevista, reconoció que se deben atender los temas de deforestación, manejo de residuos sólidos y la escasa participación de los negocios verdes en el PIB (sólo 0.6 por ciento, comparado con 10 por ciento en Dinamarca).
El titular de la Semarnat mencionó que la economía verde es una realidad, pues ningún empresario moderno puede aspirar a ser competitivo sin tecnologías actualizadas que cuiden el medio ambiente.
De hecho, dijo, el manejo de residuos sólidos municipales, las energías renovables y el aprovechamiento racional de los bosques, constituyen enormes posibilidades de negocio.
Reiteró que mientras los países de Europa basan entre 2.5 y 10 por ciento de su Producto Interno Bruto en la economía verde, México alcanza apenas 0.6 por ciento, lo que habla de las enormes posibilidades en la materia
En contraste, la organización ambientalista Greenpeace criticó la Estrategia Nacional de Cambio Climático, porque dice, “abre la puerta para la energía nuclear que ha demostrado alta peligrosidad para la salud humana y el medio ambiente”.
Según un análisis sobre dicha estrategia federal, elaborado por Beatriz Olivera, coordinadora de la campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace, la energía nuclear es una pobre fuente de energía y aún no se resuelve el problema de los residuos radioactivos.
Por ello, resulta “inconcebible” que contemple dentro de sus ejes estratégicos la implementación de un programa nuclear como posible sustituto al uso de combustibles fósiles, señaló la especialista.
Advirtió que existen incongruencias, porque se dice que la estrategia servirá para que México transite a una matriz energética libre de combustibles fósiles, mientras la Estrategia Nacional de Energía, tiene un enfoque basado en hidrocarburos.
Al respecto, la encuesta sobre Medio Ambiente realizada por el Instituto de Mercadotecnia y Opinión, que analiza el caso México, en comparación con otros 33 países, destaca que 51 por ciento de la población mexicana considera “extremadamente peligrosa” la energía nuclear.
El mismo estudio señala que 17 por ciento de los mexicanos está totalmente de acuerdo con la siguiente afirmación: “El crecimiento económico siempre perjudica al medio ambiente”.
A su vez, el procurador federal del Medio Ambiente, Francisco Moreno Merino, aseguró que México llega a este festejo consciente, fuerte, articulado y resuelto a hacer un esfuerzo de nivel mundial.
Sin embargo, reconoció que también se enfrentan retos sobre todo en la conservación de macizos forestales, almacenamiento de agua y selvas bajas, que se deben de atender con el apoyo de la población.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), gran parte de la población mexicana en pobreza se ubica en regiones de gran riqueza natural. Su ingreso depende mucho de los ecosistemas. El combate a la pobreza “debería incorporar el buen manejo del capital natural”.
El PNUMA advierte que en el último cuarto de siglo, la economía mundial creció cuatro veces, pero esto no trajo consigo mejora en la equidad y reducción de la pobreza “y mucho menos un manejo sostenible del capital natural de las naciones”.
Mientras la degradación ha afectado de manera irreversible a 60 por ciento de los ecosistemas más importantes del mundo, unos mil 300 millones de pobres habitan en países de renta media.
Para Ricardo Juárez Palacio, presidente de la Asociación Mexicana de Impacto Ambiental, es urgente actualizar los marcos jurídicos, pues la Ley General del Equilibrio Ecológico fue vanguardista en su momento y su Reglamento “bastante rico”, pero la primera se promulgó hace 25 años y el segundo hace 14.
Destacó que algunas energías renovables como la eólica, no están reglamentados y las obras en la materia se realizan de manera arbitraria, a veces, con más perjuicio que beneficio.
Debe haber, dijo, una Norma Oficial Mexicana que regule claramente dónde sí y dónde no y ¿por qué? se pueden establecer instalaciones de este tipo.
Por Redacción 
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