Más de 600 jueces y magistrados se amparan contra reducción de salarios.

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Lino Calderón

La austeridad de López Obrador es un alfiler olvidado en un sillón: alguien saldrá molesto después de acomodarse. La intención del tabasqueño de recortar su salario a la mitad fue bien aplaudida por la sociedad y varias instituciones, el problema empieza cuando fijó su salario como el tope máximo de lo que se puede ganar en México siendo un funcionario público. El escándalo pegó directamente al poder judicial, específicamente a 600 magistrados.

Más de 2.000 empleados de la judicatura, entre ellos 600 magistrados, han promovido juicios de amparo, un proceso en el que se impugnan normas generales que se consideran violatorias de los derechos humanos. Los funcionarios se han mostrado inconformes por la primera reforma del Gobierno de Morena, la de dos artículos de la Constitución 75 y 127, con la que López Obrador ha decretado que nadie en la Administración Pública gane más que él.

El mandatario recortó un 40% su sueldo y lo fijó en 108.000 pesos mensuales (5.300 dólares). La demanda afirma que esta reforma "es contraria al orden constitucional". "El Poder Judicial goza de autonomía para disponer de sus recursos, por lo cual no tiene obligación de someter al escrutinio del Poder Legislativo las remuneraciones que asigne a jueces y magistrados federales", afirma la demanda, de la que EL PAÍS tiene una copia.

La magistrada Sonia Rojas, de Sinaloa, fue una de las primeras personas en promover un amparo. Su demanda fue aceptada en un tribunal.

Hasta el pasado viernes 30 de noviembre se habían promovido 440 juicios que incluyen a 2 mil 94 quejosos, entre ellos 291 jueces y 323 magistrados de circuito. Se estima que la cifra aumentará entre los mil 429 puestos más altos de la judicatura: ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces de distrito, consejeros de la judicatura y magistrados electorales.

Los demandantes piden a los jueces de distrito que se declaren impedidos y pidieron a los Tribunales Colegiados que soliciten a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso para ponderar la constitucionalidad de la reforma.