El día de hoy fue aprobado en la comisión de economía de la Cámara de Diputados, la minuta enviada por el Senado de la República que regula la ley secundaria del artículo 17 constitucional en materia de acciones colectivas.
En el beneplácito de los legisladores a la nueva ley, no hubo mayor discusión y si un tono peyorativo y de absoluto sometimiento a los agentes económicos por parte de los asistentes.
Hace un año, las organizaciones sociales entre las que se encuentra El Barzón, logramos que el tema de la defensa colectiva a los consumidores fuera consagrado en la Carta Magna.
No fue una tarea sencilla, la presión de los grupos de poder por continuar violando derechos y por ello obtener ganancias económicas inmensas y bajo un régimen de absoluta impunidad, era y sigue siendo nuestro principal rival.
A partir de dicha declaración de constitucionalidad se inició una nueva pelea con los grandes grupos económicos de nuestro país.
Los intereses más conservadores de las cámaras del Congreso y de la administración pública, organizaron una estrategia para nulificar este derecho a partir de una legislación secundaria totalmente ventajosa para las instituciones financieras, empresas de servicios, organismos gubernamentales y todos aquellos que de manera recurrente están provocando daños y abusos contra grandes segmentos de la población
El Barzón seguirá insistiendo en reuniones con diferentes grupos de la iniciativa privada y del gobierno en torno a las necesidades de una verdadera legislación secundaria.
Nuestras grandes diferencias con lo aprobado son:
1.- LOS TEMAS DE LA ACCIÓN Y LA DEFENSA COLECTIVA. Para nosotros resulta inadmisible que las acciones colectivas solo se reduzcan a los problemas de consumidores, servicios financieros y medio ambiente. No podemos olvidar aquellos temas que tienen que ver con derechos humanos, los asuntos laborales, los que tienen que ver con pequeños accionistas, la cultura, la rendición de cuentas y la acción gubernamental.
2.- LA LEGITIMIDAD DE LA ACCIÓN COLECTIVAS. Es inadmisible que la legitimidad para emprender la acción y la defensa colectiva se concentre en la PROFECO, CONDUSEF, y LA PROCURADURÍA DEL MEDIO AMBIENTE. Lo que los grupos económicos pretenden hacer es negar el derecho para que de manera autónoma, los grupos sociales acudan ante las autoridades del poder judicial o el Ministerio Público para defender sus derechos y exigir la reparación del daño.
3.- LA REPARACIÓN DEL DAÑO. Lo más importante de la acción colectiva es el pago de la indemnización y la reparación del daño. Pues la esencia de los nuevos derechos es precisamente las de disuadir el comportamiento abusivo y el daño que provocan las empresas y las instituciones gubernamentales. La sanción no puede reducirse a las multas. Ello va a provocar que continúe la conducta arbitraria dañando el desarrollo sustentable y la economía y el bienestar de la población.
4.- REQUISITOS EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA COLECTIVA. En la ley reglamentaría quieren imponer una serie de requisitos, en términos de tiempo de constituidos los grupos, de membresía y de representatividad, que hagan imposible que los grupos de la sociedad puedan ejercer estos derechos.
Los próximos meses serán de una dura confrontación entre aquellos sectores decididos a actuar al margen de la ley y que de manera constante abusan de grandes sectores de la población y los grupos de la sociedad que peleamos por una ley reglamentaría que en verdad suprima los privilegios y detenga la arbitrariedad.
El Barzón insistirá en abrir un amplio debate con las universidades, los legisladores, la iniciativa privada, los organismos gubernamentales para dar paso a un CODIGO CIVIL DE ACCIONES COLECTIVAS, y a partir de ello hacer modificaciones a distintos preceptos legales, con el objetivo de de que nuestro país y todos los mexicanos tengamos un marco legal para defender los derechos de la colectividad.
Los grupos empresariales repitieron la historia ocurrida en la pasada legislatura de la Cámara de Diputados donde obligaron a los legisladores a resolver una reforma de acuerdo con sus intereses. Ha sido la presión de los grupos de la sociedad los que han logrado modificar la actitud de captura que mostraron anteriormente los anteriores Diputados pero los poderes fácticos doblaron nuevamente a los diputados de esta legislatura.
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El día de hoy fue aprobado en la comisión de economía de la Cámara de Diputados, la minuta enviada por el Senado de la República que regula la ley secundaria del artículo 17 constitucional en materia de acciones colectivas.
En el beneplácito de los legisladores a la nueva ley, no hubo mayor discusión y si un tono peyorativo y de absoluto sometimiento a los agentes económicos por parte de los asistentes.
Hace un año, las organizaciones sociales entre las que se encuentra El Barzón, logramos que el tema de la defensa colectiva a los consumidores fuera consagrado en la Carta Magna.
No fue una tarea sencilla, la presión de los grupos de poder por continuar violando derechos y por ello obtener ganancias económicas inmensas y bajo un régimen de absoluta impunidad, era y sigue siendo nuestro principal rival.
A partir de dicha declaración de constitucionalidad se inició una nueva pelea con los grandes grupos económicos de nuestro país.
Los intereses más conservadores de las cámaras del Congreso y de la administración pública, organizaron una estrategia para nulificar este derecho a partir de una legislación secundaria totalmente ventajosa para las instituciones financieras, empresas de servicios, organismos gubernamentales y todos aquellos que de manera recurrente están provocando daños y abusos contra grandes segmentos de la población
El Barzón seguirá insistiendo en reuniones con diferentes grupos de la iniciativa privada y del gobierno en torno a las necesidades de una verdadera legislación secundaria.
Nuestras grandes diferencias con lo aprobado son:
1.- LOS TEMAS DE LA ACCIÓN Y LA DEFENSA COLECTIVA. Para nosotros resulta inadmisible que las acciones colectivas solo se reduzcan a los problemas de consumidores, servicios financieros y medio ambiente. No podemos olvidar aquellos temas que tienen que ver con derechos humanos, los asuntos laborales, los que tienen que ver con pequeños accionistas, la cultura, la rendición de cuentas y la acción gubernamental.
2.- LA LEGITIMIDAD DE LA ACCIÓN COLECTIVAS. Es inadmisible que la legitimidad para emprender la acción y la defensa colectiva se concentre en la PROFECO, CONDUSEF, y LA PROCURADURÍA DEL MEDIO AMBIENTE. Lo que los grupos económicos pretenden hacer es negar el derecho para que de manera autónoma, los grupos sociales acudan ante las autoridades del poder judicial o el Ministerio Público para defender sus derechos y exigir la reparación del daño.
3.- LA REPARACIÓN DEL DAÑO. Lo más importante de la acción colectiva es el pago de la indemnización y la reparación del daño. Pues la esencia de los nuevos derechos es precisamente las de disuadir el comportamiento abusivo y el daño que provocan las empresas y las instituciones gubernamentales. La sanción no puede reducirse a las multas. Ello va a provocar que continúe la conducta arbitraria dañando el desarrollo sustentable y la economía y el bienestar de la población.
4.- REQUISITOS EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA COLECTIVA. En la ley reglamentaría quieren imponer una serie de requisitos, en términos de tiempo de constituidos los grupos, de membresía y de representatividad, que hagan imposible que los grupos de la sociedad puedan ejercer estos derechos.
Los próximos meses serán de una dura confrontación entre aquellos sectores decididos a actuar al margen de la ley y que de manera constante abusan de grandes sectores de la población y los grupos de la sociedad que peleamos por una ley reglamentaría que en verdad suprima los privilegios y detenga la arbitrariedad.
El Barzón insistirá en abrir un amplio debate con las universidades, los legisladores, la iniciativa privada, los organismos gubernamentales para dar paso a un CODIGO CIVIL DE ACCIONES COLECTIVAS, y a partir de ello hacer modificaciones a distintos preceptos legales, con el objetivo de de que nuestro país y todos los mexicanos tengamos un marco legal para defender los derechos de la colectividad.
Los grupos empresariales repitieron la historia ocurrida en la pasada legislatura de la Cámara de Diputados donde obligaron a los legisladores a resolver una reforma de acuerdo con sus intereses. Ha sido la presión de los grupos de la sociedad los que han logrado modificar la actitud de captura que mostraron anteriormente los anteriores Diputados pero los poderes fácticos doblaron nuevamente a los diputados de esta legislatura.
