CANDIDATOS PRESIDENCIABLES RESPONDEN CON EVASIVAS Y COMPROMISOS VAGOS
Enrique
Peña Nieto, Gabriel Quadri de la Torre y Josefina Vázquez Mota respondieron a
una carta pública de Amnistía Internacional que les urgió a reflexionar sobre
temas claves para el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos. La
organización lamenta que hasta ahora no haya recibido respuesta de Andrés Manuel
López Obrador.
La carta de
Amnistía Internacional solicitó a la y los candidatos a comprometerse a
implementar varias recomendaciones sobre temas prioritarios de derechos humanos,
con el fin de recibir información clara y precisa acerca de las políticas
públicas en materia de derechos humanos que implementará su gobierno futuro. La
organización pidió a los candidatos ir más allá de la retórica en favor de los
derechos humanos, y hacer compromisos concretos y detallados.
Amnistía
Internacional acoge con satisfacción el hecho de que la mayoría de los
candidatos respondieran. Sin embargo, hubo una falta de compromisos claros en
las respuestas sobre la mayoría de los temas clave. La organización espera que
esta falta de claridad no refleje la falta de voluntad política por parte de la
y los candidatos para establecer los derechos humanos como un eje central de las
políticas del Estado. Esa voluntad política es fundamental para hacer de los
derechos humanos una realidad, y no solo una retórica conveniente.
De los
aspectos positivos de las respuestas, la organización destaca el compromiso del
Lic. Enrique Peña Nieto de “respetar plenamente lo resuelto por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación e impulsar las reformas legales necesarias” para
limitar el fuero militar en casos de violaciones de derechos humanos cometidas
por militares. A su vez, Lic. Quadri de la Torre se comprometió a “una reforma
penal y judicial para acabar con el clima de violencia que vive el país”.
Asimismo, la organización acogió con beneplácito el compromiso de la Lic.
Vázquez Mota de implementar “rigurosamente la reforma constitucional en materia
de derechos humanos y promover las legislaciones secundarias”.
Sin
embargo, los candidatos no tocaron con seriedad el tema de acabar con la
impunidad para funcionarios públicos implicados en violaciones de derechos
humanos, sea por acción u omisión. Ninguno de los candidatos abordó el tema de
la desaparición forzada y el arraigo, o de la impunidad relacionada con crímenes
cometidos durante la ‘guerra sucia’ de los años 60, 70 y 80. Ninguno de los
candidatos reconoció el derecho a la consulta y el consentimiento previo,
informado y libre de los pueblos indígenas en relación con proyectos llevados a
cabo en sus territorios. Los candidatos no elaboraron adecuadamente su política
para garantizar la protección de los derechos de las personas migrantes y las
mujeres. La labor de los periodistas y defensores de derechos humanos y su
protección no fue suficientemente asumida y garantizada. Ninguno de los
candidatos se comprometió a la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ni al apoyo a la
aprobación e implementación eficaz de un Tratado Internacional sobre el Comercio
de Armas.
Sin
embargo, Amnistía Internacional destaca que las respuestas recibidas establecen
un marco importante por parte de los tres candidatos que respondieron. Después
de las elecciones, la organización buscará claridad acerca de los pasos que va
a tomar la nueva administración para cumplir con las recomendaciones
anteriormente señaladas y los compromisos asumidos por su parte para fortalecer
la protección y promoción de los derechos humanos en México.
En la
eventualidad en que el candidato restante, Andrés Manuel López Obrador, haga
llegar su respuesta, Amnistía Internacional también la dará a conocer en el
momento adecuado.
Antecedentes
Amnistía
Internacional envió a principios de junio una carta a la y los candidatos a la
presidencia de la República que incluía una serie de recomendaciones sobre
varios temas. Entre estos temas estaba la implementación de una política de
seguridad ciudadana que garantice la protección de los derechos humanos, el
combate de discriminación y la desigualdad para grupos y personas vulnerables,
la garantía de seguridad y protección para periodistas y personas defensoras de
los derechos humanos y la garantía de que el Estado mexicano cumpla con sus
obligaciones internacionales de derechos humanos.
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